El reciente anuncio de los pactos alcanzados por el presidente de Gobierno en funciones para asegurar apoyos de cara a la próxima sesión de investidura es buena muestra de ello, inciden.
Además, aseveran que este acuerdo cuenta con el agravante de que incumple las más elementales normas de la convivencia que consagra la Constitución Española: "No se ha respetado la separación de poderes, deslegitimando al judicial. A cambio, se ha legitimado a un prófugo de la Justicia como interlocutor. Y se ha dado un trato privilegiado a determinados territorios en detrimento de otros".
En este sentido, subrayan que el agravio comparativo entre regiones está alcanzando cotas inadmisibles y que se ahonda la diferencia, convertida en algunos casos en abismo, entre comunidades autónomas.
Por ello, recuerdan que al grave problema de infrafinanciación que sufre la Región de Murcia se une su déficit histórico en materia hidrológica y de infraestructuras, "sólo corregidos en parte y mal". No se ha atendido nunca la petición para alcanzar grandes acuerdos nacionales entre los partidos constitucionalistas de España y corregir así esos desequilibrios.
"Además, y también por la primacía del interés personal sobre el general, en la España de 2023 la mesa del diálogo social parece no existir. Se alcanzan acuerdos de parte por decreto, sin vincularlos al deseable debate entre Gobierno y agentes sociales. Esto ha provocado la subida del SMI sin contar con el empresariado o la revisión de la jornada laboral, también pactada fuera de la citada mesa. Es una forma de hacer política profundamente antidemocrática", apuntan desde Croem.
Finalmente, los empresarios de la Región de Murcia consideran gravísimo aplicar una amnistía a personas condenadas por delitos contra el Estado, lo que supone dinamitar la separación de poderes y establecer baremos distintos entre la ciudadanía, en el más reprobable ejercicio de irresponsabilidad por parte de un Gobierno.
"Los españoles dijeron alto y claro el pasado 23 de julio cuál era su deseo. Otorgaron su confianza a los habituales partidos mayoritarios, no a formaciones nacionalistas y separatistas que quieren amenazan la unidad de España y de mercado", sentencia la patronal murciana.
Por contra, los dos sindicatos mayoritarios CCOO y UGT valoran positivamente los acuerdos de investidura y reclaman una legislatura de claro contenido social. "En esta legislatura se debe desarrollar, por fin, el art.129 de la Constitución Española abriendo definitivamente la puerta de la democracia en las empresas".
"CCOO y UGT somos conscientes de las polémicas y dificultades que han jalonado los diversos acuerdos de las fuerzas de gobierno con la mayoría parlamentaria y singularmente con los partidos nacionalistas. La llamada "ley de amnistía" puede ser un terreno polémico y resbaladizo, pero es necesario apostar por la normalización de la vida política y social en España y en Catalunya.
Reconocemos que medidas anteriores han servido tanto para pacificar la situación en todo el país como para impulsar la marcha económica de los territorios afectados, por lo que esperamos que apuestas más audaces en el ámbito de nuestra norma fundamental de convivencia, cuya máxima interpretación corresponde en todo caso al Tribunal Constitucional".
"La ciudadanía española ha apostado por una mayoría parlamentaria plural, que refleja la diversidad de nuestro país y ha rechazado la posibilidad de un gobierno con presencia de la extrema derecha".
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