CORVERA.- La unión hace la fuerza, o al menos eso han debido de pensar los afectados por las expropiaciones de terreno para la construcción del aeropuerto de Murcia. Han decidido unirse en una asociación para preparar así su defensa, según revelan en un comunicado.
Estos afectados se han sentido alarmados por los bajos precios con los que, al parecer, se les va a compensar por las expropiaciones, unas compensaciones que a muchos afectados no les permitirá volverse a establecer en otros terrenos, según uno de estos afectados.
«Lo que pretendemos es unirnos todos los afectados para ver si juntos se nos respeta un poco más», señala Antonio Conesa, el presidente de este colectivo que, en su segunda reunión, la pasada semana, ya logró congregar a cerca de un centenar de personas.
Una asistencia nada desdeñable si se tiene en cuenta que se cifra en 120 las personas que podrían estar afectadas por estas expropiaciones. «Un 90% de los damnificados por estas obras están muy interesados en integrarse en esta asociación», apunta Conesa.
Esta asociación se está reuniendo y preparando su defensa para no tener que dejar su actividad agrícola, ganadera, patrimonial, de ocio o incluso sus viviendas de residencia habitual, «sin ningún tipo de compensación que les permita continuar con su actividad en otro lugar y cediendo su patrimonio a una sociedad privada con objetivos comerciales privados».
Han invitado a Tomás Martínez Pagán, que actuó como mediador en las negociaciones entre los propietarios de Los Camachos y la Administración, que constituyó en su día la mayor expropiación en Murcia. Por su parte, Martínez Pagán no quiso adelantar si aceptará la proposición aunque sí dijo que lo está pensando.
A la hora de llevar a cabo su defensa, esta asociación quiere matizar que, en ningún momento, existe una oposición a la construcción del nuevo aeródromo murciano. «Creemos que el progreso debe de ir por encima de todo, pero sin atropellar a nadie», explica Conesa.
Una de las principales quejas que este colectivo de damnificados presenta es el hecho de haber conocido su realidad de afectados «a través de las páginas de los periódicos».
Para explicar sus peticiones, esta asociación pretende iniciar, en breve, una ronda de visitas con líderes políticos de la Región, Delegación del Gobierno, Defensor del pueblo en la Asamblea Regional y Nacional y presidente del Parlamento Regional.
Al mismo tiempo, los afectados van a solicitar a la Comunidad Autónoma no quedar fuera del espacio industrial que, está previsto, se sitúe muy cerca de las instalaciones del aeropuerto.
Y por si su intento de diálogo no logra los resultados deseados, esta organización está negociando con un bufete de abogados en Bruselas, Madrid y Barcelona para que, además de encargarse de la creación legal de la asociación de afectados por la expropiación del aeropuerto, gestione este caso.
Estos afectados se han sentido alarmados por los bajos precios con los que, al parecer, se les va a compensar por las expropiaciones, unas compensaciones que a muchos afectados no les permitirá volverse a establecer en otros terrenos, según uno de estos afectados.
«Lo que pretendemos es unirnos todos los afectados para ver si juntos se nos respeta un poco más», señala Antonio Conesa, el presidente de este colectivo que, en su segunda reunión, la pasada semana, ya logró congregar a cerca de un centenar de personas.
Una asistencia nada desdeñable si se tiene en cuenta que se cifra en 120 las personas que podrían estar afectadas por estas expropiaciones. «Un 90% de los damnificados por estas obras están muy interesados en integrarse en esta asociación», apunta Conesa.
Esta asociación se está reuniendo y preparando su defensa para no tener que dejar su actividad agrícola, ganadera, patrimonial, de ocio o incluso sus viviendas de residencia habitual, «sin ningún tipo de compensación que les permita continuar con su actividad en otro lugar y cediendo su patrimonio a una sociedad privada con objetivos comerciales privados».
Han invitado a Tomás Martínez Pagán, que actuó como mediador en las negociaciones entre los propietarios de Los Camachos y la Administración, que constituyó en su día la mayor expropiación en Murcia. Por su parte, Martínez Pagán no quiso adelantar si aceptará la proposición aunque sí dijo que lo está pensando.
A la hora de llevar a cabo su defensa, esta asociación quiere matizar que, en ningún momento, existe una oposición a la construcción del nuevo aeródromo murciano. «Creemos que el progreso debe de ir por encima de todo, pero sin atropellar a nadie», explica Conesa.
Una de las principales quejas que este colectivo de damnificados presenta es el hecho de haber conocido su realidad de afectados «a través de las páginas de los periódicos».
Para explicar sus peticiones, esta asociación pretende iniciar, en breve, una ronda de visitas con líderes políticos de la Región, Delegación del Gobierno, Defensor del pueblo en la Asamblea Regional y Nacional y presidente del Parlamento Regional.
Al mismo tiempo, los afectados van a solicitar a la Comunidad Autónoma no quedar fuera del espacio industrial que, está previsto, se sitúe muy cerca de las instalaciones del aeropuerto.
Y por si su intento de diálogo no logra los resultados deseados, esta organización está negociando con un bufete de abogados en Bruselas, Madrid y Barcelona para que, además de encargarse de la creación legal de la asociación de afectados por la expropiación del aeropuerto, gestione este caso.
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