Martínez Andreo, alcalde de Totana, lleva unas noches durmiendo en la prisión de Sangonera. Este técnico de mantenimiento industrial, casado, con un hijo y otro en camino, que encabezó la candidatura popular en Totana en sustitución de Juan Morales, es el único de los detenidos en la trama urbanística al que no se ha marcado fianza por la jueza instructora. Su abogado considera que la medida es desmesura y ha presentado un recurso.
En esta misma línea se ha pronunciado el decano de los abogados de Cartagena, Luis Ruipérez, y amplios sectores populares. Para el ciudadano de a pie resulta algo chocante que el hombre que se ofreciera a colaborar con la Justicia, tras el inicio de las detenciones por la “Operación Tótem”, tres días después fuera detenido en la sede municipal.
Según apuntan expertos jurídicos, en las nuevas directrices europeas sobre estos casos la prisión preventiva provisional se produce por dos motivos: el peligro de fuga, o el riesgo de destrucción de pruebas con peligro para la investigación. Al resto de los imputados se les ha marcado fianza y retirado el pasaporte para evitar el posible riesgo de fuga. Lo de posible destrucción de documentos, según estos observadores, no cuadraría mucho, ya que hubo tres días desde el inicio de las actuaciones judiciales hasta su detención y apuntan que de haber querido hacer desaparecer documentos hubiera tenido tiempo sobrado.
También es cierto que las imputaciones de la instructora a los afectados por las medidas cautelares son amplias y variadas que van desde presunta prevaricación hasta cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documentos públicos, infidelidad en la custodia y blanqueo de capitales.
Qué Martínez Andreo sea un cabeza de turco, como apuntan fuentes populares, parece una interpretación perversa de la actuación de la Justicia. La decisión de la juez debe ajustarse a derecho y tendrá motivos más que razonables y fundados para tomar una decisión de esa magnitud. Intentar politizar el tema y hablar de trofeos de cacerías, por muy cinegético que pueda resultar no beneficia ni a las instituciones ni a los ciudadanos.
Las dudas en el trámite procesal y la posible libertad bajo fianza, conmutaviva por la prisión provisional preventiva, tendrá que aclararse en los tribunales. Mientras tanto el alcalde ex popular de Totana y ex secretario general de su partido en la localidad seguirá durmiendo fuera de su domicilio, con el drama humano que supone para su esposa, familiares y amigos.
Su compañero en la anterior corporación y en la ejecutiva local del partido, Morales, sigue atrincherado en su condición de aforado como diputado regional, guardando silencio y esperando las diligencias del TSJ. Con esta semana de puentes dicen que va a producir un cierto parón tras la intensidad de la pasada semana. Dicen que sera sólo un respiro.
El amparo y los derechos de Morales
La intervención de las fuerzas de investigación con el domicilio de Juan Morales en Murcia, donde convivía con su compañera sentimental brasileña, puede plantear un tema de competencias judiciales, según señalan expertos jurídicos. Por su condición de aforado disfruta de una “garantía reforzada”, según estas mismas fuentes por lo que la actuación competería al TSJ.
En este choque de competencias los abogados estudían la posibilidad de poder pedir la nulidad de las pruebas obtenidas en los registros que han afectado directamente a Morales, algo que podría incidir especialmente en la tramitación del sumario abierto por la “Operación Tótem”.
Para algunos diputados populares con estas actuaciones se está dando una imagen de “inseguridad jurídica”. Al margen de estos importantes aspectos procesales está el fondo de la cuestión, la presunta corrupción urbanística en la localidad hay coincidencia entre los partidos políticos, “si algunos la han hecho, qué asuman ahora todas sus consecuencias”.
A los dirigentes políticos regionales se les calienta la boca
Estamos en precampaña electoral para las generales de marzo. La “Operación Tótem” con la detención del alcalde de Totana y el juicio sobre la presunta compra de votos en Fortuna, ha calentado la boca a los dirigentes políticos regionales. Con el nerviosismo de las circunstancias se han recuperado intercambios de acusaciones que recuerdan a la etapa más dura y bronca de la precampaña autonómica con la fuerte crispación política regional.
En estos casos, me comenta un veterano político, sería conveniente recuperar el espíritu de la transición y el respeto a la Constitución que hoy cumple años. “Dejar trabajar a la Justicia tranquilamente respetando o recurriendo sus decisiones por los conductos reglamentarios”.
No estaría de más, según este observador, que Ramón Luis Valcárcel y Pedro Saura renovaran su foto de septiembre con el compromiso de acercar posiciones en defensa de la Región, aunque “sólo sea por estas fechas entrañables”.
