sábado, 29 de mayo de 2010

Fallece Guy Lemeunier, investigador sobre la Historia Moderna del antiguo Reino de Murcia.

MURCIA.- Ha fallecido Guy Lemeunier, marido de la profesora Maria Teresa Pérez Picazo, catedrática emérita jubilada de la Universidad de Murcia.

Guy Lemeunier había sido miembro del CNRS (París) y reconocido investigador sobre la Historia Moderna del antiguo Reino de Murcia.

María Teresa Pérez Picazo (El Ferrol, La Coruña, 1935) es una figura de reconocido prestigio académico en estructuras agrarias y planificación hidráulica, catedrática emérita de Historia Económica en la Universidad de Murcia y profesora emérita de Universidad de La Sorbona., París.

En el ámbito político, fue diputada socialista en la primera legislatura en la Asamblea de Murcia, y pionera en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en la Región de Murcia.

El velatorio es en el Tanatorio Padre Jesús (Espinardo), junto a la avda. Juan Carlos I de Murcia.

La misa-funeral será en la capilla de dicho tanatorio hoy, sábado, a las 16,45 de la tarde.


Obra de Guy Lemeunier
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viernes, 28 de mayo de 2010

Mazón reconoce que irá a los tribunales para sustanciar la extralimitación de Tovar

MURCIA.- El letrado oriolano José Luis Mazón Costa piensa que el delegado del Gobierno, González Tovar, "necesita un master sobre las obligaciones del cargo público, porque no tiene conciencia de cuales son sus deberes oficiales ni cultura de cargo público ".

Mazón, anuncia que en el plazo de un mes presentará una demanda civil por violación de los derechos fundamentales en los Juzgados de primera Instancia de Murcia, una vez fallida su demanda de conciliación contra el delegado del Gobierno, por tachar de "despropósito" la reclamación en la que pidió la retirada del Cristo, en la pedanía murciana de Monteagudo, de su actual ubicación.

"González Tovar, como delegado del Gobierno, no puede salir diciendo que la reclamación es un despropósito", según Mazón, quien criticó que el despropósito "es él, y su conducta". Ello "constituye una vulneración del derecho a acudir a la Justicia sin hostigamientos ni presiones de los poderes públicos".

Mazón anuncia así su nueva demanda civil que, de salir adelante, podría desembocar en "una condena por violación de derechos fundamentales, porque se ha extralimitado en las facultades de su cargo". Lo más importante "es el reconocimiento moral" de que se ha "violado" el derecho constitucional a acudir a los tribunales "sin presiones ni injerencias de los cargos públicos".

Y es que el delegado del Gobierno "no puede hostigar en público a una persona por el mero hecho de que ha presentado una reclamación judicial, tal y como establece el código de buen Gobierno, que explica que los ministros y los altos cargos tienen una obligación especial de respeto a los derechos fundamentales de la persona".

"Estos cargos públicos tienen limitaciones en la libertad de expresión, y no pueden comportarse como un ciudadano cualquiera por el hecho de ser cargos públicos", según Mazón.

"González Tovar intenta rehuir o justificar el incumplimiento de sus obligaciones como representante del Estado, que debería aplicar la Constitución y ordenar que se retirara esa estatua del Cristo de Monteagudo, como alto responsable en la Región de Murcia de la Administración General del Estado, propietaria del terreno", concluye.
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Murcia y Cartagena están entre los ayuntamientos más endeudados de España

MADRID.- De los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, un total de 5.137 tienen contraida algún tipo de deuda financiera. Los hay con grandes, grándísimos endeudamientos como en el caso de la capital, Madrid, que acumula por sí sola 6.776 millones de euros, gestados en su mayoría por grandes proyectos urbanos como la renovación de la M-30 y otros similares.

Todo seguido encontramos a Valencia, que con sus 834 millones de euros de deuda para 814.208 habitantes saca un resultado de 1.024 euros de deuda por valenciano. Otra gran capital como Barcelona, con 1,62 millones de habitantes en 2009, tiene sin embargo una deuda de 753 millones que, dividido por habitante, sale a 464 euros por persona, más de cuatro veces menos que los madrileños.

Zaragoza (751 millones, 1.115 euros por persona), Málaga (719, 1.266 por habitante), Sevilla (522, 742 por habitante), Córdoba (312 millones, 951 por habitante) y Murcia (258 millones, 591 por habitante) completan la lista de ciudades españolas con más deuda.

Aunque por encima tienen, incluso, a otro tipo de entidades públicas, como por ejemplo la Diputación Foral de Vizcaya, con 758 millones de deuda.

