LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria
Martín, ha pedido hoy la renovación del convenio entre la Consejería de
Fomento e Infraestructuras del Gobierno de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Lorca. Un acuerdo que tiene por objeto la regulación del
marco de cooperación entre ambas administraciones para la gestión de la
justificación de las ayudas para la rehabilitación de viviendas dañadas
por los terremotos de 2011.
Martín ha explicado
que el convenio expiró el pasado 26 de julio de 2019, fecha en la que
finalizó el plazo de justificación de un año establecido por la Ley
8/2018. Ese plazo fue ampliado en seis meses en virtud de una nueva ley
"pero no se hizo lo propio con el convenio de colaboración, que hubiera
sido lo lógico".
Para la edil de IU-Verdes esta
herramienta es "esencial" para agilizar los trámites a los afectados,
que sólo tienen hasta el próximo 25 de enero para acogerse a esta vía
simplificada de justificación.
Este convenio
faculta al Ayuntamiento, a través de la Oficina de Asesoramiento
Integral para la Reconstrucción de viviendas afectadas por los
terremotos, a comprobar que las cuentas justificativas se ajustan al
modelo establecido y se encuentran debidamente cumplimentadas.
Tras este
trámite, el Ayuntamiento remite la documentación a la Consejería de
Fomento e Infraestructuras junto con una certificación acreditativa y,
días después, los afectados reciben una comunicación firmada por el
Director General de Vivienda y por el Alcalde de Lorca en la que se les
confirma el estado de tramitación de su procedimiento.
Sin
embargo, Martín explicó que desde el pasado agosto "no hemos vuelto a
ver nuevas comunicaciones que garanticen a los vecinos que han podido
acogerse a la ley".
Por ello, la edil hizo un llamamiento a todos los
afectados por el proceso de justificación para que "todo aquel que aún
no tenga en su poder la carta firmada por el Alcalde y el Director
General acuda a la oficina del terremoto porque ese documento es lo que
les da garantías".
Prescindir de este protocolo sería "un grave error" a
juicio de Martín, quien recordó que el establecimiento de este marco de
cooperación fue fruto de la lucha de los afectados para que tuvieran en
su poder un certificado que acredite que han podido acogerse a la Ley.
"No vamos a permitir pasos atrás", dijo al respecto.
Martín aseguró que, de un total de 2.748 expedientes,
la Ley 8/2018 sirvió para que 1.480 familias pudieran tramitar la
memoria justificativa. La prórroga de seis meses que estableció la Ley
8/2019, tenía como objetivo que las otras 1.268 pudieran presentar la
documentación. Estas dos leyes sólo exigen la presentación de una
memoria de actuación, una relación clasificada de los gastos e
inversiones realizados, el detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada y, en su caso, carta de pago
de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.
Por ello,
Martín considera factible que, "si se da un último empujón", se pueda
localizar a los afectados que aún no han presentado la documentación y
tenerlo todo listo antes del 25 de enero, "día en el que debe acabar
esta pesadilla".
"Desde el Grupo Municipal de IU
nos hemos ofrecido al Alcalde para seguir colaborando en la
cumplimentación de las cuentas justificativas de los vecinos que aún no
la han presentado, ha dicho Martín. "Estamos dispuestos a trabajar sin
horario pero por parte de las administraciones hay que tener la misma
disposición", añadió.
En otro orden de cosas, Martín ha vuelto a exigir a Fomento que cierre
los expedientes de más de 400 damnificados que han prescrito y que "no
deberían realizar ningún trámite más y sí recibir la comunicación que
les permita respirar tranquilos de una vez".
La concejala de IU también
ha pedido que se abonen las ayudas al alquiler pendientes de pago a los
damnificados por los seísmos de 2011.
"Hay vecinos que necesitaron
realojo y a los que se adeudan hasta 28 mensualidades por alquiler desde
el año 2015", lo que calificó de "bochornoso".
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