El alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del PP, ha abandonado esta tarde la Fiscalía del TSJ de la Región sin haber podido declarar debido a que el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, ha prolongado en exceso su interrogatorio a los funcionarios autonómicos convocados y no ha podido atenderle pese a haberlo citado para hoy. El regidor aguileño tendrá que volver otro día dentro de esta misma semana.
Cuando acudió esta mañana a Murcia, Ramírez ya sabía de la dimisión del concejal del PP, Diego Martínez Parra, uno de los hombres fuertes de la agrupación local de los populares, que se distancia así de la suerte política del actual alcalde y que arroja la toalla después de tratar infructuosamente de ser su alternativa interna ante las previsibles consecuencias electorales negativas del caso de La Zerrichera en los próximos comicios municipales.
El dictámen jurídico evacuado en su día por el secretario general del Ayuntamiento respecto a la urbanización del paraje comunitario protegido La Zerrichera (LIC y ZEPA) fue totalmente contrario por no ajustarse a la legalidad.
En virtud de su limpia trayectoria política (duró poco tiempo como concejal de Urbanismo al negarse a algunas actuaciones forzadas por el alcalde), el proclamado candidato del PSOE, Ramón Román (arriba en la ilustración), ya le ha ofrecido a Martínez Parra integrarse como independiente en la candidatura de los socialistas, posibilidad que el dimisionario no ha descartado de principio.(NEM)
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La protección de La Zerrichera era "incompatible" con la ley del suelo
Carlos Brugarolas, ex director general del Medio Natural, así lo asegura ahora
EFE / MURCIA
Carlos Brugarolas, que en 2004 era director general del Medio Natural de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, dijo hoy que el proyecto La Zerrichera en aquella época era "incompatible" porque se trataba de construir en un espacio protegido.
Brugarolas, retirado desde hace ocho años de la política activa, fue hoy el primer ex alto cargo de la citada Consejería que declaró ante el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, por las investigaciones que realiza sobre el caso de La Zerrichera.
La Zerrichera es un proyecto del grupo promotor Hispania que pretende construir unas 4.000 viviendas y un campo de golf en una zona de la sierra de La Almenara, parte de la cual afectaría a una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y un LIC (Lugar de Interés Comunitario).
El ex alto cargo dijo que en 2004 y según la ley del suelo el proyecto La Zerrichera era "incompatible" con la citada normativa, aunque, a preguntas de los periodistas, afirmó que "todo se puede cambiar, y para ello hubiera sido necesario un informe a Madrid, a la administración central, y que ésta lo tramitara ante Bruselas".
Brugarolas, que no quiso opinar sobre el desarrollo posterior que ha tenido el proyecto, afirmó que "todo se puede cambiar" porque "no vamos a volver a la época de los dinosaurios".
El fiscal jefe toma declaración también a otros funcionarios de la entonces Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, así como al alcalde de Águilas, José Ramírez Soto.
Que paguen sus fechorías y que rindan cuentas Marqués y Bascuñana.
Anulan la comparecencia del alcalde de Águilas por el caso de La Zerrichera
Será llamado a declarar en fechas próximas
EFE / MURCIA
El alcalde de Aguilas, Juan Ramírez Soto, prestará declaración ante el fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Murcia por el caso La Zerrichera en fechas próximas, después de que hoy se anulara su cita.
Ramírez Soto, que estaba hoy citado a declarar a las 12,00 horas, llegó al Palacio de Justicia poco antes del mediodía acompañado por un abogado.
A los quince minutos, el alcalde salió de las dependencias de la Fiscalía e informó a los medios de comunicación que les esperaban que su comparecencia se había suspendido y volvería a ser citado en fechas próximas.
El alcalde de Águilas dijo sentirse "contento de poder colaborar con el fiscal".
Fuentes de la Fiscalía explicaron a Efe que las declaraciones de los testigos citados con anterioridad al alcalde se estaban prolongando y que se había decidido posponer la comparecencia del primer edil de Águilas para otro día, por el momento sin determinar.
El fiscal Jefe de Murcia había citado hoy como testigos a varias personas, que en 2004 formaban parte de la dirección general de Medio Natural, entre ellos a su titular, Carlos Brugarolas, que firmó el único informe desfavorable sobre el proyecto presentado por el Grupo promotor Hispania.
Este pretende construir en la Sierra de la Almenara, en Águilas un complejo residencial con casi 4.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, que en parte ocupaba una zona declarada LIC y ZEPA.
La investigación de la Fiscalía se abrió a raíz de que los grupos Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas de Sureste (ANSE), y posteriormente el PSOE, presentaran sendas denuncias por presuntos delitos ecológicos y prevaricación.
Brugarolas declaró hoy a los medios de comunicación, tras comparecer ante el fiscal jefe que, en 2004, el proyecto La Zerrichera "era incompatible con la Ley del Suelo".
Vaya días que va a pasar este sin dormir esperando otra vez comparecer ante el fiscal sabiendo lo que le espera a continuación. No me gustaría estar en su pellejo y ni siquiera en su bolsillo.
Águilas necesita una regeneración a fondo de su vida pública, sin Ramírez, García y Gil. Gente nueva y joven, con estudios y con ciertos principios morales básicos. Nada mas.
Vaya días vamos a pasar el resto de ciudadanos pensando que otra vez se pueden ir de rositas estos chorizos, en vez de a la cárcel.
Juanes, esto os pasa por ser tan amigos de Valcarcel, por soberbia, osadía y por no escuchar nunca a quien sabe un carro más que vosotros, un par de ignorantes pillos, pero ignorantes al fín.
Esperad que entre en fiscalia otra denuncia por tráfico de influencias y manejo de información privilegiada con afán de lucro, que se va a cagar hasta el pedáneo Pepe Vera.Sí, ese.
Qué fuertes con el pobre vecino de cualquier campo o barrio obrero aguileño, y qué dóciles con vuestros amos de Murcia y con quien os llena de papel los bolsillos.
Solo os deseo a ambos cuñados que os pudrais en Sangonera por robar al pobre para engordar al rico. Os lo mereceis por vuestra traición a vuestros orígenes humildes.
Espero que algún día sepais quién soy.
Mientras declaran los funcionarios el jefe del negociado ,el exconsejero Marques reciclado como alto directivo de una distribuidora farmaceutica se dedica a gestionar fusiones para tapar las presuntas perdidas que arrastra desde el 2001 , la que todavia se considera la primera empresa de la region. Para esa operación no ha dudado en cobrar los favores que les debia cierto representante farmaceutico que se ha caracterizado hace unos pocos meses por su oposición a una fusion-absorcion que protagonizó una empresa rival madrileña .