Entre los cien municipios con más deuda encontramos otros como Cartagena (129 millones de deuda, 610 por habitante), Alcorcón (146, 870 euros por habitante) o Tarragona (143 millones, 1.020 de deuda por habitante).

Según estos datos, no sólo los grandes núcleos urbanos acumulan grandes endeudamientos, sino que también pequeños municipios acumulan una deuda muy importante en relación con su población.

Justo es reconocer también que hay más de 3.000 municipios de casi todas las provincias españolas que no tienen contraído ni un sólo euro de deuda municipal sino que llevan a cabo un equilibrio de gastos encomiable. Pequeñas localidades aunque algunas son conocidas, como es el caso de Medellín (Extremadura) o Medinaceli (Soria).
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Se descascarilla también el intento de un SIP liderado por Caja Murcia

MADRID.- Las dos grandes cajas españolas, que hasta la fecha se habían mantenido en un discreto segundo plano frente al proceso de reestructuración del sector, La Caixa y Caja Madrid, están entrando en el baile de las fusiones. Caja Madrid negocia ya la fusión con la Caja Insular de Canarias, la catalana Laietana y Caja Rioja. El mercado especula, además, con una unión de la entidad madrileña con la valenciana Bancaja. El movimiento de Caja Madrid era uno de los más esperados en el sector debido a que se trata de una de las entidades más grandes.


Según ha confirmado también La Caixa en una nota a la CNMV, la primera caja española está "en conversaciones con Caixa Girona (una de las pretendidas por Caja Murcia) sobre un posible proceso de fusión", una operación que cuenta con el visto bueno del Banco de España.

Ante la negativa de Caixa Girona de entrar en otras alianzas, La Caixa ultima realmente su absorción. Su tamaño -está entre las cajas pequeñas-, la convierte en una caja débil para sobrevivir en un futuro, más en una región con fuerte competencia, con sólo 7.815 millones de euros de activos al cierre del pasado año.

Caixa Girona, que anunció su voluntad de continuar en solitario tras desmarcarse de la fusión con Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, ha recibido desde entonces advertencias de la Generalitat y del Banco de España sobre el riesgo de esta decisión.

El endurecimiento de la política de provisiones del Banco de España junto con la rebaja de la calificación crediticia de la caja gerundense han precipitado la operación. Las conversaciones entre la cúpula de Girona y La Caixa se han intensificado en los últimos días.

Miembros del Gobierno catalán comentaban hoy que las cajas pequeñas que seguían en solitario en Cataluña se han visto abocadas a participar en algún proceso, casi obligadas por la situación económica de las últimas semanas.

Descartaron que la operación entre La Caixa y Caixa Girona se pueda interpretar como una medida de intervención, sino más bien como una posibilidad para sumar fuerzas dentro de Cataluña.

Dará lugar al principal grupo del sector de las cajas de ahorros, con un volumen de activos conjunto de 280.000 millones, seguido del Sistema Institucional de Protección (SIP) de Caja Madrid, Caja Avila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y La Caja Insular de Ahorros de Canarias, que contará con unos activos de 227.000 millones de euros.

Por su parte, la entidad madrileña presidida por Rodrigo Rato podría dar entrada a Caja de Ávila y Caja Segovia, que ayer rechazaron formar parte del proyecto de Banca Cïvica, en una eventual fusión fría. A este proyecto también se podrían sumar, según han añadido desde fuentes financieras, La Rioja y la Caja Insular Canaria. Según Cinco Días, hasta Caixa Laietana (una segunda dentro de los planes de absorción por Caja Murcia) está muy cerca de la operación.

El consejero catalán de Economía ha señalado hoy, que existen "procesos muy avanzados" de fusiones que implican a las tres cajas de Cataluña aún descolgadas: Girona, Penedès y Laietana.

Esta última anunció una operación "inminente", mientras Caixa Penedès decían que ultima una fusión fría con Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, aunque este extremo ya no estaba tan claro esta tarde y muy posiblemente en unos días, la primera anunciará otros planes más catalanes, la segunda una fusión-absorción con Bancaja y la tercera con Caja Sol, todos estos procesos por una lógica elemental de territorialidad y/o lengua.

Fuentes de Caixa Penedés señalaron hoy que, de momento, no se cerrará ningún acuerdo con Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, remitiendo a la próxima semana, o la siguiente, para nuevas noticias.

