El grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional pedirá el martes, en la junta de portavoces, que se convoque de manera inmediata una comparecencia monogáfica del presidente del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel, para que de explicaciones sobre la implicación de cuatro altos cargos de dos consejerías en el caso Zerrichera.
Se trata del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas.
Según fuentes del partido socialista, la convocatoria se exigirá por la gravedad de la querella presentada esta semana en el Juzgado de Lorca, al que le corresponde por jurisdicción al estar ubicados los terrenos protegidos objeto de recalificación en el municipio de Águilas.
El titular del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar, será el que, por reparto, lleve este caso, en el que hay siete personas imputadas por el fiscal jefe del TSJ de Murcia.
La portavoz del grupo socialista, Teresa Rosique, dijo en rueda de prensa que no sería aceptable que el martes el portavoz del PP ponga pegas de reglamento para evitar que Valcárcel pase por el control de la cámara para dar explicaciones.
Rosique indicó que tampoco admitirán que el PP se limite a "preguntas al presidente", ya que "en ocho minutos" que es el tiempo que el reglamento estima para las respuesta a una pregunta al presidente "no es suficiente para las explicaciones que debe dar", por lo que el PSRM-PSOE considera que deberá ser una comparecencia "monográfica" de Valcárcel.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, dijo hoy que el Presidente no puede comparecer como pide el PSOE para hablar de La Zerrichera, según el artículo 182 del reglamento de la Cámara.
Indicó que el citado artículo, referido a las comparecencias del presidente del Consejo de gobierno ante el Pleno, indica que "procederá" tal comparecencia "cuando el objeto de la misma sea el informar sobre los asuntos que, en el ámbito estrictamente político, guarden conexión directa con actuaciones personales suyas o con el ejercicio de las competencias de su exclusiva atribución".
Añade este artículo que la comparecencia se sustanciará por acuerdo de la mesa y de la junta de portavoces, o a petición del propio presidente.
La comparecencia se deberá celebrar, previa la admisión a trámite de la correspondiente solicitud, en los diez días hábiles siguientes al de la entrada de la misma en el registro.
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, afirmó que el PP no puede argumentar cuestiones reglamentarias para impedir que Valcárcel de explicaciones después de que el fiscal jefe de Murcia se haya presentado una querella contra cuatro altos cargos de dos consejerías, por un presunto delito de prevaricación en la recalificación de La Zerrichera.
Rosique, dijo hoy en un comunicado de prensa que el PP está llevando a cabo una campaña de difamación "infundada" y ataques al honor que será respondida con demandas por parte del secretario general del PSRM, Pedro Saura. Hizo este anuncio después de la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, en la que éste le preguntó "si es cierto que el cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, actuó de intermediario de su familia para vender los terrenos de Lo Poyo, un pelotazo urbanístico con el que su familia percibió 6.000 millones de pesetas".
La dirigente socialista, que anunció días atrás la presentación de demandas por injurias contra aquellos que la difamen, contestó hoy que las personas que realmente saben del caso Lo Poyo son el presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel; la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el edil de Urbanismo de esa ciudad, Agustín Guillén.
Teresa Rosique indicó en su comunicado que Valcárcel recalificó definitivamente Lo Poyo en 1996, Barreiro "lo resucitó en 2003" y que poco después de una conversación entre Guillén y el supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Roca, en 2004, se inició la reclasificación de nuevo.
En cuanto a la querella por el caso Zerrichera, Rosique indicó que el PP crea una cortina de humo para tapar este asunto y para ello busca excusas de indefensión.
Al respecto, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, criticó que el PP intente poner en tela de juicio a la justicia "dando órdenes a su partido de denigrar la actuación de la fiscalía y de los juzgados cuando sus resoluciones" les perjudican.
Jara habla de "trama" y de "escándalo multimillonario" al referirse al caso Zerrichera, al tiempo que pide al PP que deje trabajar a la justicia.-(EFE)
6 comentarios:
Aviso a quienes no conocen bien los entrebastidores de Lorca: la persona más influyente en los juzgados lorquinos es el fiscal y expolicía José Martínez Blanco, casado con aguileña de la conservadora familia Muñoz, y cuya hija es la funcionaria responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Águilas, por cierto, no imputada por López Bernal aunque acudió a declarar a Murcia en las diligencias informativas de la Fiscalía sobre La Zerrichera.
