Los imputados en el caso de La Zerrichera alegan indefensión al no haber sido informados
El fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, tendrá que responder de la denuncia por prevaricación que algunos de los imputados en La Zerrichera estudian presentar en los próximos días contra el titular del Ministerio Público por vulnerar el artículo 24 de la Constitución Española en el que se dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», según ha sabido LA RAZÓN de fuentes próximas a los afectados.
Ayer mismo, y tras conocerse que la Fiscalía había presentado una querella en el Juzgado Decano de Lorca contra los presuntos implicados en el «caso de La Zerrichera», Antonio Alvarado, Encarna Muñoz, Juan Ramírez, Manuel Gil, María Jesús Ros y otras treinta personas, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno regional se afirmó que se habían enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, ya que los directamente afectados no habían recibido comunicado alguno.
El portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, aseguró que «al Gobierno le produce una responsable preocupación» y mantuvo que «sabrán estar a la altura de las circunstancias» en función del resultado de la querella. Otras fuentes del mismo crédito aseguran que se ha producido una «enorme indefensión de los acusados al no haber sido informados previamente de su imputación antes de que la noticia llegara a los medios de comunicación».
Justamente esta circunstancia es la que ha llevado a que algunos de ellos estudien en los próximos días, una vez conocido el contenido de la querella de la Fiscalía, la posibilidad de presentar una denuncia contra el fiscal jefe del TSJ por indefensión, y basarán su acusación en el punto dos del artículo 24 de la Constitución en el que se precisa que «todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías», así como a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
En el mismo apartado se señala que «la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos».
Algunos de los imputados denunciaron ayer que la querella responde a motivos políticos de los que no es ajeno el fiscal jefe y señalaron como una de las pruebas dos fotografías fácilmente localizables en internet en las que se ve a López Bernal en la sede socialista junto a un grupo de jóvenes del PSRM, entre las que también figura la diputada socialista Rosa Peñalver.
En la segunda imagen a la que hacen referencia los querellados, igualmente localizable en la red, se aprecia al fiscal jefe junto a destacados miembros del grupo ecologista y antisistema «Murcia no se vende», al parecer también parte de la denuncia que se ha formulado contra los miembros y cargos de las consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y el Ayuntamiento de Águilas.
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, se sumó al bombardeo mediático al exigir al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que comparezca en la Asamblea para dar explicaciones y cese de inmediato a los altos cargos imputados por el fiscal. El portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, respondió que «Rosique no tiene autoridad moral para pedir ceses por una denuncia, cuando ella sigue en su cargo después de haber votado a favor de un pelotazo urbanístico en Lo Poyo que beneficiaba a su familia».
www.larazon.es
15 comentarios:
TOTANA / La protesta contra el plan urbano reúne a cientos de manifestantes
E. PERAITA/TOTANA
MOVILIZACIÓN. Los manifestantes desplegaron varias pancartas y corearon cantos contra el plan urbano
Convocadas por la plataforma No a este Plan General, centenares de personas -más de 2.000 según los organizadores; unas 700 según la Policía Local- se manifestaron ayer en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su rechazo al Plan General de Ordenación Urbana que el Consistorio tramita para la localidad.
Encabezados por una pancarta con el lema de la plataforma convocante y discretamente vigilados por la Policía Local, los manifestantes corearon varias consignas, como «Totana bella y no como Marbella» o «Con cada ladrillo se seca un arbolillo», para leer al final un manifiesto en el que solicitaron que se convoque un referéndum sobre el Plan.
¡Animo, Sr. Fiscal!, ¡Y si se ponen tontos que la policia se los lleve en la fragoneta esposados!
¿Viola el gobierno regional, en el caso de la Zerrichera, el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a disponer de una información veraz sobre las actuaciones llevadas a cabo en áreas protegidas de la Comunidad Autónoma?. Sí, y lo hace sistemáticamente.
¿Indefensión, dicen?. ¡¡¡ Caraduras!!!. Aquí los unicos que estan indefensos ante sus tropelías somos los ciudadanos de a pié.
Una foto de Bernal es la que aparece con la boina de Murcia no se vende y la otra es en un acto contra la violencia de género. ¿Y qué? Lo sustancial es la querella de la Fiscalía contra los encartados en la Zerrichera y no lo de estas fotos reproducidas ayer en la web de la ultraderecha Libertad digital como única respuesta a una actuación independiente, imparcial y profesional de la Fiscalía de Murcia. La mafia carece de argumentos sólidos, pero tienen medios para enredar todo lo que quieran. ¿Y qué?
¿¿¿¿ Esque no tenemos bastante con la Verdad, que to es mentira, y con la Opinion, que tambien se mete en este territorio comanche la Razon, el ABC.?????.Si se investigara quien financia esta prensa Amarilla, a lo mejor llevabamos sorpresas.Porque de Cuatro periodicos que venden seguro que no viven, yo creo que estan viviendo de la Corrupcion politica y lo que deja el Ladrillo, o sino porque se emplean tanto en estas noticias.A lo Mojorrrrrrr.Viki.
