MURCIA.- La Federación Regional de Empresarios de la
Construcción (FRECOM) ha señalado que las empresas del sector empiezan a
operar en su mayoría al 30 o el 40 por ciento de su actividad, y ha
pedido al Gobierno central que aclare, "sin ambigüedades", si tienen que
seguir desarrollando la actividad "en las condiciones que se ha
desarrollado desde el inicio del estado de alarma o si es necesario
cambiar la forma de proceder".
Así aparece reflejado en el quinto informe del Comité de
Seguimiento de los efectos del coronavirus en la construcción publicado
por FRECOM, que ha evaluado la situación del sector con detenimiento
ante la situación de incertidumbre que ha "desbordado" a los empresarios
ante la "falta de medidas económicas y laborales claras para el
sector".
El comité es consciente de la "casuística" tan variada existente
en el sector que engloba tanto la obra pública, como la promoción
privada, las pequeñas reformas, las actividades extractivas, los oficios
de pequeños autónomos, los almacenes de materiales, las empresas de
hormigón y los movimientos de tierras.
FRECOM quiere apoyar tanto al Gobierno de España como al Gobierno
regional en las decisiones que están adoptando, pero dice tener el deber
de transmitir lo que está pasando en el sector, así como las medidas
que considera que deben tomarse desde un punto de vista económico y
laboral "para garantizar la salud de los trabajadores, así como el
mantenimiento de las empresas y del empleo".
El Comité de Seguimiento considera "prioritario" seguir
garantizando a los trabajadores su salud y el cumplimiento de los
protocolos de seguridad y salud. "Esperamos que la solicitud al Gobierno
nos ayude a recomendar a los empresarios del sector la mejor manera de
proceder respecto a su actividad, ya sea por recomendar el cierre, o la
continuación de su actividad con unas pautas claras y con unos medios de
protección suficientes", ha precisado.
Por ahora, hasta el Gobierno de España no traslade su decisión,
FRECOM pide a quien siga desarrollando la actividad y a sus trabajadores
"el cumplimiento de todas y cada una de las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias y, en caso de no ser posible
cumplirlas, proceder al cese de la actividad".
La Federación ha solicitado al Gobierno regional una reunión con
el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas,
para tratar las dificultades que existen en la interpretación de las
causas de fuerza mayor para los ERTE y la toma de medidas para solventar
la lentitud de la resolución de las solicitudes presentadas.
Asimismo, la Federación quiere plantear a Motas "la posibilidad de
que soliciten al Gobierno de España la inclusión de la paralización de
las obras por los órganos de contratación como causa de fuerza mayor en
el Real Decreto Legislativo 8/2020". CNC y CROEM apoyan estas propuestas
y actúan como altavoz de las medidas solicitadas al Gobierno de España y
al Gobierno regional respectivamente, según FRECOM.
FRECOM ha detectado que se mantiene la actividad de las obras
relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras del Ministerio de
Fomento, la Consejería y la Confederación Hidrográfica del Segura que se
han considerado servicios esenciales.
Las empresas de almacenes de materiales se mantienen en una misma
línea de actividad con una disminución media del 20 al 30% en función de
la zona. No obstante, hay algunas empresas que su actividad ha bajado
al 10% y solo sirven a grandes empresas.
En cuanto a la extracción de
áridos, hormigones y cementos no han tenido actividad por causa de la
lluvia.
"La falta de pago de las certificaciones se está convirtiendo en
un problema estructural porque afecta a todas las administraciones que
con la suspensión de los plazos aprobada por el Real Decreto Ley 8/2020,
están reteniendo el pago de las certificaciones, lo que está
ocasionando problemas de liquidez importantes a las empresas, según el
informe.
FRECOM lamenta que la falta de material preventivo por escasez de
mascarillas y guantes "continúa siendo una constante", y ya se han
tenido que parar obras por la imposibilidad de garantizar la salud de
los trabajadores.
Además, se ha remitido una carta al ministro del ramo, José Luis
Ábalos, por parte del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y el
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas solicitando la
suspensión temporal de las obras de construcción.
Exceptuando las obras de ejecución urgente que responden al
interés general, las que se encuentren en la fase última de ejecución,
las que se desarrollen en las partes interiores de las obras en
ejecución o en ubicaciones de mínimo impacto y por último los trabajos
que sean necesarios para la seguridad de la propia obra.
Asimismo, afirma que la situación de incertidumbre está llevando a
determinados empresarios a exigir de las autoridades competentes, un
orden de paralización de toda la actividad de construcción, ya que la
previsión es que va a durar más tiempo, cuanto más se tarde en parar y
además los trabajadores tienen miedo al contagio.
El personal de la Federación de Empresarios de la Construcción y
de la Asociación de Promotores Inmobiliarios ha realizado con éxito 40
encuestas telefónicas que suman a las 130 encuestas que se realizaron en
días pasados, alcanzando la cifra de 170 encuestas.
El martes 24 de marzo, el Servicio de Atención e Información al
Sector, ha respondido por teléfono, email o Whatsapp un total de 35
consultas, detectando que "hay una confusión generalizada sobre los
requisitos para poder presentar un ERTE por causa de fuerza mayor".
Además, la Federación explica que existe "indignación
generalizada" por la falta de medidas que tengan en cuenta la situación
de paralización que se está produciendo en el sector y que no está
prevista por el Real Decreto Ley para facilitar acogerse a un ERTE por
causa de fuerza mayor.
"Tras 10 días desde la declaración del estado de alarma aún no se
ha detectado ningún contagio entre los trabajadores de las empresas
encuestadas", según FRECOM, que ha confirmado un caso de obra parada por
el coordinador de seguridad y salud, cuando esta competencia no
corresponde a dicho profesional.
En cuanto a las medidas económicas, el sector denuncia que los
200.000 millones invertidos en avales, líneas de crédito ICO, así como,
la flexibilización de los ERTE, apoyo al I+D+i, entre otras, carecen a
día de hoy, de procedimientos claros aplicables a nuestro sector.
El sector necesita el "pago de las certificaciones urgentes e
inmediatas, por parte de las administraciones", según FRECOM, que señala
que la mejor financiación es "el pago de las deudas de la
administración a sus proveedores. Además, manifiesta que los ERTE que ha
articulado el Real Decreto Ley 8/2020 "están siendo de poca o ninguna
utilidad para las empresas del sector".
A su juicio, es más "conveniente" utilizar el ERTE por la vía
ordinaria del artículo 90.1.d) del convenio colectivo general de la
construcción, en relación con los artículos 47 y 51.7 del estatuto de
los trabajadores, que el más "flexible y rápido" ERTE por causa de
fuerza mayor del Real Decreto Ley 8/2020 al que la construcción de
momento no puede acogerse.
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