Una jueza del Opus Dei comienza por su cuenta a limpiar la corrupción urbanística en la Región de Murcia

MURCIA.- La magistrada alicantina Rocío Fons Tomás, de 38 años, títular del Juzgado Mixto nº 2 de Mula desde 2007, y miembro del Opus Dei, ha empezado por su cuenta, aunque con la ley en la mano, a limpiar la corrupción urbanística en la Región de Murcia mandando a prisión a los promotores de una urbanización bajo fundadas sospechas de varios presuntos delitos, de estafa el principal, aunque también supuesta apropiación indebida y falsedad documental.

Entre las personas citadas a declarar se encuentra Pedro Bascuñana (en la imagen, publicada por 'La Verdad'), contable de 'Trampolín Hills' - empresa que nació con un capital social de 5.000 euros en 2005- y hermano menor del consejero del Gobierno autónomo, Joaquín Bascuñana, miembro igualmente del Opus Dei. Declaró a petición del abogado defensor no haber detectado que el dinero entregado a cuenta por los clientes -hasta 53 millones de euros- hubiera sido destinado a fines diferentes al de impulsar la urbanización.

"Pocos se creían realmente que detrás de los proyectos urbanísticos de la empresa en Campos del Río no hubiera intereses oscuros", se ha llegado a escribir en el diario 'La Opinión'.

Antonio Martínez y Rafael Aguilera, las dos cabezas visibles de la empresa 'Trampolín Hills', han ingresado este fin de semana en la cárcel de Sangonera al no poder hacer frente, según ellos, a la cuantiosa fianza de 600.000 euros por cabeza impuesta por la magistrada (con dilatada experiencia anterior como titular sustituta en juzgados de la ciudad de Alicante) para responder con garantía ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas por el gran número de demandas interpuestas por clientes supuestamente afectados y por un montante cercano a los 60 millones de euros.

Sin embargo, la jueza Rocío Fons - con acreditada fama profesional de insobornable- ha dejado en libertad a la hijastra de Martínez, Silvia Ramallo -que figuraba como la primera administradora de Trampolín Hills- propietaria de un tercio de las acciones de la mercantil Solera Trampolín y residente en la pedanía de Avileses.

Los investigadores tienen sospechas de que ha podido jugar un destacado papel en la presunta estafa, sirviendo como supuesta 'testaferro' de su padrastro. En concreto, temen que algunas propiedades hayan podido ser puestas a su nombre, con el fin de eludir la intervención de las mismas por parte de la Justicia.

Silvia Ramallo ha tenido un papel destacado en el asunto del frustrado resort, ya desde la constitución de la sociedad Trampolín Hills Golf Resort S.L. el 10 de febrero del 2005, pues no en vano poseía 1.500 de las 3.005 participaciones sociales de esta firma (las otras 1.505 eran de Rafael Aguilera), y además figuraba como administradora.

No es hasta el 7 de marzo cuando Antonio Martínez pasa a figurar como administrador único de la misma.

Del mismo modo, Rafael y Silvia aparecen como administradores solidarios de otra mercantil vinculada a Antonio Martínez, como es Trampolín Bahía Barinas Resort S.L., y son socios casi al 50% de Trampolín Detroit Rent a Car S.L., e igualmente son socios de la sociedad Solera El Trampolín S.L.

El fiscal, que no se opuso a que la joven quedara en libertad, reclamó el ingreso en prisión de los dos socios, en primer lugar por la gravedad de los hechos que se les imputan -unos delitos de estafa agravada y de apropiación indebida por los que podrían llegar a ser condenados a un máximo de 16 años de cárcel- y, asimismo, por considerar que existe riesgo de fuga.

La Guardia Civil ha practicado registros en distintos inmuebles, entre ellos las oficinas centrales de la empresa Trampolín, situadas en la pedanía murciana de Lobosillo, en el Campo de Cartagena, y en los domicilios de ambos detenidos en la carretera de Gea y Truyols a Sucina aunque Martínez, de 40 años, sea natural de la pedanía huertana de Javalí Nuevo.

Durante su declaración, los dos responsables formales de Trampolín negaron de forma insistente haberse quedado con el dinero entregado a cuenta por los compradores que adquirieron viviendas en las urbanizaciones de Campos del Río (2.500 casas y un campo de golf) y Albudeite (400 chalés de lujo).

La Guardia Civil y la jueza instructora, sin embargo, sostienen que Martínez y Aguilera desviaban el dinero que recibían de los compradores por la venta de las casas de Campos del Río a una cuenta bancaria que pertenecía a la empresa de ambos, Solera Trampolín, con el objetivo real de apropiárselo.

En un informe de la Guardia Civil, recogido en el sumario del caso -que supera ya los veinte tomos- aparecen transferencias bancarias por un valor total de 7,5 millones de euros de las cuentas de Trampolín Hills a las de Solera Trampolín.

Según considera la jueza en su auto de prisión, Antonio Martínez y Rafael Aguilera cogieron importantes cantidades de dinero a cuenta de los clientes, no lo ingresaron en una cuenta especial, no entregaron avales válidos a los compradores y, por fin, las viviendas siguen sin ser construidas y los clientes que así lo han solicitado no han recuperado su dinero ya que los avales que la empresa les había entregado, de la firma Albatros Invest Spa, no tenían validez alguna.

Los investigadores están convencidos de que los responsables de Trampolín no tenían la intención real de edificar.

Los administradores concursales de Trampolín Hills, sociedad que, a su vez, está intervenida por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia por encontrarse en concurso de acreedores desde finales de 2009, han advertido en un reciente informe de que hay datos para pensar que las sociedades de 'Trampolín' actúan en realidad como un sólo grupo y que, entre ellas, "concurre confusión económica, financiera, organizativa e incluso patrimonial", en clara alusión también a Los Altos de San Antonio, Trampolín Barinas, Gasolinera Omega Oil y Trampolín Detroit Rent a Car.

El abogado de los detenidos y de 'Trampolín', José Antonio García Sánchez, tiene intención de recurrir lo antes posible la fianza impuesta, así como el auto de prisión sólo eludible con esa fianza.

Sin embargo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por Grupo Trampolín Hills, Francisco Ibarra, asegura que Antonio Martínez, máximo responsable, "es el primero de una larga lista que debería de llevar a una serie de detenciones que dan para llenar el módulo de una cárcel".

Para Ibarra, "Antonio Martínez era el cabecilla, pero no es el único implicado; el resto del cuerpo son todos los amigos, familiares y personas afines que han permitido que todo esto haya sucedido".

A día de hoy, añade, "desconocemos si los abogados que han trabajado con Martínez conocían esta situación o han sido otros 'estafados'".

Los afectados se muestran contentos con lo sucedido, "siempre y cuando esto tenga una repercusión positiva, ayude a que se solucione y a esclarecer dónde está el dinero desaparecido, por qué se ha permitido todo esto y dónde están los responsables".

Ibarra duda seriamente que "una persona pase de vender melones a estafar 50 millones de euros", y asegura que "Antonio Martínez es sólo un producto", que depende de otros.

El abogado de la mayoría de los afectados, Joaquín Guzmán, ha cifrado esa presunta estafa en más de 60 millones de euros.

Ahora ese dinero ha desaparecido, la empresa ha declarado el concurso de acreedores y los compradores han visto cómo sus casas ni siquieran se llegaron a empezar a construir.

Curiosamente, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano, al que pertenece el hermano del contable de la cuestionada empresa, le ha impuesto a Trampolín Hills una sanción de sólo 350.000 euros "por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta".