La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.
El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.
Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.
En concreto, se citan nueve formas de operar:
1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.
2. La modificación de los planes es frecuente.
3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.
4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.
5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.
6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.
7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.
8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.
9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.
Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”.
La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.
El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien apunta que las administraciones locales, especialmente las que gobiernan los pueblos costeros, son las más vulnerables a la corrupción por su dependencia del urbanismo.
Este hecho, constatado a través de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción y las sentencias del Tribunal Supremo, tiene su origen en la dependencia de los ayuntamientos de los ingresos urbanísticos.
Por esta razón, en opinión de Villoria, los alcaldes son tan proclives a firmar convenios urbanísticos. Además, la vigilancia sobre las construcciones ilegales "es poco intensa", mientras que las sanciones no tienen capacidad disuasoria "porque consisten en una multa y rara vez en la demolición".
En este contexto, Villoria cree esencial que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo de financiación municipal para cortar esta dependencia de los ingresos urbanísticos. También entiende imprescindible que se endurezca la ley de incompatibilidades para prohibir taxativamente que un constructor o un empresario que contrate con las administraciones sea alcalde.
En el informe se pone de manifiesto que aproximadamente el 30% del precio de las casas en España se paga con dinero negro, un dato que, a juicio de Villoria, no pasa desapercibido en Hacienda. En su opinión para poner freno a esta práctica sería necesario actualizar el catastro e investigar todas aquellas ventas que se produzcan formalmente por debajo de los precios establecidos.
En el informe se pone de relieve cómo la corrupción va vinculada a la inestabilidad política y a la aparición de partidos independientes con fuerte dependencia de grupos inmobiliarios, aunque también destaca que los partidos tradicionales se ven asaltados por militantes que responden a intereses ajenos al político.
Villoria sospecha que los sucesivos gobiernos realmente no ponen en marcha las medidas precisas para impedir la corrupción vinculada al urbanismo porque "la construcción representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto (PIB) y es difícil, por tanto, que se tomen medidas drásticas que se sabe que penalizarían una actividad clave".
Este panorama se cierra, según resalta el estudio de Transparencia Internacional, con la corrupción judicial. "La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. Así, donde es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias", sentencia. Villoria precisa, además, que la judicatura española es una de las que peor imagen, "sino la peor", transmiten en Europa. "En teoría los jueces se autocontrolan, pero no lo hacen y muestran gran corporativismo".
Para Villoria 'negocios y política cada vez van más unidos' y destaca el sector de la construcción en España como 'el más peligroso para la ética empresarial, influye en el blanqueo de capitales de los grupos criminales, se conecta con la corrupción política de los ayuntamientos y con la financiación de los partidos políticos'.
Ya en su informe de 2005, TI decía que la retención de bolsas de suelo en el entorno de las ciudades más pobladas y con mayor densidad, a la espera de recalificaciones, viene a ser el denominador común de unas prácticas que sitúan a España entre los países más corruptos de la UE por obra y gracia del fraude inmobiliario. De acuerdo con esta organización, se trata de los lodos que arrastran las aguas de un sistema de ingresos “preconstitucional” de los ayuntamientos y las corporaciones locales en España. Según este análisis, la exigencia de que los promotores cedan hasta un 10% de los terrenos a la Administración local sin que se especifique en qué condiciones se ha convertido en “un impuesto revolucionario” que genera “irregularidades y desigualdades”, ya que favorece a los grandes constructores y propietarios.
El Gobierno planea ahora aumentar la cesión de suelo obligatoria a los ayuntamientos, lo que, de acuerdo con el análisis de este organismo fiscalizador, se traducirá en mayores riesgos de prácticas corruptas. Gran desproporción entre el peso del sector público y el privado. Pero siempre hay más recursos al alcance de los ayuntamientos. Los planes parciales son, a juicio de muchos, el parche idóneo para retocar a la medida la estructura urbana de una ciudad sin tener que llegar al meollo de unos planes generales que, en muchos casos, datan de los ochenta. Sobre ese escenario, con políticas de remiendos, es donde muchos promotores entran en acción. Éstos son sólo dos botones de muestra de un sector que ni se inmuta ante los planes del Ejecutivo de liberar suelo público para promover hasta 28.000 pisos protegidos al año.
El contraste de otros dos datos sirve para ilustrar grandes desequilibrios: durante el último año, auspiciado por el Plan de Vivienda (se ejecuta exista ministerio del ramo o no), se ha aprobado la construcción de algo más de 51.400 viviendas protegidas para su venta. Mientras, en el mercado libre se han empezado a levantar más de 650.000. El 51% de la inversión extranjera en España, destinada a inmuebles. Mucho tiene que ver en todo esto ese urbanismo a toda costa del sol y playa que ha convertido la costa mediterránea en la más amenazada por un boom sin precedentes. ¿Las causas? Pues, entre otras, una de peso. Y es que la compra de inmuebles copa ya el 51% de la inversión extranjera en España.
Según datos de Caixa Catalunya, en el año 2000 las adquisiciones de pisos por no residentes representaban tan sólo un tímido 9% del total. Es esta tendencia lo que marca un inédito furor urbanístico en la costa mediterránea y que se salda, por ejemplo, con una previsión para levantar hasta medio millón de viviendas en Murcia y Almería. Pero estos planes se dan de bruces con la tozuda realidad que muestra la Confederación Hidrográfica del Segura. En esta cuenca, según Medio Ambiente, no hay un litro de agua para el desarrollo urbanístico de hasta un total de 23 municipios. Pero si la urbanización del litoral mediterráneo se encuentra en el dique seco, no es menor el auge que están experimentando las zonas costeras del norte peninsular. Sólo en la comunidad gallega está previsto construir más pisos que en toda la Costa del Sol.
Un total de 76 municipios costeros están revisando sus planes generales para aumentar la edificabilidad y abrir hueco urbanístico a nada menos que 600.000 nuevas viviendas. Otro tanto sucede en Asturias y Cantabria, mientras que en el centro, en comunidades como Madrid, es tal la presión urbanística que son los municipos del área metropolitana los que desde hace años albergan a auténticos magnates del suelo. La nómina vuelve a ser tan reducida como heterogénea la procedencia de estos empresarios, algunos originarios del mundo del fútbol; otros, antiguos concejales, como sucede en Getafe. Sus negocios se suman a las grandes del sector (ACS, Acciona, Fadesa, Ferrovial, Obrascón, con grandes bolsas) que, además, ven ahora en las filiales de las cajas de ahorros a un nuevo competidor.
El actual vicepresidente murciano de la CAM, Javier Guillamón Álvarez, cesará en breve tras las negociaciones entre el PP y el PSPV-PSOE para cubrir los puestos vacantes en el consejo de administración de la entidad a comienzos de 2007. Ni en Valencia ni en Murcia tiene suficientes apoyos ahora como para mantenerse en el puesto. Su vuelta a casa como docente e investigador universitario no tiene retorno.