viernes, 21 de enero de 2011

Nueva protesta ante la sede del Gobierno regional contra los recortes a los trabajadores públicos

MURCIA.- Más de un centenar de personas se ha congregado este viernes a la puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para protestar contra los recortes efectuados por la Comunidad Autónoma a los trabajadores públicos.

   De este modo, los manifestantes, que han coreado eslóganes como "Valcárcel, guapetón, trabaja de peón" o "Consejera, hermosa, dedícate a otra cosa", han vuelto a protestar, como ya hicieran el pasado viernes, por una ley que consideran "injusta y desproporcionada".
   A la concentración han acudido los líderes sindicales de los principales sindicatos, como ha sido el caso del secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, que ha indicado que las medidas "castigan a los trabajadores y a los servicios públicos de los ciudadanos".
   En este sentido, ha subrayado que "las manifestaciones no han tenido nada que ver con el lamentable suceso de la agresión al consejero Pedro Alberto Cruz, por lo que vamos a seguir insistiendo en la necesidad de negociar alternativas a las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno regional".
   Sobre la próxima manifestación convocada por los sindicatos, Bueno ha explicado que "está autorizada en el recorrido que habíamos solicitado y entendemos que la Comunidad Autónoma no tiene legitimidad para interponer un recurso frente a ese recorrido, un recurso que es indecente políticamente, al volver a vincular por escrito la agresión al consejero con las manifestaciones de los trabajadores públicos".
   Por todo ello, cree que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia "no debe admitir el recurso presentado por el Gobierno regional" y espera que ofrezca su veredicto a lo largo de este viernes o el lunes.
   Y es que, en la manifestación del próximo martes, según ha explicado, "se va a simular el entierro de los derechos laborales de 55.000 trabajadores al servicio de la Administración pública, con una manifestación que será prácticamente de marcha fúnebre".
   Al hilo, ha asegurado que se ha reforzado el dispositivo de seguridad interno de las organizaciones sindicales, para evitar que se lancen huevos, "que son los únicos incidentes producidos en las últimas manifestaciones, y para que trascurra con total normalidad y con una mayor afluencia, que preveemos que será superior a las anteriores".
   Por otro lado, ha apuntado que, en algunos ayuntamientos, como el de Totana y Alhama de Murcia "se están empezando a recortar y cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados, imponiéndoles jornadas laborales distintas a las pactadas y a alterar las relaciones laborales, siguiendo las directrices de la Asamblea Regional y la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Igualmente, ha añadido que "las puertas de San Esteban estarán abiertas, pero cuando a uno no lo llaman no puede meterse en casa ajena", al tiempo que ha asegurado que la han pedido al presidente "que convoque a las organizaciones para modificar la ley".
   Por su parte, el líder de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha señalado en relación al cambio de itinerario de las manifestaciones que "es un debate jurídico en el que existe ningún tipo de controversia, porque la jurisprudencia del Constitucional está clara, la petición de las organizaciones sindicales es legítima y equilibrada y creemos que se va a autorizar la manifestación por el itinerario solicitado".
   De esta manera, para Jiménez "se va a dejar patente, una vez más, que se trata de una manifestación muy concurrida, de muchas personas afectadas negativamente, pero sin ningún tipo de agresividad".
   Por otro lado, el representante de C-SIF, Ventura Martínez, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno regional "se haga cargo de esta medida tan injusta que ha tomado en contra de los trabajadores públicos y nos convoque para negociar, que es por donde tenía que haber empezado antes de aprobar la ley".
   Igualmente, Toni Carrasco, de Sterm-Intersindical, cree que la Comunidad Autónoma "con su intento de acallar a los trabajadores públicos, lo que ha conseguido es rebelarlos aún más, para que estén, hoy más dispuestos que ayer, a salir a la calle para protestar y reivindicar sus derechos, frente a una ley que se aprobó con nocturnidad y alevosía".
   En este sentido, ha manifestado que "el cambio de itinerario de las movilizaciones es un intento del Gobierno regional de ocultar la protesta, porque lo que más le molesta es la cantidad ingente de personas que están acudiendo a las movilizaciones".
   Por otro lado, el presidente del sindicato ANPE, Clemente Hernández, ha informado que han comenzado a celebrarse las asambleas en los centros educativos y ha confirmado que este viernes "ya han estado hablando sobre las medidas que se van adoptar", aunque será el próximo lunes, en una rueda de prensa, cuando se informe de estas acciones.
   De la reunión, ha destacado que ha sido "una tormenta de ideas, con multitud de propuestas, y en donde se ha hablado de las actividades extraescolares, de la posibilidad de ir a huelga, o sobre las manifestaciones, pero siempre informando a los padres de los alumnos, para hacerles ver que nuestro objetivo es seguir trabajando en la educación sin perjudicarles".
   Está previsto que todos los sindicatos presenten este lunes el calendario de movilizaciones que se van a llevar en los centros educativos, "intentando perjudicar lo menos posible a los alumnos", ha subrayado Hernández.
   Finalmente, ha esperado que no se cambie el recorrido "porque es el  habitual de las movilizaciones y porque sería contraproducente cambiarlo". 
"No se trata de provocar y enfrentar, sino de realizar una movilización pacífica en protesta de las recortes, así como nuestro deseo de sentarnos con el presidente para modificar la ley, porque estamos condenados a entendernos", ha concluido.

¡Huida de Ben Ali! / Fathi Chamkhi *

Nuestra revolución acaba de obtener una victoria decisiva. Ben Ali huyó. Era nuestra reivindicación esencial que hemos satisfecho gracias a nuestra revolución. Estamos muy contentos, lloramos de alegría… Es cierto que todavía no nos damos cuenta de la magnitud de lo que hemos conseguido.

Por otro lado, la fórmula de gobierno que acaba de ser anunciada por la televisión estatal —el primer ministro asume la función de presidente de la república—, es una fórmula chapucera en una situación de conmoción, y por ello débil y con el riesgo de ser muy inestable. 

Además esa fórmula requiere las siguientes observaciones:
- Ben Ali ha sido derrocado pero su régimen continúa. Rechazamos que ese régimen a través de el Partido/Estado en el poder, sus partidos satélites y la pseudo oposición independiente, que se había desmarcado del movimiento popular aceptando la continuidad de Ben Ali, confisque los frutos de nuestra revolución, tratando de quedarse con el poder.

- En 1987, el régimen sufrió una grave crisis. La solución aplicada fue la del propio régimen bajo la forma del golpe de Estado de Ben Ali. Ahora, la solución de la crisis de ese mismo régimen es impuesta por una revolución. Y por ello, le será muy difícil al régimen de imponer su propia solución al pueblo. Tanto más que las masas demostraron durante los últimos 29 días una claridad política y una determinación en la lucha que le será muy difícil a cualquiera que quiera apropiarse de lo que el pueblo arrancó con tanto sufrimiento.

- En este momento es cierto que: en ausencia de una dirección política de la revolución —lo que es en sí bastante original—,de estructuras políticas salidas de la revolución, frente a la debilidad de la oposición independiente y sobre todo de su incapacidad de poder sobrepasar el horizonte del poder de Ben Ali, no existe actualmente ninguna expresión política organizada que se haga eco de las reivindicaciones de las masas.

