jueves, 6 de julio de 2006

Independientes en las listas del PSRM-PSOE e IU

Las listas electorales del PSRM-PSOE y de IU en los comicios autonómicos y municipales de 2007 estarán trufadas de jovenes e ilustradas figuras independientes extraídas de los movimientos de vanguardia de la sociedad civil, algunas de los cuales ya están participando en los borradores y propuestas de los correspondientes programas electorales, por decisión personal de Pedro Saura en el caso del PSRM por la total aprobación de este proceso de sumar líderes con poder social por parte de la Ejecutiva Federal.

Para demostrar y afianzar su propio liderazgo, el secretario general de los socialistas murcianos lleva trabajando semanas en ir integrando un equipo de primera división y concretando un programa alternativo de gobierno, el más realista, creíble, necesario y avanzado, para lograr una amplia confianza de los murcianos, ya que su adversario no cesa de perderla cada día que pasa por los escándalos de presunta corrupción que le saltan alrededor desde su entorno más próximo, y por una amplia percepción del electorado de que trabaja a todo pedal para sus financiadores y no para la sociedad regional en su conjunto. Saura, Pujante y Marset destilan una honestidad con la que Valcárcel no puede competir en público, sin riesgo objetivo de terminar en el banquillo del TSJ (al igual que su predecesor socialista, Collado, luego absuelto) por sus reiterados presuntos abusos de poder, ¡oh casualidad! siempre a favor de ciertos ladrillos.

La alianza entre los promotores inmobiliarios y el actual poder regional es de tal calado que, ante el desastre electoral que se le avecina al PP, aquellos se han puesto en marcha para formar y financiar campañas de candidaturas independientes títere en varias poblaciones clave para sus intereses al objeto de apoyar a un PP en caída libre o condicionar a un insuficiente PSRM con los votos de descontentos de la derecha que puedan recoger. En el caso de Lorca, la mueven el exdelegado del Gobierno, Peñarrubia, y su socio y presidente de la Cámara de Comercio, Eusebio Abellán; estará encabezada por el industrial del Mármol, José María Miñarro, expresidente del Paso Encarnado, y gozará del apoyo, además, del aparato local del sindicato agrario COAG, de la Comunidad de Regantes presidida por el tal Soler, y por líderes sociales de las pedanías altas. San Esteban ningunea y humilla así a su propio candidato, Jódar, un dirigente que ha venido denunciando internamente la corrupción y que tendrá que gobernar, si pierde el PSOE y desaparece IU, a las órdenes del aparejador y presidente de los promotores inmobiliarios de la Región, el tal Eusebio Abellán, a través del alcaldable Miñarro.

El candidato a la alcaldía de la ciudad de Murcia por parte de los socialistas -Zapatero no ha fijado todavía nuestra capital autonómica como uno de sus objetivos estratégicos al contrario que Alicante, por ejemplo- podría ser una personalidad de fuerte atracción y proyección pública pero que no milita en el partido. Se habla de una mujer profesora en la UMU. En Cartagena ese sacrificio se le podría pedir a la actual portavoz Teresa Rosique tras lo demostrado en la Asamblea Regional, hasta lograr la exasperación y pérdida de compostura de un Valcárcel muy desasosegado y al que sus propios mentores han tachado públicamente de "débil y cobarde". Y en Lorca, está más que "cantada" la opción de un Leoncio Collado, por cierto, sin ningún perfil ni tirón, que no teme a un cuestionado Navarro, ahora muy desatado con la lengua por los bares de la ciudad. Valcárcel le podría recompensar con la gerencia del Plan de Actuación Especial en Cabo Cope, en su calidad de funcionario autonómico y de converso a su política. Se descarta su pase a las filas del PP lorquino pero anima en la sombra, y ayuda a vertebrar, la citada candidatura independiente para dañar al PSRM.

La primera circunstancia condicionaría bastante la composición de una candidatura al Ayuntamiento de Murcia, en la que tendría mucho que ver el concurso de la sede federal de Ferraz. Y, firmemente, la no repetición como candidatos del PSOE de los actuales alcaldes de Lorca y Los Alcázares y, probablemente, también de La Unión y Jumilla. En septiembre Escudero, y en octubre Navarro, anunciarán su intención de no volver a presentarse con las mismas siglas. No es descartable, en absoluto, que ambos conformen o animen públicamente otras independientes en la órbita económica del PP, aspecto improbable en los casos de Sanes y Abellán, mucho más de fiar pese a sus últimas fechorías urbanísticas.

En Águilas, en cualquier caso, no encabezará un Alcolea situado fuera del perfil de candidato que ahora necesita el PSRM y, mucho más, en esa población emblemática para la izquierda y la derecha. Si no hay sorpresas, será Ramón Román, que tendrá que pactar con IU frente a sus excompañeros expulsados del partido, liderados ahora por el empresario Pedro Gil, y la candidatura que financie el promotor de La Zerrichera y presidente del Águilas Club de Fútbol, Trinitario Casanova Abadía, para intentar apuntalar conjuntamente a la candidatura de un PP local desprestigiado y que huele mal por sus componendas urbanísticas.

Las diversas encuestas fiables y solventes, tanto en poder del PP como del PSRM, dan todavía cierta ventaja en la intención de voto a favor de los primeros (60/40) respecto a la Comunidad Autónoma aunque los segundos confían en un definitivo "gol" en el último minuto, al menos que Valcárcel anuncie antes su retirada arguyendo "razones familiares". Su recurrente confirmación como candidato por parte de Génova 13 al no contar el errante Rajoy en Murcia con algo mejor que presentar, que una figura desgastada y bajo sospecha, indica el oculto propósito de la cúpula nacional de su partido de abandonarlo a su propia suerte y deshacerse de él a manos de la izquierda de cara a la segunda refundación de un PP que, presumiblemente, será derrotado por segunda vez consecutiva en las elecciones generales de 2008 (o anticipadas de 2007) ante su fuerte tendencia a deslizarse del centro político hasta la extrema derecha. A ninguna joven promesa del PP nacional, tipo Elorriaga, se le ocurrirá dejarse caer por aquí en la precampaña como telonero de Valcárcel.

Esa tendencia es mucho más acentuada en la Región de Murcia por la decisiva influencia de los neofranquistas vergonzantes, desde hace exactamente treinta años, Egea y García, enrocados como siempre en sus respectivas y dañadas instituciones pero incapaces de someterse al veredicto de las urnas para mandar sin necesidad de testaferros incapaces; algo perfectamente detectado con cierta preocupación desde Bruselas que, como ya se puede comprobar, no nos está dando la más mínima ventaja con un Valcárcel al frente de nuestros asuntos públicos. Allí se respiraría con cierto alivio si desapareciese de nuestra escena política y fuese sustituido por un demócrata moderado como Saura o, incluso, por una personalidad de su propio partido pero mucho más de centro, joven, preparada, integradora, no tan condicionada y tolerante.

La derecha sociológica murciana más europea y pensante, detesta la opción de Valcárcel a un cuarto mandato porque eso significaría, de nuevo, la vuelta de la izquierda por mucho tiempo. Además, puede pasar que perdida, como parece, la mayoría absoluta, el PP no pueda ni plantearse un gobierno regional en minoría ante una coalición postelectoral entre el PSRM e IU, de la que ya ha hablado Pujante respecto a Lorca, incluso si se presenta y obtiene escaños un nuevo partido regionalista de centro, ya en marcha con el objetivo de sacar de San Esteban a todos los presuntos corruptos para normalizar nuestra democracia regional con figuras de calidad extraídas de cierto empresariado y de profesionales de prestigio y confianza repartidos por toda la geografía murciana. Su financiación está más que asegurada desde instancias políticas foráneas, interesadas en la vuelta de la Región a un sistema democrático no asaltado por capos.