Para conocer de que favores se trata ,tan solo basta remontarse a su etapa de consejero de sanidad y sus gestiones en la tramitación de la ley de ordenacion farmaceutica ,para comprobar quien se benefició con sorprendentes traslados de oficinas de farmacia ,frente a centros de salud con el fin de explotar suculentas rentas de situación.
A partir de las seis de esta tarde se han reunido en el Ayuntamiento de Aguilas, el alcalde Juan Ramírez, del PP; el expulsado del PSOE y potentado local Pedro Gil, y Miguel López Navares, abogado asesor externo de la Corporación y letrado que ha acompañado esta mañana a Juan Ramírez a su prevista declaración ante la Fiscalía del TSJ y también abogado particular de Pedro Gil, que está asesorando a ambos sobre el asunto de La Zerrichera, entre otros igual de espinosos que están por salir.
Saquemos todos las pertinentes conclusiones de cara a las elecciones del próximo mes de mayo, sabiendo esa opaca alianza entre quien está entregado al periódico local "El Faro" como Ramírez, y el que ahora financia el canal de tv "L`Aguilica", como Gil, para contar la realidad de la población según a ellos dos le conviene.
Las caras de algunos de los presuntos de Águilas eran un poema esta mañana, según cuentan quienes les ha visto en el Ayuntamiento.
Mientras, la prensa canallesca de Aguilas (El Faro y La Actualidad) ni siquiera se hacen eco de todo lo que está pasando en la Fiscalía, eso sin contar con la televisiones locales Canal Aguilas (Tele Ramírez) y L´Aguilica (Tele GIL). Bochornoso todo.Pero refleja el estado de ánimo de pánico después de las declaraciones de los funcionarios de la Comunidad Autónoma que hablan ante el fiscal de flagrante ilegalidad mientras la Unión Europea no está dispuesta a que La Zerrichera quede impune. Si no se arregla en España, será peor llegar al Tribunal de Luxemburgo.
La manipuladora prensa del Trinitario no dice hoy ni una sola palabra de las declaraciones ayer en Fiscalía del ex director general del Medio Natural, Brugarolas, sobre la ilegalidad de declarar urbanizable La Zerrichera.No pudo ser más claro.
El beatorro e imputado alcalde Ramírez se quejó ante los periodistas que le esperaron en el TSJ, del, según él, daño producido a la imagen de Águilas y al equipo de gobierno, que ha provocado todo este asunto. Pero también dijo que no admitirá preguntas tras la declaración que tiene prevista ante el fiscal jefe.
Él se lo dice todo.Si las especulaciones han dañado, ¿por qué no aprovecha la ocasión para contrarrestar ese perjuicio, admitiendo que los periodistas le pregunten para poder aclararlo todo?
Cuando va acompañado de dos abogados será porque sabe que los va a necesitar.Digo yo, un aguileño harto de tanto ladrón a su alrededor.
La Fiscalía ha vuelto a citar al sospechoso alcalde de San Javier.
Los concejales del PP de Águilas declaran ante el fiscal "haber cumplido con la legalidad"
El concejal de Bienes y Obras, Juan Perez, se preguntó por qué se denuncia Águilas "y no se mira en Lorca"
EFE / MURCIA
Los cuatro concejales del PP del Ayuntamiento de Águilas que declararon hoy ante el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, por el caso La Zerrichera se mostraron convencidos de haber cumplido con la legalidad.
Así lo manifestó tras prestar declaración la edil de Cultura, Clara Valverde, que fue la única que accedió a responder a los medios de comunicación tras comparecer ante el fiscal que investiga el caso, a raíz de las denuncias por presuntos delitos medioambiental y de prevaricación presentados por PSOE, Ecologistas en Acción y Naturalistas del Sureste ANSE.
López Bernal había citado hoy a declarar en calidad de testigos a la jefa de Planeamiento de Urbanismo de Águilas, Carmen Martínez, que fue la que más tiempo permaneció ante el fiscal; así como a los cuatro concejales del PP que votaron a favor de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal en la comisión informativa de Urbanismo, con el objetivo de reclasificar terrenos en la finca de La Zerrichera.
Los cuatro concejales son los de Urbanismo, Fernando Martínez; de Bienes y Obras, Juan Pérez; Juventud, Noelia Gallardo; y de Cultura, Clara Valverde.
En respuesta a los medios de comunicación, Juan Pérez se preguntó por qué se denuncia Águilas "y no se mira en Lorca", mientras que Clara Valverde afirmó desconocer el tema que se votaba en la comisión, celebrada el 12 de mayo de 2004, porque suplía en la misma a un compañero.
La edil se mostró tranquila y convencida de la legalidad de lo efectuado y, sobre la declaración hoy ante el fiscal, dijo que ella y sus compañeros de grupo cumplen "con la obligación de colaborar en el caso".
La toma de declaraciones en este caso continúa mañana con las comparecencias de dos concejales del PSOE y uno de IU que votaron en contra de esta modificación del PGOU en la citada comisión.
López Bernal también ha citado mañana a declarar al director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Alfonso Guerrero, y al jefe de servicio de Calidad Ambiental Juan Ignacio Sánchez Gilabert, cuyo superior inmediato, el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, lo hará en los próximos días.
hola
Europa ultima un nuevo examen al urbanismo valenciano que ampliará a medio ambiente y agua
El presidente del Comité de Peticiones cita a los comisarios de Mercado Interior y Medio Ambiente para analizar todas las denuncias. Los eurodiputados visitarán la C. Valenciana en febrero
L. Ballester/R. Montaner/C. Pinar, Valencia/Bruselas
El presidente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, Martin Libicki, ha solicitado una reunión con el Comisario de Medio Ambiente Stavros Dimas y con el Comisario de Mercado Interior Charlie McCreevy para tratar su «preocupación» por el supuesto incumplimiento de las directivas sobre agua, hábitat o evaluación ambiental estratégica de las «autoridades valencianas». Un problema más que se añadiría al procedimiento de infracción abierto contra las leyes urbanísticas valencianas (la LRAU primero y la LUV, después) que puede acabar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia Europeo.
Esta minicumbre de dos comisarios europeos y del presidente del Comité de Peticiones para tratar los incumplimientos de las directivas europeas serviría para preparar la tercera visita de eurodiputados a la Comunitat Valenciana, prevista para finales de febrero, para «investigar y recabar pruebas» de las denuncias y quejas recibidas por miles de ciudadanos.
Aunque la Generalitat sigue negando la existencia de estas denuncias porque, aseguran, no han visto ninguna, la cuestión es que el Comité de Peticiones «recibe regularmente cartas y nuevas peticiones sobre este tema», en referencia a «la violación de derechos de ciudadanos europeos sobre las propiedades que han adquirido legalmente en España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana», según señala el presidente del Comité, Martin Libicki.
