MURCIA.- El fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, asegura que con la decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial de decretar la libertad de Daniel García Madrid y del arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera, se ha puesto de manifiesto que puede existir un vacío legal que no impide la vuelta de los funcionarios a sus puestos tras salir de la cárcel, algo que sí ocurre en el caso de los jueces, magistrados y fiscales, según "La Opinión".
Por eso, tiene intención de enviar a la Fiscalía General del Estado una solicitud "para que si lo estima procedente eleve al Gobierno una petición para que haga la modificación necesaria con la finalidad de que los jueces puedan decretar de forma cautelar, si así lo deciden, la suspensión de un funcionario público, para evitar que estos vuelvan a sus puestos de trabajo y puedan cometer actos delictivos", explica el responsable del Ministerio Público.
Fuentes de la Fiscalía, consideran que el Código Penal debe modificarse, con la finalidad de que los jueces puedan impedir que los alcaldes corruptos vuelvan a sus despachos municipales, aunque sea de forma cautelar y en espera de juicio. Así, citan por ejemplo al primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, que tiene una petición de cárcel de seis años por parte de un juzgado, y que mientras tanto sigue gestionando su municipio.
Las mismas fuentes argumentan que en el caso del juez Fernando Ferrín Calamita, sí se ha adoptado la suspensión cautelar de sus funciones, lo que le obliga a sacar adelante a sus siete hijos con un sueldo de 900 euros.
Por eso, tiene intención de enviar a la Fiscalía General del Estado una solicitud "para que si lo estima procedente eleve al Gobierno una petición para que haga la modificación necesaria con la finalidad de que los jueces puedan decretar de forma cautelar, si así lo deciden, la suspensión de un funcionario público, para evitar que estos vuelvan a sus puestos de trabajo y puedan cometer actos delictivos", explica el responsable del Ministerio Público.
Fuentes de la Fiscalía, consideran que el Código Penal debe modificarse, con la finalidad de que los jueces puedan impedir que los alcaldes corruptos vuelvan a sus despachos municipales, aunque sea de forma cautelar y en espera de juicio. Así, citan por ejemplo al primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, que tiene una petición de cárcel de seis años por parte de un juzgado, y que mientras tanto sigue gestionando su municipio.
Las mismas fuentes argumentan que en el caso del juez Fernando Ferrín Calamita, sí se ha adoptado la suspensión cautelar de sus funciones, lo que le obliga a sacar adelante a sus siete hijos con un sueldo de 900 euros.
3 comentarios:
JUSTICIA PARA TODOS
En la Región de Murcia se dan situaciones que podrían ser películas de Buñuel.
¿Somos los ciudadanos conscientes de lo que nos están haciendo los políticos?
Al margen de las ideas de cada uno, ¿es normal, ético y legítimo que un alcalde o alto cargo -presunto delincuente, imputado, haber estado en la cárcel o recaer sobre él medidas judiciales- pueda volver a su cargo anterior y ejercer, en algunos casos, de nuevo como ALCALDE?
Si cuando sabemos que una persona ha estado en la cárcel procuramos evitarla, cuando un hombre agrede a su pareja se le impone una orden de alejamiento de la víctima, ¿cómo se permite que funcionarios públicos y cargos políticos regresen a sus puestos “como si tal cosa”?
¿Saben los ciudadanos que aquellos a los que ahora reciben – gracias a la manipulación de algunos-, en “loor de multitudes” (a veces también en “olor”), aplauden y besan, están pendientes de un juicio por causas que siendo otras personas ya les habrían dado la espalda?
Esos mismos ciudadanos, ¿no se dan cuenta de que esos políticos a los que ahora aplauden vuelven curiosamente a sus cargos con absoluta impunidad y pueden permitirse el lujo de seguir dictando órdenes y manejando nuestro dinero? En este caso, ¿sería reprochable que un ciudadano se declarase “insumiso” ante las normas que dictan esas personas encausadas?
Los ciudadanos de a pie, si no pagamos a Hacienda o los impuestos municipales, nos embargan; si cometemos una infracción de tráfico nos quintan los puntos y hasta el carné. ¿Hay alguna razón para que esas personas, con “medidas cautelares” impuestas por la Justicia, regresen a las administraciones?
¿Saben esos ciudadanos que tras ese supuesto “milagro económico” que venden esos personajes, hay humo a precio a precio de oro, y que esos resorts de lujo sólo son para
clases pudientes y no para personas con un sueldo normal? ¿Se dan cuenta de que las plusvalías sólo van a terratenientes, políticos corruptos o personajes sin escrúpulos?