- Recordemos que casi todos los partidos políticos existentes no cuestionan la política económica liberal que causó enormes prejuicios en Túnez y que ha sido precisamente el detonante de la revolución actual. Lo que pide el pueblo es justamente un cambio radical de la política económica y social en curso, eso es lo que expresó con los eslóganes coreados.
Dicho esto, la historia que estuvo detenida en Túnez durante 23 años, se aceleró en estos últimos 29 días, las cosas cambian muy rápidamente y todavía muchísimas continúan sin definición… 

(*)  Profesor de Geografía y miembro de la Liga Tunecina de Derechos Humanos 

Ayúdanos a prescribir la solución / Rosa Mª Artal *

Nosotros diagnosticamos el problema… ayúdanos a prescribir la solución. La ex candidata a la presidencia de EEUU por el partido republicano y líder del movimiento ultraconservador Tea Party que se aloja potente en su seno, Sara Palin, llamaba a sus seguidores a actuar. Señalando nombres con el punto de mira de un arma. El sábado la congresista demócrata Gabrielle Giffords, destacada en la lista negra de Palin, era tiroteada en el cerebro y, de paso, 18 personas más de las que 6 murieron.

En EEUU se preguntan si no ha ido demasiado lejos “el debate” político. Y en este momento histórico en el que vivimos en el que todo es opinable por encima de los hechos, unos creen –o sienten- que sí, y otros que no.

Uno de cada tres norteamericanos posee un arma y puede comprarla sin mayor dificultad. Cada año mueren en EEUU una media de 100.000 ciudadanos por heridas de bala. Pero los pobladores del país de las libertades poseen el derecho de decidir a quién disparan para evitarse daños propios o neuras propias. En este clima, una individua que pudo ser presidenta del aún país más poderoso de la tierra, señala dianas. 

Resulta que la congresista –que en este momento tiene un trozo de cráneo en el congelador a ver si reacciona y se lo pueden colocar de nuevo- luchaba con ahínco porque 50 millones de norteamericanos dispusieran de la libertad de no morirse o ver amputados sus miembros o conservar la vista o el oído, por no tener dinero para pagar un seguro médico, de esos que subvencionan a los políticos para que defiendan sus privilegios. Y también luchaba denodadamente contra la ley de inmigración de su Estado, Arizona, que tacha de delincuentes a quienes llegan de fuera y que incluso les culpabiliza por su aspecto físico.

Hace unos meses ya fue atacada la sede demócrata de Giffords y ella misma dijo que los señalamientos de Palin, podrían tener consecuencias. No, no tenía miedo, viviendo en un país que exporta “las libertades”.

Hoy, algunos, sólo se preguntan si “el debate” político no ha ido demasiado lejos. Los equilibrados, objetivos y prudentes del mundo occidental, dicen que la pobre ex gobernadora de Alaska tan solo señalaba objetivos ¡políticos!, políticos nada más, a abatir. 

Y el corresponsal de El País en Washington, Antonio Caño, directamente la exculpa. Más aún, recalca:
Es lógico, por tanto, que todos los paranoicos con armas simpaticen con los republicanos, como otros terroristas en otras partes se esconden tras un lenguaje presuntamente de izquierdas”. Precioso ¿eh?

La culpa la tiene la sociedad, se decanta la mayoría. Y algunos “se aburren” de ser señalados, porque al parecer permanecemos ciegos y sordos a ese clamor popular que se enseñorea de las calles pidiendo cordura y cambios.

Nosotros no tenemos Tea Party en España, aunque movimientos hay para crear algo similar. Tampoco Saras Palin, aunque mucho se aproximan quienes cuestionan la democracia cada vez que uno de sus presuntos chorizos es pillado con las manos en la masa. Pero nos sobran por doquier los comunicadores como Glenn Beck de la Fox, destacado ideólogo del Tea Party. Pueblan la TDT, con incendiarios mensajes de la mañana a la noche, a cambio de ansias de poder y dinero (siquiera sea en vales del Corte Inglés).

Un periodista norteamericano, del tipo de Iñaki Gabilondo del que ya nosotros carecemos en pantalla, acusa a quienes colaboran con el mantenimiento de este estado de cosas. Incluso Obama piensa ir a la Fox.

Hieren a una congresista valiente en el cerebro que es el órgano que permite ser persona, matan a 6 ciudadanos, entre ellos a una niña, y Obama pide… un minuto de silencio. ¡Venga ya! Gritan, gritan, manipulan, malmeten, y señalan objetivos en nuestra apestosa TDT que propiciaron los políticos y es libertad de expresión. Llegan las hordas franco-alemanas a las fronteras de la península ibérica a comérsenos vivos en nombre de más libertades, la de los mercados, y es que debe ser así. Y todo es opinable, y todo entretenimiento, y todo culpable inacción. 

A Obama le han quitado el Congreso y sus tímidas reformas, por no haber obrado con contundencia como prometió. Zapatero está en capilla por lo mismo. Bajar la cerviz y prestarla al estoque no es el camino en un mundo que ve crecer, impasible, cauto y “prudente”, a la ultraderecha impune.

(*) Periodista

La lección de Túnez / Sami Naïr *

Túnez acaba de vivir una doble revuelta que aún no constituye una revolución. Una revuelta popular y una revuelta de palacio en el entorno del presidente Ben Ali. La revuelta en la calle comenzó hace cuatro semanas cuando un joven de 23 años, Mohammed Bouazizi, se inmoló en Sidi Bouzid para expresar su desesperación ante las injusticias; ello provocó una ola de indignación que se transformó en una marea de protestas. Sobre todo desde que comenzó el siglo, la situación social es desastrosa para los más pobres.

El poder de Ben Ali se apoyaba en tres fuerzas centrales. Una, las clases medias, relativamente integradas, han visto cómo su situación se degradaba. En los últimos años, el poder cambió de base, se fundió con los círculos de especuladores y se hundió en una corrupción familiar de tipo mafioso. La mujer del presidente y su familia, los Trabelsi, se adueñaron de todo lo que valía algo y no dudaron en “extorsionar” a otros para apoderarse de sus negocios, con la aprobación del presidente.

El poder también se apoyaba en un aparato de dominación formado por los dirigentes y militantes del RCD, el partido oficialista, que controlaba todos los engranajes y la corrupción en el país. Una especie de milicia con la impunidad garantizada, que vigilaba a la población e imponía un clima de delación que a menudo derivaba en cárcel y torturas.

Por último, la policía y la guardia nacional (la gendarmería), que Ben Ali, ex ministro del Interior, tenía en sus manos. En los últimos 23 años el Ejército se fue debilitando porque Ben Ali siempre le tuvo miedo. Túnez, vista la experiencia de los golpes de Estado militares en otros países africanos, quiso tener un ejército que no fuera muy poderoso y, en cambio, dio prioridad a la policía y la guardia nacional, que se convirtieron en el principal instrumento de represión. De hecho, la policía, junto con una parte de las milicias del RCD, y con su utilización de grupos de saqueadores, está en el origen de la destrucción y los asesinatos de estos últimos días.