En el caso de IU, la opción más pro PSOE de Pujante que la de David Hernández en la pasada elección de coordinador general en la Región de Murcia y la presencia en el Ministerio del Interior, junto al socialista Rubalcaba como asesor, del histórico exdiputado regional y nacional, Pedro Antonio Ríos, no condicionaría la casi segura candidatura del catedrático de Medicina, Pedro Marset (arriba en la fotografía), a la alcaldía murciana como colofón de su, honesta y de calidad, trayectoria política, incluido su paso por el Parlamento Europeo. Su figura es admirada y respetada por amplios círculos de la izquierda y el centro progresista, y arrastraría la participación electoral de sectores muy reticentes con el PSRM y menos con una IU más combativa que en anteriores legislaturas regionales.

En cualquier caso, la izquierda murciana y el nuevo centro progresista guardan en la manga un arma electoral, más discreta que secreta, a utilizar sólo en el caso extremo de tener que desalojar, por exigencia histórica y obligación democrática, necesariamente de San Esteban a una extrema derecha controlada desde fuera por presuntos delincuentes de cuello blanco, dispuestos a desactivar el sistema, tal como se ha visto con la falta de respeto público al propio Valcárcel en cuanto ha desobedecido una sóla orden concerniente al interés particular de uno de los financiadores autóctono, que le sostiene y le apoya con un costoso aparato de propaganda diaria pagada por él para confundir y engañar a los murcianos no avisados o excesivamente confiados.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy bien, Paco. Una cosa será lo que se cueza por arriba y otra lo que se está cociendo por abajo. Empecemos por arriba. En el caso de Navarro: montará su propio partido para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas. Siguiendo por arriba: se meterá miedo a la analfabeta población con el comunismo, patatín, patatán, y con el guerracivilismo hídrico, que la izquierda ecologista no quiere agua para Murcia, patatín y patatán. En el interior del PSOE murciano se exigirá, por tanto, un giro hacia la izquierda, tipo ZP versión PS, que dejará al descubierto a sectores de este partido más bien de centro derecha y medrosos de siempre: meapilas de campanario, agua bendita y cirio procesional. Otra estupidez sería reproducir de nuevo la situación 1984-1993. Cosa que la derecha social y económica volvería a reivindicar para sí. De estos malabarismos el pueblo sabrá distinguir, el poder no sólo corrompe sino que resquebraja sus propios cimientos. Hay una sociedad murciana que sabe lo que no quiere y se movilizará hasta el final. Y este fin de semana Murcia será batida por los tambores de un PP instalado en su absurdo ultraderechismo estéril. Cada día que pasa los Rajoy y Valcárcel son menos creíbles para la gobernanza que requieren los nuevos tiempos: son los responsables de la especulación inmobiliaria en masa, la criminalización y mafiasificación de la actividad política, el desarrollo insostenible y suicida..., en definitiva, son la encarnación de la corrupción más soez y hortera. (Y es que, como son tan echaos palante). Y como no tienen más ideas que una folclórica (excúsame este atrevimiento), repiten y seguirán repitiendo sus eslóganes doctrinarios para mentes oxidadas. Veremos hasta dónde sabrá llegar y sabrá ofrecer el que ya tuvo el poder hasta 1995, el PSRM-PSOE.

Anónimo dijo...

Paco, en mayo, cuando el PP le meta otro repaso a Saura y sus chicos, te veo tragando artículos y profecías hasta el empacho. Y yo que lo disfrute.

Anónimo dijo...

Capítulo dedicado a la Región de Murcia en el informe Destrucción a toda costa, de julio de 2006, sobre la situación del litoral español, de Greenpeace. Páginas 192-208. Otras referencias en las páginas 2, 9-10, 13, 16, 18, 23 y 37

Fuente: http://www.greenpeace.org/espana/reports


Según datos del INEM sobre el crecimiento de las diferentes regiones de España, entre 2000 y 2004 Murcia fue la región que más creció, siendo la actividad más destacada la construcción, con un aumento del 31%. La Región de Murcia se ha incorporado con ansiedad a la fiebre constructora. Las cifras rozan lo increíble, y bailan desde las 300.000 a las 800.000 nuevas viviendas, duplicando o incluso triplicando la población actual de la región. Los casos de corrupción asociados a la urbanización han salpicado este último año a varias administraciones municipales e incluso al Gobierno regional. El Tribunal Superior de Justicia estudia los casos de una decena de municipios sobre los que planea la corrupción urbanística. Los indicios apuntan claramente a la legislación en materia de suelo, urbanismo y protección del medio ambiente, diseñada para permitir los pelotazos urbanísticos. En el caso de la Región de Murcia se añade, a diferencia de otras Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana o Galicia, con legislaciones muy similares, una desprotección de espacios naturales protegidos que permitirá, si el Tribunal Constitucional no actúa con rapidez, destruir los mejores valores ambientales de la Región de Murcia. Las cifras del turismo en la Región de Murcia van en alza y eso es lo único que parece importar ya que los costes ambientales que acarrea el consumo insostenible de recursos como el agua, el suelo o la energía no se incorporan al precio real de los proyectos, y la Consejería de Industria y Medio Ambiente, que debería andar preocupada con estos temas, se afana en servir de coartada en la destrucción metro a metro del patrimonio ambiental y cultural de esta región. Durante la estancia de Francisco Marqués, ya ex consejero, al frente de Medio Ambiente, esta región ha vivido una sucesión de atropellos a los espacios naturales protegidos, muchos de los cuales se encuentran en los tribunales. Greenpeace considera imprescindible la creación de una Consejería de Medio Ambiente que trabaje y defienda el patrimonio ambiental de la Región de Murcia. Es igualmente necesaria una revisión urgente de la Ley del Suelo regional y la declaración de una moratoria sobre todos los planes urbanísticos hasta que concluya dicha revisión. Greenpeace junto a la asociación ANSE ha solicitado al Gobierno regional una moratoria a la creación de nuevos puertos deportivos en el litoral de la Región de Murcia hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el consenso de todas las administraciones y agentes con competencias e intereses en esta materia.

Urbanización y turismo
La Región de Murcia registra más licencias de edificación que la Comunidad de Madrid pese a que ésta tiene cuatro veces más población. Los proyectos que ya se conocen suman en conjunto 300.000 viviendas y 40 campos de golf, pero las previsiones llegan hasta las 800.000 viviendas, según una recopilación efectuada por la Escuela de Arquitectura de Alicante. La Región de Murcia se ha incorporado tarde al “boom” urbanístico, pero ha llegado con la “lección bien aprendida”. Para ello ha puesto en marcha una normativa urbanística y relativa a los espacios naturales protegidos, para las que lo principal es el ladrillo y el resto gira en torno a facilitar la especulación urbanística. Según las previsiones de urbanización, siete de sus municipios crecerán más del 50% entre 2005 y 2014: Alhama de Murcia (121%), Águilas (84,5%), Los Alcázares (79,7%), Santomera (69,7%), Abarán (64,2%) y San Javier (51,1%). El incremento de la población en los próximos 15 años será del 51,7%, sobrepasando los dos millones. La Ley del Suelo de 2001 de la Región de Murcia considera urbanizable todo el territorio que no esté estrictamente protegido. La Disposición adicional octava de esta Ley, denunciada ante el Tribunal Constitucional, desprotegió y recalificó como urbanizables 15.000 hectáreas clasificadas como espacios naturales protegidos y es allí donde se ubican algunos de los proyectos más monstruosos de todo el litoral español, como el de Marina de Cope. Y, al igual que ocurre en la Comunidad Valenciana, los proyectos ya no se circunscriben únicamente a la costa, sino que se ejecutan en el interior. Las Directrices de Ordenación del Litoral, que regulan los 271 kilómetros de costa murciana, reservan 85.849 hectáreas aptas para su urbanización. El índice de edificabilidad es del 0,14 m2/m2 (un 14% de cada metro cuadrado), lo que puede suponer 1.100.000 nuevas viviendas en la costa. Las Directrices son una herramienta más para facilitar el desarrollo urbanístico. Ecologistas en Acción de la Región Murciana acaba de presentar un contencioso- administrativo contra esta normativa por sus graves carencias jurídicas y de procedimiento, así como su falta de rigor e insuficiencias en sus contenidos. El Gobierno regional debería hacer caso de varios informes, como el elaborado por la consultora Aguirre Newman sobre el mercado turístico residencial, que muestran que la Región de Murcia es la comunidad autónoma de toda España donde se produjo un descenso más acusado, del 12,8% en las ventas de viviendas durante el año 2005, disminución achacada al “exceso de oferta”. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal ha abierto hasta la fecha doce diligencias informativas sobre presuntas irregularidades urbanísticas en varios ayuntamientos de la Región de Murcia: Cieza, Mazarrón, San Javier, Águilas, San Pedro del Pinatar, Murcia, Los Alcázares y La Unión. En una entrevista, López Bernal calificó los convenios urbanísticos que firman los ayuntamientos con las constructoras de “peligro evidente” de corrupción y se mostró partidario de la suspensión de las obras mientras se investiga un presunto delito urbanístico.