La balear Sa Nostra aprobará en diez días, en un consejo extraordinario, un protocolo de actuación para fusionarse con otras cajas de ahorro en un Sistema Integrado de Protección (SIP). Posteriormente, la Asamblea General se reunirá en un plazo máximo de un mes para decidir si aprueba o no el contrato de integración.

Sa Nostra está manteniendo contactos abiertos con diferentes cajas, si bien no revelarán sus nombres hasta que no se cierren los objetivos del protocolo de actuación y se alcance un acuerdo en firme con ellas.

Este secretismo hace presagiar que su decisión final no tendrá nada que ver con un SIP con Caja Murcia y Caja Granada, realmente las dos entidades más descolgadas y, cada vez, con menos alternativas ante la inevitable reestructuración financiera ordenada desde el FMI y el BCE.

Oficialmente se decía ayer que el SIP supuestamente liderado por Caja Murcia, con Caixa Penedés, Caja Granada y la balear Sa Nostra, que algunas fuentes daban esta semana como casi cerrado, se retrasará algunos días para estudiar la incorporación de nuevos socios. Ayer confirmó su interés Caja Badajoz, que vio frustrado su intento de fusión con Caja Extremadura, aunque también se barajaron los nombres de Caixa Girona y Caixa Laietana, dos entidades catalanas hoy felizmente ya en otros proyectos muy distintos ambas.

El SIP llamado de Caja Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra daría lugar a la séptima caja de ahorros de España, con una suma de activos de 73.055 millones de euros, de los que 23.041 millones provienen de Caixa Penedés; 22.140 millones de Caja Murcia; 14.114 millones de Sa Nostra y 13.759 millones de Caja Granada, por lo que se explica mucho menos que lo lidere una caja con menos recursos que Caixa Penedés.

Sa Nostra ya avanzó hace meses que antes del 30 de junio, presentaría un proyecto de fusión, teniendo en cuenta que ésta es la fecha límite hasta la que está vigente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mediante el cual se financian las fusiones del sector financiero.

El secretario balear de Acción Sindical de UGT, Manuel Pelarda, expresó hoy su "máxima preocupación" por esta integración de Sa Nostra con otras cajas de ahorros, denominada también 'fusión fría', ya que, según señaló, los sindicatos desconocen su contenido y su alcance y, por tanto, no saben si va a suponer el "principio de un fin de un modelo y una privatización encubierta".

"No sabemos si es una nueva chapuza obligada por los acontecimientos", recalcó Pelarda, quien esperó que el Govern balear explique a los sindicatos en la Mesa de Economía la operación de fusión de Sa Nostra, teniendo en cuenta que esta entidad cuenta con 1.600 trabajadores.

Desde CajaGranada también apuntan las "limitaciones" y condiciones que la caja granadina mantiene a la hora de afrontar conversaciones con otras cajas, como es "el mantenimiento de la marca, la absoluta lealtad con el territorio y el respeto a la plantilla".

El pasado miércoles el Banco de España anunciaba el endurecimiento de las provisiones por morosidad, sobre todo, las vinculadas al sector inmobiliario, lo que afecta más a las cajas más débiles, y en las que Ordóñez ha puesto el acento para su fusión, caso más que claro de Caja Murcia.

Sólo en activos tóxicos del ladrillo las cajas de ahorro superan los 39.500 millones de euros. La cifra la han calculado los analistas de Nomura y representa la foto fija de la exposición inmobiliaria a la que hacen frente las cajas de ahorro.

Son 39.570 millones de euros y no toda esta cantidad se reparte por igual. Y es que, mientras que el ratio medio de activos en riesgo sobre activos totales es del 2,95%, algunas entidades superan holgadamente el 9%, mientras que un buen puñado está por encima del 5%. Curiosamente, las cajas de ahorro con mayor exposición inmobiliaria están en la pista de baile de las fusiones.

El Gobierno, el Banco de España y las propias cajas están convencidas ahora de que la reestructuración del sector finalizará el 15 de junio. Incluso la reforma de la ley sectorial concluirá antes de los tres meses previstos. El Banco de España ha transmitido a las entidades que no pedirá prórroga del FROB, con lo que fuerza a las cajas a reestructurarse ya.

El comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, apremió ayer a las cajas a que continúen con el proceso de reestructuración: "No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy".

El nuevo grupo catalán contará con aproximadamente 6.000 oficinas, de las que 5.326 proceden del Grupo 'La Caixa', y con más de 28.000 empleados, de los que 27.505 procedente de la entidad que dirige Isidro Fainé.