El Comité de Peticiones «no solamente está preocupado sobre el incumplimiento de la directiva de contratación pública de obras y servicios, que es claramente muy grave», sino que también muestra su inquietud «sobre otras directivas europeas, relacionadas con la protección del medio ambiente en materias como el impacto ambiental en suelo urbano y el agua que, nos tememos, también se están aplicando impropiamente por las autoridades en Valencia».
Bruselas, no obstante, no es ajena a los escándalos urbanísticos que se suceden en otras comunidades. «A pesar de que el procedimiento de infracción actual está centralizado en la Comunitat Valenciana, es evidente que los abusos que están ocurriendo se incrementan en todos los sitios», asegura Libicki. Y añade: «En muchos casos es evidente que las infracciones a las directivas europeas están también estrechamente relacionadas con las prácticas de corrupción, que están siendo investigadas por las mismas autoridades españolas».
Por ello, Libicki confirma que «a finales de febrero se producirá una nueva visita de los miembros del Comité de Peticiones, la tercera ordenada por este organismo, en busca de pruebas y para investigar estas cuestiones tanto en la Comunitat Valenciana como en Madrid». «A causa de la gravedad con la que vemos esta situación», a la que el Comité de Peticiones ha «decidido concederle una prioridad extremadamente alta para que estos hechos se resuelvan urgentemente», Libicki solicita la reunión a tres bandas con los dos comisarios que tramitan o han tramitado procedimientos de infracción contra el Reino de España por incumplimientos cometidos en la Comunitat Valenciana. Para el eurodiputado David Hammerstein, es evidente que en esta reunión «se celebra para considerar la extensión de las infracciones de la LUV a cuestiones ambientales como el cumplimiento de las Directivas sobre agua, hábitat y evaluación ambiental estratégica».
(De "Levante")
¿A Murcia no piensan venir?
NOTA DE PRENSA DE LA AGRUPACION SOCIALISTA DE AGUILAS
El secretario general de la Agrupación Socialista de Águilas, Ramón Román, ha comparecido hoy jueves día 18 de enero ante el Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia para ser oído por el caso Zerrichera, en calidad de testigo y como miembro de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Águilas.
El secretario general y portavoz del grupo municipal socialista, ha declarado a la salida del despacho del Fiscal, Manuel López Bernal, que “el Partido Popular tiene un problema con el asunto de la Zerrichera y que con esta actuación se pone en tela de juicio el modelo urbanístico y especulador impulsado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Águilas.
Ramón Román se mostró satisfecho por ayudar al Fiscal en sus investigaciones y por contribuir a desentrañar la madeja en el que está metido este asunto, que se remonta al principio de la legislatura.
El secretario general de los socialistas aguileños declaró al Fiscal que “los socialistas de Águilas siempre hemos mostrado nuestro rechazo, tanto en los Plenos, como en las Comisiones informativas de Urbanismo, a la urbanización en cuestión, que afecta a un espacio protegido, declarado como zona LIC y ZEPA por el propio Gobierno Regional y que fue considerado “incompatible con cualquier desarrollo urbanístico” por un informe emitido por el Director General del Medio Natural en agosto de 2004.
Este informe, que sirvió para archivar el expediente, no fue obstáculo para que, apenas dos meses después, apareciera otro informe firmado por el Director General de Calidad Ambiental, imputado en la actualidad por prevaricación, en el que se decía todo lo contrario. Este último informe fue el que utilizó el equipo de gobierno para reactivar nuevamente el proceso de urbanización de la Zerrichera.
El Partido Socialista siempre ha mostrado su oposición a este proyecto y así se lo hemos hecho saber al Fiscal, acreditando con pruebas documentales nuestra posición tanto en los Plenos como en las Comisiones de Urbanismo del Ayuntamiento de Águilas.
Por otra parte, siempre hemos defendido, inclusive en el Pleno de Octubre de 2005, donde se aprobó el proyecto, que la tramitación del mismo no se ajustaba a la legalidad, que los informes no se ajustaban a derecho y que contenía numerosas irregularidades, como efectivamente se está demostrando.
Con esta actuación de la Fiscalía, los socialistas aguileños mostramos nuestra prudente satisfacción al comprobar que las denuncias realizadas por el Partido Socialista no han caído en saco roto y que probablemente tendrá consecuencias que repercutirán en una necesaria e imprescindible regeneración de la vida pública y política de nuestro pueblo.
El Ejecutivo murciano asegura la legalidad del proyecto de La Zerrichera
Fernando de la Cierva afirma que "por polémico que pueda resultar siempre se ha actuado con informes jurídicos"
EFE / MURCIA
El portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, defendió hoy la actuación de la Administración regional en la tramitación del proyecto de La Zerrichera, que investiga la Fiscalía de Murcia, y aseguró que "cualquier resolución tiene un informe jurídico previo".
El portavoz hizo estas afirmaciones en relación al informe jurídico encargado por el ex consejero Francisco Marqués para respaldar la actuación del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, quien firmó la declaración de impacto favorable para urbanizar en la citada finca, según publica hoy La Verdad.
Fernando de la Cierva, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, insistió en que "ningún director general puede resolver sin disponer de informe jurídico" y añadió que "por polémico que pueda resultar siempre se ha actuado con informes jurídicos".
"A veces las cosas son en la vida según se quieran ver", opinó el portavoz del Gobierno de Murcia, quien aseguró que "es evidente que esta Administración ha mantenido siempre la legalidad" en este caso.
Además, afirmó que la Comunidad Autónoma remitió a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia "todos los informes" de la Comunidad sobre la urbanización de La Zerrichera, "incluso sin pedírselo", y explicó que entre los datos remitidos se encuentran los "informes obligatorios y los perceptivos".
Marqués avaló con un informe interno al alto cargo que permitió urbanizar La Zerrichera
El director general de Calidad Ambiental, que debe responder ante el fiscal jefe, pidió que le garantizaran por escrito que no estaba cometiendo una ilegalidad
M. BUITRAGO/ MURCIA
Se cubrió las espaldas. El director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que ha sido citado a declarar por el fiscal jefe del TSJ, quien investiga un presunto delito de prevaricación, solicitó en su día que le pusieran por escrito que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad al firmar el informe de impacto medioambiental favorable para recalificar los terrenos de La Zerrichera de Águilas. Este informe permitió que 48 horas después el Ayuntamiento aguileño diera luz verde a la urbanización de la finca situada en un paraje protegido, y donde el grupo Hispania proyectaba 4.000 viviendas y un campo de golf.