Proyectos urbanísticos de mayor envergadura Localidad / Características
Murcia (interior) El PGOU autoriza la construcción de 120.000 viviendas y 14 campos de golf. Alhama de Murcia (interior) 9 millones de metros cuadrados. 28.000 nuevas viviendas, 6 campos de golf, un aeródromo, un club de hípica, un balneario y un estadio de fútbol. Marina de Cope 21 millones de metros cuadrados. 11.000 viviendas, 24 hoteles con 23.000 plazas hoteleras, 5 campos de golf, club hípico y estadio de fútbol. Valle de Ricote (interior) En Cieza (34.193 habitantes) se construirán 37.150 viviendas y cinco campos de golf. En Ulea (994 habitantes) se han declarado urbanizables 13 millones de m2 para ubicar 21.000 viviendas y varios campos de golf. Ricote (1.500 habitantes) ha aprobado la construcción de 7.000 nuevas viviendas y un hotel a través de cuatro convenios urbanísticos.

Cieza: prevaricación y falsedad
En Cieza, donde mediante diferentes convenios urbanísticos el ayuntamiento ha recalificado ya 20 millones de metros cuadrados para su urbanización, el alcalde ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación por su actuación en la aprobación del convenio urbanístico ”Golf Benís”. El alcalde de esta localidad del interior de la Región de Murcia está acusado de haber cambiado en el expediente municipal los planos de los terrenos afectados para ocultar que incluían 230.000 m2 ubicados en varias fincas propiedad de una hermana de la concejala de Urbanismo del consistorio, la popular Concha Marín-Blázquez. El objetivo era poder permutar 120 hectáreas de terrenos que se recalificarían para construir un complejo turístico con campo de golf.

Los Alcázares: “Marbella connection”
El juzgado de San Javier tramita dos querellas contra Juan Escudero, alcalde socialista de Los Alcázares, y Mariano Ayuso, arquitecto municipal, por los presuntos delitos de falsedad en documento, prevaricación y fraude a ente público. En ambos casos, se produjeron adjudicaciones directas de fincas públicas a Dorma Golf SL, cuya administradora única es Inmaculada Camacho Escudero, cuñada del arquitecto y prima segunda del alcalde. La denuncia involucra también al cerebro de la operación de corrupción y ex asesor de urbanismo en Marbella, Juan Antonio Roca, ya que una de las fincas de la querella fue cedida a Dorma Golf por la compañía inmobiliaria Masdevallía SL, propiedad de Roca. La cesión se realizó sin que conste que mediara pago alguno y con 215 m2 más de lo estipulado. La finca La Loma, de 100 hectáreas, fue comprada por Roca a tres euros el metro cuadrado en 1999. En diciembre de 2005, gracias a la recalificación aprobada por el ayuntamiento, la finca pasó a ser urbanizable, adquiriendo un precio de 200 euros el metro cuadrado. Otra de las implicaciones de Roca en Los Alcázares se conoció tras la detención y encarcelamiento de su supuesta testaferro, Montserrat Corulla quien, a través de la empresa Condeor SL, blanqueaba dinero mediante la compra de inmuebles. Tras la compra en 2001 de un antiguo cine, el Ayuntamiento de los Alcázares firmó un convenio con Condeor para construir allí un hotel. La operación fue posible mediante la recalificación municipal de los terrenos para su uso hotelero a cambio de que la empresa colaborara en la financiación de la nueva sede del ayuntamiento con 631.000 euros.

Águilas: los espacios naturales protegidos del concejal
El ayuntamiento de Águilas ha dado el visto bueno a la construcción de más de cuatro mil viviendas, un hotel y un campo de golf gracias a la recalificación de 2,5 millones de metros cuadrados de terreno en la finca La Zerrichera en la Sierra de Almenara, un área calificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y protegida por la Unión Europea al estar integrada en la Red Natura 2000. El Gobierno de la Región de Murcia pidió la desclasificación de estos terrenos a la Comisión Europea. También la empresa urbanizadora, el Grupo Inversor Hispania se dirigió a la Comisión para pedirle la modificación de los límites del LIC y ZEPA de la Sierra de Almenara. El concejal de Agricultura de la localidad, el popular José López, ha sido destituido por votar a favor de la recalificación de los terrenos protegidos siendo uno de los grandes propietarios de los mismos. El concejal había cedido los terrenos al Grupo Inversor Hispania a cambio de ocho parcelas completamente urbanizadas de, como mínimo, 500 metros valorada cada una en 162.000 euros. A su vez, cuatro concejales socialistas han sido expedientados por su partido por ausentarse del pleno en el que se aprobó la recalificación, contribuyendo así a su aprobación. Las sospechas de corrupción no se quedan en estos concejales, sino que se extienden también al alcalde de la localidad, el popular Juan Ramírez Soto, al Director General de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y al ya ex consejero de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués. A pesar de que en agosto de 2004 la Dirección General del Medio Natural emitió un informe contra el cambio de uso de La Zerrichera, en octubre de 2005 la Dirección General de Calidad Ambiental daba su visto bueno al cambio, justo dos días antes de que el pleno municipal aprobara la recalificación. Otro detalle curioso es que la Declaración de Impacto Ambiental positiva para el proyecto fue firmada por el Director General de Calidad Ambiental un día antes de recibir los informes de sus técnicos. En este sentido, el nuevo consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, considera que el caso de La Zerrichera es “un asunto menor”. Aún así, el Gobierno regional todavía no se ha atrevido a autorizar la construcción en la finca. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Murcia contra la orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte que aprueba la modificación puntual del Plan General de Águilas clasificando como suelo urbanizable los terrenos de la Zerrichera. A finales del mes de mayo, la Consejería de Medio Ambiente anunciaba que, supuestamente, se habría “frenado” el trámite de recalificación de los terrenos a través del Plan de Gestión de este espacio natural protegido. ANSE considera insuficiente este trámite para evitar la urbanización, que sólo podría realizarse a través de una modificación de la Declaración de Impacto Ambiental y de la Orden que aprueba la modificación del Plan General Municipal de Águilas declarando estos suelos como urbanizables.