El SIP de Caja Madrid tendrá en total 2.975 oficinas, en su mayoría procedentes de la entidad madrileña, que cuenta más de 2.000 sucursales, y tendrá una plantilla compuesta por unos 19.000 empleados.

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Grecia suprime dos tercios de sus ayuntamientos para recortar el gasto público

ATENAS.- El Parlamento griego aprobó anoche por ley la reducción de su número de ayuntamientos de 1.034 a 355, lo que supondrá un ahorro de 1.185 millones de euros anuales para el país.

Ahogado por el endeudamiento del país, el gobierno ha decidido reformar su administración con ayuntamientos con más poder que tengan un mínimo de 10.000 habitantes y puedan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Los parlamentarios del oficialista partido socialista Pasok, junto a tres legisladores disidentes, votaron a favor de la normativa, que fue aprobada por 160 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

Para aligerar la administración, el severo recorte de personal reducirá a la mitad los actuales 50.000 cargos políticos municipales griegos.

La nueva ley establece además que, a partir de 2014, las elecciones municipales se celebrarán cada cinco años, y no cada cuatro como hasta ahora, para hacerlas coincidir con los comicios europeos, lo que supondrá un ahorro estimado de 75 millones de euros.

La reforma administrativa ha sido recibida con fuertes protestas por parte de los empleados locales, que esta semana han bloqueado carreteras y se han manifestado ante el Parlamento.

Grecia aprobó recientemente un plan de austeridad de 30.000 millones de euros, con importantes recortes salariales del sector público y congelación de pensiones para sanear las endeudadas cuentas públicas.

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jueves, 27 de mayo de 2010

Almunia dice que España no ha pedido que 'Navantia' construya barcos civiles

BRUSELAS.- El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, aseguró hoy que el Gobierno español no ha solicitado la retirada del veto impuesto por el Ejecutivo comunitario a la construcción de barcos civiles en el astillero de Navantia Fene.

"No ha habido esa petición", dijo el comisario español, preguntado por este supuesto, después de que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, dijera recientemente que su Gobierno trabaja en los temas que afectan a Galicia durante la Presidencia española de la UE y, en concreto, en el sector naval y los astilleros de Navantia en Fene (La Coruña).

Navantia Fene debe centrarse en la construcción militar y tiene limitada su producción civil hasta 2015, si no quiere devolver las ayudas públicas que recibió la antigua Izar para efectuar su reestructuración y que fueron calificadas de ilegales por la Comisión Europea.

En este sentido, Almunia recordó que sigue vigente el acuerdo alcanzado en 2005, "que es un acuerdo que vuelve a poner las cosas en su sitio", después de que el Gobierno concediera unas ayudas públicas para la reestructuración del sector naval "que no habían sido notificadas o tratadas con arreglo a las reglas europeas".

"Los acuerdos están para cumplirlos y que se respeten. Yo creo que nos beneficia a todos que se cumplan y que se respeten", dijo a este respecto Almunia, quien recordó que este tipo de pactos se han firmado en otros países como Alemania, Polonia, e incluso países candidatos como Croacia.

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El PP está "abierto" a reunirse con el Gobierno para dar solución al aeropuerto de Ciudad Real

TOLEDO.- La presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, aseveró hoy que el Gobierno, con el Partido Popular, "tiene la facilidad de llegar a cualquier alternativa" en torno al aeropuerto de Ciudad Real, y por eso "cuando ellos quieran nos podemos reunir y estamos completamente abiertos" a ello.

A preguntas de los medios, Cospedal, que confesó que "hasta el momento no ha habido ningún contacto" en ese sentido, sí dejó claro que el principio que debe de regir la solución es que "el dinero público valga para ayudar a todos y para sanear y garantizar la viabilidad del aeropuerto" y no exclusivamente "para garantizar el patrimonio de unos cuantos o unos pocos".

La líder del PP se pronunció así, a propósito de la petición del presidente regional, José María Barreda, en las Cortes, para aplazar el debate sobre la concesión de un aval de 140 millones de euros a la sociedad gestora de esta infraestructura, en aras, según Barreda, de alcanzar una propuesta "conjunta y unitaria" con la oposición.

A juicio de Cospedal, es necesario que cualquier solución "pase por que el dinero público revierta en beneficio de los castellano-manchegos y que no se utilice para que pueda servir de pasto para especuladores o para que algunos que han intentado hacer negocio a costa de todos los demás lo puedan hacer, y que sirva para salvar el aeropuerto y no a unos cuantos".

