El PPRM deja a Cámara abandonado a su suerte tras conocerse el informe de Anticorrupción

MURCIA.- La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los convenios urbanísticos en la zona norte del municipio de Murcia ha arrojado nuevos datos a punto de que sea levantado el secreto del sumario y el PPRM haya dejado abandonado a su suerte a quien todavía es hoy su secretario regional y alcalde de Murcia, el profesor de Orihuela, Miguel Ángel Cámara Botía. Ni el presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, ni el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez, quieren saber nada de él a tenor de sus últimas y sendas declaraciones de esta noche en Alhama.

«No he leído nada sobre Cámara y sobre su implicación en la operación de Nueva Condomina. No sé, no sé, de verdad», ha dicho el también alcalde de Puerto Lumbreras.

«Dejemos que la Justicia haga su trabajo. Siempre hemos sido muy respetuosos con sus decisiones», ha dicho, por su parte, el también presidente de la Comunidad Autónoma, tras sostener que no tiene una opinión formada sobre el informe hecho público por la Fiscalía Anticorrupción.

Y es que el fiscal desvela que el Ayuntamiento de Murcia usó una ley que todavía no estaba en vigor para aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina al pasar del tope legal de 0,4 m2/m2 al 0,63 (un 60% más), lo que equivale a 190.000 m2 y a 1.584 viviendas extra. Desvela, además, que se hizo pese a que la Comunidad Autónoma advirtió de su ilegalidad en el informe preceptivo.

También desvela que el campo de golf se autorizó en una zona de especial protección forestal, vulnerando presuntamente la ley y en contra de los informes técnicos de la Comunidad Autónoma. Y que la «condonación ilegal» a Samper del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico, por considerar que con la entrega del campo de fútbol era suficiente, se hizo sin que existiera informe alguno sobre el valor de ambos bienes.

 Asimismo que el exconcejal de Urbanismo, Ginés Navarro, era partidario de convocar un concurso público para construir el campo de fútbol y que ello le costó el enfrentamiento con el alcalde. Señala además el fiscal que incluso hubo dos propuestas de Metrovacesa para construir el estadio, que el Ayuntamiento ni siquiera contestó.

 Sostiene el informe que todos los funcionarios intervinientes, entre ellos el alcalde, bendijeron «todo un cúmulo de ilegalidades administrativas, que siempre beneficiaban al promotor (Samper), por encima de los intereses generales». También les imputa haber actuado «con ceguera jurídica».

 Por vez primera señala directamente al alcalde Cámara como máximo responsable político del convenio urbanístico de Nueva Condomina y último garante del macroproyecto. También desvela parte del contenido de las declaraciones de Cámara en el juzgado y le advierte de que no puede aducir ignorancia y que, de existir, ello agravaría incluso su responsabilidad penal.

Finalmente sostiene que Cámara adoptó en primer lugar la decisión de sacar adelante el convenio para construir el campo de fútbol y luego llegaron los informes técnicos, para darle una apariencia de legalidad.