Marina de Cope: el interés regional por destruir un litoral virgen
De 100 a 50.000 personas. Esas son las expectativas que el Gobierno regional tiene para este tramo de litoral casi salvaje que se libró en 1974 de que construyeran una central nuclear y se ha resistido hasta la fecha de la especulación urbanística. Tan sólo un puñado de chalets construidos ilegalmente ocupa las dunas fósiles de esta costa, caracterizada por la abundancia de notables accidentes geológicos e increíbles paleodunas que albergan una singular flora y fauna. Sus valores naturales hicieron que Cabo Cope fuera declarado LIC y ZEPA, dos figuras de protección internacionales que incluían este espacio en la Red Natura 2000 europea. En 2001, la Ley del Suelo acabó con esta protección. Declarado “actuación de interés regional”, lo que, entre otras cosas, otorga la potestad de expropiar directa y urgentemente los terrenos afectados para su puesta a disposición de los promotores urbanísticos, el proyecto Marina de Cope ocupará seis kilómetros de costa virgen y 21 millones de m2 para ubicar 11.000 viviendas, 24 hoteles con 23.000 plazas hoteleras, 5 campos de golf, un club hípico, un estadio de fútbol, un centro cívico, un centro de alto rendimiento deportivo y una marina con 1.500 amarres. La salvación de este tramo de costa se encuentra en los tribunales. La desclasificación como espacio natural protegido en 2001 está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional y la declaración de actuación de interés regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero no se tiene noticia de cuándo se tomará una decisión y si ésta llegará antes de que las máquinas comiencen a destruir un tramo de costa de una belleza inigualable.

Alhama de Murcia: el mundo Polaris
Polaris World es mucho más que una constructora, es un auténtico mundo. La empresa cuenta con 57 filiales que complementan todos los servicios posibles unidos a la compra de una vivienda: seguridad, atención médica, muebles, decoración, jardinería, colegios, restauración, telecomunicaciones… hasta proyectos benéficos. Su historia es fulgurante, creada de la nada en 2001 por dos promotores locales que se dedicaron a comprar terrenos agrícolas con “futuro urbanizable”, en 2006 aseguran disponer de una reserva de 40 millones de metros cuadrados de suelo (la mitad de los cuales no son urbanizables aún) para desarrollar sus proyectos. Polaris World tiene varios proyectos en Alhama de Murcia, localidad situada en el interior a 50 km de Cartagena y a 30 de las playas de Mazarrón, que aumentarán su población un 121% en apenas una década si se llevan a cabo todos los planes de urbanización previstos. Entre los proyectos de la constructora figura el denominado “Condado de Alhama”, cinco resort agrupados sobre una extensión de 9 millones de metros cuadrados para construir 28.000 viviendas y tres campos de golf. En agosto de 2005, ANSE denunciaba que la empresa Polaris World estaba comercializando a través de Internet las viviendas de “Condado de Alhama” sin haber obtenido la recalificación de los terrenos ni haberse aprobado el plan parcial urbanístico. La complicidad de la constructora con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia parecía total. El ya famoso 11 de noviembre de 2005, se votaba en el ayuntamiento la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El voto negativo de la concejal popular Teresa Rodríguez, junto a los del PSOE e IU, impidió su aprobación, dejando en el aire 60.000 viviendas, parte de ellas de Polaris World. En enero de 2006, en una nueva votación se aprobaba el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que, si bien excluía las 60.000 viviendas de la discordia, recalificaba diez millones de metros cuadrados de Polaris como urbanizables. El 14 de febrero, el plan parcial “Condado de Alhama. Sector I”, que incluía la construcción de 12.000 nuevas viviendas, era rechazado en el pleno municipal. El rechazo del plan urbanístico y la negativa de Teresa Rodríguez, expulsada de su partido, llamaron la atención sobre este caso. Así se conoció que Polaris había “adelantado” 1,8 millones de euros al Ayuntamiento de Alhama antes de la recalificación de los terrenos y que el consistorio ya los había gastado; que había “regalado” al Gobierno regional la construcción de una autovía para conectar Alhama con las playas de Mazarrón valorada en diez millones de euros y que uno de los dueños de Polaris, Facundo Armero, había sido socio de Carlos Valcárcel, hermano del Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, y del teniente de Alcalde y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, el popular Antonio Sánchez Carrillo, quien había votado a favor de una recalificación de suelos en Murcia capital25 para que Polaris pudiese urbanizar. Uno de los puntos más controvertidos en este caso es el del agua. Polaris siempre ha dicho que estaba construyendo junto a Cajamurcia y la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) su propia planta desalinizadora en Mazarrón para obtener 30 hectómetros cúbicos de agua al año. Pero el pasado mes de febrero se conocía que el Gobierno regional, a través del Ente Público del Agua, había comprometido una dotación de 1,38 hm3 anuales a partir del año 2007 para abastecer a Fuente Álamo y Alhama de Murcia. El compromiso estaba firmado, sellado y remitido al ayuntamiento de la localidad. Tras conocerse la noticia, el consejero de Agricultura negó que se hubiese garantizado esta cantidad de agua a Polaris World. Este caso parece indicar que las preocupaciones del Gobierno de la Región de Murcia se centran en ofrecer agua a las constructoras, aunque sus desvelos públicos por la escasez de este recurso no incluyan este concepto. Pero las relaciones de Polaris no sólo son buenas con el consistorio de Alhama y el de Murcia; parecen ser inmejorables con el gobierno de la Comunidad Autónoma, hasta el punto de que la adjudicación de la gestión de la futura televisión pública digital de la Región de Murcia, así como de ocho canales comarcales de televisión digital, correspondió a un consorcio de empresas entre las que se encuentra Polaris World. Polaris World posee otros siete millones de metros cuadrados en Mazarrón, que todavía no han sido recalificados.

Murcia: “todo queda en familia”
Joaquín Peñalver era hasta hace poco el jefe del planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Murcia. Su padre y su hermano tienen un gabinete de arquitectos que en 2005 gestionó 74 proyectos urbanísticos o, lo que es lo mismo, la práctica totalidad de las iniciativas aprobadas por el consistorio de la capital. Tanto el número de urbanizaciones adjudicadas a este despacho de arquitectos, como el tamaño de las mismas llevó al Colegio de Arquitectos a iniciar una investigación y a abrir un expediente por incompatibilidad a este funcionario municipal. Peñalver solicitó una excedencia el pasado mes de marzo, cuando saltó el escándalo. Además, el jefe de planeamiento urbanístico es socio de Pedro García Meroño, dueño de Polaris World. El fiscal ha abierto diligencias de oficio sobre la actividad profesional de Joaquín Peñalver y sus familiares. El proyecto “Nueva Condomina”, donde 14 promotoras levantarán 19.000 casas y un campo de golf en una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados al norte de la ciudad de Murcia, también se ha visto rodeado de una enorme polémica. El ayuntamiento recalificó 110.000 m2 a la cooperativa Joven Futura, gestionada por la empresa Novel Stamp fundada por el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena. La recalificación se aprobó cuando Berberena ya era edil sin que éste se abstuviera en la votación. Los gestores de Joven Futura están relacionados con el concejal hasta en siete sociedades.