En este sentido, recordó que el Partido Popular ha propuesto una solución "que es una solución absolutamente impecable desde el punto de vista económico y de gestión de recursos públicos", de tal forma que "los 140 millones de euros que la Junta quiere destinar en avales a unas pocas personas, se transforme en que la propiedad del aeropuerto pasase a ser de todos los castellano-manchegos".

Respecto a los cálculos que ha hecho el PP sobre el coste de esa operación de expropiación, la responsable regional del partido detalló que los cálculos de los 'populares' se basan en los que aportó el PSOE en las Cortes, que cifran en 150 millones de euros las acciones del aeropuerto y "algo parecido la deuda".

Por tanto "si ese es el valor de las acciones, ese es el precio que hay que pagar, y eso es muy parecido a los 140 millones de euros de un aval que de forma segura se iba a ejecutar", precisó María Dolores de Cospedal, que defendió una titularidad pública del aeropuerto "que permita una gestión privada, racional y austera" y, por tanto, su "viabilidad".
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El aeropuerto de Ciudad Real ve "coherente y positivo" aplazar el debate sobre el aval

CIUDAD REAL.- La empresa que explota el aeropuerto de Ciudad Real, CR Aeropuertos, consideró hoy "coherente y positiva" la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de aplazar hasta el próximo pleno de las Cortes el debate sobre la petición de un aval de 140 millones de euros realizado por la compañía.

En un comunicado, la empresa apoya la propuesta de Barreda, realizada hoy en el Parlamento autonómico, con el objetivo de buscar el "consenso político con el PP, una vez que éste ha presentado una proposición de ley también una proposición de ley también relativa al futuro de la empresa y que se está a la espera de conocer con más detalle".

Según se indica, "CR Aeropuertos siempre ha apelado a la unanimidad a toda la sociedad desde sus inicios, por considerar estratégica esta infraestructura declarada de Interés General por el Estado y Proyecto de Singular Interés de la región".
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El Consejo Social de la UMU reclama que las universidades privadas cumplan la ley

MURCIA.- El Consejo Social de la Universidad de Murcia ha pedido hoy a los poderes públicos que "examinen de forma rigurosa el cumplimiento de todos los requisitos legales previamente a la autorización de enseñanzas a las universidades privadas".

El acuerdo añade que ese control debe ser especialmente seguido en lo que se refiere a los medios personales y materiales, como el número de doctores precisos para impartir las titulaciones, las exigencias de calidad, la dedicación y horarios de trabajo, la infraestructura en general y prácticas suficientes".

El Consejo ha reclamado también que la financiación de las titulaciones impartidas por las universidades privadas "se lleve a cabo exclusivamente con recursos privados, sin que se destinen a este fin recursos públicos".

Igualmente se demanda que se garantice la "prioridad de los alumnos de la Universidad de Murcia en la utilización de los servicios e infraestructuras públicos necesarios para cumplimentar sus estudios, especialmente en lo relativo a su formación práctica".

"En este sentido -añade el acuerdo- el Consejo Social solicita se pongan a disposición de los alumnos de esta Universidad las instalaciones sanitarias necesarias para garantizar los actuales niveles de calidad, sin que se pueda poner en peligro el acceso a los mismos por la firma de convenios entre el Servicio Murciano de Salud y otras instituciones universitarias".

Finalmente, reitera de las administraciones "el mayor apoyo presupuestario en favor de la Universidad de Murcia y, en particular, en las enseñanzas del ámbito sanitario, en forma tal que el principio de igualdad respecto a su financiación, comparada con la de otras universidades públicas españolas, quede plenamente garantizado con la finalidad de conseguir la excelencia".

Durante el pleno del Consejo, celebrado en Convalecencia, el rector, José Antonio Cobacho, en su informe, se refirió al anunciado recorte de los presupuestos, que, según ha informado la Comunidad Autónoma, se elevará a 1,1 millones de euros.

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Valcárcel muestra su interés en que las cajas de ahorro que operan en la Región "garanticen el apoyo a las empresas"

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, mostró hoy su interés en que las cajas que operan en la Región de Murcia tengan "una fortaleza tal que garanticen la posibilidad de apoyar al desarrollo de la Comunidad", y matizó que eso "significa apoyar los grandes proyectos, y no hay más grandes proyectos que el apoyo a las empresas, garantizar su liquidez, los créditos y que tengan oxígeno".

El presidente murciano contestó de esta forma en rueda de prensa al ser preguntado por una posible unión de Cajamurcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedés en un Sistema Institucional de Protección (SIP) o 'fusión fría'.