Si lo que tenian que haber hecho con estos presuntos delincuentes,y otros que siguen fuera, al igual que en Marbella o Andrax, es haberlos montado en el Furgon y a Sangonera con ellos,porque haber si vivimos en un Pais tan Democratico que los Delincuentes se van a Zafar de la Justicia con artimañas y argucias.y los pobres y los curritos a pagar impuestos para que triunfen y lleven una obipara vida.Creo que Zapatero ha apostado fuerte para tratar de contener esta lacra heredada, la proliferacion de delincuencia politica-economica durante el mandato, de Aznar,designando de Ministro de Justicia un Ex-fiscal que conoce bien la Corrupcion.y por cierto conoce asuntos de Murcia.Murcia que hermosa eres.
Marullería política, ganas de enredad, torpedear a la justicia: esto es lo que van a hacer los imputados y los que les respaldal políticamente, para que todo parezca que es una instrumentalizaión de la justicia. ¿Es que no confían en los jueces y en la Justicia? ¿O solo confian cuando les beneficia?
Tempus fugit
Saben que su tiempo se acaba, e intentarán que se pierdan los tiempos jurídicos para salvar el momento de las elecciones. Creen que si las ganan sus pecados serán absueltos.
M. BUITRAGO
R. FERNÁNDEZ
Un cúmulo de irregularidades. En esta frase se resume la consideración que tiene el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, sobre el expediente administrativo 203/2004, que concluyó con la recalificación de los terrenos de La Zerrichera, en Águilas, para permitir la construcción por parte del Grupo Hispania de unas 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en un paraje protegido por la calificación LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Es esa supuesta sucesión de irregularidades, que habría estado motivada por un «inexplicable interés» de altos cargos de la Administración regional en que ese proyecto saliera adelante, la que ha llevado a López Bernal a presentar este jueves una querella criminal contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez, y el ex concejal de esa localidad, José López.
Fuentes de toda solvencia han asegurado que la querella se dirige también contra Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, aunque su nombre no figura «por un mero error de transcripción» en el documento presentado en el Juzgado Decano de Lorca. Por esta razón, en los próximos días se hará llegar un escrito a este órgano judicial solicitando que se incluya en el procedimiento a este alto funcionario.
Los supuestos delitos por los que se ha interpuesto la querella son los de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad en documento oficial. No descarta, sin embargo, que a lo largo de la investigación judicial puedan aparecer otros posibles delitos, como el cohecho. La circunstancia de que sean éstos los tipos delictivos que figuran en el escrito de Fiscalía no implica necesariamente que, en el caso de que la querella se admita a trámite por el juez y que la instrucción judicial llegue a buen puerto, se vaya a formular acusación por todos ellos, como tampoco permite descartar la aparición de otros posibles hechos delictivos.
Habrá más querellados
El máximo responsable de la Fiscalía murciana se limitó ayer a explicar que en su querella solicita al juez -será al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca a quien la causa le corresponde por reparto- que tome declaración a los siete cargos públicos y altos funcionarios reseñados, así como que se practique otra serie de diligencias, que eludió enumerar «para no perturbar la investigación ni malograr las actuaciones en marcha».
Del mismo modo, el fiscal jefe apuntó a que la relación de querellados podría ampliarse en fechas próximas, aunque evitó darlo por seguro y, mucho menos, ofrecer dato alguno sobre la persona o persona que pudieran acabar figurando como querelladas.
Todo el trabajo realizado por López Bernal a lo largo de un año de investigación, así como el futuro que pueda tener su querella, pasa sin embargo por que el magistrado mencionado considere que existe base suficiente como para abrir un procedimiento judicial. Y ello sólo lo podrá considerar una vez que haya leído detenidamente los 59 folios que conforman la querella.
Las fuentes reseñadas han indicado que la documentación presentada por el fiscal en el Juzgado Decano de Lorca tiene tres partes bien diferenciadas: un extenso y pormenorizado relato de Hechos sobre todos los pasos administrativos, día por día, que se dieron desde el Ayuntamiento de Águilas y desde la Comunidad Autónoma para recalificar las 156 hectáreas de La Zerrichera; un largo apartado (Fundamentos de Derecho) que el fiscal dedica a realizar consideraciones jurídicas sobre las supuestas y muy numerosas irregularidades que habría detectado, y un tercer apartado en el que se recoge la relación de querellados, los presuntos delitos por los que se interpone la querella y las pruebas que en su opinión deben practicarse.
Toda la base de la querella se sostiene en la aparente sucesión de irregularidades que se habrían producido en la tramitación del expediente de La Zerrichera, así como en el «inexplicable interés» que se deduce por sacar adelante ese polémico proyecto urbanísticos y que, entre otras cuestiones, habría llevado a la Consejería de Medio Ambiente a reabrir de oficio el expediente, sin que nadie lo hubiese solicitado, cuando había sido archivado apenas unas semanas antes por considerarse inviable esa urbanización.