Según ha podido saber La Verdad de fuentes bien informadas, Alvarado solicitó al consejero Francisco Marqués que respaldara por escrito su actuación, que culminó con el informe de impacto favorable del 24 de octubre del 2005. En caso contrario, es probable que el director general se hubiera negado a firmar. Indican, asimismo, que en la Consejería no estaban seguros de los pasos que se estaban dando para facilitar la urbanización de la finca, toda vez que no existían informes técnicos de la Dirección General de Medio Natural, el mismo departamento que en agosto del 2004 había rechazado de plano la urbanización en zona protegido.
Este diario ha tenido acceso al informe jurídico emitido por la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente. Lleva fecha del 4 de noviembre, dos semanas después de la firma de Alvarado. Señala que la Dirección de Medio Natural emitió el informe desfavorable para recalificar los terrenos, pero que «como no era el órgano competente para resolver», remitió el asunto ocho meses después a la Dirección de Calidad Ambiental, en manos de Antonio Alvarado. A continuación, el informe añade que los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental, como éste, deben pasar por el órgano competente para emitir la Declaración; «esto es, el director general de Calidad Ambiental».
Fechas sospechosas
Con este documento, el consejero Marqués defendió la legalidad de la actuación de Antonio Alvarado, sin necesidad de que el proyecto pasara otra vez por las manos de los técnicos de Medio Natural, quienes probablemente habrían denegado de nuevo la urbanización de La Zerrichera.
Este informe jurídico, no obstante, arroja dudas sobre la correlación de fechas, ya que dice que Antonio Alvarado firmó su declaración de impacto el día 25, cuando en realidad lo hizo el 24. Asimismo, refleja que el jefe de Servicio -que también ha sido llamado a declarar por el fiscal jefe- emitió su informe el día 25, veinticuatro horas después de que Alvarado firmara.
En la única fecha en la que acierta el informe jurídico es en la presentación de los informes pagados por el Grupo Hispania. que sustituyeron a los oficiales que debía emitir Medio Natural.
«No tengo inconveniente en declarar ante el fiscal jefe»
El ex consejero de Medio Ambiente e Industria, Francisco Marqués, declaró ayer a La Verdad que «Antonio Alvarado ha sido y es un buen director general. Nunca he tenido ningún problema con él». Marqués, que abandonó el Gobierno regional en abril del año pasado y en la actualidad es director general de Hefame, insistió en que su departamento «realizó todo el expediente de La Zerrichera dentro de la absoluta legalidad». Al ser preguntado qué hará si le llama a declarar el fiscal jefe, contestó que «no tengo ningún inconveniente en acudir si me cita. Para mí no supone ningún problema».
El actual consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, declinó ayer hacer declaraciones sobre la situación de Antonio Alvarado. Indicó que primero hay que dejar actuar a la justicia y que desde su departamento colaborará al máximo para que se esclarezca todo.
(De "La verdad")
LOS ALCÁZARES / Los concejales tendrán que hacer público su patrimonio y sociedades en la web local
El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno, que se hará efectiva la próxima semana
ALEXIA SALAS/LOS ALCÁZARES
Los concejales de Los Alcázares, tanto del PP como del PSOE, están dispuestos a que nadie les gane en transparencia. Primero fue el alcalde socialista, José Antonio Martínez Meca, quien hace una semana se convirtió en el primer regidor que airea sus titularidades privadas. En la web municipal publicó su lista de posesiones terrenales, desde su vehículo en vía de pago por medio de un préstamo personal con mensualidades de 320 euros, hasta su vivienda hipotecada.
No se dejó en el tintero el controvertido solar en Torre del Rame, que cualquier puede ver en internet. No era la única medida hacia la claridad pública, ya que el alcalde preparaba la propuesta que llevaría al Pleno, celebrado ayer, para que todos los concejales hagan públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales. En la carrera por la política cristalina, el Grupo Popular corrió ayer a presentar, antes de que empezara el Pleno, con el previsible objetivo de que la iniciativa no fuera sólo socialista, una petición por escrito para que los ediles ventilen sus propiedades públicamente.
El resultado se zanjó con uno de los escasos acuerdos por unanimidad de la legislatura. PSOE y PP, votaron ayer a favor de destapar los bienes de unos y otros, de modo que se publicará la lista detallada en el sitio web del Ayuntamiento la próxima semana.
Tira y afloja
El tira y afloja estuvo en el Pleno en los detalles: El PP propuso que se haga extensiva la medida a todos los miembros de la Corporación de la presente legislatura, incluso los dimitidos, como el ex alcalde Juan Escudero. «Finalmente hemos aceptado que Escudero lo haga voluntariamente, pero si no lo hace, se la publicaremos nosotros, que la sabemos, y tiene muchas propiedades», aseguró ayer Vigueras.
El PSOE ha querido que se muestre la primera lista patrimonial que se realizó a cada corporativo al acceder al cargo, además de la actual, para comprobar los posibles aumentos de propiedades. De hecho, el alcalde ha querido ir más allá y pondrá como requisito para formar parte de las listas electorales la publicación de todas las titularidades personales de los candidatos.
(De "La Verdad")
CASO ZERRICHERA
23/05/05 Informe Técnico de, J.L. Hernández, (Técnico de Gestión, Arquitecto responsable de la zona de Águilas) y Margarita Ros (Jefa de Servicio de Urbanismo) donde dicen que los terrenos no son urbanizables por Art. 9 Ley 6/98 Estatal y Art. 65 Ley 1/2001 Regional ya que se trata de suelo especialmente protegido LIC y ZEPA.
31/05/05 Propuesta de Informe de J.M. Rodenas (Subdirector General) y Luís Romera (Asesor técnico-jurídico) En el mismo sentido que el informe técnico.
10/06/05 Informe - Propuesta de J.M. Rodenas cambiando contenido informe anterior y añadiendo párrafo para viabilizar propuesta. No lo firma ningún jurídico.
13/06/05 Informe Director General de AV y Urbanismo en el mismo sentido anterior.
06/10/05 Informe de la Comisión Técnica de EIA. ¿Interviene en la misma el Subdirector General de AV y Urbanismo, J.M. Rodenas en representación de la Consejería de O.P.? ¿Quien le ha nombrado? ¿Dónde está el nombramiento?
25/10/05 Informe favorable EIA firma Alvarado DG medio ambiente.
27/10/05 Aprobación provisional por el Ayuntamiento.
22/11/05 El Director de los Servicios Jurídicos de la CARM (J.M. Lozano) solicita informe a los Servicios Jurídicos de la Secretaría General de la Consejería de O.P. sobre interpretación del Art. 65 de la Ley 1/2001.