Valcárcel afirmó, en este sentido, que la fusión entre Cajamurcia y Caja Mediteráneo (CAM) es "historia pasada" a la que dio "carpetazo", y sostuvo que su deseo de que "haya cajas que sean instrumentos de financiación lo suficientemente sólidos que garanticen el desarrollo de las empresas de la Región y de la sociedad".
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Caja Cantabria tendrá dos miembros en el consejo del nuevo banco junto a CAM, Cajastur y Caja Extremadura

SANTANDER.- Caja Cantabria contará con dos representantes en el consejo de administración del banco que creará la entidad junto a CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Cajastur y Caja Extremadura, según informaron hoy en rueda de prensa el presidente y el director general de la entidad cántabra, Enrique Ambrosio Orizaola y Javier Eraso.

Aunque el protocolo de intenciones suscrito este lunes sólo da un representante en el consejo a la entidad cántabra, hay un acuerdo verbal para que al final sean dos. Lo mismo ocurre con Caja Extremadura, que también tendrá dos representantes en el Consejo.

En principio, el consejo de administración del nuevo banco quedará constituido por 12 miembros. Al presidente y consejero delegado, cargos que asumirán respectivamente Modesto Crespo (actual presidente de Caja Mediterráneo) y Manuel Menéndez (presidente de Cajastur), se suman los vicepresidentes primero, Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura), y segundo, Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria).

El órgano se completará con otros seis consejeros más nombrados tres a propuesta de la CAM y otros tres por Cajastur, más dos consejeros independientes.

Pero además, existe el compromiso de que en la primera reunión del Consejo se incorporen a él los directores generales de Caja Cantabria y Caja Extremadura, también como nombramiento nominativo.

Según explicó el propio Eraso, esas dos incorporaciones no han quedado reflejadas en el protocolo de intenciones porque "no se ha considerado conveniente" y por "simplificar" el procedimiento, pero el compromiso, aunque verbal, es firme. No obstante, lo que no está cerrado es si esos dos consejeros adicionales quedarán consolidados para el futuro o son sólo de momento para el arranque del SIP.

La participación de Caja Cantabria en el SIP ha sido precisamente uno de los aspectos que ha suscitado debate en el seno del Consejo de Administración de la entidad cántabra celebrado este miércoles.

Los consejeros han pedido que en la negociación que se abre ahora para firmar el contrato de integración y desarrollar el proceso se intenten "mejorar" los términos del acuerdo para Caja Cantabria en lo que respecta, por ejemplo, a las posibilidades de control y votación.

En cualquier caso, Ambrosio destacó que a pesar de que ha habido "matices", lo importante es que en la reunión del Consejo de Administración al final prevaleció el apoyo al proceso de integración. Además, resaltó que en la negociación ha primado el futuro de la caja.

"A nosotros nunca nos ha preocupado tener una foto más o menos bonita, sino la seguridad y el futuro de la caja", comentó.

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La CAM anuncia que el SIP pedirá 1.600 millones al FROB y que mantendrá la marca en los territorios no naturales

VALENCIA.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, anunció hoy que el Sistema Institucional de Protección (SIP) en que se integrará con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria solicitará 1.600 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que, hasta que se constituya la nueva entidad, mantendrá la "marca CAM" en los territorios no naturales de estas entidades por ser "la más conocida y la de más prestigio".

Crespo se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación tras ser recibido por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acto en el que confió en poder culminar el proceso de integración "a final de año" y destacó que han logrado "un acuerdo de futuro" con el que van a "asegurar muchísimas cosas".

El presidente de la caja alicantina agradeció a Camps su "apoyo inconmensurable" durante las negociaciones, "implicándose y consiguiendo en algunos momentos incluso las conexiones necesarias, con sus habilidades y con sus conocimientos", para facilitar la consecución de un proyecto "de una eficacia total".

"Gracias presidente, porque somos nosotros los que hemos de agradecerte que un proyecto tan importante como la CAM se quede en Alicante", subrayó Crespo, quien destacó que van a "coliderar" la nueva entidad y valoró que este proyecto "no se haya marchado más allá de las fronteras de Alicante".

Además, resaltó que durante ese proceso también contaron "en todo momento" con el "apoyo" del vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, así como por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Respecto a la cantidad que solicitarán al FROB, precisó que pedirán "aproximadamente unos 1.600 millones de euros", pero "no porque sean necesarios", sino por "aprovechar la oportunidad" de optar a esas ayudas estatales.

