"Trampolín" ofrece asesoría jurídica gratuita a todos los compradores europeos de viviendas

CAMPOS DEL RÍO.- El grupo inmobiliario "Trampolín", a través de su consejero-delegado, Juan Francisco Canales Gil, ha requerido notarialmente esta tarde al portavoz del Grupo Popular y al alcalde socialista de Campos del Río, por considerarlos presuntos responsables patrimoniales de derechos propios del citado grupo y de terceros, compradores de buena fe (extranjeros comunitarios en su mayoría) , según un comunicado de la empresa.

El grupo "Trampolín", uno de los grupos inmobiliarios importantes de la Región de Murcia, según reza la nota de prensa, tiene importantes aperturas de líneas de clientes, ciudadanos de la Unión Europea,-ingleses, noruegos, finlandeses, islandeses-, para adquisición de propiedades inmobiliarias en la Región de Murcia (pisos, apartamentos o duplex) .

En ese comunicado, "Trampolín" revela la creación de una asesoría jurídica gratuita para todos aquellos ciudadanos comunitarios "que adquieran propiedades inmobiliarias en la Región de Murcia, empezando en la población de Campos del Río (a una distancia de l8 kilometros de Murcia capital), donde se está promoviendo una urbanización de mas de 2.500 viviendas, y allí donde dichos ciudadanos europeos tengan problemas o desprotección de los derechos adquiridos en la adquisición de propiedades inmobiliarias, por presuntos abusos de las administraciones, en responsabilidad patrimonial, en cuanto dañen sus derechos".

Según "Trampolín", el abogado sería Diego de Ramón (en la imagen), "homologado por la Unión Europea para ejercer en todo el ámbito europeo, el cual se vincularía en el grado de participación de las asesorias jurídicas de las Embajadas y Consulados en nuestro país, para que, en la medida de la participación y siempre que quisieran, defender los derechos de los nacionales de los países integrantes de la Unión Europea, dando así cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo de 21 de julio del pasado año 2007, siendo la primera empresa promotora que cumple con lo declarado en dicha resolución, que condenó a la Comunidad Valenciana por transgresiones de propiedades de extranjeros".

La citada nota expresa que "Trampolín" sería así la única promotora que proteje derechos urbanísticos de extranjeros comunitarios frente a una administración, municipal o autonómica, que daña o lesiona derechos patrimoniales por sus presuntas acciones u omisiones que intervengan en la esfera pública urbanística (como retrasos injustificados, dilaciones no autorizadas en ley, resoluciones no ajustadas a derecho, falta de licencias sin justificar, permisos, etc., en contra de otras promotoras, que sí pueden ver más agilizados sus plazos y aprobaciones que otras) y que trae a colación dichos daños de derechos en la adquisiciones de propiedades particulares inmobiliarias de dichos ciudadanos europeos".

El comunicado finaliza revelando que "dicho letrado solicitará al Parlamento Europeo, crear un Observatorio o Agencia Europea de Protección de los Derechos de los Ciudadanos Europeos Comunitarios, frente a los posibles abusos o dejación de funciones de las administraciones públicas, municipales y regionales, siendo la primera iniciativa en España y en un país europeo, que abre estas actuaciones".