25/11/05 El Vicesecretario de la Consejería de O.P. emite informe al respecto de lo anterior.
25/11/05 El Jefe de los Servicios Jurídicos de la Consejería de O.P. emite el informe jurídico requerido que no consta en el expediente.
NOTA: ¿A cuento de que, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM interviene en el asunto y solicita informe jurídico? ¿Quién le da vela en este entierro? ¿No se trata de una competencia exclusiva del Consejero de O.P.?
24/01/06 Informe del Director de los Servicios Jurídicos de la CARM (J.M. Lozano) sobre interpretación del Art. 65 Ley 1/2001 en el que dice:
· Que el informe se lo solicitaron el 21/11/05 Las Secretarias Generales de las Consejerías de Industria y Medio-Ambiente y de Obras Publicas, Viv. y Transporte acompañándole lo siguiente:
· Informe del Jefe de Servicio Jurídico de la Consejería de Industria y M.A. de 21/11/05
· Informe del d.C. de Ordenación del Territorio y Costas de 18/11/05
· Informe del Vicesecretario de la Consejería de O.P. de 25/11/05
· Informe del Jefe de Servicio Jurídico de la Consejería O.P. de 21/11/05 (No consta en el Expte.)
· Tampoco consta en el expediente que se solicitara dicho informe al Dto. De los Serv. Jur. El 21/11/05. ¿Quién se lo pidió?
16/01/06 Informe del profesor de la Universidad J. López Pellicer a requerimiento de la d.C... de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo sobre la reclasificación de La Zerrichera, que a pesar de decir lo que dice, da pie a Lozano a interpretar lo que interpreta y a la Consejería de O.P. a informar y aprobar lo que aprueba. No consta en el Expte. Que se le haya requerido informe alguno al profesor López Pellicer, a cuanto alcanzan sus emolumentos y con cargo a que partida presupuestaria se han consignado.
12/01/06 Informe del DG de Ord. Territorio y Costas (Bernabé) sobre E.I. Territorial: NO CUMPLE.
27/01/06 Informe del DG de Ord. Territorio y Costas (Bernabé) sobre el cumplimiento de las Directrices, usos y PORN, echando balones fuera.
30/01/06 Informe del DG de Ord. Territorio y Costas (Bernabé) desdiciéndose de todo lo anterior.
30/01/06 Informe-Propuesta del Subdirector General de A.V y Urbanismo (J.M. Rodenas) sin informe del Técnico de Gestión de la zona de Águilas, de la Jefa de Servicio de Urbanismo y de Asesor Jurídico alguno (es decir, según su exclusivo criterio y puenteando a los servicios de Urbanismo y Jurídico)
30/01/06 Informe del Jefe de Servicio Jurídico de la Consejería de Industria y M.A.
Traca final: Todo el mismo día.
13/02/06 Informe del Vicesecretario de la Consejería de O.P. (Antonio Navarro Corchón) en el que no hay inconveniente en la aprobación definitiva.
13/02/06 Informe-Propuesta del Subdirector G. de Viv., Arq. y Urbanismo (J.M.Rodenas) por el que procede la aprobación definitiva, según su exclusivo y único criterio y sin que la propuesta sea elevada conjuntamente con el Asesor Técnico-Jurídico como es de costumbre.
13/02/06 PROPUESTA DE ORDEN donde se incluyen Fundamentaciones Jurídicas que se eleva al Consejero de O.P. por del Subdirector G. de Viv., Arq. y Urbanismo (J.M.Rodenas) sin estar firmada ni avalada por (órgano o persona) Jurídico alguno que es el expresamente competente para dicho acto. ¡INAUDITO!
13/02/06 ORDEN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CONSEJERO DE O.P.
Coda) Hay que significar que gran parte de la documentación esta referida a informes sobre interpretaciones de los artículos 9 de la Ley 6/98 del Estado y 65 de la Ley 1/2001 y ninguno de dichos informes es concluyente al respecto. Otro Tanto sucede con las cuestiones medioambientales. Todos los informes están realizados por funcionarios orgánicamente dependientes de los altos cargos y designados a dedo o de libre designación, con estrechas vinculaciones con el PP (Rodenas y Navarro Corchón) o simplemente remunerados (López Pellicer y otros profesores) o subvencionados (Global Nature).
Resolución publicada en el BORM de 06/03/2006:
* En el apartado QUINTO.1.- Se dice que el art. 149.3 de la Ley no es de aplicación porque el PGOU de Aguilas no está adaptado a la Ley, sin embargo en el resto de puntos del mismo y otros apartados son continuas las referencias a diferentes articulos de la misma Ley para viabilizar y justificar la reclasificación.
* El resto del Quinto.1.- No tiene desperdicio, es una autentica antología del disparate para justificar e interpretar de forma torticera y kafkiana lo injustificable.
* No debemos olvidar un principio general de la Ley, y es que OBLIGA a su cumplimiento pero no faculta a quien no se haya adaptado a ella a acogerse a sus preceptos. Es decir que no se puede implorar a la Ley cuando interesa y cuando no interesa decir que no es de aplicación.
Una profesora de la UMU publica un libro sobre el urbanismo actual
La admisión generalizada del convenio urbanístico culmina la desnaturalización del plan y entrega materialmente el urbanismo a los particulares, según una de las conclusiones del estudio realizado por la profesora de la Universidad de Murcia María Fuensanta Gómez Manresa.
Para la profesora, "el convenio ha convertido al particular en el protagonista indiscutible del urbanismo actual, toda vez que su utilización, unida a la atribución de carácter residual al suelo urbanizable, ha producido como efecto la proliferación de las urbanizaciones privadas al margen de la ciudad existente".
Otra consecuencia, añade Gómez Manresa, es que "se ha hecho de la ciudad una realidad prescindible y se ha desnaturalizado el plan", según la obra de esta profesora, El particular en la gestión urbanística, que acaba de publicar la editorial Tirant Monografías.
El volumen analiza la presencia del particular en los presupuestos y en los sistemas tradicionales de la gestión urbanística, las entidades urbanísticas colaboradoras y los convenios urbanísticos, entre otros temas.
Esta obra, consecuencia de la tesis doctoral de la profesora Gómez Manresa, se abre con un prólogo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, Antonio Martínez Marín.
El profesor Martínez Marín afirma en el mismo que "escondida la especulación y, en su caso, la corrupción, en la actividad del particular y en la inacción por debilidad o complicidad del poder público en el lenguaje abstruso de la semántica urbanística, los excepcionales y gravísimos acontecimientos jurídicos obligan a una reflexión".
