MURCIA.- La titular del juzgado número uno de Totana, que dirige la investigación sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en esa localidad, remitirá esta semana al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el informe que ha elaborado sobre la presunta implicación en los hechos del ex alcalde totanero y actual diputado regional, Juan Morales.
Fuentes judiciales informaron hoy de que en los próximos días recibirá esta documentación la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que es el órgano competente para enjuiciar al parlamentario.
En este informe, la juez instructora deberá señalar al alto tribunal los indicios que han aparecido contra Morales durante las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en el marco de esta investigación.
Esta "exposición razonada", como señala la ley, es un trámite obligado en el caso de que la investigación judicial del caso se extienda a Juan Morales, ya que el juzgado de Totana no es competente para investigar la actuación del actual diputado por gozar éste de una protección especial como parlamentario.
La sala de lo civil y penal, una vez recibido el documento del juzgado instructor, dará traslado del mismo al fiscal jefe de Murcia para que éste se pronuncie sobre la competencia del tribunal para juzgar estos hechos, y para que al mismo tiempo determine si las actuaciones que se atribuyen a Morales podrían ser constitutivas de alguna infracción penal.
Las mismas fuentes añadieron que el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, ya emitió hace unos días un informe en el que considera que algunas actuaciones de Morales como alcalde podrían ser consideradas delictivas.
El fiscal Manzanera pide así que la investigación se extienda a este político, actualmente diputado regional.- (EFE)
Fuentes judiciales informaron hoy de que en los próximos días recibirá esta documentación la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que es el órgano competente para enjuiciar al parlamentario.
En este informe, la juez instructora deberá señalar al alto tribunal los indicios que han aparecido contra Morales durante las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en el marco de esta investigación.
Esta "exposición razonada", como señala la ley, es un trámite obligado en el caso de que la investigación judicial del caso se extienda a Juan Morales, ya que el juzgado de Totana no es competente para investigar la actuación del actual diputado por gozar éste de una protección especial como parlamentario.
La sala de lo civil y penal, una vez recibido el documento del juzgado instructor, dará traslado del mismo al fiscal jefe de Murcia para que éste se pronuncie sobre la competencia del tribunal para juzgar estos hechos, y para que al mismo tiempo determine si las actuaciones que se atribuyen a Morales podrían ser constitutivas de alguna infracción penal.
Las mismas fuentes añadieron que el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, ya emitió hace unos días un informe en el que considera que algunas actuaciones de Morales como alcalde podrían ser consideradas delictivas.
El fiscal Manzanera pide así que la investigación se extienda a este político, actualmente diputado regional.- (EFE)
2 comentarios:
Tras dos semanas de circo navideño solidario a las puertas de la prisión murciana de Sangonera en apoyo al único encarcelado por la Operación Tótem, el alcalde de Totana José Martínez Andreo, el secretario regional del PP y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha dicho alto y claro lo que hasta la víspera de Reyes no habían sido más que insinuaciones: el causante del operativo de la Guardia Civil contra la corrupción en Totana es el ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Murcia.
“Tengo la sensación de que todo lo que ha pasado en Totana se debe a que el ministro de Justicia es candidato al Congreso” por Murcia, dijo Miguel Ángel Cámara a los periodistas pocas horas antes de que un grupo de totaneros escenificara en la plaza de la Constitución de la localidad la entrega de una carta a los Reyes Magos para que “se clarifique cuanto antes la situación por la que atraviesa el alcalde”. Éste está en prisión sin fianza por orden judicial, investigado por presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento público, entre otros relacionados con el urbanismo.
Las declaraciones de Miguel Ángel Cámara son la oficialización de cuál será la estrategia del PP murciano ante las próximas elecciones generales, preocupado como se le supone por una sucesión de procesos judiciales por supuesta corrupción urbanística que deben ir cristalizando en las próximas semanas: “Ahora, un nuevo ministro de Justicia es candidato por Murcia y se está viendo lo que aquí ocurre”, redundó el secretario general del PP murciano.
Hasta ahora, la estrategia defensiva del PP murciano, que tiene una veintena de alcaldes, concejales y altos cargos investigados en distintos casos de presunta corrupción urbanística, era la de insinuar -o decir abiertamente- que el instigador de todo es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel López Bernal, un progresista nombrado por Cándido Conde Pumpido hace dos años.