San Javier: los “amigos” del alcalde
El alcalde de San Javier, José Hernández, es un “viejo conocido” de este informe. Este año se ha sabido que es socio de la empresa “Nueva Valencia Al Mar, SL” junto con un arquitecto y los dueños de las constructoras Peinsa y Urdemasa. Peinsa lleva a cabo ocho promociones inmobiliarias en la Región de Murcia, entre la que destaca “Señorío de Roda”, en San Javier, que incluye viviendas y un campo de golf. Urdemasa tiene seis proyectos de obra pública en San Javier. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Javier concedió licencia en octubre de 2002 a la empresa URBAGON SA para la construcción de 225 viviendas en la urbanización Las Góndolas, en La Manga. La autorización fue modificada en 2004 para el nuevo promotor ASONE SL. Vecinos de La Manga se han querellado contra esta licencia, que ni siquiera cuenta con el obligado planeamiento urbanístico ni con el preceptivo informe de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En noviembre de 2004 ANSE denunció que el Ayuntamiento de San Javier estaba realizando el vertido de arenas frente a la zona donde se había autorizado la urbanización, ganando de esta forma un frente de unos 80 metros de longitud y 20 de anchura al Mar Menor, lo que motivó una sanción de la Demarcación de Costas de Murcia que el ayuntamiento ha recurrido y está pendiente de resolución por parte de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. Otra de las obras polémicas aprobadas por el Ayuntamiento de San Javier es la que construye el Grupo 2002 en Veneciola, en La Manga. Aunque la normativa que rige la construcción en La Manga del Mar Menor sólo permite bloques de diez alturas, una conveniente modificación de las normas subsidiarias permitirá la construcción de un hotel de 24 alturas. La construcción no se detiene en Murcia, ni siquiera en aquellos lugares donde la saturación es más que patente. ANSE, junto con Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, ha pedido una moratoria urbanística en el Mar Menor que impida nuevas recalificaciones de terrenos para más desarrollos urbanísticos, así como la paralización de los que ya están en marcha. La Ley del Suelo derogó la Ley de Protección y Armonización de los Usos del Litoral del Mar Menor, lo que supuso favorecer la urbanización de todo el perímetro agrícola de la laguna costera. Posteriormente, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Abiertos, Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo fue modificado para permitir la construcción e incluso las instalaciones deportivas, como campos de golf, dentro de los espacios protegidos. En la actualidad hay 70.000 viviendas previstas en el Mar Menor. En la ribera sur del Mar Menor se ha aprobado el proyecto “Novo Carthago”, en el término municipal de Cartagena. El Plan Parcial aprobado el pasado mes de marzo incluye como urbanizable una zona protegida que ilegalmente ha sido declarada como suelo urbanizable. En total Hansa Urbana, participada por la CAM, plantea construir cerca de 12.000 viviendas en una superficie de más de cinco millones de metros cuadrados. También en el Mar Menor, la ilegalidad planea sobre la urbanización de Lo Poyo, que plantea la construcción de 7.000 viviendas y varios hoteles. La modificación del Plan General de Urbanismo que aprobaba el proyecto fue anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia, así como por el Tribunal Supremo, ante una demanda judicial interpuesta por la asociación ANSE por carecer de Declaración de Impacto Ambiental. Para superar este escollo la Comunidad Autónoma aprobó el año pasado una Declaración favorable al proyecto. Poco conformista, el Ayuntamiento de Cartagena ha modificado sustancialmente el proyecto sin elaborar una nueva evaluación de los impactos. Entre las modificaciones destacan un incremento de la edificabilidad residencial del 20% y de la hotelera en un 25% y la clasificación como urbanizable de la franja de respeto de cien metros en torno al saladar existente. Pero no son éstos los únicos casos donde el ladrillo se impone a la lógica y al desarrollo sostenible. El Ayuntamiento socialista de Lorca acaba de aprobar 9 convenios urbanísticos que permitirán la construcción de 35.000 nuevas viviendas. Y no es más que el principio. En el horizonte de la próxima década se plantean hasta 150.000 viviendas más para esta localidad.

Con vistas a un “green”
Es prácticamente imposible saber cuántos campos de golf se construirán en la Región de Murcia en los próximos años. Cada día se conoce un nuevo proyecto. Los planes residenciales con campo de golf se elevan al medio centenar en la actualidad. Acompañando a los campos de golf irán 18.000 segundas residencias. En el mes de abril ANSE daba a conocer que el Gobierno regional había abierto un expediente al campo de golf “Torre del Rame” por regar con aguas procedentes de pozos complementarios al trasvase Tajo-Segura y no con aguas de la desaladora, como aseguraban los gestores. El mal funcionamiento de la depuradora de Los Alcázares, que vierte sus aguas depuradas al Mar Menor, imposibilitaba su utilización para el campo de golf. El delito cometido por el ayuntamiento es doble, por ocultación de los datos necesarios para realizar la evaluación de impacto ambiental y la iniciación de las obras sin ajustarse a las condiciones medioambientales que exigían el riego del campo con agua depurada. Pero hay gente que piensa de otra forma en Murcia. La explosión urbanística ha propiciado la creación de un movimiento contra toda esta destrucción denominado “La Región de Murcia no se vende”, integrado por 48 colectivos, que ha denunciado de forma valiente e incansable los proyectos que están acabando con el patrimonio medioambiental, paisajístico y cultural de la costa de la Región de Murcia, así como la connivencia entre ayuntamientos, políticos y promotores.

¿Hacia dónde va el turismo?
El turismo aumentó un 11% en la Región de Murcia en 2005, siendo el litoral el destino preferido de los turistas. El pasado mes de mayo, el Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, presentaba en Londres a la Región de Murcia como “auténtico objeto del deseo y escenario de captación de inversiones a nivel mundial”. En la Región de Murcia, el turismo es sinónimo de urbanismo. El sol y playa no se conciben sin el ladrillo y el cemento y, como en la vecina Comunidad Valenciana, los recursos naturales, el agua, la flora y la fauna, sólo tienen valor si adornan una urbanización con campo de golf. Las cifras del turismo en la Región de Murcia van en alza, y eso es lo único que parece importar, ya que los costes ambientales que acarrea el consumo insostenible de recursos como el agua, el suelo o la energía no se incorporan al precio real de los proyectos y la Consejería de Medio Ambiente, que debería trabajar en estos problemas, se afana en servir de coartada en la destrucción metro a metro del patrimonio ambiental y cultural de esta región. El “resort” turístico se ha convertido en una auténtica epidemia. Es el modelo por el que apuesta el Gobierno regional, que lo define como “un modelo sostenible de explotación turística”. Estas ciudades simplificadas, aisladas y perfectas en su imagen también están acabando con el patrimonio y el paisaje de muchos municipios litorales que invaden y para los que la “excelencia turística” queda cada día más lejos. Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Región de Murcia defienden todas las actuaciones que se plantean en la región, se alude al derecho al desarrollo y se habla de confabulaciones en contra de este deseo de unos pocos desalmados que buscan que Murcia sea “el patito feo de la costa mediterránea”.

Actuaciones en el litoral
Las mayores actuaciones en el litoral de la Región de Murcia se centran en La Manga del Mar Menor. Esta lengua de arena se resiente de tanto ladrillo y cemento y sus playas van menguando año tras año. El caos urbanístico que reina en este tramo litoral, potenciado por los ayuntamientos de San Javier y Cartagena, y consentido por el Gobierno regional, está acabando con su reclamo turístico: las playas. El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un proyecto para acondicionar las playas de La Llana, en San Pedro de Pinatar, planteando la creación de cerca de dos kilómetros de playa artificial mediante el traslado de 330.000 m3 de arena que se extraerán de Cala Reona y Cabo de Palos, una zona de alto valor ecológico donde hay presente una pradera de Posidonia oceanica. Los problemas de pérdida de arena de esta playa son debidos a la construcción del puerto de San Pedro de Pinatar, pero las alternativas de regeneración no evalúan la modificación de esta infraestructura, única opción viable a largo plazo para el mantenimiento de la playa. Por el contrario, el puerto ha aumentado su capacidad al doble, se han construido locales comerciales y se tramita la construcción de un hotel en la zona de dominio portuario.