En otro lugar del prólogo, escribe que "la grave situación actual especulativa, la elevada corrupción de los poderes públicos y, en concreto, de centenares de ayuntamientos españoles, no sólo no es nueva, sino que ahonda sus raíces en nuestra historia pasada y reciente".
Los profesores Martínez Marín y Gómez Manresa apuntan a "la existencia de unas mermadas arcas municipales necesitadas de financiación" como una de las causantes de la situación por la que atraviesa el urbanismo.
Bruselas pide explicaciones al Gobierno de Valcárcel sobre la urbanización de La Zerrichera
La Comisión Europea da curso a la queja presentada por ANSE y reclama informes sobre la recalificación de terrenos protegidos como LIC y ZEPA
M. BUITRAGO/MURCIA
La Comisión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto de la finca La Zerrichera de Águilas y ha pedido explicaciones al Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, a través de un requerimiento enviado al Gobierno español. Justo cuando la investigación del fiscal jefe del TSJ se encuentra en su punto más álgido, la Dirección General de Medio Ambiente de la UE está dando curso a la queja que presentó la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) en contra de la recalificación de los terrenos enclavados dentro de un espacio protegido como LIC y ZEPA.
Según ha podido saber La Verdad, el presidente de ANSE, Pedro García, ha sido informado por las autoridades comunitarias de que su queja -junto con otras dos de otros puntos de España- figura en un expediente abierto del que se ha dado traslado al Gobierno de la nación. En concreto, el director general de Medio Ambiente de la UE, M.P. Carl, se dirigió por escrito el 29 de noviembre al representante permanente de España ante la CE, Carlos Bastarreche, para comunicarle estos expedientes. Bastarreche lo trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores, que finalmente lo ha remitido -en el caso de La Zerrichera- a la secretaria de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma, María Dolores Alarcón.
Documentación
El Gobierno murciano dispone de un plazo para responder a la Comisión Europea, quien en su oficio advierte de que no se pueden incumplir las directrices comunitarias relativas a la preservación de los espacios naturales. Señala que cuando se proyectan determinadas actuaciones urbanísticas éstas deben respetar tales espacios, donde la construcción está muy limitada y sometida a evaluación de impacto y posteriores medidas correctoras.
La Dirección de Medio Ambiente solicita al Gobierno murciano que aporte documentación sobre el caso. La queja fue presentada hace dos años por la Asociación de Naturalistas del Sureste, por considerar que se estaba actuando ilegalmente sobre una zona protegida como LIC y ZEPA.
(De "La Verdad")
LA UNIÓN EUROPEA PIDE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA POR LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS EN EL PARAJE DE LA ZERRICHERA (SIERRA DE LA ALMENARA, ÁGUILAS), TRAS LA DENUNCIA DE ANSE.
El Director General de Medio Ambiente de la Unión Europea remitió el pasado 29 de noviembre al representante de España ante la Unión Europea un escrito solicitando copia de diversa documentación relacionada con la urbanización de La Zerrichera. El escrito fue remitido a su vez por la Secretaría de Estado para la Unión Europea a la Secretaría de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dando como plazo máximo de respuesta el día 23 de enero.
La petición de información de la Unión Europea responde a la Queja interpuesta por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) a finales de 2005.
ANSE indicaba en su denuncia que las roturaciones agrícolas desarrolladas y el proyecto urbanístico con DIA favorable afectarán sensiblemente a hábitats de interés comunitario (prioritarios y no prioritarios), especies de interés comunitario (Tortuga mora) y especies de aves de interés comunitario (Águila perdicera, Halcón peregrino y Búho real).
Igualmente, la DIA favorable obvia los valores ambientales recogidos en el Plan de Gestión y no aplica los mecanismos de conservación y restauración incluidos en el mismo (Ley de Montes, restauración de zonas roturadas, etc).
ANSE denunció, por otra parque, que no hay constancia de que la Comisión Europea haya sido informada de la afección a especies y hábitats de interés comunitario prioritarios dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria y de una Zona de Especial Protección para las Aves, para la cual la Consejería de Industria y Medio Ambiente recibió fondos comunitarios dentro de un proyecto Life.
La Comisión Europea recuerda en su escrito las obligaciones de las autoridades competentes a la hora de cumplir con las Directivas de Hábitats y Aves, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-117/03: “los Estados miembros no pueden, por lo tanto, autorizar intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de un lugar tal como lo definen dichos criterios. Así ocurre, en particular, cuando una intervención conlleva el riesgo de reducir de forma significativa la superficie del lugar, o de provocar la desaparición de especies prioritarias existentes en él o, por último, de tener como resultado la destrucción del lugar o la eliminación de sus características representativas”.
ANSE recuerda que la Comunidad Autónoma no ha aprobado aún definitivamente el Plan de Gestión de la ZEPA Sierra de La Almenara, Moreras y Cabo Cope, a que se comprometió entre los objetivos del proyecto Life “Gestión y conservación del Águila perdicera en la ZEPA de La Almenara, Las Moreras y Cabo Cope”, financiado al 50 % con fondos comunitarios, incumpliendo la prórroga de seis meses concedida por la Unión Europea.
El presidente de ANSE tiene previsto viajar los últimos días de enero a Bruselas para presentar personalmente documentación complementaria relacionada con esta urbanización en el LIC y ZEPA Sierra de La Almenara.
La Asociación lamenta que el presidente de la Comunidad Autónoma, quien fue informado personalmente por el de ANSE a comienzos de 2006 de las irregularidades de la recalificación de La Zerrichera, no haya sido capaz de paralizar definitivamente el proyecto. Así mismo, ANSE se muestra esperanzada en que, como ya ocurriera con el intento de la Comunidad Autónoma en desproteger parte de Calblanque, la acción de la Asociación ante la Unión Europea logre frenar definitivamente la macrourbanización en la Sierra de La Almenara, uno de los espacios naturales más valiosos y desconocidos del Sureste de España.
La Comunidad debe enviar antes del martes una docena de documentos que exige la UE sobre La Zerrichera
En la investigación abierta por la queja de ANSE, el Gobierno de Valcárcel debe explicar por qué el Grupo Hispania eligió ese lugar para urbanizarlo
M. BUITRAGO/MURCIA
El Gobierno regional dispone de plazo hasta el próximo martes para dar explicaciones a la Comisión Europea sobre la recalificación de terrenos protegidos en la finca La Zerrichera de Águilas; así como los trámites que terminaron en la aprobación de la urbanización promovida por el Grupo Hispania. Así figura en el expediente de queja que tramita la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europa y al cual ha tenido acceso La Verdad. El Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel debe aportar a las autoridades de Bruselas hasta una docena de informes y documentos sobre todo el proceso.