Lo que ha hecho que hubiera un vuelco es un fenómeno mental colectivo extraordinariamente poderoso: la desaparición del miedo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sobre todo porque el poder no supo cómo reaccionar ante la inmolación del joven Bouazizi. Con su visita a la familia del mártir, el presidente se puso personalmente en primera línea; al ofrecer dinero a los padres por la muerte del joven, añadió la humillación. 

Si quería mostrar que era capaz de sentir compasión, lo que demostró Ben Ali fue que tenía miedo. A partir de ese momento, el miedo cambió de bando. Ben Ali destituyó a ministros, hizo mil promesas, pero nada podía detener ya la rebelión de la calle, que había comprendido que el Estado no era tan fuerte como parecía. Cada víctima de la represión hizo crecer las protestas. En 23 días, los tunecinos acabaron con 23 años de dictadura.

Dentro del régimen, el Ejército se ha vengado de la policía. Esta se ha mostrado incapaz de ejercer la represión por dos motivos fundamentales: por una parte, el sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), sobre todo los mandos intermedios regionales y federales, se negaron a obedecer al poder, se pusieron del lado del pueblo y contribuyeron a agitar las demandas sociales; por otra, un sector importante de los oficiales generales, respaldados por los soldados en activo que en repetidas ocasiones se negaron a abrir fuego sobre los manifestantes, dejó muy claro a Ben Ali que ya no estaban con él. De esa forma, no le dejaron más que una salida: huir.

Ben Ali estaba asimismo debilitado por las presiones de Estados Unidos, que se ha implicado a fondo en su derrota, en primer lugar, porque ha visto una posible manera de hacer realidad su proyecto de democratización “suave” (no como Bush en Irak) en el mundo árabe; y en segundo, porque era una forma de debilitar a Francia en el Magreb. En cuanto a Francia, ha hecho gala de una ceguera que supera cualquier medida al apoyar a Ben Ali y ofrecerse, días antes de su desaparición, ¡para “formar” a su policía! Un fracaso diplomático que pagará muy caro.

La oposición, ya sea oficial o ilegal, no ha desempeñado ningún papel. Como tampoco se ha visto, en las manifestaciones, una sola bandera verde, símbolo del islam. Pero eso no puede durar. Con Ben Ali fuera, le ha sustituido el primer ministro, Mohamed Ghanuchi. Y ahí empiezan las dificultades. Los partidarios de Ben Ali temen la venganza popular, así que han emprendido una política de tierra quemada, sobre todo en los barrios burgueses y acomodados, con el fin de aterrorizar a sus habitantes y romper la alianza entre esas capas y el pueblo. 

En los últimos días ha habido decenas de muertos en Túnez. Se está instalando un estado de caos que favorece al poder interino actual: el nuevo presidente ha prometido convocar elecciones en el plazo de seis meses, un periodo muy largo que permite presagiar manipulaciones peligrosas.

Las perspectivas para el futuro más próximo son meras hipótesis mientras no se reorganice la policía y mientras el Ejército no se pronuncie con claridad en favor del orden republicano. Además, será necesario meter en cintura a las milicias del RCD, formadas por elementos desclasados para los que la pertenencia al partido era el principal método de ascenso social.

 La primera hipótesis es que el nuevo poder consiga restablecer enseguida el orden y organizar una Conferencia Nacional en la que estén representados todos los miembros de la oposición, con un programa de transición política que deberá desembocar en la instauración de una auténtica democracia republicana (nueva Constitución, elecciones legislativas, municipales, etcétera). A esta solución se oponen los restos del aparato dictatorial de Ben Ali (policía, burocracia, etcétera), los restos del RCD y el nuevo poder, que tendrá que rendir cuentas de su pertenencia al sistema derrocado.

La segunda hipótesis es un acuerdo entre todas las fuerzas de la oposición oficial, la integración de los partidos de oposición ilegales y la creación de un consenso sobre un programa mínimo para instaurar un sistema de transición que correría el peligro de tener una duración indefinida. En resumen, una especie de cambio dentro de la continuidad, porque se mantendría el régimen actual. Los factores en contra de esta hipótesis son la impaciencia y la cólera del pueblo, que quiere acabar con estos 23 años de dictadura.

Por último, una tercera hipótesis, que también es posible: Ben Ali preparaba, en los últimos años, una sucesión “neoislamista” encarnada en un miembro de su familia, hombre de negocios y creyente al parecer devoto; el Estado, sin tocar las bases laicas del “bourguibismo”, iba islamizándose poco a poco; los programas religiosos invadían las pantallas y daba la impresión de que se estaba cociendo una confesionalización del poder, con el único objetivo de pervertir unas reivindicaciones sociales dotadas cada vez de más dureza y presión. 

El poder actual puede muy bien retomar esta estrategia e intentar establecer un régimen basado en un islamismo conservador cuya utilidad es evidente: así controlaría las reivindicaciones populares y se apoyaría en los grupos sociales más sensibles a esta retórica; llevaría de nuevo a las clases medias a su terreno, al presentarse como garante del mantenimiento de la seguridad, y tranquilizaría a los vecinos, desde Marruecos hasta Egipto, pasando por Argelia y Libia, que ya sufren este tipo de situación y ven con muy malos ojos el ejemplo tunecino.

No se puede excluir tampoco una mezcla de las tres opciones, que solo serviría para aplazar las decisiones institucionales que debe tomar Túnez. Lo que es innegable es que los tunecinos afrontan hoy una transición hacia una revolución democrática y republicana, y eso es lo más difícil. Porque el movimiento callejero no posee ni dirección reconocida ni programa.

Se abre una nueva etapa. Los tunecinos han demostrado, con una fuerza y una dignidad enormes, que siempre se puede vencer a la opresión. También han conseguido, quizá, que el mundo árabe entre a formar parte de la misma historia que los pueblos de Latinoamérica y los países de Europa del Este en el siglo pasado, cuando conquistaron su derecho a la libertad de expresión a costa de grandes sacrificios humanos. Y esa lección es inmensa.

(*) Politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático argelino nacionalizado francés

jueves, 20 de enero de 2011

El magistrado Pascual Sala, oriundo de Jumilla, elegido presidente del Tribunal Constitucional

MADRID.- El expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el oriundo de Jumilla Pascual Sala, ha sido elegido hoy presidente del Tribunal Constitucional, del que es magistrado desde junio de 2004, han informado fuentes de este órgano. Es la primera vez en 30 años de historia del alto tribunal que el presidente es un juez y no un catedrático.

La elección de Sala se produjo en segunda votación por seis votos a favor.

El presidente en funciones del tribunal, Javier Delgado, convocó la reunión el pasado día 13, solo 24 horas después de que tomaran posesión los cuatro magistrados designados --con tres años de retraso-- por el Senado: el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y los catedráticos Adela Asúa, Luis Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.

No obstante, y en previsión de que el PSOE y el PP alcanzaran en la Cámara Baja un acuerdo que permitiera renovar también a los tres magistrados que permanecen en funciones desde el pasado mes de noviembre y cubrir la vacante causada por el fallecimiento en mayo del 2008 de Roberto García-Calvo, Delgado se mostró dispuesto ante los grupos parlamentarios a aplazar el pleno.