Que Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, encabece la lista del PSOE al Congreso por Murcia brinda al PP en bandeja la ocasión de intentar reforzar esa tesis anterior e insistir en que todas las investigaciones de miembros murcianos del partido de Mariano Rajoy tienen motivaciones políticas encubiertas. Aunque la rotundidad de Cámara viene a obviar ese último adjetivo.
Defensa coordinada
Jurídicamente, el PP ha dado otro paso más al iniciar la coordinación de las estrategias de defensa de todos sus cargos investigados, imputados o incluso acusados. Y ha encargado, según el diario regional La Verdad, esa labor pivotante a un afamado abogado penalista, José Pardo Geijo, que se hizo de oro defendiendo en los años ochenta a conocidos empresarios locales perseguidos por la Justicia por fraudes multimillonarios a la Hacienda Pública, y a cualquier otro dispuesto a pagar minutas astronómicas por sus buenos servicios profesionales.
El PP parece confiar en que los éxitos como penalista del Pardo Geijo le sean ahora útiles para que sus ediles y ex ediles salgan indemnes en los casos que se investigan en los ayuntamientos de Águilas, Archena, Alcantarilla, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Mazarrón, Mula, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco, San Javier, Ulea, o Villanueva del Segura.
La autodenominada ‘Plataforma Ciudadana por el Buen Nombre de Totana’, formada fundamentalmente por simpatizantes del PP local, ha organizado concentraciones ante la prisión provincial para solidarizarse con Martínez Andreo y reclamar, sin éxito, su libertad con ocasión de la Navidad y el Año Nuevo. El alcalde totanero permanece en prisión sin fianza desde principios de diciembre pasado.
(De www.elconfidencial.com)
Señor Fiscal General
La Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid, investiga al Ejecutivo Murciano por los dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La historia de los hechos es más vieja que la tos, y por vieja muy conocida. Llevamos un año esperando una decisión. El Ministerio Público debe considerar si hay indicios racionales para proceder por presuntos delitos porque no cabe que el gobierno regional, que preside Valcárcel Siso, desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la Balsa Jenny, y luego financiar, con dinero público, y de la Unión Europea, su recuperación y limpieza.
Hay que profundizar si esta tesis jurídica va más lejos o simplemente se trata del contenido de la querella interpuesta. Así de sencillo y simple pero al parecer muy complicado para la Fiscalía que lleva el caso y el estudio de la denuncia formulada y fechada en Murcia, esa Murcia que suena lejos, ubicada allá abajo en el sureste español, en la que la corrupción es un tema diario y un problema por ahora irreversible si el Estado de Derecho hace aguas.
No nos explicamos la tardanza del Ministerio Público en adoptar una decisión final. No tenemos prisas, las cosas de palacio van despacio, pero en la Región están pasando cosas punitivas que nos esperamos un aparcamiento “sine die” del caso de la Balsa Jenny. O su congelación, aunque en el fondo algunos opinamos que muy pronto se hará la luz, en un sentido u otro. Podemos añadir que la denuncia formulada fue preparada por un grupo de expertos y abogados profesionalmente intachables.
Tememos, porque el panorama jurídico es desolador en la Región murciana. Amenazas veladas, comentarios redactados para zaherir a los magistrados y jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, e incluso improperios contra la esposa del Fiscal Jefe, y a este mismo acusándole de connivencia política con los socialistas. ¿Es este el Estado de Derecho de una democracia que pedimos todos que sea fecunda y salvaguarda de los derechos civiles? ¿Se puede hacer apología contra la preparación e independencia de nuestras autoridades jurídicas? No y mil veces no. Y uno se pregunta si todo este maremagnun, este lio imponente, cuenta con el apoyo de los poderes fácticos regionales. Parece que lo tiene, porque hay un partido que funciona más como un “lobby” que como tal partido. Su blindaje jurídico que cuenta con una estrella de la abogacía lo prueba, aunque parece también que tal blindaje es un parachoque contra los futuros embates posibles contra su líder máximo, que le huele el culo a pólvora.
Cano Vera
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