Bahía de Portmán
La bahía de Portmán, en medio de la Sierra Minera de Cartagena soportó durante más de treinta años (1957-1989) el vertido de los residuos mineros al mar, enterrando completamente la bahía entre contaminantes estériles de minería. Los vertidos cesaron en 1990 y comenzaron entonces las discusiones entre las diferentes administraciones para tratar de remediar esta auténtica catástrofe ambiental, pero nada se ha hecho hasta la fecha. A finales de 2005 el Ayuntamiento de La Unión, el Gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente firmaban un convenio para convocar un concurso de ideas, construir un macropuerto deportivo de 1.000 amarres y regenerar ambientalmente la bahía. Acompañando a la firma de convenio, el Ayuntamiento de La Unión aprobaba un incremento del 400% del suelo urbanizable respecto al documento que se presentó como avance del plan general urbanístico, proponiendo la urbanización de la práctica totalidad de la Sierra Minera. El planteamiento de regeneración de la bahía parece abandonar la idea de realizar una recuperación en la que primen los valores naturales que se perdieron. Se corre el peligro de que la actuación que ahora se propone sea la promotora de un excesivo desarrollo urbanístico de la que resultarán culpables las tres administraciones implicadas. En la rambla de Valdelentisco, junto a Isla Plana (Cartagena), comenzaron en enero de 2006 las obras de construcción de una desaladora. Este proyecto, promovido por la Sociedad Aguas de la Cuenca del Segura y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se está ejecutando en una parcela de 130.000 m2 situada en la margen izquierda de la rambla e invade, en su mayor parte, el espacio protegido de La Muela-Cabo Tiñoso (LIC y ZEPA). Además, el emisario submarino que desalojará la salmuera se situará a apenas 1,5 km de distancia de la costa, en medio de la bahía de Mazarrón. Quedará a escasa distancia de las últimas áreas de Posidonia oceanica en buen estado más próximas a la costa. La Comunidad Autónoma no se ha pronunciado contra las irregularidades que rodean a este proyecto, que tiene inversores particulares como promotoras e inmobiliarias que participan de los más de 76 millones de euros que cuesta la obra. La asociación ANSE ha denunciado el caso por el incumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. En la rambla de Valdelentisco, junto a Isla Plana (Cartagena), comenzaron en enero de 2006 las obras de construcción de una desaladora. Este proyecto, promovido por la Sociedad Aguas de la Cuenca del Segura y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se está ejecutando en una parcela de 130.000 m2 situada en la margen izquierda de la rambla e invade, en su mayor parte, el espacio protegido de La Muela-Cabo Tiñoso (LIC y ZEPA). Además, el emisario submarino que desalojará la salmuera se situará a apenas 1,5 km de distancia de la costa, en medio de la bahía de Mazarrón. Quedará a escasa distancia de las últimas áreas de Posidonia oceanica en buen estado más próximas a la costa. La Comunidad Autónoma no se ha pronunciado contra las irregularidades que rodean a este proyecto, que tiene inversores particulares como promotoras e inmobiliarias que participan de los más de 76 millones de euros que cuesta la obra. La asociación ANSE ha denunciado el caso por el incumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Puertos
Greenpeace junto a la asociación ANSE ha solicitado al Gobierno regional una moratoria a la creación de nuevos puertos deportivos en el litoral de la Región de Murcia hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el consenso de todas las administraciones con competencias en esta materia y la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, universidades, cofradías de pesca y asociaciones de defensa de la naturaleza. El puerto de San Pedro del Pinatar no sólo está ocasionando la erosión de la playa de La Llana. La ampliación de estas instalaciones náuticas y la apertura de locales comerciales han multiplicado el número de coches en la zona, lo que ha hecho que el Gobierno regional amplíe la carretera que atraviesa el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y que da servicio al puerto. La potenciación de este puerto es un buen ejemplo de la política de conservación de espacios naturales que lleva a cabo el Gobierno de la Región de Murcia, que usa de coartada los espacios naturales protegidos para complementar la atracción turística de puertos, urbanizaciones o campos de golf. En el litoral de Cartagena se proyecta construir el puerto deportivo de Santa Elena, entre Isla Plana y La Azohía. La infraestructura, que ocuparía 12 hectáreas de costa, albergará 500 atraques y una superficie construida de 5.500 m2. El puerto deportivo se ubicará en la desembocadura de la rambla del Cañar, que quedará completamente destruida como consecuencia de los diques del puerto, el dragado del cauce y la canalización del tramo final de la rambla. La costa de Águilas acoge el proyecto de construcción y ampliación del puerto deportivo de Casica Verde, dentro del LIC Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia, afectando a 9,5 hectáreas. Los 840 amarres planeados vendrán a aumentar aún más la afección que las actividades turísticas ocasionan actualmente y supondrá la destrucción de 15 hectáreas de pradera de Posidonia oceanica, algo prohibido por la Directiva europea de Hábitats que, además, obliga a que el Gobierno regional informe a la Comisión Europea de cualquier obra que se realice dentro de los LICs, hecho que parece no haberse cumplido. El contencioso por la construcción del puerto deportivo de Puerto Mayor, en la salida de uno de los canales de renovación de agua del Mar Menor continúa su andadura. El Ministerio de Medio Ambiente, al igual que Greenpeace y Anse, ha llevado el caso ante los tribunales, denunciando ante el Tribunal Superior de Justicia que las obras que realizaba Puerto Mayor SA no se ajustaban al permiso concedido, ya que el proyecto inicial hablaba de un puerto deportivo mientras que el actual es un complejo turístico con 818 viviendas (aunque llegaron a ser 2.155), un campo de golf y una playa artificial, todo junto con 950 amarres para embarcaciones deportivas. Tras la paralización cautelar de las obras de construcción de este puerto decretadas por el TSJ, los promotores de la obra que se desarrolla en El Estacio han seguido batallando apoyados por el Gobierno de la Región de Murcia, que se sumó a las alegaciones de la empresa para que no se admitiese el recurso presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y no se paralizasen las obras. El informe presentado por el Ministerio de Medio Ambiente ante los tribunales certifica que el listado de irregularidades llevadas a cabo por los promotores de la obra es interminable y que el Gobierno regional incumplió la Ley de Costas con el estudio de impacto ambiental, ya que para construir la dársena deportiva se ha eliminado una superficie de playa de 600 metros de longitud sin compensación con otra equivalente. El Gobierno de la Región de Murcia, además, se ha negado a entregar el expediente del puerto deportivo a los grupos ecologistas, lo que ha obligado al TSJ a amonestar a esta administración. Por su parte, Greenpeace y ANSE han denunciado al Director General de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, ante la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia por un supuesto delito de prevaricación y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente tras conocerse que Alvarado levantó la suspensión de las obras del puerto deportivo26 pese a la existencia de cuatro informes jurídicos elaborados por la propia Comunidad Autónoma que advertían de la ilegalidad de esta decisión. Antonio Sánchez Carrillo, teniente de alcalde y concejal de Fomento de Murcia y famoso ahora por su asociación con uno de los dueños de la constructora Polaris World y su voto favorable a la recalificación de unos terrenos de esta empresa, formó parte del Consejo de Administración de la promotora Puerto Mayor SA hasta 2005.