El PSOE y el PP, sin embargo, mantienen sus diferencias, ya que los socialistas continúan sin aceptar al exportavoz del CGPJ Enrique López como candidato, y los populares insisten en proponer su nombre.

Pascual Sala, perteneciente a la carrera judicial, formó parte de Justicia Democrática durante la dictadura franquista y ocupó la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 1990 y 1996. Fue propuesto como magistrado del TC por el CGPJ en junio del 2004 y su posición en el órgano constitucional siempre ha estado vinculada a decisiones del denominado sector progresista.

¿Atentado terrorista? / Manuel Muñoz Clares *

Creo no equivocarme al decir que la agresión sufrida por el Consejero de Cultura de Murcia ha sido unánimemente reprobada por la totalidad de quienes en esta región vivimos, aunque sé que siempre ha de haber excepciones marginales y, por tanto, irrelevantes. No entro a valorar cuál fuerza política, organización sindical, institución o estamento ha hecho más firme y público su rechazo, porque creo que no me equivocaría diciendo que todas las expresiones de repulsa difundidas han sido claras y explícitas y se han producido en un tiempo razonable, sin exceder más límites que lo que cada cual tarda en sobreponerse al estupor y la indignación que producen noticias de esta naturaleza.

Y dicho esto, y deseando al Consejero una recuperación personal completa, es tiempo de valorar lo que está sucediendo. Creo no equivocarme al decir que muchos altos dirigentes del Partido Popular se equivocan gravemente al hacer unas consideraciones tremendistas del asunto. Hoy han moderado el tono al conocer, por boca del mismo Consejero, que lo que a él le ha ocurrido es un “atentado terrorista”. Creo no equivocarme si valoro esa consideración como uno de tantos desafueros del Consejero, mezclado en este caso con una torpeza impropia de un político que debería saber las connotaciones que en nuestro país tiene el término “atentado terrorista”. 
Creo no equivocarme tampoco si digo que la criminalización de toda la izquierda instrumentada por los discursos del presidente Valcárcel, al que aplauden los dirigentes regionales de su partido, es uno más de los disparates con que nos regala este hombre cuando se expone a la influencia de su Consejero de Cultura. Y creo no equivocarme si digo que con lo que hoy tiene la policía, que no es más que el probable reconocimiento de uno de sus agresores por parte del Consejero, va a ser difícil llegar a conocer los motivos de una agresión que, como ya he dicho, no es posible justificarla pero sí que merece una explicación que vaya más allá de la violencia gratuita. 
Y no me vengan con el caldo gordo hecho por sindicatos y partidos de la oposición para que actuase la extrema izquierda, porque ni yo ni cientos de miles de murcianos nos tragamos fácilmente esa sandez. Creo que no voy descaminado en lo que pienso y digo, pero si los hechos me demostrasen otra cosa no me dolerán prendas en disculparme públicamente. Mientras tanto, el mismo derecho tengo a equivocarme que aquellos que hoy andan diciendo auténticas barbaridades desde tribunas públicas y desde plataformas mediáticas que han intoxicado este asunto hasta volverlo irreconocible. 

(*) Miembro de la Asociación para la defensa del Patrimonio Histórico de Lorca

El Foro Social de Murcia exige el "cese" de la "cuasi dictadura impuesta" por el Gobierno regional

MURCIA.- El Foro Social de Murcia ha exigido el "cese inmediato de la cuasi dictadura impuesta" por el Gobierno regional, provocando, a su juicio, "el linchamiento mediático de un inocente, al acusar sin pruebas a toda la izquierda, pretendiendo ahora además modificar el recorrido de las manifestaciones", en referencia a la detención de J.D.B.L. por la agresión al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz.

   Desde dicho foro se ha hecho una valoración sobre la petición del consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, que "aún sin tener competencias, cobra como tal sin recorte alguno", de cambiar el itinerario de las manifestaciones de empleados públicos para "no molestar" el domicilio del presidente Ramón Luis Valcárcel.
   Al respecto, ha recordado la sentencia 74/03, por la que la Sala de lo Contencioso "obligó a su compañero de partido, el entonces Delegado del Gobierno y ahora senador, José Joaquín Peñarrubia, a dejar sin efecto la modificación que pretendía de la primera y más grande manifestación celebrada en Murcia contra la invasión de Iraq".
   "En aquel juicio, actuó en representación del Ministerio Fiscal Manuel López Bernal, actual fiscal superior de la Comunidad, que nos dio la razón en aquel caso", ha concluido.

El TSJRM desestima los recursos de apelación interpuestos por 9 imputados contra el auto del instructor del caso Totem

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido desestimar los recursos de apelación contra el Auto de 3 de noviembre de 2010, dictado en esta causa por el magistrado instructor e interpuestos por la representación procesal del ex alcalde de Totana y actual diputado regional, Juan Morales, en el caso Totem, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   Asimismo, ha desestimado los recursos de apelación contra el Auto interpuestos por la pareja sentimental de Morales, la brasileña Vaneide Freita, también imputada en el caso; así como el director y propietario del Grupo Nuaria, Manuel Núñez Arias; y el gerente de la mercantil Inmonuar, agencia integrada en el Grupo Nuaria, Pablo José Maceira, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.
   Además, ha desestimado los recursos del presunto intermediario en operaciones de compra venta de terrenos en Totana, Joaquín Carmona, así como el empresario totanero dueño de la compañía 'Huevos Maryper', Gabriel Martínez; del presunto intermediario José Antonio Carrocera y de los empresarios Fulgencio Marín Bravo y José Antonio Alcántara.
   En este sentido, la Sala, integrada por el presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya y los magistrados Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, han confirmado la referida resolución por la que se decide continuar la tramitación de las diligencias previas transformándolas en procedimiento abreviado, sin que exista la posibilidad de presentar recurso alguno contra esta resolución.

Retegui reitera que "nunca" ha participado en manifestaciones frente a la puerta de Valcárcel

MURCIA.- La candidata del PSOE a la presidencia de Murcia, Begoña García Retegui, volvió a reiterar este miércoles que "nunca" ha participado en las manifestaciones ni en las concentraciones frente a la puerta del domicilio particular del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. "Lo sabe Valcárcel y lo sabe el PP", apuntó.

   Al tiempo que aseguró que "el debate político nunca es causa de violencia", pero "la infamia y la calumnia sí generan violencia". García Retegui contestaba así, en una entrevista en 'Las Mañanas de Cuatro',  a las acusaciones del PP, que responsabiliza a los socialistas de la agresión al consejero de cultura murciano ocurrida el pasado fin de semana.
   Retegui insistió en que "el PSOE ha hecho una condena tajante y expresa de la brutal agresión sufrida por el consejero" y en que tanto ella como su partido han hecho "su trabajo", que es "el debate político, la confrontación de ideas en el Parlamento regional, el control de la gestión del Ejecutivo...".
   En ningún caso, dijo, "ha habido ninguna manifestación que haya podido lesionar los derechos del consejero". En este sentido, la responsable socialista se preguntó "cómo se nos puede acusar a nosotros de haber estado detrás de esta agresión, cuando los socialistas llevamos toda la vida luchando por la palabra y por el debate".
   Begoña García Retegui insistió en que "todavía no conocemos el fondo de la cuestión" y de lo que se trata es de "tener serenidad, responsabilidad, dejar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Justicia actúen para conocer en profundidad qué es lo que ha ocurrido y cuando sepamos lo que ha ocurrido, entonces, buscar todas las explicaciones", sentenció.
   Respecto al clima que se vive en Murcia, Retegui aseguró que en esta Región existe "un clima social normalmente muy tranquilo", aunque sí reconoció un "malestar profundo de los trabajadores públicos y de otros sectores por las medidas tomadas por el gobierno del PP".