En su expediente, la Comisión Europea quiere saber si se han observado todas las disposiciones legales; a la vez que pregunta por «las razones por las cuales no se han evaluado en detalle los proyectos referidos». Pregunta también por «los datos que se han requerido para identificar y evaluar los principales efectos que el proyecto puede tener en el medio ambiente». La Dirección General de Medio Ambiente reclama también que desde el Gobierno murciano se expongan «las principales alternativas estudiadas por el promotor [el empresario Trinitario Casanova] y una indicación de las principales razones de su elección, teniendo en cuenta los efectos medioambientales».
A la vista de estas preguntas y requerimientos, el expediente de queja de la UE indica que las autoridades comunitarias han consumido una fase previa de información sobre La Zerrichera antes de dirigirse al Reino de España. La infracción de la Directiva Comunitaria sobre Hábitas, en lo que afecta a la preservación de LIC y ZEPA, puede llevar aparejada una sanción a España.
«A la mayor brevedad»
Tal como publicó ayer este diario, el director general de Medio Ambiente de la UE, M. P. Carl, se dirigió el pasado 29 de noviembre al Representante Permanente de España ante la UE, Carlos Basterreche Sagües para hacerle llegar tres expedientes de queja: el de La Zerrichera, las obras del Intercambiador de la Plaza Elíptica de Madrid, y la actuación los Pinares del Bajo Alberche, en Ávila.
En cuanto a La Zerrichera, el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió sendas comunicaciones a la secretaria general Técnica del Ministerio de Medio Ambiente y a la secretaria de Acción exterior de la Comunidad Autónoma, María Dolores Alarcón.
En dicha comunicación, enviada el 4 de diciembre pasado, se pedía que se remitiera toda la documentación requerida por la Comisión Europea «a la mayor brevedad posible, y en todo caso, antes del 23 de enero, con el fin de coordinar la respuesta que debe darse a la Comisión».
(De "La Verdad")
La UE dio dos meses de plazo a España
M. B. B./MURCIA
La Comisión Europea dio dos meses de plazo al Gobierno español para informar, con copia documental, sobre al menos doce cuestiones sobre La Zerricherra; que son las que debe remitir el Gobierno murciano. Este último, que considera esta petición como un mero trámite informativo, apunta que contestará dentro de plazo. Esto es lo que pide la Unión Europea.
-Estudio de evaluación de impacto ambiental.
-Declaración de impacto ambiental y copia de la publicación de la autorización de aprobación del proyecto, con resumen descriptivo del proyecto finalmente aprobado.
-Estado de ejecución del proyecto.
-Observancia de las disposiciones legales referidas al efecto.
-Razones por las cuales no se han evaluado en detalle los proyectos referidos.
-Evaluación de las afecciones referidas.
-Descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuea posible, compensar, los efectos adversos significativos.
-Los datos requeridos para identificar y evaluar los principales efectos que el proyecto pueda tener para el medio ambiente.
-Una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una indicación de las principales razones de su elección, teniendo en cuenta los efectos medioambientales.
-Un resumen no técnico de la información mencionada en los guiones.
-Inventario de la Región de Murcia sobre hábitats naturales de interés comunitario en el área objeto de este expediente y cartografía al respecto.
-Copia de la publicación de la autorización de aprobación del proyecto.
-Estado de ejecución.
(De "La Verdad")
El honor del funcionario
MANUEL BUITRAGO/
A la investigación abierta por el fiscal jefe del TSJ sobre La Zerrichera se ha unido ahora la de la Comisión Europea. No parece que se trate de un aburrido procedimiento ordinario para las autoridades comunitarias, cuando se toman la molestia de reclamar un sinfin de documentos al Gobierno de España (y de Murcia); quienes además pueden ver el caso desde dos ópticas diferentes, ya que el Ministerio de Cristina Narbona no estaba por la labor de recalificar unos terrenos LIC y ZEPA para urbanizarlos.
Puede que al final el Ministerio Fiscal y las autoridades de Bruselas no encuentren delito ni materia de sanción, pero lo que ya no cabe duda es que el caso de La Zerrichera está marcando un antes y un después entre muchos funcionarios de la Administración regional. Estos ven con satisfacción cómo la Fiscalía actúa sobre un polémico expediente que ha surcado los despachos de las Consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y de Obras Públicas dejando rastros de impotencia y malestar en profesionales de la Administración. Estos funcionarios aprecian en La Zerrichera una oportunidad para que las interferencias, los compromisos políticos y los intereses de turno no fuercen los correctos usos administrativos. El alivio de muchos es tal, que hay quienes interpretan esta investigación como un triunfo de la dignidad, respeto, independencia y profesionalidad de los funcionarios, sobre todo de aquellos que consideran que «han tenido que tragar y callarse» con determinadas situaciones. Me limito a constastar lo que se palma en muchos pasillos; a la vez que recuerdo la posicicón del Gobierno murciano, que insiste en que se ha actuado correctamente. (Ética y estética aparte).
La Zerrichera reúne muchos ingredientes, y lo primero que viene al caso es que, a la vista de la documentación, la maquinaria de la Administración autonómica impulsada por algunos se había puesto al servicio del negocio del Grupo Hispania y de su propietario, Trinitario Casanova; quien llegó al extremo de insultar y acusar públicamente el presidente Ramón Luis Valcárcel de «débil y cobarde». «No acepto que me engañen», advirtió cuando el nuevo consejero Benito Mercader, paralizó la urbanización. ¿Qué medidas se tomaron ante tamaña afrenta al presidente murciano? ¿Quién le había prometido qué cosas? En el Partido Popular no se cansan de repetir que Casanova podía haber elegido otro sitio para construir sus 4.000 viviendas, en lugar de una zona protegida como LIC y ZEPA.
¿Alguien puede pensar que el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, actuó por su cuenta al reactivar el expediente de La Zerrichera? ¿Quién dio la orden, después de que el propio Ayuntamiento de Águilas archivara el convenio con el Grupo Hispania, y le devolviera incluso el dinero que había adelantado, tras el informe negativo de Medio Natural? Es una de las principales incógnitas de este caso. Alvarado ha callado en todo este tiempo -cosa que le honra-, pero resulta que por encima de su firma no hay ninguna más, y menos la del ex consejero Francisco Marqués que apoyó activamente la recalificación. Unas firmas -incluidas las de la Consejería de Joaquín Bascuñana- que en todo caso precisaban de unos trabajos e informes previos de funcionarios y técnicos que no iban en la línea deseada por algunas personas.
