MURCIA.- El empresario de Totana, Domingo Sánchez Martínez, de "Visanfer", detenido a las siete de la mañana de ayer en su domicilio y puesto posteriormente en libertad, está imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras permanecer arrestado durante más de once horas, sostienen fuentes de la investigación. Por otra parte, según la Cadena "Ser" en Murcia, la operación "Tótem" puede implicar ahora a un alto cargo regional del PP, que ha sabido desde el principio lo que estaba sucediendo en Totana, y no lo denunció en el juzgado.
Los agentes de la (UCO) de la Guardia Civil trasladaron a Domingo Sánchez a la Comandancia de Murcia, lugar en el que tuvo que declarar durante más de seis horas sobre su presunta participación en la trama de corrupción urbanística destapada con la Operación Tótem.
Hacia las tres de la tarde, y después de oír la declaración del detenido, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, decidió imputar también al hermano del arrestado, Francisco Sánchez Martínez.
A ambos empresarios que, junto a su hermana, son propietarios de la empresa Visanfer, la juez les imputa presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Esta empresa, con 55 años de existencia, esta dedicada a la venta de materiales de construcción y, aparte de su sede central en Totana, mantiene sucursales en en Alhama, Mazarrón y Águilas.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la detención de este empresario, cuya sociedad firmó cuatro convenios urbanísticos con el anterior alcalde de Totana y diputado del grupo mixto en la Asamblea Regional tras ser expulsado del PP, Juan Morales, para construir un millar de viviendas, podría estar relacionada con una promoción situada en el paraje del Llano de las Cabras, en las cercanías del Parque de Sierra Espuña.
La investigación considera que pudo haber cometido cohecho al acordar con el alcalde, José Martínez Andreo, la reclasificación de 200.000 m2 rústicos tras la aprobación del Plan General de Totana, que todavía está en tramitación.
Según fuentes de la oposición, el primer edil había firmado, de forma paralela, un acuerdo privado con una confederación de empresarios en la que se comprometía a no aprobar la urbanización del detenido, que incluía 318 viviendas.
Precisamente hoy la Cadena "Ser" en Murcia, citando fuentes de la UCO, adelantaba que un alto cargo regional del PP puede verse salpicado por la operación Tótem al haber estado al corriente de todas las acciones, presuntamente delictivas, del entonces alcalde de Totana, Juan Morales, y que su única reacción fue impedir que éste repitiese en la candidatura local del PP a la alcaldía y no presentar la correspondiente denuncia en el juzgado.
Otras fuentes apuntan al alcalde de un pueblo cercano, en dirección a Andalucía desde Totana quien, además, estaría incurriendo en un presunto delito de desacato al no entregar en su plazo la documentación oficial que le estaría solicitando un juzgado de Lorca ante el que debe comparecer la próxima semana en calidad de imputado pese a su condición de aforado.
Fuentes de la investigación han adelantado, siempre según la "Ser", que la operación "Tótem" está tan sólo en sus inicios y que lo destapado hasta la fecha "es la punta del iceberg".
Tras el regreso de los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos a la Región tras la Navidad, la investigación continúa a partir del análisis de la numerosa documentación requisada en los registros de la primera fase de la operación y esta semana han efectuado varios interrogatorios a personas relacionadas con la presunta trama de corrupción urbanística.
Ahora se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia reciba, en breve, el informe del fiscal, José Luis Díaz Manzanera, que investiga la 'Operación Tótem', y el de la juez que instruye el caso, María Asunción Navarro, en el que se informa de que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex-alcalde de Totana, Juan Morales, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones", según fuentes judiciales.
2 comentarios:
Tan mal nacidos son los corruptos como quienes, quizá intentando esquivar que los focos de la atención pública se sitúen sobre ellos, tratan de restar importancia a los hechos o, más aún, intentan ensombrecer la honradez de quienes desde las instituciones del Estado que han de perseguir tales conductas.
En la actualidad hay múltiples investigaciones judiciales en marcha en la Región en relación con la gestión pública de los ayuntamientos. La mayor parte de los mismos gobernados por el PP (es lógico, el PP manda en la mayor parte de los consistorios murcianos desde hace muchos años), pero también hay ayuntamientos cuya gestión está siendo investigada en sumarios que están declarados bajo secreto. En el caso de Los Alcázares, tal medida se prolonga ya por 17 meses. En Torre Pacheco han declarado como imputados políticos y funcionarios, al igual que en Fuente Alamo. En Totana, el alcalde está en prisión, situación ordenada por la jueza de instrucción y confirmada por la Audiencia Provincial. En Aguilas se investiga un asunto urbanístico de gran entidad. Hay asuntos bajo la sombra de la duda en Cartagena, Murcia, Abanilla, Villanueva, Mazarrón, Lorca… Se investiga, incluso, sobre cuestiones que afectan al Gobierno Regional.
Mientras el PSOE ha moderado su discurso sobre estas cuestiones, el PP trata de restar importancia en una actitud decepcionante, guardando silencios que en mi opinión resultan cómplices; igual que ocurre con los silencios premeditados que guardan determinados medios de comunicación, alguno de los cuales puede aparecer también con vinculaciones extrañas en relación con determinados gastos y asuntos municipales.
Estos asuntos conforman la ‘Cosa Nuestra’ que en medios policiales (tanto de servicios centrales de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía) califican de ‘corrupción sistematizada, generalizada e interiorizada’. Un miembro de la Benemérita me decía hace unos días que tenían la sensación de que “determinados comportamientos, de determinados políticos, funcionarios y empresarios, que son a todas luces vergonzosos, se han interiorizado con absoluta normalidad”. No me extraña, pues, que cuando a un directivo de un medio le comentas ciertos comportamientos, con pruebas en las manos, te conteste diciendo que tampoco es tan grave el asunto.
Si los medios de comunicación no se tensionan ante tales hechos, ¿cómo se va a tensionar la sociedad?.
Es hora de que todos tomen nota de que la situación general que se ha ido poniendo al descubierto en los últimos meses, no se va a quedar en lo que hemos conocido hasta ahora. Gane quien gane las elecciones, en Murcia o en Madrid, que sepan todos que esto acaba de empezar y todavía quedan por delante muchos asuntos que tendrán que ver la luz.
Sería deseable que si la red de clientelismo político ha llegado a la Justicia, hablo en hipótesis, los jueces o fiscales que crean que puedan ser señalados dentro de la misma, se abstengan de entender de tales casos…esa sería la postura más honrada, ciertamente.
¿Cualquiera puede entrar a formar parte de una red de clientelismo político?...pues claro. Según el interés que haya de por medio, así se entrará a formar parte de la red. Lo cierto es que la misma funciona como la Mafia, quien se vende una vez a ella, está vendido para siempre, sin remedio.
Un miembro de la benemérita, que lógicamente no voy a desvelar, me comentaba hace tiempo la escasa implicación de sus superiores en resolver ciertos asuntos. No solamente la desidia está en la prensa, sino también en las propias fuerzas de seguridad del estado. Los superiores no se mojan salvo que el tema esté muy claro, o por otros motivos que de momento no comentaremos. En este sentido es preciso una fuerte profesionalización de los mandos superiores intermedios y superiores de las instituciones. Además de que no se entiende la separación de Policía Nacional y Guardia Civil. La Policía Local parece ir por otro lado, y son demasiados ya los casos de presunta ocrrupción en sus filas.
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