La manifestación de empleados públicos seguirá el mismo itinerario el 25 de enero, por delante de la casa de Valcárcel

MURCIA.- La manifestación de empleados públicos convocada para el próximo martes, 25 de enero, por los sindicatos UGT, CSIF, CCOO, SATSE, STERM-Intersindical, ANPE, SAE y SIDI seguirá el mismo itinerario que en las seis movilizaciones anteriores, por lo que continuará pasando por delante del portal de la casa del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, situada en la Gran Vía Escultor Salzillo.

   Se trata del acuerdo al que han llegado los ocho sindicatos que componen el Comité de Crisis contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, tras la reunión mantenida este jueves con el delegado del Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, y el consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Región, Manuel Campos.
   Así lo ha hecho saber el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, quien ha confirmado que la séptima manifestación de los empleados públicos saldrá desde la plaza de la Fuensanta de Murcia y recorrerá la Gran Vía, hasta llegar a la Consejería de Economía y Hacienda, en la avenida Teniente Flomesta.
   Cabe recordar que las manifestaciones anteriores transcurrieron sin incidentes, salvo que a mitad del recorrido, concretamente frente al domicilio del presidente murciano, algunos participantes se detuvieron para tirar huevos y naranjas podridas, así como para provocar el estallido de tracas.
   Vicente ha considerado "lamentable" la argumentación del consejero de Justicia para tratar de cambiar el itinerario de la manifestación, ya que "ha vinculado las movilizaciones con la agresión sufrida el pasado sábado por el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, cuando fue golpeado en la puerta de su casa", aseveró.
   En concreto, el escrito dirigido por el consejero al delegado del Gobierno dice que desde el pasado 22 de diciembre "se han venido produciendo multitud de incidentes con motivo de las convocatorias públicas y manifestaciones llevadas a cabo por las centrales sindicales en contra de las medidas extraordinarias" de recorte aprobadas por la Comunidad.
   Así, enumera entre esos incidentes "la agresión al secretario general de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Hosé Gabriel Ruiz, y otros cargos públicos, así como disturbios ante el domicilio del presidente de la Comunidad Autónoma, entre otras cosas", y dice que "han culminado con el reciente y brutal atentado sufrido por el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz".
   El consejero subraya que, en este "clima de inseguridad, se ha convocado una nueva manifestación para el 25 de enero, cuyo recorrido incluiría la Gran Vía Escultor Salzillo, en uno de cuyos inmuebles tiene su domicilio el presidente Valcárcel", por lo que solicita al delegado del Gobierno la modificación del itinerario.
   Específicamente, solicita el cambio "con el fin de evitar la repetición de situaciones de violencia y agravio a las personas físicas, así como compatibilizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación con la garantía de los derechos constitucionales a la vida, a la integridad física y a la seguridad, evitando las posibles alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes".
   En el encuentro, el delegado del Gobierno "ha hablado de la jurisprudencia y de que hay que garantizar el derecho de seguridad, de vida y de integridad de las personas", mientras que el consejero ha explicado que "si no se podían garantizar era recomendable el cambio de itinerario".
   Los sindicatos han esgrimido que "hay algunas sentencias dictadas en contra de los planteamientos de Campos cuando ejerció de fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuando los propios jueces habían ido en contra de sus planteamientos, que eran los mismos que ha mantenido hoy".
   Vicente ha dicho que "sólo cuando sea imposible garantizar esa seguridad, entonces es cuando se buscarían alternativas, pero no en otros casos".
   El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia ha mostrado su voluntad de "hacer un esfuerzo porque no haya lanzamientos de huevos" en la manifestación, pero ha destacado que los sindicatos "no quiere convertir este aspecto en el elemento central, porque apenas se han lanzados unas docenas de huevos y el problema no es ese, el problema que tiene el Gobierno es si en vez de 20.000 hemos estado 40.000 manifestantes, como la última vez".
   A su juicio, querer convertir ese lanzamiento en "agresiones a personas o con riesgos a la seguridad son ganas de confundir", y ha insistido en que las anteriores movilizaciones "han sido totalmente pacíficas, ejemplares, tranquilas". No obstante, ha mostrado la intención de los sindicatos de hacer "el mayor de los esfuerzos en evitar que haya ningún tipo de lanzamiento".
   En este sentido, ha dicho que el modelo de la manifestación es diferente a las anteriores, y los participantes "van a ir vestidos de negro, con velas y sin ningún tipo de bandera, por lo que no va a ser fácil que las personas que estén allí puedan hacer uso de otro tipo de objetos".
   Los sindicatos, a petición de la Delegación del Gobierno, van a crear un comité o grupo de personas de las distintas organizaciones que van a velar por "garantizar más, si cabe, el orden a lo largo de la manifestación".

El Gobierno de Murcia asegura que no se invirtió "un sólo euro" en un equipo de Fórmula 1

MURCIA.- El Gobierno murciano ha asegurado hoy que no se llegó a invertir "un sólo euro" en el equipo Hispania Racing Team de Formula 1, confirmando así lo dicho por el consejero de Cultura agredido después de que la diputada regional socialista María González Veracruz publicara la víspera de la agresión que se había financiado un equipo de Formula 1.

   Desde la consejería de Cultura han subrayado que la citada financiación dependía de un acuerdo de patrocinio que nunca se llegó a firmar, puesto que la condición era que se instara la fábrica de la escudería en Murcia, algo que no se produjo.
    Sin embargo, el equipo de Formula 1 sí que llegó a reflejar la publicidad de Murcia en el chasis del coche, pero sin que la comunidad invirtiera nada, añaden.
   El consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, ha advertido que la "corresponsabilidad" de la agresión que sufrió el pasado sábado "es grande" y no hay un "único culpable". Así, ha recordado que la candidata socialista, Begoña García Retegui, le ha identificado continuamente como sobrino del presidente Ramón Luis Valcárcel aún reconociendo que no lo es. También ha acusado a la diputada regional del PSOE María González Veracruz, de mentir al publicar en un medio que se había gastado 9 millones en la Formula 1.
    Cruz, en declaraciones a Telecinco,  ha citado dos ejemplos "absolutamente verificables que nadie puede negar" como que hace un año y medio habló con la candidata del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, a quien preguntó por qué insistía en llamarle sobrino del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, cuando sabía "que no lo soy".
   A esta cuestión, García Retegui contestó, según Cruz: "lo sé, pero como todo el mundo lo dice, lo vamos a seguir diciendo", lo que Cruz ha tachado como "absolutamente escandaloso".
   En segundo lugar, el consejero ha recordado que la víspera de su agresión, la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y diputada regional, María González Veracruz, escribió un artículo en un diario de la Región en el que "mintió a sabiendas".
   Ha concretado que González Veracruz escribió en ese artículo que la Comunidad "se había gastado nueve millones de euros en la Fórmula 1", cuando, a través de la documentación que hace meses se envió a la Asamblea Regional de sus comparecencias y ruedas de prensa, "todos sabían que no es cierto".
   Veracruz publicó un artículo en el diario La Verdad, de Murcia la víspera de la agresión en el que, enmarcado en una crítica global a la gestión del gobierno murciano, destacaba la falta de "control en el gasto farmaceútico, financiamos un equipo de Fórmula 1 y permitirnos que el consejero de cultura funda euros sin ton ni son". En el artículo no se refleja la cifra que aporta el consejero de nueve millones de euros.