Contaminación
Los mayores problemas de contaminación del litoral murciano se concentran en el Mar Menor y su entorno, donde el papel de las depuradoras es completamente ineficiente. Los municipios litorales ingresan millones de euros a través de licencias de obra y plusvalías por los desarrollos urbanísticos, mientras reclaman la financiación de las infraestructuras de depuración al Estado o a la Unión Europea. En Cartagena la Depuradora Sur del Mar Menor, que trata las aguas de La Manga, arroja todas sus aguas frente a Cala Reona mediante un emisario submarino que sólo debería utilizarse como aliviadero de emergencia. La instalación fue construida con fondos de la Unión Europea para luchar contra la sequía y su objetivo era reutilizar sus aguas para el riego de los cultivos del Campo de Cartagena, algo que no se realiza debido a las filtraciones de aguas salobres. En la misma localidad, la depuradora de La Loma-Los Urrutias presenta también problemas de filtraciones de aguas salobres y arroja sus aguas insuficientemente depuradas a la rambla del Miedo. En Los Alcázares, la obsoleta instalación depuradora es insuficiente para tratar las aguas procedentes del enorme desarrollo urbanístico del municipio, vertiendo las aguas en pésimas condiciones a la rambla del Albujón, desde donde llegan al Mar Menor. Esta rambla también recibe, y vierte al mar, una parte de las aguas de la recién inaugurada depuradora de Torre Pacheco. La depuradora de San Javier fue conectada a la de San Pedro del Pinatar sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental para evitar la inundación de la carretera del aeropuerto debido al desbordamiento de las balsas de la depuradora. Ambas depuran insuficientemente sus aguas, que salen a través de un emisario submarino al Mediterráneo frente al Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Entre los funcionarios de la región circula un ácido proyecto de Estatuto que establece que la unidad de medida será “el metro urbanizable” y cuyo artículo tercero fija que el escudo de la comunidad constará de “un ladrillo del 6 escoltado por cuatro campos de golf”. Extraído del artículo “Descontrol inmobiliario en Murcia”. El Mundo. 28 de noviembre de 2005.

“El «Murcia no se vende» ha podido con el «Agua para Todos», precisamente por la burda manipulación bastarda del segundo frente a la contundente nobleza y arrojo del primero”. Francisco Poveda. Sociedad civil frente a testaferros. Vegamediapress.com. 31.05.06

“Es el momento de hacer turismo sin complejos: frente a los francotiradores políticos e informativos, el desarrollo del litoral responde a un modelo avalado por la Unión Europa”. José Antonio Ruiz Vivo Secretario General de la Presidencia.

Francisco Marqués, ex consejero de ¿medio ambiente?
Durante el corto mandato de Francisco Marqués como consejero de Medio Ambiente (no ha llegado a dos años), y más adelante también de Industria, se han aprobado parte de los desarrollos urbanísticos más importantes y polémicos de la Región, no sólo La Zerrichera, sino también las urbanizaciones de Novo Cartago o Lo Poyo, en la ribera sur del Mar Menor, además de las Declaraciones de Impacto Ambiental de numerosas Modificaciones y Revisiones de Planes Generales de Ordenación de diversos municipios de la Región de Murcia, como Alhama, Lorca y Caravaca. También durante el mandato de Marqués se han continuado o iniciado infraestructuras de gran impacto en espacios protegidos: ampliación de las carreteras que cruzan los Parques Regionales de Calblanque y San Pedro, construcción de una nueva dársena deportiva y zona comercial en el puerto de San Pedro, en pleno corazón del Parque, construcción de un puerto deportivo en Casica Verde (Águilas), dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia, y han sido aprobadas otras como la construcción de una desaladora dentro del espacio protegido de Calblanque. Por cierto, que la Consejería no ha hecho absolutamente nada para impedir la construcción por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la macro-desaladora de Valdelentisco dentro del espacio protegido de La Muela- Cabo Tiñoso. Extraído del artículo “Que me digan un solo ejemplo…” de Pedro García. La Verdad. 17 abril 2006

Los espacios naturales como complemento del turismo
El Gobierno de la Región de Murcia concibe los espacios naturales protegidos de la región como áreas idóneas para la construcción de multitud de infraestructuras y equipamientos que contribuyen de forma decidida a su degradación. El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro sucumbe bajo el yugo del puerto deportivo, los centros comerciales y la carretera que alberga. La Comunidad Autónoma construyó la Depuradora Sur del Mar Menor en Calblanque y ha aprobado recientemente una desaladora dentro del mismo parque. Ha ampliado la carretera Portmán-Atamaría que discurre entre Monte de Las Cenizas y Peña del Águila, incumpliendo el Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Ha construido estaciones de bombeo de aguas residuales en los Paisajes Protegidos de Lo Poyo y un puerto deportivo dentro del Lugar de Interés Comunitario Casica Verde. En Águilas se ha planteado la urbanización de más de 4.000 viviendas en La Zerrichera, dentro del LIC y ZEPA Sierra de La Almenara. Fuente: ANSE

El engorde de atún: un camino hacia el desastre
El engorde de atún comenzó en el mar Mediterráneo en 1997. Desde entonces se ha expandido por toda la región de forma poco o nada regulada, guiada fundamentalmente por las decisiones de unos pocos inversores. Ya son 11 los países que cuentan con instalaciones para el engorde de atún. En España hay 14 granjas. El engorde de atún es una actividad altamente industrial que consiste, básicamente, en engordar atunes en jaulas flotantes instaladas cerca de la costa. Allí, los atunes son alimentados durante 6-7 meses con pescado fresco o congelado hasta que aumenta su tamaño y su contenido en grasa, incrementando su valor comercial en Japón y otros países. La existencia de estas granjas supone una presión añadida a nuestras zonas costeras. Además, supone un incremento del esfuerzo pesquero, ya que para que el atún engorde un kilo es necesario alimentarle con 20 kg de otras especies pesqueras. Para mantener vivos a los atunes que van a ser engordados, la captura se lleva a cabo utilizando barcos cerqueros. Por tanto, el engorde de atún depende de la actividad de este segmento concreto de la flota pesquera. Una vez capturados, los atunes son transbordados a jaulas remolcadas por barcos que los transportan hasta las granjas. La expansión de esta actividad es muy difícil de justificar teniendo en cuenta que el engorde de atún depende totalmente de la pesquería de atún rojo, una pesquería que afronta serias dificultades desde hace más de una década. Tanto científicos como ONGs advierten constantemente sobre los elevados niveles de captura. La capacidad total de las granjas de atún es de 51.012 toneladas, de las que a España corresponden 11.852 toneladas. Esta eleva elevada cifra supone un indiscutible incentivo para la pesca ilegal en la región mediterránea, donde la cuota de pesca establecida es de 32.000 toneladas. De hecho, como señala la FAO, “desde 1996, los porcentajes de atún rojo para engorde se han incrementado continuamente, de forma que, actualmente, la mayor parte de atún rojo capturado en el Mediterráneo se destina a granjas de engorde”. Greenpeace considera que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICCA) debe aprobar una serie de medidas urgentes en relación con las granjas de atún: ■ programa independiente de observadores en las granjas de engorde que documente y comunique las capturas; ■ envío de información precisa sobre las actividades de pesca y engorde a CICCA de forma regular, así como acceso público a esta información; ■ finalmente, la expansión de las actividades de engorde de atún debe ser detenida hasta que la población de atún rojo se recupere y la pesquería esté gestionada de forma adecuada. Actualmente, el engorde de atún proporciona una vía de escape para aquella parte de la industria que valora las ganancias a corto plazo por encima de la supervivencia del atún rojo y el futuro de esta pesquería. A no ser que se den estos pasos, el tiempo se acaba para el atún rojo en el Mediterráneo. Con una red de reservas marinas de gran tamaño que proteja sus zonas de cría y alimentación y una pesquería bien gestionada, tanto el atún rojo como los pescadores que dependen de él, pueden tener un futuro en la región mediterránea.

