La Fiscalía del TSJ solicita pena de cárcel para el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya

TOTANA.- La Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia solicita una pena de seis años de cárcel, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, para el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya Blaya, del PP, al que acusa de pagos ilegales al lider del Partido Independiente por Mazarrón (PxM) y también ex alcalde en las dos legislaturas previas (1995-1999 y 1999-2003), Domingo Valera López, con el que gobernaba en necesaria coalición durante la última legislatura (2003-2007).

Blaya necesitó del voto de los tres concejales del PIxM para poder aprobar el nuevo PGOU durante su anterior mandato, aspecto en el que incide especialmente la Fiscalía del TSJ en la redacción de su escrito ante el juzgado.

La querella de la Fiscalía, admitida finalmente a trámite por el juzgado nº 4 de Totana, ha provocado llamar a declarar a Blaya y Valera en calidad de imputados. El primero ordenó al interventor y tesorero municipales pagar al segundo un total de 33.000 euros, entre 2003 y 2005, al margen de la cantidad estipulada por el Pleno municipal como concejal con dedicación exclusiva y que ascendía a 31.365 euros anuales.

Pese a que Blaya intentó dar apariencia de legalidad a esos pagos, bajo la figura de cantidades "entregadas a cuenta", la Fiscalía considera en su denuncia que no tenían ese carácter de anticipos porque no se descontaban luego de la percepción mensual ordinaria de Valera.

La querella también se dirige contra el anterior interventor, Pedro Sánchez, y el tesorero de la Corporación mazarronera, Juan Martínez, por no oponerse a una práctica que sabían del todo ilegal aunque alguna de las veces trataron de resistirse, sin conseguirlo, a las instrucciones arbitrarias de Blaya.

El todavía alcalde ha declarado, en su descargo, ante la juez, que ningún funcionario juridicamente obligado le advirtió de que esos anticipos fuese ilegales, mientras Valera argumenta que devolvió todo el dinero seis meses antes de terminar su mandato.

José Antonio Ramos Calabria, abogado defensor de Francisco Blaya, considera, por su parte, que nunca existió peligro para el patrimonio municipal de Mazarrón "porque estaba documentada la salida del dinero y Valera podía perfectamente responder con sus bienes y su sueldo". -(NEM)