El Gobierno regional comunica al TSJ la derogación de la orden de Bascuñana que aprobaba La Zerrichera

MURCIA.- La diputada regional del PSOE, Teresa Rosique, aseguró este jueves que el Gobierno regional "ha dado la razón al PSOE" y comunica a la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia la derogación de la orden de Joaquín Bascuñana, cuando era consejero de Obras Públicas, por la que se aprobaba la reclasificación urbanística de La Zerrichera.

   Rosique, explicó que, en 2006, el Partido Socialista presentó denuncia ante la Fiscalía sobre la Zerrichera y un recurso Contencioso-Administrativo ante el TSJ de Murcia, pidiendo la anulación de la orden dictada por el actual consejero de Política Social, de fecha 13 de febrero de 2006.
   Con esta orden se aprobaba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, para clasificar como suelo urbanizable el paraje de La Zerrichera.
   Rosique recordó que el Gobierno de Valcárcel y el Grupo Parlamentario Popular "han estado defendiendo durante cinco años la legalidad de ese proyecto, negándose a anularlo".
   Es más, añadió en rueda de prensa, el propio presidente murciano, en respuesta a una pregunta de esta diputada, en la que le formulaba si pensaba impedir el desarrollo del proyecto urbanístico en este espacio protegido, "Valcárcel manifestó que el proyecto se ajustaba a ley porque así lo confirman los informes jurídicos. Y usted se empeña en decir todo lo contrario".
   Ahora, 5 años después de aquellas declaraciones y de la aprobación de ese proyecto, el Gobierno regional ha tenido que anularlo y, a través del letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha comunicado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del TSJ de Murcia, sección Primera, que la orden de Bascuñana de 2006 ha sido derogada, por el Plan de Gestión y Conservación de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Almenara, Moreras y Cabo Cope.
   Y solicita, que en base a esa derogación, "se declare terminado el procedimiento Contencioso-Administrativo iniciado a instancias del Partido Socialista".
   Ante esto, el PSOE considera que el objeto del contencioso que presentó en su día, pidiendo la anulación de la orden de Bascuñana, "se ha conseguido, ya que el Gobierno regional nos ha dado la razón y se ha visto obligado a anular dicha orden, aunque haya sido con 5 años de retraso, por lo que manifestamos nuestra satisfacción", subrayó.
   El Grupo Parlamentario Socialista exige así explicaciones y pide la comparecencia del Gobierno regional en la Cámara, "por la tardanza de cinco años de la anulación de esta orden, que posibilitaba la construcción de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf en el espacio protegido de la Sierra de La Almenara".
   Rosique reiteró que "durante cinco años el Gobierno regional ha venido manteniendo que el proyecto de La Zerrichera cumplía con la legislación, ahora lo derogan".
   Para la diputada, el Gobierno regional no puede alegar ignorancia, "pues desde el primer momento sabía que no se podía urbanizar La Zerrichera. Los valores naturales de ese espacio protegido no han aparecido de la noche a la mañana, existían ya cuando se aprobó la reclasificación".
   Así se dijo en el informe de la Dirección General del Medio Natural de 2004, en el que se decía claramente que no se podía edificar en esa zona, lo dijo el informe de los técnicos de urbanismo en 2005, que advertían del incumplimiento de la Ley del Suelo con este proyecto y el propio borrador del Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara, cuya aprobación en 2010 ha servido para derogar la orden de Bascuñana.
   En 2005, apuntó, recogía ya que la zona debía ser declarada de no urbanizable. Sin embargo, señaló Rosique, "el Gobierno regional ignoró esos informes y aprobó el proyecto de La Zerrichera".
   La diputada considera que "Valcárcel y su gobierno le deben a los ciudadanos muchas explicaciones sobre este tema y desde el Partido Socialista le exigimos por activa, por pasiva y por perifrástica --como él-- que las den en la Asamblea Regional", enfatizó.
   Teresa Rosique agregó que "no debemos olvidar que el proceso judicial de la Zerrichera en materia penal sigue adelante, con un balance de 8 imputados por presuntos graves delitos, todos ellos altos cargos del PP en aquellos momentos y algunos todavía actualmente".
   El PSOE "lamenta enormemente que Valcárcel y su gobierno hayan dado lugar con su actuación en La Zerrichera a uno de los mayores escándalos urbanísticos de nuestra Comunidad Autónoma, con el consiguiente perjuicio para la imagen de la Región".
   También critica el consiguiente derroche de recursos públicos que ha supuesto toda la tramitación que ahora se ha tenido que anular y se pregunta, "cómo es posible que el consejero que aprobó la reclasificación de La Zerrichera que ahora se anula, siga formando parte del Gobierno regional como si no nada hubiese pasado".
   Por último dijo que desde el Partido Socialista "queremos hacer un reconocimiento público a todos los funcionarios que con una más que demostrada ética y capacidad profesional mantuvieron su firmeza en el cumplimiento de la legalidad, lo que suponemos no fue fácil".

'Mare Nostrum' en zona de alto riesgo de rescate por su enorme exposición al ladrillo

MADRID.- Los nuevos test de estrés que se aplicarán al sistema financiero español pueden servir de catalizador para un nuevo proceso de integraciones de cajas de ahorros y provocar la nacionalización de alguna de estas entidades, según un informe de Bank of America (BoA) Merrill Lynch.