Enlaces de interés
Asociación de Naturalistas del SurEste (ANSE): www.asociacionanse.org
Ecologistas en Acción de la Región murciana: www.ecologistasenaccion.org
Plataforma La Región de Murcia no se vende: murcia-no-se-vende.blogspot.com

SITUACIÓN GENERAL EN ESPAÑA
En el último año se han aprobado 1.479.000 nuevas viviendas, 303 campos de golf y 116 puertos deportivos o ampliaciones de éstos. Además se han conocido 102 casos de corrupción urbanística.
Greenpeace ha presentado el informe Destrucción a toda costa 2006 en el que analiza el estado del litoral. El informe repasa las principales amenazas, destacando la saturación urbanística, el aumento del número de campos de golf, los numerosos casos de corrupción asociados al urbanismo, el incremento de nuevos puertos deportivos y los graves problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales.

Los datos analizados del último año reflejan una falta de acción política para proteger de forma efectiva el litoral a pesar del amplio consenso entre la ciudadanía sobre el alto grado de degradación de nuestro entorno costero.

Principales cifras recopiladas este año en el informe para todo el Estado:
• 1.479.000 nuevas viviendas;
• 303 nuevos campos de golf;
• 102 casos de corrupción urbanística investigados o sentencias contrarias a la urbanización;
• 116 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos, con capacidad para 42.337 embarcaciones;
• 99 localidades con vertidos contaminantes en su litoral.
Del análisis de las principales variables analizadas cabe señalar a la Comunidad Valenciana y a Andalucía como aquéllas que menos cuidan su litoral, especialmente en lo referido a la construcción de nuevas viviendas, campos de golf y puertos deportivos. A continuación se sitúa la Región de Murcia que, a pesar de presentar menos proyectos, añade una característica muy preocupante: la agresión a los espacios naturales protegidos. Después se situaría Galicia, con un enorme número de proyectos surgidos este año que amenazan con desfigurar completamente su costa. Del resto de comunidades autónomas, Cantabria, Baleares y Canarias albergan una cifra menor de agresiones, aunque muchas de ellas supondrán un grave deterioro de su litoral. Asturias, con menos “puntos negros”, destaca por la elevada cantidad de proyectos urbanísticos investigados por la justicia. Por último, Cataluña y Euskadi acumulan menos amenazas y ambas destacan por las medidas positivas para su litoral reflejadas en sus legislaciones.

En el informe Destrucción a Toda Costa 2006 Greenpeace analiza los mayores problemas del litoral en cada una de las comunidades autónomas costeras:

1.- URBANIZACIÓN: la costa española cada vez se aleja más de un desarrollo sostenible que concilie el desarrollo urbanístico con la protección del medio. Desde la publicación del informe del año pasado, 1.479.000 nuevas viviendas se han aprobado en las regiones costeras. La Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia superan las 300.000 y Galicia se queda a las puertas de esta cifra. La mayor parte de las nuevas residencias se concentran en proyectos con campos de golf. Andalucía es la primera con más de 150, seguida por la Comunidad Valenciana con 48 campos proyectados.

Los casos de corrupción urbanística o sentencias contrarias a la urbanización se repiten en el litoral. Las instituciones de justicia investigan en la actualidad un centenar de casos que involucran a alcaldes y concejales de todos los colores políticos. La Comunidad Valenciana tiene 30 causas abiertas. La siguiente en número de casos conocidos es Andalucía, con 21 litigios y más de 70.000 viviendas ilegales repartidas por su litoral. Al “caso de Marbella” se suman los de otras localidades como El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Almuñécar. A continuación se sitúan Asturias, con 17, y la Región de Murcia, con una decena de faraónicos proyectos investigados.

PETICIONES DE GREENPEACE: los desarrollos urbanísticos deben contemplar una visión a largo plazo; los problemas de financiación de los ayuntamientos no pueden dar cobertura a las ilegalidades urbanísticas. Debe lucharse desde todos los ámbitos contra la corrupción. De igual forma, las constructoras acusadas de continuar obras paralizadas por la justicia deberían ser incluidas en listados a disposición de todos los municipios y ciudadanos. La construcción de campos de golf asociados a viviendas debe prohibirse mientras sea utilizada como una herramienta de especulación urbanística.

2.- TURISMO: a pesar de que España sigue siendo el segundo destino turístico mundial, las cifras de ocupación del pasado verano no ocultan que esta industria experimenta una caída por tercer año consecutivo durante los meses de verano. El cambio de los hábitos turísticos parece haberse consolidado y se traduce en una disminución de la ocupación hotelera y de la rentabilidad de los establecimientos. A pesar de que la saturación de la línea costera es la mayor responsable de los malos datos del turismo, entre 2000 y 2004 continuó creciendo el número de hoteles, destacando Andalucía con un aumento del 29%, la Comunidad Valenciana (22%) y Canarias (19%).

PETICIONES DE GREENPEACE: El turismo no puede mantenerse con la misma lógica de crecimiento ilimitado e indiscriminado. Debe analizarse su situación real y los destinos “maduros” para reorientar el modelo en direcciones más sostenibles. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debería tomar medidas para impedir la ruina de este sector.

3.-OBRAS Y ACTUACIONES EN LA COSTA: Durante el último año se ha podido apreciar un cambio en la gestión realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de la franja costera sobre la que tiene competencias. Se han anunciado varias medidas y planes que, sin embargo, no se han concretado. Es el caso del Plan Director para la Sostenibilidad o el plan para la compra de terrenos en el litoral, convenientemente anunciados pero sin criterios claros que los respalden.

El Ministerio ha avanzado en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, pero aún le quedan 3.000 km. para concluir el deslinde. Acuerdos como el alcanzado por la Dirección General de Costas para que dos hoteles que ocupan ilegalmente las dunas en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura) obtengan una concesión de ocupación muestran que ni siquiera este organismo valora en su justa medida la conservación de la costa.
La construcción de paseos marítimos y la reposición artificial de arena en las playas erosionadas continúa llevándose una gran partida de los presupuestos para la costa. La arena para estas regeneraciones es cada vez más difícil de obtener y la Dirección General de Costas recurre a actuaciones que incumplen claramente la legalidad ambiental.

PETICIONES DE GREENPEACE: las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente deben centrarse en la conservación del litoral y abandonar las actuaciones que no reportan beneficios a la costa, como la construcción de paseos marítimos. Es imprescindible que el Ministerio cumpla escrupulosamente la legislación ambiental. Por último, el Ministerio debe revocar los cambios introducidos en 2002 en la Ley de Costas, que fomentan la ocupación de la costa.

4.- PUERTOS: Este año Greenpeace ha contabilizado un centenar de nuevos proyectos para ampliar o construir puertos deportivos y aumentarán en 42.000 el número de atraques en el litoral. La proliferación desmedida de estos puertos, cuyos permisos de construcción son otorgados por las comunidades autónomas, carece de la necesaria planificación y gestión, por lo que siguen ocasionando graves problemas de erosión y contaminación. De toda la costa, Andalucía es la que ha presentado más proyectos (8.571 amarres), seguida de Baleares con 7.560 y la Comunidad Valenciana con 6.975 nuevos atraques deportivos.

PETICIONES DE GREENPEACE: moratoria sobre nuevos puertos deportivos mientras no existan documentos de planificación autonómicos visados por el Ministerio de Medio Ambiente.

5.- CONTAMINACIÓN: la costa española se encuentra muy lejos de cumplir los requisitos que impone la directiva europea sobre depuración de aguas residuales. El 13% de las aguas residuales urbanas e industriales se vierten directamente al mar sin ningún tipo de depuración. Ciudades como Ferrol, Algeciras o Benalmádena carecen de depuradora.

PETICIONES DE GREENPEACE: la aprobación de los planes urbanísticos debe exigir como requisito previo cubrir las necesidades de depuración correspondientes.


Campamentos de verano de Greenpeace: http://archivo.greenpeace.org/campamentos/index.htm