Es posible que cierta habilidad jurídica le permita al Gobierno regional salvar los muebles en este embrollo. Ya se verá. Pero otra consecuencia de La Zerrichera es que, más de uno, se lo pensará a partir de ahora antes de facilitar polémicos intereses urbanísticos.
(De "La Verdad")
Gobierno regional: «La petición de la UE no pasa de ser un trámite informativo»
La Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea informó ayer por medio de un comunicado que cualquier ciudadano miembro de la Unión puede presentar una denuncia ante la Comisión Europea mediante un formulario incluido en la página web de la misma, cuando considere que puede haber una infracción de la normativa comunitaria.
«Esta denuncia, cuando llega a los órganos competentes de la Comisión, se le da un número de registro y se solicita información al Estado correspondiente que a su vez se la remite al órgano coordinador con el Estado y con la Comunidad Autónoma en materia de Unión Europea», explica. «En este caso, la Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea, dirigida por María Dolores Alarcón, remite el escrito al órgano competente para responder al mismo con un plazo de dos meses para contestar a dicha petición. Incluso se puede solicitar la ampliación de dicho plazo para contestar a dicha solicitud. En este punto es donde nos encontramos en relación con la noticia publicada».
Añade el Gobierno regional que se encuentra «dentro del plazo de dos meses para contestar por parte de la Consejería de Industria y Medio Ambiente competente en este supuesto. Con el objeto de ofrecer una mayor aclaración sobre los trámites que se siguen, estos se detallan a continuación: Éste es el inicio de un procedimiento informativo sobre los hechos denunciados, que tiene sus trámites de solicitud de información, contestación, aportación de medios de prueba, y que da lugar o un archivo de la denuncia o a un primer dictamen motivado al cual se responde dentro del plazo establecido. Estos trámites son previos a la apertura de un procedimiento sancionador».
«Es preciso aclarar que si bien han existido denuncias ante la UE y el denunciante informa a los medios de comunicación, ninguna de éstas ha supuesto sanción alguna por infracción de los órganos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y le ruego por tanto que entienda simplemente de un paso preliminar de un proceso administrativo y que en consecuencia no adquiere la dimensión que el denunciante en su comunicación a su medio ha pretendido ofrecer a la opinión pública», concluye el comunicado del Gobierno regional.
Invierten 14,5 millones en las obras de la vía paralela a Cartagena-Vera
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes tiene previsto para la carretera paralela de la autopista Cartagena Vera (que discurre hasta Águilas, pasando por Mazarrón), destinar un presupuesto de 14,5 millones de euros para el acondicionamiento total de la vía.
El objetivo último es comenzar las obras a finales de este año.
Con la apertura de la autopista Cartagena-Vera (de peaje), cuyas obras están prácticamente concluidas, el Gobierno regional se comprometió a hacer la paralela (sin carga), de 90 kilómetros (faltan 25 por acondicionar) que atraviesa 15 núcleos de población y varios espacios protegidos.
Dentro de estas mejoras, Obras Públicas incluye la ejecución del acondicionamiento de Cartagena-Cuesta Blanca. Según el director general de Carreteras, Fernando Mateo, durante este año “vamos a trabajar para las obras proyectadas”.
Asimismo se llevará a cabo la proyección del acondicionamiento de Cuesta Blanca-Tallante, con un presupuesto de tres millones y medio de euros. Este tramo tienen declaración de impacto ambiental favorable y el proyecto está en supervisión técnica.
Asimismo ejecutarán el acondicionamiento de Águilas y límite de provincia, que al igual que la anterior, cuanta con la declaración de impacto ambiental favorable. En este caso, el presupuesto destinado será de tres millones.
La Consejería ha adjudicado seis millones y medio al desdoblamiento de Mazarrón hasta el puerto de Mazarrón. Este proyecto está en fase de redacción ya que “se han hecho varias actuaciones sobre mejoras de firma ente Cartagena y Mazarrón y varios trabajos de mejoras de obra de fábrica”, señaló Mateo. Finalmente, se destinarán dos millones de euros para el tramo de Ramonete-Águilas.
El director general de carreteras afirmó que es una carretera preexistente a la autopista y no alternativa “pero hay que arreglarla porque tiene un trazado muy sinuoso –con muchas curvas–, y en su mayor parte es carretera de montaña. Por su parte, el consejero del departamento, Joaquín Bascuñana, indicó que esta vía Cartagena-Vera es vital y dará servicio a toda la comarca de Cartagena y pidió al PSOE que deje de criticarla.
(De "El Faro")
Ecologistas en Acción califica de insostenible el plan de urbanismo
EFE
Ecologistas en Acción califica de “desmesurado e insostenible” el Plan General de Ordenación Municipal de Águilas, al que ha presentado alegaciones en el período de exposición pública, y que según esta organización prevé la construcción de más de 140.000 nuevas viviendas.
Según el portavoz de Ecologistas en Acción, Héctor Quijada, el documento urbanístico municipal prevé la construcción de 144.000 viviendas, lo que supondría aumentar la población de los 33.564 habitantes actuales a los más de 400.000.
Quijada exigió al Ayuntamiento de Águilas y al Gobierno regional “la paralización de cualquier procedimiento que plantee usos no compatibles con los espacios naturales protegidos”.
Consideró, asimismo, que la previsión de suelo urbanizable contempladas en el plan municipal supondrán “un grave incremento en la demanda de agua”, un factor que “no se encuentra evaluado ni se concreta cómo se resolverá”.
Un centro de investigación plantea el trasvase submarino
El centro de investigación Alba Montecristo de Ciudad Real propone acometer un transporte submarino de agua desde el Delta del Río Ródano hasta Águilas, y desde allí bombear agua por una red de tuberías hasta la Comunidad Valenciana.
Pujante (IU) pide al Fiscal que llame a Marqués y a Valcárcel.
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, pidió ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que "profundice lo máximo posible" en su investigación sobre el caso La Zerrichera, en Aguilas, llamando si lo considera oportuno tanto "al consejero responsable de tomar la decisión, Francisco Marqués", como incluso al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.
"¿Por qué no van a ir ambos a responder a las preguntas de la Fiscalía?", inquirió Pujante, quien señaló que "parece que hubo modificaciones en el LIC de La Zerrichera para satisfacer el interés del propietario de los terrenos en aquel entonces".
Preguntado sobre si cree que el asunto La Zerrichera podría pasar factura electoral el PP en Aguilas, Pujante confió en que "sí".
"Sería necesario una reflexión, para que no se acabe cometiendo la torpeza de lo sucedido en Marbella, donde pese a las evidencias de corrupción, se seguía eligiendo a los mismos corruptos", concluyó.
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