   El banco estadounidense calcula que los resultados de las pruebas de resistencia pondrán de manifiesto la necesidad de nuevo capital en las cajas de ahorros por importe de 42.800 millones de euros, de los que el 30% (13.000 millones) corresponderían al grupo que lidera Caja Madrid.
   Este escenario base del informe de Merril Lynch titulado 'Hoja de Ruta de las Cajas III' asume una pérdida del 15% en los activos ponderados por riesgo y la necesidad de establecer el capital de máxima calidad ('Tier 1') de las entidades en el 8,5%.
   Expertos consultados destacan que los escenarios contemplados por el banco son demasiado estresados y superan ampliamente los requerimientos de capital necesarios en la actualidad para cumplir la normativa vigente actual. Asimismo, plantean hipótesis que los reguladores no incorporan en sus previsiones.
   En un escenario "catastrófico" en el que los precios inmobiliarios se desplomaran un 75% y las pérdidas por deterioro de activos se elevaran a 161.000 millones, las necesidades de capital podrían elevarse a un total de 80.000 millones, según sus cálculos.
   Por entidades y en función de su escenario base, la mayor necesidad de capital corresponde a Banco Financiero y de Ahorro, la entidad bajo la que se aglutina la fusión que lideran Caja Madrid y Bancaja (13.000 millones), seguida de La Caixa (8.100 millones).
   A continuación se situarían CatalunyaCaixa (4.300 millones), Mare Nostrum (3.100 millones), Breogán (2.600 millones), Banca Cívica (2.300 millones), Espiga (1.800 millones) e Ibercaja (1.800 millones de euros), y Unimm (1.600 millones de euros).
   Merrill Lynch afirma que la capacidad de las cajas de elevar su capital a través del sector privado depende de la situación de cada una, pero recuerda que el coste (7,75%) de los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) equivale al del bono español a cinco años más 500 puntos básicos.
   Teniendo en cuenta este coste financiero, el banco estadounidense considera en su análisis que "la intervención por parte del regulador  parece bastante probable y en algunos casos podría resultar en nacionalización y más consolidación".
   Sobre la situación de liquidez, especifica que las cajas de ahorros tienen vencimientos a lo largo de este año por importe global de 31.000 millones de euros, lo que supone el 14% del total, a los que se suman otros 46.000 millones que deben afrontar en 2012.
   La firma considera que la reestructuración de las cajas de ahorros es positiva para los bancos cotizados, porque éstos pueden arañar cuota de mercado y acabar haciéndose con activos de las cajas de ahorros.
   Por otro lado, destaca que el riesgo sistémico del sector financiero español se vería reducido y que si las cajas salen a bolsa se someterán al escrutinio de los mercados. A su parecer, Santander y BBVA podrían resultar beneficiarios de una bien ejecutada reestructuración de las cajas.
   En cuanto a la exposición de las cajas la construcción y promocion inmobiliaria, especifica que se eleva a un total de 302.000 millones de euros, lo que supone el 27% de la cartera crediticia. Los activos inmobiliarios adquiridos y adjudicado alcanzan 54.000 millones.

La duda de Fitch

Fitch duda de que el dinero público que han recibido hasta ahora las cajas de ahorros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sea suficiente.
   Hasta el momento, "los procesos de integración sólo han necesitado fondos del FROB equivalentes al 2% de sus activos ponderdos por riesgo, lo que puede no ser suficiente en determinadas instituciones", dice en un informe sobre la banca del Sur de Europa.
   La agencia indica que pese a los recursos inyectados a las cajas a través del FROB en forma de participaciones preferentes, "es previsible que los niveles de capital se mantengan bajos en las cajas españolas".
   Según Fitch, una de las principales preocupaciones de los inversores ha sido la elevada exposición de la banca española al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, así como la incapacidad de las cajas de incrementar su capital.
   El éxito de los nuevos grupos nacidos de las integraciones de cajas para elevar su capital en el futuro dependerá de que se logre restaurar la confianza de los mercados, indica el estudio sobre perspectivas en 2011.
   A su parecer, el hecho de que la reestructuración del sistema español de las cajas de ahorro se saldara con éxito, "con más inyecciones sustanciales de capital", podría mejorar la perspectiva de calificación crediticia de dichas entidades.
   Fitch le ha otorgado una perspectiva negativa a la calificación del sector de las cajas de ahorro en general porque se ha visto "severamente afectado" por el colapso del sector de la vivienda y se encuentra en un proceso de reestructuración". La mayoría de las cajas cuenta con rating en la franja del 'BBB'.
   En cuanto a la liquidez, la agencia pronostica además que el conjunto de las entidades financieras españolas sufrirá dificultades para acceder a los mercados mayoristas de financiación, con emisiones más caras, aunque especifica que los grandes bancos mantendrán su acceso a lo largo de 2011.
   "La mayoría de los bancos medianos y de las cajas de ahorro todavía son incapaces de emitir" deuda en los mercados y "será muy difícil y costoso para ellos lograr financiación a largo plazo", pronostica.
   La firma considera que tanto la aplicación del FROB como la ley de cajas han proporcionado al sistema financiero español una amplia gama de instrumentos en pro de la estabilidad, a lo que se añade el proceso de integración de cajas.
   Aunque estos cambios han supuesto un gran paso adelante, el acceso al mercado de la liquidez se mantendrá difícil y el sistema financiero encara el reto de restaurar la confianza de los inversores mayoristas, sostiene.
Finalmente, las cajas de ahorros españolas deberían aprovechar la reestructuración del sistema financiero español para "poner su casa en orden", desprenderse de sus participaciones industriales y regresar a su negocio tradicional, según afirma el diario británico 'Financial Times' en uno de sus editoriales.
   "Si alguna vez ha existido un momento para abrazar el siglo XXI, poner sus casas en orden y regresar al negocio bancario local, es ahora, a medida que sus tribulaciones se han convertido en centrales en la crisis de la zona euro", señala el rotativo, que critica el hecho de que a pesar del proceso de reestructuración al que se enfrentan algunas cajas, se muestran remisas a reducir su papel en el panorama industrial del país.

'The Economist' cree que si Zapatero avanza en sus reformas el PSOE puede recuperarse antes de 2012

LONDRES.- El semanario 'The Economist' indica que si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acelera a la hora de llevar a cabo las reformas en la economía podría dar tiempo al Partido Socialista de recuperarse antes de la elecciones generales de 2012, y asegura que ahora tiene "una oportunidad de oro para actuar con valentía". 

   En un artículo dedicado al presidente del Gobierno español, la publicación británica señala que Zapatero está intentando salvar a su partido, que se encuentra a 15 puntos del Partido Popular según las encuestas y es previsible que obtenga malos resultados en las elecciones locales de mayo.
   Asimismo, señala que el presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha preferido dejar que el Gobierno sufra la impopularidad de la reforma él solo en vez de firmar un pacto nacional, pero el semanario asegura que Zapatero no tiene por qué esperarle a él o los sindicatos.
   'The Economist' considera que Zapatero se equivocó al culpar de la entrada del país en la recesión y de su tasa de desempleo del 20% "únicamente a una crisis global de crédito generada en el otro lado del Atlántico". En su opinión, España ha generado mucho de sus propios problemas y los préstamos tóxicos en el sector de la construcción "son sólo el principio". 
"Estas deficiencias han sido descubiertas despiadadamente por la crisis del euro", añade.
   Sin embargo, el diario cree que parece que Zapatero "ha visto la luz", dado su nuevo afán reformista. En concreto, el artículo hace referencia a las promesas de presentar la reforma de las pensiones en 28 de enero y la de la negociación colectiva el 18 de marzo, así como a los avances en marcha para crear nuevas reglas de transparencia para los bancos, con el objetivo de que ofrezcan con más claridad su exposición a activos tóxicos.
   Asimismo, también celebra los avances en el control de los gobiernos regionales, que suponen una gran parte del gasto público, que supera al registrado en otros países, y a quienes se les exige ahora un mayor control de sus déficits.
   A pesar de ello, 'The Economist' incide en que la necesidad de reformas y austeridad en España es "urgente" y señala que, aunque la reforma de las pensiones parece garantizada, es necesaria avanzar en la del mercado laboral.
   Entre las razones de la renovada confianza de Zapatero y su disposición a llevar a cabo reformas, el diario cita su acuerdo con el PNV, que permitirá al Gobierno sobrevivir hasta las elecciones generales, y la promoción del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a vicepresidente "capaz, popular e hiperactivo".
   En este sentido, apunta que, dado que Zapatero quizás decida no presentarse otra vez a la presidencia del Gobierno, tiene "poco que perder". 
"Rubalcaba parece cada vez más el sucesor más evidente en el liderazgo del Partido Socialista", añade.
   Sin embargo, el diario advierte de que el camino a la recuperación en España todavía está "plagado de peligros". Entre ellos, un previsible descenso continuado de los precios de la vivienda o la decreciente competitividad de la economía española.
   En este línea, señala que, aunque la "conversión" de Zapatero hacia las reformas puede ser "genuina", llega tarde y podría no ir suficientemente lejos. "No está claro que acepte los recortes salariales, por ejemplo", agrega.

