MARBELLA.- El principal imputado en el "caso Malaya", Juan Antonio Roca, iba por el mundo haciendo patria inmobiliaria. El supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella mencionaba constantemente la gran cantidad de inversiones que había hecho en Murcia, su región natal, y aconsejaba a sus socios que también invirtieran allí.
En una conversación captada por la policía en el hotel Villamagna, de Madrid, el 12 de enero de 2006, Roca le dice al empresario madrileño Ismael Pérez Peña, también imputado: "Ismael, lo que interesa en este momento es invertir en Murcia sobre todo en la capital y en la zona de la costa. Para que te convenzas totalmente tienes que venir a ver lo que tengo montado, porque no te haces una idea de lo que estoy haciendo".
En otro encuentro celebrado el 26 de enero en el mismo hotel le dice: "Tengo un proyecto de 500 viviendas. Ya he vendido la primera fase de 36 (...) Murcia es la hostia. Ayer estuve con un tío al que le he vendido cuatro casas...ayer estaba firmando otras seis".
El grupo de blanqueo señala en su informe que la mercantil Condeor (de la que es administradora única Montserrat Corulla, presunta testaferro de Roca) tiene a su nombre inmuebles en Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco. En total, los investigadores han detectado 12 sociedades en Cartagena, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Mazarrón y La Unión.
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5 comentarios:
Era eso lo que tanto temía el PPRM que se investigara???. Más allá del municipio de Los Alcázares, pero dentro de la Región de Murcia?.
La construcción de desalinizadoras en la cuenca del Segura previstas en el Programa AGUA del ministerio de Medio Ambiente ya ha dado sus frutos. El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, ya ha firmado un primer informe positivo sobre la disponibilidad de agua al primer Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de un municipio de la Región de Murcia: Santomera, gobernado por el socialista José Antonio Gil Sánchez, en el que la planificación municipal permite la construcción de unas 10.000 viviendas en los próximos treinta años.
"Nos han presentado un plan serio, que además se puede permitir gracias a la puesta en marcha de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar, que tendrá una conexión con el embalse de Santomera en una primera fase y, posteriormente, con el municipio de Murcia", explica Aldeguer, quien asegura que el plan de Santomera se desarrolla en anillos entorno a las zonas urbanizadas.
Otros municipios con agua
Junto con Santomera, otros municipios también han recibido el visto bueno de la CHS a sus iniciativas urbanísticas, como es el caso de un polígono industrial en Calasparra, también gobernado por el PSOE, y varias urbanizaciones en el entorno de San Pedro del Pinatar, siendo el alcalde el senador del PP Pedro José Pérez.
La sucesiva puesta en marcha de las desalinizadoras, y más concretamente la proyectada en Águilas, permitirán que otros municipios, como por ejemplo Águilas y Lorca, con 120.000 casas y 80.000 respectivamente, tengan asegurado el abastecimiento para estas urbanizaciones previstas en las planificaciones.
El propio Gobierno regional ha creado una sociedad para la explotación de la desalinizadora que la constructora ACS está levantando en Escombreras, Cartagena. Esta planta tendrá una producción de unos 30 hectómetros cúbicos anuales, que se destinarán a las urbanizaciones previstas en los planes generales de los municipios del Campo de Cartagena, por ejemplo Torre Pacheco o Fuente Álamo, e incluso en Alhama de Murcia. Sólo las desalinizadoras de Torrevieja y Águilas destinarán parte de sus recursos a los regantes del Tajo-Segura.
De "La Opinión"
El consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, afirmó ayer que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) “tiene la obligación de garantizar el agua a los desarrollos urbanísticos que estén aprobados legalmente y, por tanto, si no lo hace dejaría en sus funciones”.
Mercader contestó a la advertencia del Ministerio de Medio Ambiente acerca de que no hay agua para 300.000 viviendas en España.
Por su parte, el presidente del Centro Tecnológico de la Construcción, Fulgencio Belando, explicó que “300.000 viviendas, a una media de 150 litros persona día, y con una media de tres ocupantes por vivienda, y con una ocupación media del 80 ó 90 por ciento, estamos hablando de 30 ó 40 hectómetros cúbicos por año para esas viviendas”.