De todas formas apuntan que los UCOS se han tomado una semana de descanso tras su intenso trabajo de las últimas semanas y que tienen material acumulado para continuar luchando contra la presunta corrupción en otros municipios.
En esta misma línea se ha pronunciado el decano de los abogados de Cartagena, Luis Ruipérez, y amplios sectores populares. Para el ciudadano de a pie resulta algo chocante que el hombre que se ofreciera a colaborar con la Justicia, tras el inicio de las detenciones por la “Operación Tótem”, tres días después fuera detenido en la sede municipal.
Según apuntan expertos jurídicos, en las nuevas directrices europeas sobre estos casos la prisión preventiva provisional se produce por dos motivos: el peligro de fuga, o el riesgo de destrucción de pruebas con peligro para la investigación. Al resto de los imputados se les ha marcado fianza y retirado el pasaporte para evitar el posible riesgo de fuga. Lo de posible destrucción de documentos, según estos observadores, no cuadraría mucho, ya que hubo tres días desde el inicio de las actuaciones judiciales hasta su detención y apuntan que de haber querido hacer desaparecer documentos hubiera tenido tiempo sobrado.
También es cierto que las imputaciones de la instructora a los afectados por las medidas cautelares son amplias y variadas que van desde presunta prevaricación hasta cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documentos públicos, infidelidad en la custodia y blanqueo de capitales.
Qué Martínez Andreo sea un cabeza de turco, como apuntan fuentes populares, parece una interpretación perversa de la actuación de la Justicia. La decisión de la juez debe ajustarse a derecho y tendrá motivos más que razonables y fundados para tomar una decisión de esa magnitud. Intentar politizar el tema y hablar de trofeos de cacerías, por muy cinegético que pueda resultar no beneficia ni a las instituciones ni a los ciudadanos.
Las dudas en el trámite procesal y la posible libertad bajo fianza, conmutaviva por la prisión provisional preventiva, tendrá que aclararse en los tribunales. Mientras tanto el alcalde ex popular de Totana y ex secretario general de su partido en la localidad seguirá durmiendo fuera de su domicilio, con el drama humano que supone para su esposa, familiares y amigos.
Su compañero en la anterior corporación y en la ejecutiva local del partido, Morales, sigue atrincherado en su condición de aforado como diputado regional, guardando silencio y esperando las diligencias del TSJ. Con esta semana de puentes dicen que va a producir un cierto parón tras la intensidad de la pasada semana. Dicen que sera sólo un respiro.
El amparo y los derechos de Morales
La intervención de las fuerzas de investigación con el domicilio de Juan Morales en Murcia, donde convivía con su compañera sentimental brasileña, puede plantear un tema de competencias judiciales, según señalan expertos jurídicos. Por su condición de aforado disfruta de una “garantía reforzada”, según estas mismas fuentes por lo que la actuación competería al TSJ.
En este choque de competencias los abogados estudían la posibilidad de poder pedir la nulidad de las pruebas obtenidas en los registros que han afectado directamente a Morales, algo que podría incidir especialmente en la tramitación del sumario abierto por la “Operación Tótem”.
Para algunos diputados populares con estas actuaciones se está dando una imagen de “inseguridad jurídica”. Al margen de estos importantes aspectos procesales está el fondo de la cuestión, la presunta corrupción urbanística en la localidad hay coincidencia entre los partidos políticos, “si algunos la han hecho, qué asuman ahora todas sus consecuencias”.
A los dirigentes políticos regionales se les calienta la boca
Estamos en precampaña electoral para las generales de marzo. La “Operación Tótem” con la detención del alcalde de Totana y el juicio sobre la presunta compra de votos en Fortuna, ha calentado la boca a los dirigentes políticos regionales. Con el nerviosismo de las circunstancias se han recuperado intercambios de acusaciones que recuerdan a la etapa más dura y bronca de la precampaña autonómica con la fuerte crispación política regional.
En estos casos, me comenta un veterano político, sería conveniente recuperar el espíritu de la transición y el respeto a la Constitución que hoy cumple años. “Dejar trabajar a la Justicia tranquilamente respetando o recurriendo sus decisiones por los conductos reglamentarios”.
No estaría de más, según este observador, que Ramón Luis Valcárcel y Pedro Saura renovaran su foto de septiembre con el compromiso de acercar posiciones en defensa de la Región, aunque “sólo sea por estas fechas entrañables”.
De todas formas apuntan que los UCOS se han tomado una semana de descanso tras su intenso trabajo de las últimas semanas y que tienen material acumulado para continuar luchando contra la presunta corrupción en otros municipios.
1 comentario:
¿Quién puede asegurar que los UCOS están de vacaciones?
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