MURCIA.- El Obispado desveló en una nota de prensa que la Signatura Apostólica se declaró competente para «conceder la suspensión pedida» de la orden del Secretario de Estado del Vaticano, que instó a la Diócesis a retirar el recurso administrativo civil interpuesto ante el Consejo de Gobierno con el objetivo de que éste reconociese la titularidad de la Iglesia sobre la UCAM. Después, y una vez que el Gobierno regional reconociese esa titularidad, el Obispado retiró el recurso ante la Signatura Apostólica.
En una nota de prensa, la Diócesis recordó todo el proceso vivido hasta el momento en su enfrentamiento con José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio y la Fundación Universitaria San Antonio.
En el comunicado, el Obispado asegura que «aclarada la cuestión de fondo relativa a la titularidad de la UCAM en el fuero civil» y tras la «desaprobación canónica de los nuevos Estatutos», la Iglesia «desea ajustar a Derecho, canónico y civil, el ser y el funcionamiento de la Universidad Católica y el modo en que la Fundación Universitaria San Antonio gestiona la autónoma personalidad jurídica, pública y eclesiástica» que es la UCAM.
El Obispado vuelve a tender una mano a Mendoza y muestra su interés por «llegar a soluciones acordadas» desde «la verdad y la justicia» y en la línea del «bien público de la Iglesia» y la disciplina eclesiástica.
Por todo ello, el Obispo, «habiendo respetado en todo momento el Derecho Canónico y las leyes justas del ordenamiento civil» pide a los fieles «sus oraciones para una pronta y feliz resolución de los problemas pendientes».
Reig Pla resalta que siempre ha actuado «en comunión absoluta y obediencia al Santo Padre».
En el recorrido por los acontecimientos que se han ido precipitando en los últimos tiempos, el Obispado insiste en que en todo momento ha tratado de llegar a soluciones consensuadas.
Así, asegura que tras recibir los polémicos Estatutos, «rogó en sucesivas cartas» a José Luis Mendoza que explicase sus posiciones y argumentos, pero no recibió «respuesta concreta alguna» del presidente de la Universidad Católica.
La Diócesis asegura que la Signatura Apostólica le otorga la titularidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, anulando así la decisión de la Secretaría de Estado vaticana a través de la carta del cardenal Tarcisio Bertone enviada al presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.
El comunicado establece el comienzo del problema en junio de 2007 cuando el obispo, Juan Antonio Reig Pla, pidió unos informes jurídicos, tanto desde el punto de vista jurídico como canónico, a la UCAM para establecer si los estatutos de la Católica “no son conformes a derecho, tanto por razones formales como de fondo”.
En este documento se afirma que el obispo quería solucionar el problema de titularidad de la Universidad de “modo cordial, fraterno y discreto, pero que no recibió respuesta concreta”.
Posteriormente, y tal y como expresa el comunicado, el Gobierno regional aprobó esos estatutos y el Obispado “reprobó canónicamente dichos estatutos y presentó un recurso administrativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Región” y se dio cuenta a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Esta Secretaría de Estado instó al obispo a que retirara este recurso administrativo en el plano civil, pero Reig Pla decidió presentar un recurso a la Signatura Apostólica, solicitanto la suspensión de la decisión de la Secretaría de Estado.
Dicho Tribunal estimó oportuno aceptar este último recurso, que anulaba la carta del Secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, que le daba la titularidad a la Fundación San Antonio.
Esta decisión se produjo antes de que el Consejo de Gobierno de la Región resolviera el pasado 30 de mayo el recurso administrativo civil presentado por el obispo, en el que se decía que la titularidad era de la Diócesis, acogiéndose al dictamen del Consejo de Estado de 1997.
Este comunicado relaciona también la situación vivida en Murcia con la de Ávila, en donde también se tomó como base el dictamen del Consejo de Estado respecto a su Universidad Católica.
Aún así, el Gobierno regional apunta en sus recomendaciones que se debe solucionar este problema a través de la vía contencioso administrativo, revisando así el decreto de erección de la Universidad, realizado en 1996. En este sentido, el Obispado tendría dos meses para comenzar los trámites, y en este comunicado no se asegura que no se vaya a realizar.
Una jueza de Madrid también investiga
Por otra parte, la titular del juzgado de instrucción número 39 de Madrid, Belén Hernández Sánchez, ha incluido en la investigación de las supuestas irregularidades en la venta de terrenos de Defensa la adquisición por parte de la Universidad Católica de Murcia del antiguo cuartel del barrio de Los Dolores en Cartagena, informó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país a "La Opinión".
La magistrada examina la gestión del que fuera director de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa (GIED), el general de brigada Juan Antonio Miguélez Paz, así como del ex jefe de gestión de patrimonio de este organismo, el teniente coronel José Luis Bastabad, ambos imputados por supuestos delitos de prevaricación y fraude en las ventas de parcelas desafectadas y enajenadas por el ministerio de Defensa.
En concreto el juzgado madrileño tramita la denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la venta de la antigua vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia en al año 2000.
No obstante, las fuentes citadas indicaron que la titular ha incluido en la instrucción de este caso la denuncia remitida por un particular sobre anomalías en la operación de venta de los terrenos de Cartagena en enero del año 2003, cuando el general Miguélez Paz seguía al frente de la GIED.
Tanto en los casos de las parcelas de Tarifa como en el de Cartagena, el Ministerio de Defensa ejecutó las transacciones mediante una venta directa, después de que salieran a subasta en dos ocasiones y quedarán desiertas.
La UCAM, que pretende que el antiguo cuartel de Los Dolores se convierta en su futuro campus en la ciudad portuaria para impartir carreras como Medicina o Arquitectura, pagó cerca de cuatro millones de euros por una parcela de más de 143.000 metros cuadrados catalogada como equipamiento militar, aunque el avance del Plan General de Ordenación Urbana del ayuntamiento de Cartagena contempla que en estos terrenos, además de un campus universitario, se podrán construir en torno a quinientas viviendas.
La investigación de este juzgado madrileño se suma a la que lleva a cabo la Fiscalía Especial Anticorrupción contra la UCAM después de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas le remitiera una denuncia en la que se apreciaban "indicios constitutivos de ilícitos penales".
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