Las grabaciones entre el conseguidor
Alejandro de Pedro,
su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y
jefes de gabinete de distintas Consejerías en Murcia, corroboran la
existencia de cuatro reuniones en las que participó el entonces consejero de Educación y hoy presidente,
Pedro Antonio Sánchez, entre el 11 de junio de 2014 y el 21 de octubre de ese mismo año, y el interés de Sáchez por alcanzar un acuerdo para lavar su imagen en las redes sociales, porque aspiraba a la presidencia regional. Además de estas grabaciones, hay otras pruebas en la causa que implican al presidente murciano como mensajes SMS,
whatsapps y el testimonio del director comercial de
Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, que confirman el pacto.
Una de aquellas reuniones tuvo lugar en la consejería de Educación de Murcia que
Pedro Antonio Sánchez
dirigía, y las otras tres en Madrid, en hoteles como el
Palace o
Las
Letras. En este último tuvo lugar el cónclave del 21 de octubre, el
definitivo en el que fue cerrado el contrato con el presidente murciano y
la senadora Pilar Barreiro, según relata el conseguidor Alejandro de Pedro a uno de sus colaboradores.
Según comunica
Alejandro de Pedro a otra de sus trabajadoras, el contrato tenía que ser de 3.000 euros al mes, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando tuvieran lugar las elecciones.
A esos 3.000 euros sumarían otros 1.000 netos para un periodista que elaborase noticias beneficiosas para
Pedro Antonio Sánchez
desde el periódico digital murciano que el conseguidor de la
Púnica
creó como herramienta para promocionar a sus clientes. La trama también
tenía mucho interés en Sánchez. El imputado José Antonio Alonso cuenta a su socio De Pedro que necesitaban ese contrato "como el agua".
Según las conversaciones intervenidas, estaba previsto que la Consejería de Educación de Pedro Antonio Sánchez pagase con dinero público la reputación personal y privada del propio Sánchez, y también parte del contrato de Pilar Barreiro.
Al final, la trama no llegó a ejecutar los trabajos porque el 27 de octubre de 2014,
solo seis días después de alcanzar el acuerdo, estalló la operación y
el juez Velasco ordenó las detenciones. Aun así, el magistrado acusa a
Pedro Antonio Sánchez de delinquir porque según el Código penal, no es necesario haber consumado el cohecho y el fraude a la administración para ser considerados delitos.
Tanto el artículo 420 del Código penal relativo al cohecho, como el 436
sobre el fraude a la administración, establecen desde 2010 que se trata
de delitos tendenciales. Que pueden ser atribuidos con la mera
existencia de un plan o concertación para delinquir, aunque se hayan
visto frustrados. Y existe numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo
que confirma esta postura. Entre ellas, sentencias en las que actuaban
como ponentes magistrados considerados conservadores como Pablo Llarena, o de
José Manuel Maza, recientemente designado Fiscal General del Estado.
Sin embargo, Maza no es partidario ahora de imputar a Pedro Antonio Sánchez.
Se da la circunstancia de que reunió a los fiscales de Sala del Supremo
para tomar su decisión, pero no a las fiscales Anticorrupción del caso,
Carmen García y Teresa Gálvez, que nunca han sido llamadas para informar al respecto. En su lugar, fue la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, quien libró a Sánchez de la acusación en un escrito despachado en 12 líneas.
A pesar de la negativa de la Fiscalía, el juez Eloy Velasco tiene intención de elevar la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para pedir la imputación de Pedro Antonio Sánchez por su vinculación con la
'trama Púnica'.
Las conversaciones grabadas por los agentes de la Guardia Civil sobre Murcia también recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León.
Alejandro de Pedro habla del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González.
De reuniones con el exconsejero
Salvador Victoria o la jefa de prensa de
Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y de los dos contratos por un total de 400.000 euros, para la reputación personal de la exconsejera de Educación,
Lucía Figar, también imputada en la causa.
Las grabaciones también revelan métodos para amañar contratos.
Es Jesús Galindo, el imputado secretario general del Instituto de
Turismo en
Murcia, quien pacta con Alejandro de Pedro un supuesto
concurso público al que se presentarán tres empresas. Y las tres, son de la
Púnica.
Las conversaciones revelan además cómo la trama tiraba de
sus contactos en el PP para promocionar a sus clientes en el partido,
como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, o el también imputado exconsejero murciano de Turismo,
Juan Carlos Ruiz.
