TOTANA.- La Operación Tótem sigue abierta en varios frentes. A pesar de que la investigación parece haberse trasladado a los juzgados y el interés se centra ahora en saber si el TSJ llamará o no a declarar al ex alcalde de Totana y actual diputado regional Juan Morales, la Guardia Civil no ha dejado de trabajar en la investigación.
Según "La Opinión", los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), están tomando declaración a varios empresarios relacionados con la operación.
Según fuentes judiciales, los interrogatorios se habrían iniciado desde hace al menos una semana y prosiguieron durante la jornada de ayer. Lejos del impresionante despliegue puesto en marcha en los primeros días de la operación -a finales del mes de noviembre-, los agentes de la UCO han optado esta vez por la discreción y han citado a los empresarios en distintos puestos de la zona, como el cuartel de Alhama o el mismo de Totana.
Al parecer, se trataría de empresarios de la zona vinculados con el urbanismo en el municipio y cuyo testimonio se sumaría a las numerosas pruebas que, según fuentes próximas al caso, tienen ya los investigadores sobre la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio. Según otras fuentes, alguno de los empresarios podría haber sido extorsionado para obtener licencias en el municipio.
De hecho, el presunto cobro de comisiones es una de las líneas de investigación que maneja la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, responsable del caso y que mantiene el secreto de sumario desde hace más de un mes.
Desde que se inició la misma han sido detenidos media docena de empresarios vinculados con el urbanismo en el municipio. Entre ellos se encuentra el responsable de la promotora gallega Nuaria, Manuel Núñez, el gerente de una sociedad vinculada con Nuaria, Pablo José Maceira o uno de los empleados del grupo Nuaria, José Antonio Carrocera. Todos ellos fueron detenidos entre Vigo y Madrid.
El Grupo Nuaria -integrado por varias sociedades gallegas-, había firmado un convenio con el ayuntamiento de Totana -liderado entonces por Juan Morales-, en el que se recalificaban 1.673.971 metros cuadrados de terreno rústico ubicados en la pedanía de El Raiguero. Según el convenio, el ayuntamiento ingresaría casi cinco millones de euros por convertir los terrenos en urbanizables sectorizados.
Mientras, en la Región fueron arrestados el actual alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, la secretaria del ayuntamiento, Laura Bastida, el empresario y ex concejal del PP en el consistorio Juan Francisco Casanova, el empresario y presidente de UCOM Pedro J. Martínez o el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales.
No obstante, todos los indicios apuntan a que el origen y verdadero objetivo de la Operación Tótem es el antiguo alcalde y actual diputado popular en la Asamblea Regional, Juan Morales.
También están imputadas su ex mujer, María del Carmen Jordán, y su actual pareja, Vaneide Freitas, de nacionalidad brasileña. Según diversas fuentes, todas las decisiones relativas a las cuestiones urbanísticas en el municipio tenían que pasar siempre por Morales.- (EPI)
Según "La Opinión", los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), están tomando declaración a varios empresarios relacionados con la operación.
Según fuentes judiciales, los interrogatorios se habrían iniciado desde hace al menos una semana y prosiguieron durante la jornada de ayer. Lejos del impresionante despliegue puesto en marcha en los primeros días de la operación -a finales del mes de noviembre-, los agentes de la UCO han optado esta vez por la discreción y han citado a los empresarios en distintos puestos de la zona, como el cuartel de Alhama o el mismo de Totana.
Al parecer, se trataría de empresarios de la zona vinculados con el urbanismo en el municipio y cuyo testimonio se sumaría a las numerosas pruebas que, según fuentes próximas al caso, tienen ya los investigadores sobre la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio. Según otras fuentes, alguno de los empresarios podría haber sido extorsionado para obtener licencias en el municipio.
De hecho, el presunto cobro de comisiones es una de las líneas de investigación que maneja la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, responsable del caso y que mantiene el secreto de sumario desde hace más de un mes.
Desde que se inició la misma han sido detenidos media docena de empresarios vinculados con el urbanismo en el municipio. Entre ellos se encuentra el responsable de la promotora gallega Nuaria, Manuel Núñez, el gerente de una sociedad vinculada con Nuaria, Pablo José Maceira o uno de los empleados del grupo Nuaria, José Antonio Carrocera. Todos ellos fueron detenidos entre Vigo y Madrid.
El Grupo Nuaria -integrado por varias sociedades gallegas-, había firmado un convenio con el ayuntamiento de Totana -liderado entonces por Juan Morales-, en el que se recalificaban 1.673.971 metros cuadrados de terreno rústico ubicados en la pedanía de El Raiguero. Según el convenio, el ayuntamiento ingresaría casi cinco millones de euros por convertir los terrenos en urbanizables sectorizados.
Mientras, en la Región fueron arrestados el actual alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, la secretaria del ayuntamiento, Laura Bastida, el empresario y ex concejal del PP en el consistorio Juan Francisco Casanova, el empresario y presidente de UCOM Pedro J. Martínez o el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales.