En este sentido, aseguró que "el core capital y los activos resultantes de unir estas cuatro cajas son suficientes para poder afrontar perfectamente la situación actual" e incluso para cumplir los nuevos requisitos marcados por Basilea III. "Nosotros prácticamente lo cumplimos ya en este momento, pero esas ayudas están ahí y nosotros vamos a solicitarlas y luego ya, en su momento, haremos el uso que corresponda de ellas", subrayó.

Explicó que la nueva entidad será la que "marque las pautas" en asuntos como la actividad crediticia, dado que se trata de "un nuevo grupo".

"Si vamos a coliderar ese nuevo grupo, las cuestiones de riesgo y todas las decisiones importantes lógicamente tendrán que darse en el seno de ese nuevo banco o esa nueva entidad que se cree y comúnmente para todos", dijo.

Crespo indicó que para constituir esa nueva entidad solicitarán una nueva ficha bancaria al Banco de España, aunque comentó que cabe la posibilidad de que sea una "agrupación de cajas" y no un banco, dado que es una modificación que solicitará la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ante la reforma de la ley de Cajas.

Por otro lado, el presidente de la CAM aseguró que el SIP "en absoluto" afectará a las cuotas participativas emitidas por la caja alicantina y que, de hecho, "tal vez puedan coexistir" con otras cuotas que sí tengan derechos políticos, en caso de ser aprobadas.

Por su parte, Camps agradeció a los responsables de la CAM el "gran esfuerzo", el "tino a la hora de tomar la decisión" y el "buen trabajo" realizados para llevar a buen puerto la integración, al tiempo que se mostró "muy satisfecho" por el SIP porque "significa más años de estabilidad, de prosperidad y de creación de empleo".

Celebró así que "la provincia de Alicante, y por ende la Comunidad Valenciana, tengan una gran entidad financiera de referencia, como han tenido estos años, para seguir apostando por la realidad económica de la provincia, por los sectores productivos genuinos de Alicante y para seguir sirviendo a la mejor suerte de los ahorros personales y familiares" de sus ciudadanos.

Camps valoró que ese proyecto tenga una "visión nacional" y "de expansión", ya que "permite a la CAM expandir su visión y su capacidad de influencia y presencia en otros sectores y en otros territorios", al tiempo que remarcó que es "una gran noticia" para la CAM, para sus clientes, para sus trabajadores y para la economía de la Comunidad Valenciana. "Es un momento histórico", insistió.

Preguntado por si ha mantenido contactos del mismo tipo con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, Camps aseguró que mantiene "contactos permanentes y constantes no ahora, sino desde hace muchísimos años" con los máximos representantes de Bancaja y CAM sobre "el presente y el futuro" de ambas entidades, desde la "leal colaboración" y la más absoluta "lealtad institucional".

Insistió en que los contactos con ambas entidades "son siempre al mismo nivel, al máximo nivel", aunque puntualizó que "en esta última parte del proceso" la relación con CAM "fue todavía más intensa" por la importancia de las decisiones que se estaban tomando.

En cuanto a si también apoyaría una fusión entre Bancaja y Caja Madrid, defendió la competencia de los órganos de gobierno de las entidades y replicó: "las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana son pilares fundamentales para nuestra economía y el que las sedes de las cajas de ahorro estén en nuestra tierra son garantía de directa relación con la realidad económica de nuestros sectores productivos y de los ahorradores de nuestra comunidad, por eso es fundamental que nuestras cajas de ahorro sigan estando en casa, como en este caso la CAM y también Bancaja".

"Y con eso he dicho mucho", concluyó.
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Caja Murcia busca a algunas de las cajas con peor clasificación para liderar un SIP

MURCIA.- Caja Murcia se dispone a liderar ahora un segundo SIP con algunas de las cajas de ahorro peor clasificadas del país, según el ránking de Standard & Poors, la agencia de calificación de solvencia que las sitúa a algunas de las pretendidas en el penúltimo escalón, con excepción de Caja Granada y Caixa Penedés, según NEM.

Con una clasificación BBB para Sa Nostra, Caixa Laietana, Caixa Tarragona o Caixa Girona, se puede hablar de filo de la navaja a efectos de solvencia.

Con esta clasificación, se trata sólo de saber qué caja está más fuerte y cuál más débil financieramente, ello no quiere decir que sean mejores ni peores en términos generales.

Ahora negocian Caja Murcia, Caja Granada, Sa Nostra y Penedés conformar otra alianza «fría», a la que se podría sumar Caja Badajoz, incluso salir alguna de ellas de este segundo SIP que ahora se intenta. No extrañaría nada que fuese la propia Caja Murcia, a la que muy pocos desean ya en una mesa de negociación con prisas.