Los ciudadanos debemos exigir que los funcionarios trabajen, que los policías y guardias civiles investiguen y garanticen nuestra seguridad, que nuestros jueces juzguen y que los fiscales garanticen la aplicación de la Ley. ¿No deberíamos exigir a esos políticos y cargos públicos que se alejen de cualquier acto que nos haga dudar de su ética y su moral?
Me pregunto en qué se diferencian los ciudadanos que aplaudían en la plaza de Oriente en Madrid a un cruel dictador a los que ahora aclaman con la misma ceguera a presuntos corruptos.
MANDA HUEVOS.
Anónimo. No hay diferencias de los borregos tardofranquistas y los que ahora ejercen la misma función. Son los descendientes del mismo y rancio linaje de las "costumbres españolas". Que para más narices se quieren imponer a otros, supuestamente subdesarrollados. Vaya narices!
PLENO 24 HORAS DESPUÉS DE SALIR DE PRISIÓN EL ALCALDE
Había expectación con la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco del miércoles por la noche. Apenas habían transcurrido 24 horas de que quedara en libertad provisional el alcalde, Daniel García Madrid, con medidas cautelares debido a que se mantienen los cargos contra él. Finalmente García Madrid firmó un decreto para ser sustituido en la sesión por la primera teniente de alcalde, Fina Marín Otón -también imputada en las investigaciones del Caso Torre Pacheco, como varios concejales más de la Comisión de Gobierno-.
Varios puntos del orden del día conectaban parte del contenido del Pleno con la investigación judicial. Uno de ellos fue la dación de cuentas del Inventario de Bienes del Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2007. Pues bien, en el referido catálogo, se incorporan varias parcelas cuya valoración y situación llaman poderosamente la atención ya que en el epígrafe primero, referido a Bienes Inmuebles, (punto 1.2 Bienes Patrimoniales) se incorporan las parcelas de suelo rústico de secano, que tasadas en 2.428.946, 21 €uros (más de cuatrocientos millones de pesetas), fueron recibidas por el Consistorio a cambio de que el mismo cediera a Polaris World una parcela de 35.000 metros cuadrados de suelo dotacional público dentro de uno de los resort de lujo de la citada compañía y que el arquitecto técnico municipal valoró en 2.884.277, 56 €uros (480 millones de pesetas). Como consecuencia de esta permuta, hecha por decreto del alcalde García Madrid, los peritos oficiales detectaron un perjuicio para las arcas públicas de unos cinco millones de euros, debido a la supuesta sobrevaloración de los terrenos rústicos de secano, y una infravaloración del suelo dotacional público. Permuta en la que se detectaron además por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción graves irregularidades. Pese a la situación 'sub iudice' de esta permuta de terrenos, que incluso ha llevado a estar un mes en prisión al alcalde y al arquitecto técnico, los bancales obtenidos en el trámite han sido incorporados al catálogo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento.
En la misma sesión y en ese mismo punto del orden del día puede observarse que se incorpora una parcela de 16.000 metros cuadrados (menos de la mitad de a permutada por el Consistorio en el Resort de Polaris), también calificada como 'dotacional público', que recibe una valoración de más de más de tres millones doscientos mil euros (unos 540 millones de pesetas). Otra parcela de las que se incorporan es una de suelo industrial en un parque municipal, de más de cuarenta mil metros cuadrados de la que se da un valor de 2'6 millones de euros -hay que recordar que es el catálogo a fecha 31 de diciembre de 2007, no hace ni cuatro meses)- cuando consta informes técnicos de hace unos días en los que se pone de manifiesto que esa parcela tiene un valor que supera los diez millones y medio de euros, por lo que las fuentes judiciales consultadas llaman la atención que en el mencionado catálogo, en demasiados casos, no se recogen valoraciones coherentes con la realidad del valor del suelo, del mercado y de los intereses municipales.
Cuando al final de Pleno por parte de la oposición se hicieron preguntas sobre éstas y otras cuestiones que afectan a la gestión económica del Ayuntamiento, la respuesta de uno de los concejales del Gobierno municipal, Toni Madrid, también imputado en las diligencias del 'Caso Torre Pacheco', no contestó a las preguntas de la oposición municipal, se limitó a decirles que "fueran al juzgado, que ya conocen el camino", con lo cual el control al que la propia Audiencia Provincial hace referencia y que, encomienda especialmente a los medios de comunicación y a la oposición política, no se puede efectuar en buena lid.
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