martes, 17 de abril de 2007

El juzgado nº 3 de Lorca investiga al político aguileño Pedro Gil por un presunto delito de soborno al admitir la querella de la Fiscalía



LORCA.- El juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha admitido a trámite la querella por un presunto caso de soborno en el caso de La Zerrichera, según han confirmado fuentes judiciales.

Esta investigación, que llegó a los juzgados de Lorca a principios del pasado mes de marzo, discurre de forma paralela a la querella presentada contra cinco altos cargos de la comunidad autónoma por presunta prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho y acaba de ser admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.

Esta segunda investigación se inició después de que el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista de Águilas, Ramón Román, denunciase ante el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, que había sido víctima de un intento de soborno.

Según su declaración, realizada el pasado 18 de febrero, el entonces secretario general del PSOE en la localidad aguileña, Pedro Gil, le ofreció un millón de euros por cambiar su voto y dar su apoyo a la urbanización de la finca de La Zerrichera.

Este ofrecimiento se habría hecho, según Román, en nombre del empresario responsable de la urbanización, Trinitario Casanova. Además, Román aseguró ante el fiscal jefe que Pedro Gil habría recibido un millón de euros por votar a favor del proyecto, promovido por el Grupo Hispania.

Tras escuchar las acusaciones de Román, López Bernal envió un oficio al juez decano de Murcia para que abriese un procedimiento por un presunto delito de cohecho. En el escrito, fechado el ocho de febrero, el fiscal jefe señala que las declaraciones se refieren "al presunto ofrecimiento de dinero a Ramón Román por parte de un empresario de esta capital, actuando como presunto intermediario Pedro Gil López".

Este requerimiento iba acompañado de un disco compacto en el que se recogía, presuntamente, una de las conversaciones mantenidas entre Román y Pedro Gil. Al parecer, la grabación ha sido enviada a un laboratorio de la Guardia Civil para intentar 'limpiar' el sonido.

Ahora, después de analizar el resto de documentos que acompañaban al oficio de López Bernal, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha decidido profundizar en la investigación para determinar si, efectivamente, existió un intento de soborno para dar luz verde a la urbanización de La Zerrichera.

Entre la documentación analizada por el juez está también el acta de la reunión del grupo municipal socialista y de la reunión de la ejecutiva local de la agrupación socialista del 25 de octubre de 2005. En ella, según fuentes del PSOE en Águilas, se reflejaba la insistencia de Pedro Gil en votar a favor de la recalificación del paraje protegido, ubicado en la Sierra de la Almenara.

Cinco ediles del PSOE de Águilas se ausentaron del pleno municipal, celebrado el 27 de febrero de 2004, en el que se aprobó la recalificación de la finca para construir una urbanización con más de 3.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. La ausencia les costó ser expulsados del PSOE. En la actualidad, Pedro Gil está integrado en el Grupo Mixto del consistorio aguileño como miembro del Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASD).

En la querella por un presunto delito de prevaricación están imputados cinco altos cargos de la administración regional, el alcalde de Águilas, Juan Ramírez y un concejal del PP en el municipio, Pedro López. Se trata del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, la ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz, el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, el subdirector de Vivienda y Urbanismo, José María Ródenas, y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
www.laopiniondemurcia.es

3 comentarios:

Anónimo dijo...

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha abierto diligencias informativas contra el ayuntamiento de Cieza y la sociedad Cieza Golf por el convenio urbanístico suscrito para la construcción de un campo de golf y 8.000 viviendas, que supondría incrementar la población actual del municipio en cerca de 25.000 personas, según anunció ayer, en rueda de prensa, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante.
En la denuncia de IU sobre el convenio del Ayuntamiento con Cieza Golf, que ahora toma en consideración la Fiscalía del TSJ, se apuntaba la posibilidad de que se hubieran producido cuatro presuntos delitos contra la ordenación del territorio.- (EP)

Anónimo dijo...

Ya era hora de que Pedro Gil rinda cuentas de sus turbios manejos. Nunca fué político, se dedico a la política para estar dentro del Ayuntamiento buscando el provecho propio y engañando a todo el que pudo incluido el PSOE del cual se sirvió. Esperemos que el pueblo le dé la espalda y le deje solo ante la justicia, tendría guasa que ahora tanto él como Juan Ramirez, quisieran engañar de nuevo a la gente de buena fé diciendoles que sus fechorías benefician al pueblo y que los que las denuncias son los que no quieren el progreso. Por supuesto que el progreso de los sinvergüenzas no, esos a la cárcel si se les demuestra el delito, sea quien sea. Ya es hora de limpiar el buen nombre de Águilas, sus ciudadanos se merecen algo mejor para que miren por los intereses generales, que nunca deben ser el los de los golfos aprovechados.

Anónimo dijo...

He trabajado en Águilas, me encanta ese lugar privilegiado, lo considero un paraiso natural, lo recuerdo con mucho cariño. Pero cuando veo lo que están haciendo con el pueblo y la apatía de sus vecinos para detenerlo se me encoge el ánimo. Pienso en las buenas personas de allí, en Miguel Carrasco, en Juan, en alguna concejala del PP incluso, en los jóvenes comprometidos .... y quiero creer en una rebelión cívica.