MURCIA.- La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, Nuria de las Heras, ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el ex jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver.La investigación que ha dado origen a estas diligencias judiciales fueron abiertas por el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, tras las manifestaciones hechas a los medios informativos por un constructor, según las cuales, el arquitecto Peñalver, que fue jefe de Planeamiento municipal, supuestamente habría favorecido a algunas empresas en la valoración del suelo.
Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.
El estudio elaborado en su día por el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo y corroborado por la Gerencia, valoró la compensación total que debería percibir el Ayuntamiento por el incremento de la edificabilidad del citado convenio en unos 29 millones de euros, mientras el informe realizado por Arquitasa, y presentado por el PSOE, cifraba esta cantidad en más de 155 millones. El informe elaborado por Joaquín Peñalver, estimaba el valor de ese metro cuadrado en la zona norte en menos de 120 euros que, multiplicados por los 239.000 metros cuadrados resultantes de la diferencia de edificabilidad, da como resultado los 29 millones.
La Fiscalía abrió entonces una investigación para analizar la denuncia, que señalaba también que esa valoración afectaba igualmente al número de viviendas que se iban a construir en la zona norte.
La juez ha admitido ahora a trámite la denuncia del fiscal, con lo que abre diligencias previas.
Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.
El estudio elaborado en su día por el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo y corroborado por la Gerencia, valoró la compensación total que debería percibir el Ayuntamiento por el incremento de la edificabilidad del citado convenio en unos 29 millones de euros, mientras el informe realizado por Arquitasa, y presentado por el PSOE, cifraba esta cantidad en más de 155 millones. El informe elaborado por Joaquín Peñalver, estimaba el valor de ese metro cuadrado en la zona norte en menos de 120 euros que, multiplicados por los 239.000 metros cuadrados resultantes de la diferencia de edificabilidad, da como resultado los 29 millones.
La Fiscalía abrió entonces una investigación para analizar la denuncia, que señalaba también que esa valoración afectaba igualmente al número de viviendas que se iban a construir en la zona norte.
La juez ha admitido ahora a trámite la denuncia del fiscal, con lo que abre diligencias previas.
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La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. En la misma, presentada ante el juzgado el pasado 21 de marzo, Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo.
Tras estudiar la documentación aportada por el fiscal jefe junto a la querella, la jueza estima que hay suficientes indicios racionales para investigar si, en efecto, el que fuera número tres de la Gerencia de Urbanismo habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
A su vez, la querella del fiscal jefe derivó de un informe elaborado por el Colegio de Arquitectos a petición de López Bernal. En el documento, los responsables de esta institución denunciaban que Peñalver había informado favorablemente "proyectos totalmente ilegales".
Entre las irregularidades denunciadas, los arquitectos señalaban que Peñalver "aumentaba la edificabilidad de un plan parcial sin modificar el Plan General o hacía valoraciones a la baja del patrimonio municipal que se cedía a empresas privadas".
Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año -paralizado desde que el fiscal jefe inicio diligencias informativas-, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos.
Las quejas de los arquitectos hacían referencia "a retrasos injustificados y ensañamiento en los proyectos presentados por otros compañeros hasta hacerlos desistir de sus encargos". Además, el informe entregado a López Bernal hacía referencia a la acumulación de encargos "hasta límites insospechados" por parte del estudio de arquitectos del padre y el hermano de Peñalver. En concreto, el documento revela que el despacho de los familiares de Peñalver llegaba a tramitar "casi un proyecto diario, tanto de urbanismo como de edificación de todo el entramado de sociedades vinculadas a Peñalver".
El colegio profesional asegura que las denuncias se producían "de forma verbal, no atreviéndose los arquitectos a plantearlas formalmente por miedo a perder los pocos encargos que dejaban libres hasta que, alarmados por la situación, se decidió remitir el expediente a la comisión deontológica del Colegio y paralelamente incrementar el control sobre los visados de proyectos, sobre los que podía haber indicios de autoría encubierta de entramado", señala el documento.
Esta redacción intentó ayer, sin exito, ponerse en contacto con Joaquín Peñalver. El ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo dejó su cargo, en el que estuvo cerca de tres años, en marzo del pasado año "por motivos familiares".
De "La Opinión"
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