La corrupción en Murcia "supera" la destapada por la "Operación Malaya"
F.M.M.
Fuentes de máxima solvencia del Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) aseguran que la trama de corrupción, en concreto la referente a pelotazos urbanísticos en la comunidad murciana, “supera” con creces la destapada have un año por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya, en Marbella, y que está llenando miles de páginas e innumerables espacios en los medios de comunicación de nuestro país, y que está dando con decenas de cargos públicos, políticos, empresarios, profesionales de despachos de abogados e “ingenieros” financieros y bancarios en los calabozos de las comisarías de policía y en Las celdas de las cárceles.
El periódico digital Vegamediapress informó de que los casos de corrupción y el entrecruzamiento de intereses políticos, urbanísticos y financieros de las tramas facinerosas de cuello blanco en la región murciana son de un “calibre” espectacular, que deja, en parte, en mantillas a la descubierta en el municipio malagueño de la Costa del Sol, aseveran las fuentes que las están investigando. Los casos ya denunciados ante la Fiscalía del TSJ de Murcia, que afectan tanto a municipios de la Costa como del interior de la región, así como los que ya están siendo instruidos por jueces y magistrados de la jurisdicción murciana, como es el caso concreto de la apertura de diligencias judiciales en el caso de La Zerrichera, suponen un conglomerado de intereses de centenares de millones de euros y una red de corrupción de una magnitud colosal, aseveran las mismas fuentes.
El fiscal, desbordado e imposibilitado
Sin embargo, añaden, en la jurisdicción murciana se puede tropezar con que el máximo responsable del Ministerio Público en Murcia, el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ante esta envergadura que tienen las tramas en la comunidad y sus conexiones y la trabazón de intereses y amparo entre sí de los poderosos y el clientelismo que han tejido en diferentes sectores de la sociedad, entre éstos, medios de comunicación murcianos poderosos, se puede ver “desbordado” y hasta “imposibilitado físicamente”, en razón al esfuerzo que requiere, para poder llevar a cabo y culminar las pesquisas, investigación, análisis y decisiones resolutivas que acaben con la pléyade de corruptos ante los juzgados y la imposición de las medidas cautelares pertinentes.
Enorme gravedad
Es de tal envergadura, superior a la operación Malaya, se insiste por fuentes solventes de la Fiscalía murciana, el tejido corrupto organizado a través de la especulación urbanística en la comunidad de Murcia, que puede rebasar las propias fuerzas físicas de un fiscal-jefe, en cuyos hombros ha recaído una responsabilidad social y profesional de gran magnitud.
Valcárcel intenta blindarse
El nuevo fiscal anticorrupción ha sido designado desde dentro de la propia plantilla del ministerio público del TSJ de la región, y para el gran volumen de trabajo de investigación al que se precisa hacer frente, esto supone una nueva desventaja para que los esfuerzos que son precisos puedan dar el fruto y la eficacia necesarias en un campo tan complejo como el de la administración de justicia. Ahora se añade la salida del fiscal de Tráfico, Manuel Campos, de la asociación conservadora de fiscales, que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha colocado en el sexto puesto de su lista electoral, señalan algunos que para que le asesore en materia penal ante lo que se avecina. Por otro lado, el anterior fiscal delegado anticorrupción ha pasado a un nuevo destino.
Hacen falta más fiscales
Por todo ello, desde el Ministerio Fiscal del TSJ de Murcia, según las mismas fuentes, se cree perentoriamente necesaria la adscripción de entre cuatro y cinco nuevos fiscales venidos de fuera de la región, así como otros nuevos cinco miembros de las fuerzas de seguridad del Estado especializados en materias de anticorrupción, al objeto de que las investigaciones de las tramas, se insiste, más potentes y complejas que las descubiertas por la Operación Malaya, puedan continuar siendo eficaces y resolutivas.
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Esa Corulla tiene que ver con el project manager que presentó López Rejas en la CAM durante un debate del Club La Opinión, en diciembre de 2005? O era Carulla?
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