No obstante, todos los indicios apuntan a que el origen y verdadero objetivo de la Operación Tótem es el antiguo alcalde y actual diputado popular en la Asamblea Regional, Juan Morales.
También están imputadas su ex mujer, María del Carmen Jordán, y su actual pareja, Vaneide Freitas, de nacionalidad brasileña. Según diversas fuentes, todas las decisiones relativas a las cuestiones urbanísticas en el municipio tenían que pasar siempre por Morales.- (EPI)
1 comentario:
Que el Partido Popular murciano ande reuniendo letrados de prestigio (con especialidad en la defensa de narcotraficantes y otros delincuentes de peor calaña) para "defenderse" de la Justicia y del señor Fiscal dice mucho de los ánimos en San Esteban. Manuel Lopez Bernal, Fiscal Jefe del TSJ, debe estar trabajando bien y llegando al fondo de varios asuntos para que nuestros politicastros se arremanguen para defender a sus supuestos alevines corruptos. ¡Vaya todo mi homenaje y reconocimiento para usted señor Fiscal! ¡Los tiene buen puestos, vaya si los tiene bien puestos! Algún día habrá que hacer un homenaje a estos valientes fiscales (no me olvido de Manzaneda pero hay muchos más) así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la corrupción. Pero mientras llega el día del juicio final volvamos al Partido Popular.
El PP ha contratado al letrado Pardo Geijo, que pasa por ser el número uno en Derecho Penal, para que coordine desde la sombra al resto de abogados de altos cargos del partido imputados en las distintas investigaciones abiertas por los jueces y la Fiscalía. El objetivo sería buscar fallos de procedimiento que permitan obtener nulidades o comprometan las causas abiertas. Así, las reuniones de altos cargos del PP encabezados por el secretario general, Miguel Ángel Cámara, con la participación del portavoz del partido, Pedro Antonio Sánchez, y el portavoz del grupo parlamentario, Juan Carlos Ruiz, y el vicepresidente del partido y consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, entre otros, con abogados penalistas como Pardo Geijó, me llevan a plantearme algunas cuestiones:
¿Tanto movimiento, tantas reuniones, tantas maniobras de boicot a la Justicia por un vulgar y común alcalducho? Ramón Luis Valcárcel nos ha repetido por activa y por pasiva que la corrupción, en caso de existir, no era generalizada en la Región y que alguna oveja negra podía haber entre los 700 cargos del PP en la Región, cubriéndose las espaldas por si acaso. Dudo que uno engrase toda una maquinaria defensiva, por no decir ofensiva, si el calado o las preocupaciones del virrey estuviesen en 3 o 4 alcaldes de nada. ¿Acaso temen que lo que comienza siendo una investigación sobre un ayuntamiento termine salpicándo hacia arriba? Yo creo que las prisas y las conspiraciones corresponen más bien a un temor fundado de que las pesquisas, si nadie las para, pueden llegar a las cimas más altas. Entonces sí entendería ese afán por desprestigiar al fiscal y ese interés por encontrar un fallo de forma en los procedimientos para echarlos atrás sin un ápice de sentido de responsabilidad política. Poco importa la corrupción en este caso, en un nuevo ejercicio de amparo desvergonzado a cargos manchados por la acción de la Justicia.
Es un torniquete para que el enfermo no se desangre y el oxígeno pueda seguir llegando a la cabeza. Esta teoría también explicaría que este comité de sabios no de por perdidos a Martinez Andreu, y lo más sorprendente, a Juan Morales. El hecho de que el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y el diputado y ex alcalde Juan Morales estén suspendidos cautelarmente de militancia -Morales ha sido incluso expulsado del Grupo Popular en la Asamblea Regional- no ha supuesto impedimento para que Pardo esté trabajando conjuntamente con los abogados de ambos, José Antonio Ramos Calabria y José María Caballero, respectivamente. ¿Saben estos señores cosas que podrían dejar mal lugar a los sumos sacerdores de San Esteban? ¿Temen que al sentirse abandonados puedan sucumbir a la tentación de "cantar"? El periodista progubernamental Angel Montiel apuntaba hace unos días que "las pruebas están en Murcia". ¿Valcárcel Siso o Bascuñana sabían algo de las corruptelas en sus ayuntamientos? El mismo articulista dejaba abiertas estas cuestiones. Preguntas de momento sin respuesta, pero que duda cabe que la extrema delicadeza, lejos de toda la contundencia exigible con un alcalde en prisión y un diputado en capilla, demostrada desde el principio no nos permite despejar todas estas dudas, si no más bien acrecentarlas.
Como dice el auto del TJS, las investigaciones están en una fase inicial, es decir, que queda mucho recorrido para llegar a meta. Se acumulan los casos y los que vendrán pronto, muy pronto, amenazan con dejar en evidencia a nuestros gobernantes. No tendrán la conciencia muy limpia para montar este guirigay de altos vuelos. Algo temen, algo se huelen, algo no les deja dormir. Los acontecimientos de las próximas semanas y meses nos van a sacar de dudas. Ya lo vereis queridos lectores. Marbella será una minucia comparada con la Región de Murcia.
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