De "La Verdad"
De su investigación, que ha durado 12 meses, el fiscal jefe ha sacado tres conclusiones: la primera, fundamental, es que en la finca La Zerrichera, de 156 hectáreas, 40 áreas y 24 centiáreas, enclavada en la diputación de Téber y que forma parte de la Sierra de la Almenara, es totalmente inviable realizar un proyecto urbanístico como el que promovía el empresario Trinitario Casanova: unas 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. La segunda y tercera conclusiones de López Bernal son que pese a ello existía un manifiesto interés en altos cargos de la Administración regional en que el plan saliese adelante -apunta en ese sentido, y en primer término, hacia el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado-, y que hubo que incurrir supuestamente en numerosas y flagrantes irregularidades para poder dar apariencia de legalidad a esa recalificación.
El fiscal, tal y como se recoge en su querella, considera que es inviable urbanizar La Zerrichera por varias razones: la modificación puntual del PGOU de Águilas no es posible, ya que lo impiden las directrices y el Plan de Ordenación Territorial; el propio PGOU califica esos terrenos como no urbanizables; además podría ser susceptible de anulación la Declaración de Impacto Ambiental, al haberse producido en su tramitación «irregularidades de suficiente calado», y, del mismo modo, el PGOU tampoco fue adaptado a la Ley del Suelo ni fue revisado, por lo que no procedería la reclasificación. Por último, el fiscal establece que el proyecto iba a afectar a un hábitat de especies prioritarias, por lo que no existe justificación alguna de interés público.
De "La Verdad"
Existe coincidencia entre juristas independientes de que el alcalde de Águilas JUAN RAMIREZ y el anterior concejal del PP JOSÉ LÓPEZ DÍAZ acabarán en la cárcel por cohecho.
El secretario ejecutivo de Política Local y Autonómica del PP de Murcia, Juan Carlos Ruiz, dijo hoy en rueda de prensa que la querella presentada por la Fiscalía de Murcia en el caso La Zerrichera "es un proceso viciado desde el inicio" al considerar que se ha provocado "la indefensión de los interesados".
Ruiz advierte que los imputados no han sido informados de la acusación formulada contra ellos, con lo que se vulneraría el artículo 24 de la Constitución, referido a "la tutela efectiva" que deben procurar los jueces.
A día de hoy, según Ruiz, "los interesados no han recibido el contenido del escrito" del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal y, sin embargo, el texto íntegro del relato de los hechos contenido en la querella aparece publicada en un medio escrito.
"Sería sano para la Democracia, y así lo pedimos, conocer quién produce estas filtraciones interesadas", añadió, y manifestó que "se trata de una querella que ni tan siquiera ha sido admitida a trámite pero que está siendo retransmitida públicamente".
El secretario de Política Local del PP ha lamentado que "se está produciendo un juicio mediático sin que ni siquiera los interesados hayan recibido notificación oficial alguna; parece que hay más interés en la condena y el procesamiento mediático que en conocer la verdad", añadió.
Por otro lado, Ruiz se preguntó la razón por la cual el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, no investiga en el municipio de Los Alcázares, "cuya implicación en el caso Malaya es por todos conocida", afirmó.
El dirigente popular recordó el contenido de un "pinchazo telefónico" dado a conocer recientemente en la cual dos personas hablan del actual alcalde de Los Alcázares, José Antonio Martínez Meca, como "uno de los nuestros", tras lo que días después anunció que no se presentaría en las listas electorales del PSOE.
"¿Por qué no abre diligencias de oficio cuando claramente hay indicios de delito?", interrogó.
Se preguntó también "si el fiscal jefe de Murcia no está actuando al dictado de las necesidades del PSOE", y al respecto apuntó "el interés desmedido por hacer pública una querella".
En cuanto a la petición del PSRM-PSOE para que el Gobierno regional cese al consejero de Obras Públicas de Murcia, Joaquín Bascuñana, y a los cuatro altos cargos imputados, Ruiz indicó que los socialistas murcianos "no tienen autoridad moral" para hacer este tipo de solicitudes.
En este sentido, preguntó a la portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, "si es cierto que el cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, actuó de intermediario de su familia para vender los terrenos de Lo Poyo, un pelotazo urbanístico con el que su familia percibió 6.000 millones de pesetas".- (EFE)
Que rueden cabezas, ya se cubran con corona o gorro frigio.
Pedro Antonio Sánchez y Juan Carlos Ruiz, son dos tipos sin estudios, oficio ni beneficio. Dos trileros del PP, y el segundo portero de discoteca por todo curriculo profesional.
Igual que Cascales o Benito Mercader, otro indocumentado que miente sobre unos estudios que no posee. Unos "mataos" los cuatro.
Esta es la gente mediocre que ofrece Valcárcel, pura morralla de la sociedad murciana más orillada, más vaga y más ignorante.
Ese es el PP de la Región de Murcia que desea seguir cuatro años más.
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