En cuanto al juez Juan Alcázar, proviene del medio rural lorquino, está en la cuarentena, es soltero y heterodoxo, hace una casi nula vida social en Lorca y tiene un perfil bastante profesional.Lleva en su actual destino menos de una década.
¿Hay miedo?
La denuncia del fiscal Bernal irá el lunes a parar al juzgado número 2 de Lorca cuya titular es la magistrada aguileña María del Carmen Torralba. Su marido es el conocido pediatra local, Francisco Pérez, también aguileño y progresista. El matrimonio vive a tan solo una manzana del imputado alcalde Juan Ramírez, pero no tiene ningún tipo de trato con él.
Pues espera a que la semana que viene, el fiscal se querelle también contra el alcalde de San Javier, otro del PP...y así todas las semanas, un goteo con tanta denuncia por no respetar la ley.
LA ZERRICHERA, UN ICONO
Será difícil precisar el alcance político que indudablemente lleva emparejada la querella interpuesta por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región sobre la Zerrichera, un paraje del municipio de Águilas cuyo solo nombre ha pasado a ser un icono sobre el que, según la ideología propia, se acusan delitos, irregularidades administrativas o farragosas tramitaciones que nublan el seguimiento de la auténtica realidad. Durante más de año y medio, ha sido motivo de titulares y de cruce de acusaciones que han contribuido, una vez más, a teñir de presunta ignominia la actuación de nuestra clase política regional. Un caso más, y no el único, que salpicará cada uno de los 70 días que faltan para las elecciones Autonómicas y Municipales.
Ahora, será el Juez, en este caso de Lorca, quien deba dilucidar si los pormenorizados hechos que narra el Fiscal en la querella contienen o no indicios racionales de criminalidad y, archiva en caso negativo o imputa en caso positivo a quienes figuran con nombres y apellidos, sin excluirse que, tanto el Fiscal como el Juez, puedan apreciar que de la narración se deducen superiores responsabilidades.
Éstos son los pasos de un proceso, pero es necesario tener bien claro que para quienes figuran en la querella comporta una penalidad que no siendo jurídica afecta a su imagen ante la Opinión Pública, si se olvida la presunción de inocencia que debe presidir todas las consideraciones en un Estado de Derecho. Adentrarse, sobre todo en esta fase inicial, a dilucidar la intencionalidad concreta de todas las acciones de los señalados como sospechosos no sólo es un ejercicio rechazable de psicologismo barato, sino una actuación moralmente incorrecta.
Diferente será si el Juez estima las consideraciones jurídicas del Fiscal, admite la querella, inicia diligencias y finaliza imputando a los ahora mencionados; o, como cabe la posibilidad, la amplia con la aportación de nuevos datos por parte del Fiscal o por certidumbres propias deducidas de la narración de los hechos; y mucho más, si trasciende el nivel de responsabilidad hacia sus superiores jerárquicos que no son otros que los Consejeros, alguno de los Consejeros. Éste puede ser el final de un camino que en palabras del Fiscal fundamentaría «el interés inexplicable» por parte de los órganos de la Administración para conseguir la aprobación de un proyecto que chocaba desde el principio con unos niveles de protección medioambiental difíciles de salvar.
Pero sería caer en un deseo seráfico el pensar que sólo se transitará por los senderos de la juridicidad, cuando la atmósfera política está tan viciada y en las acusaciones hace tiempo que se ha superado -que cada uno lo analice- el límite del «y tu más». El Juez determinará, en su caso, la inadmisión de la querella, la absolución o la condena. Y justicia será.
Editorial de "La Verdad"
El Gobierno regional quiso dejar claro que en todo momento se ha actuado con toda la legalidad en el proyecto de La Zerrichera, en el que se preveía la construcción de cuatro mil viviendas, un hotel y un campo de golf.
El Ejecutivo murciano se ratificó en el principio constitucional de presunción de inocencia en su deseo de que este proceso respete las garantías reflejadas en las normas constitucionales y aseguró que se mantendrá una total colaboración con la justicia al recordar que se habían enviado informes a la Fiscalía.
Por último, el Gobierno de la Región de Murcia dejó claro a quienes pretendan sacar renta política de este asunto, que tanto el partido que lo sustenta (PP), como los afectados, por ser personas de honor, sabrán estar a la altura de las circunstancias de las decisiones judiciales, que en su caso, pudiesen producirse.
De "La Razón", edición de Murcia
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