CARTAGENA.- El juez Jacinto Areste ha concluido la instrucción de la presunta malversación de fondos en Izar con la imputación a José del Pino y a otras cinco personas de un presunto delito de falsedad en documento mercantil, según refleja el auto de calificación emitido por el titular del juzgado de Instrucción número dos de Cartagena, quien en breve señalará la fecha para la celebración de la vista pública.
Un cambio en la dirección de Izar, empresa que surgió tras la fusión de Bazán y Aesa y que después derivó en Navantia, fue la causa por la que se practicó en febrero de 2005 una auditoría, que detectó que no estaban justificados dos millones de euros gastados en cuatro años en la fábrica de Motores.
Ese informe económico fue remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que observó indicios de delito en la gestión y trasladó el asunto a los juzgados de Cartagena. Durante veintiséis meses, el juez ha estado recabando declaraciones de dirigentes, ex directivos y testigos sobre este asunto, concluyendo finalmente que se aprecian indicios de delito suficientes respecto a la emisión de facturas falsas, cuyos beneficios podrían haber revertido sobre una subcontrata y sobre algunos acusados.
Casi todos ellos han reconocidos la existencia de una caja B en la factoría de Motores en la que se habrían guardado cientos de miles de euros. Pero algunos de ellos coinciden en que ese dinero se utilizaba para pagar comisiones a intermediarios y poder optar a contratos internacionales para el astillero y nunca para provecho particular.
Los cinco ex directivos de la fábrica de Motores se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de un presunto delito de falsedad en documento mercantil para el desvío de cantidades de dinero del astillero público a través de una empresas subcontratada, Zafrucsa. Un socio de esta última empresa es el sexto imputado. La fecha del juicio aún está por señalar.
Entre los acusados formalmente por el juez están quien fue director de la división de Motores de Navantia, José del Pino. Cuando se descubrió el agujero económico en la empresa, Del Pino también presidía el Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica y su nombre sonaba con fuerza como posible consejero del Gobierno regional tras su entonces reciente prejubilación. También están acusados el ex director de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo, destituido fulminantemente cuando estalló el escándalo; el ex jefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo, el ex gestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el ex jefe de Postventa, Emilio Sánchez Álvarez. El sexto imputado es J. M. Z., socio de Zafrucsa.
Con este auto, el juez confirma la existencia de indicios de un presunto delito por la existencia de facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos que supuestamente no se hicieron.
Navantia ha puesto el asunto en manos de un despacho especializado de abogados y se personará en la causa como acusación particular junto a la acusación pública que lleva la fiscalía.- (NEM)
Un cambio en la dirección de Izar, empresa que surgió tras la fusión de Bazán y Aesa y que después derivó en Navantia, fue la causa por la que se practicó en febrero de 2005 una auditoría, que detectó que no estaban justificados dos millones de euros gastados en cuatro años en la fábrica de Motores.
Ese informe económico fue remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que observó indicios de delito en la gestión y trasladó el asunto a los juzgados de Cartagena. Durante veintiséis meses, el juez ha estado recabando declaraciones de dirigentes, ex directivos y testigos sobre este asunto, concluyendo finalmente que se aprecian indicios de delito suficientes respecto a la emisión de facturas falsas, cuyos beneficios podrían haber revertido sobre una subcontrata y sobre algunos acusados.
Casi todos ellos han reconocidos la existencia de una caja B en la factoría de Motores en la que se habrían guardado cientos de miles de euros. Pero algunos de ellos coinciden en que ese dinero se utilizaba para pagar comisiones a intermediarios y poder optar a contratos internacionales para el astillero y nunca para provecho particular.
Los cinco ex directivos de la fábrica de Motores se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de un presunto delito de falsedad en documento mercantil para el desvío de cantidades de dinero del astillero público a través de una empresas subcontratada, Zafrucsa. Un socio de esta última empresa es el sexto imputado. La fecha del juicio aún está por señalar.
Entre los acusados formalmente por el juez están quien fue director de la división de Motores de Navantia, José del Pino. Cuando se descubrió el agujero económico en la empresa, Del Pino también presidía el Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica y su nombre sonaba con fuerza como posible consejero del Gobierno regional tras su entonces reciente prejubilación. También están acusados el ex director de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo, destituido fulminantemente cuando estalló el escándalo; el ex jefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo, el ex gestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el ex jefe de Postventa, Emilio Sánchez Álvarez. El sexto imputado es J. M. Z., socio de Zafrucsa.
Con este auto, el juez confirma la existencia de indicios de un presunto delito por la existencia de facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos que supuestamente no se hicieron.
Navantia ha puesto el asunto en manos de un despacho especializado de abogados y se personará en la causa como acusación particular junto a la acusación pública que lleva la fiscalía.- (NEM)
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