miércoles, 27 de febrero de 2013

El juez imputa a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Megía

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, dictó el pasado lunes un auto por el que imputa a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, la granadina afincada en Alicante, Pilar Megía, en el denominado 'caso Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de la capital regional.

   La exconcejala ha sido imputada y acudirá a declarar en el Juzgado, aunque todavía no se ha decidido una fecha para eso, según informaron hoy fuentes judiciales.
   Megía fue edil de Urbanismo y Medio Ambiente entre 2001 y 2003, justo cuando se aprobó el plan parcial que permitió desarrollar el proyecto Nueva Condomina que ahora está siendo investigado en el marco del caso 'Umbra'. No obstante, fue edil durante tres legislaturas, desde 1999 hasta 2011, un periodo en el que se ocupó de diversas competencias, como la de Medio Ambiente con la que debutó, Personal, Educación y Bomberos, entre otros.
   La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Por otra parte, hoy se ha podido saber de las fuertes presiones, de todo tipo y diversas procedencias, que está sufriendo el fiscal Lozano como actuante en esta causa y de las que podría ya haber dado cuenta a la Fiscalía Superior del TSJRM y a la Fiscalía General del Estado para que se tomen las oportunas medidas para impedir obstrucción a la Justicia.

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