El Gobierno español prepara un nuevo rescate para las cajas de ahorro

NUEVA YORK.- El Gobierno español planea inyectar miles de millones de euros adicionales en el sistema de cajas de ahorros para obligarlas a adoptar estructuras más transparentes sobre sus prácticas de préstamo, informa el diario 'The Wall Street Journal' citando a fuentes cercanas a la situación, lo que, en opinión del prestigioso rotativo, equivale a reconocer que los esfuerzos previos para sanear las finanzas del sector "han fracasado en su mayor parte", ya que el país se enfrenta a los rumores sobre un hipotético rescate.

   En un primer momento, 'The Wall Street Journal' apunta que el Gobierno prepara en los próximos días una emisión de deuda por importe de 3.000 millones de euros, aunque las fuentes consultadas apuntan que podría ser necesario captar hasta 30.000 millones o una cifra ligeramente inferior.
   Otro paso probable es la simplificación de las complejas estructuras de las cajas, volviéndolas más parecidas a los bancos tradicionales. Las cajas, que acumulan cerca del 42% de los activos bancarios en España, se han caracterizado por su confusa estructura de propiedad y de gestión y divulgan mucha menos información financiera que los bancos.
   De hecho, el periódico estadounidense señala que sus juntas directivas están conformadas por políticos locales, sindicalistas, clientes y, en algunos casos, sacerdotes católicos, "muchos de los cuales han sido renuentes a ceder su influencia".
   De este modo, el Ejecutivo pretende acabar con los temores de los inversores respecto a la solvencia de las cajas de ahorros y, al mismo tiempo, convencer a los mercados de la estabilidad de las finanzas del país.
   "El destino de las cajas está inseparablemente ligado al destino de España y, posiblemente, al del mismo euro", afirma el diario, que recuerda que el temor a que estas entidades no pudieran financiarse en los mercados llevó el mes pasado a la agencia Moody's a poner el 'rating' de España en revisión para una posible rebaja.
   Estas entidades financieras, cuyos activos bordean los 1,3 billones de euros, el 42% del total del sistema bancario, fueron las grandes perdedoras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y sus carteras incobrables y pérdidas potenciales podrían ser cuantiosas.
   Así, 'The Wall Street Journal' recuerda que el año pasado el Gobierno español forzó una oleada de fusiones que redujo el número de cajas de 45 a 17, pero apunta que sus estructuras confusas "han ahuyentado a los inversores".
   "El objetivo de la actual reestructuración es obligar a la cajas a colocar todos sus activos en un holding central y racionalizar su administración, haciéndolas más parecidas a los bancos tradicionales y más atractivas para los inversores privados", señala el periódico, que indica que los cambios estructurales necesarios podrían implementarse mediante una ley o como una condición previa para acceder a los fondos fiscales.
   "Las nuevas medidas constituyen, asimismo, un reconocimiento de que el reordenamiento impulsado el año pasado no funcionó. Los matrimonios forzados han demostrado ser difíciles de ejecutar en la práctica", añade.
   A finales de noviembre, el Banco de España ya exhortó públicamente a las cajas a acelerar la combinación de sus negocios y la reducción de sus costes e incluso la semana pasada, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la recapitalización del sistema financiero como un "objetivo urgente".
   "La presión parece haber surtido algún efecto. Algunas cajas de ahorro decidieron abandonar su modelo descentralizado y transformarse en entidades más parecidas a los bancos", indica el rotativo, que pone como ejemplo el caso de Cajastur, que anunció a finales del mes pasado que centralizará el 100% de sus activos.
   No obstante, 'The Wall Street Journal' apunta que el Gobierno esperará para dar un ultimátum hasta que analice la información detallada sobre el tipo y la calidad de los préstamos que las cajas otorgaron al sector inmobiliario, una información que será hecha pública por primera vez a finales de este mes y en febrero.
   Asimismo, el periódico apunta que el Gobierno estudia introducir cambios para permitir que el FROB inyecte capital en las entidades a través de compras directas de participaciones, visto como el medio más seguro de invertir en ellas y que otorgaría al Ejecutivo un mayor control sobre las mismas a diferencia de las acciones preferentes sin derechos de voto que adquirió en el pasado.
   "Funcionarios del Gobierno valoran además la posibilidad de crear un 'banco malo' para los activos tóxicos de algunas cajas administrado por la Administración", indicaron al rotativo las fuentes consultadas, que advirtieron de que aún no está claro cómo se financiaría o estructuraría.

La Región de Murcia registra el mayor aumento del gasto farmacéutico por CC AA en 2010

MURCIA.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma en la que más aumentó el gasto farmacéutico durante el pasado año, con un incremento del 1,93 por ciento en relación al mismo mes de 2009, según ha informado el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

   De esta forma, el gasto farmacéutico fue mayor que el registrado en el conjunto nacional, que alcanzó un descenso del 2,36 por ciento a cierre de 2010.
   Asimismo, Murcia fue la comunidad en donde menos bajó el gasto medio por receta, con un -1,78 por ciento, por debajo de la media nacional, que alcanzó el -4,79 por ciento. En diciembre, se situó en los 13,19 euros, un -5,82 menos que en diciembre de 2009.
   En cuanto al número de recetas facturadas, ascendió en la Región de Murcia en 2010 el 3,78 por ciento con respecto al año anterior, y se elevan a las 30.866.298 unidades, mientras que en el mes de diciembre aumentó el 5,45 por ciento.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social bajan en Murcia un 3,15% en diciembre

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 86.053 en diciembre, lo que supone una disminución del 3,15 por ciento con respecto al mismo mes de 2009, según datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   Así, entre diciembre de 2009 y 2010, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia disminuyó en 2.795 personas.
   Cabe destacar, además, que la disminución del 3,15 por ciento registrado en la Región fue superior a la media nacional, que registró un descenso del 1,79 por ciento en diciembre, situándose en la sexta comunidad con mayor descenso.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 45.074 se enmarcaron en el régimen agrario; 30.786 corresponden al régimen general; 4.949 fueron autónomos; 5.176 en el Hogar y 68 trabajadores del Mar.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.425 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 72.628 son extracomunitarios.