Como es conocido, existe un pacto de confidencialidad entre las siete entidades que iniciaron las conversaciones para el primer SIP, por el que no se conocen las causas exactas de que se dividieran en dos grupos al negociar.

Unos hablan de que las entidades catalana y balear (Caixa Penedès y Sa Nostra) no estaban de acuerdo con el peso en los órganos de representación que les había correspondido. Pero la teoría de mayor aceptación es la que asegura que la irrupción de Caja del Mediterránea (CAM) vino a desestabilizar el práctico consenso que existía con excepción de Caja Murcia.

En cualquier caso, también se sabe que las exigencias de entrada de Caja Murcia en cualquier negociación hacen saltar por los aires planteamientos de consenso y equidad, hasta hacerlas viables solo sin ella. Nadie la ve en buena lid con otras cajas de ahorro, aunque se trate de las más necesitadas. Pero por las exigencias de Basilea III y del Banco Central Europeo, desde ayer también del Banco de España, no puede ir sola.

No se ve fácil tampoco un acuerdo entre Caja Murcia (que en su día pidió públicamente boicotear el cava catalán) y Caixa Penedés (más fuerte que Caja Murcia y la caja por excelencia de la comarca productora del cava catalán), como tampoco con Sa Nostra, controlada políticamente hoy por sus empleados, por lo que no cabe en ambos casos la aceptación ni de que Carlos Egea dirija la SIP ni que su sede operativa esté en Murcia, por mucho que siga mareando la perdíz.
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Retegui urge a Valcárcel a que deje de ver la crisis "desde el balcón de San Esteban o volando en jet privados"

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, urgió hoy al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a que "tome medidas" para reducir el déficit y el paro en la Comunidad, al tiempo que consideró que "se equivoca y no puede seguir viendo la crisis desde el balcón de San Esteban o volando en jet privados con la situación que tenemos".

Es por ello por lo que dejó claro que "es momento de la responsabilidad, de arrimar el hombro y tener sentido de Estado", porque, sostuvo, "la situación es crítica en todo el mundo, en Europa y en España, pero también en la Región".

Y es que, indicó, "miles de parados, funcionarios y pensionistas tienen que apretarse el cinturón, mientras el presidente Valcárcel todavía no ha tomado ninguna decisión para reducir el inmenso gasto corriente que tiene, el despilfarro diario de las consejerías, el número de altos cargos, de consejeros y el número de empresas y entes públicos".

"Sólo con esta medida se ahorrarían 120 millones de euros, y liberaría recursos para llevarlos de gasto improductivo a gasto educativo y sanitario, decisión que depende del Consejo de Gobierno", explicó la diputada socialista, para insistir de nuevo en que Murcia "necesita austeridad".

Recordó, entonces, que todas las comunidades autónomas "ya están tomando medidas, algunas del Partido Popular han anunciado ya la reducción de sus altos cargos, del sueldo de los diputados regionales, la reducción en el número de empresas públicas y entes y también alguna administración socialista ha anunciado ya el recorte del número de sus consejerías".

Así las cosas, entendió que Murcia "no ha hecho los deberes suficientemente", ya que "la primera remodelación del Gobierno en 2008 recolocó a los altos cargos que salieron del Ejecutivo regional a empresas, entes y fundaciones", reprobó.

Tras lo que añadió que las cuentas públicas "están complicadas"; razón por la que propuso "recortar gasto corriente para destinarlo a gasto social, al tiempo que procurar un mayor control del fraude fiscal para aumentar los servicios públicos que permitan mantener ese gasto social".

Para García Retegui, Valcárcel "no puede seguir viendo pasar la crisis sin hacer nada porque tiene competencias para evitar que día a día sigan cerrando empresas en la Región, y aumente el paro y también para cortar el actual despilfarro que tiene la Administración que dirige", informó el PSRM en un comunicado.
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Saura insta a Valcárcel a tomar medidas y aboga por reducir dos consejerías para reorientar 120 millones

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, instó hoy al jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, que "tendrá que tomar medidas de austeridad y de contención del despilfarro", para lo que abogó, en primer lugar, por "reducir dos consejerías, siete organismos autónomos, 11 sociedades mercantiles y 19 fundaciones, que supondrá una reorientación de 120 millones de euros y 50 altos cargos menos".

De este modo, Saura insistió en la necesidad de que el Gobierno de Valcárcel "haga una reestructuración en toda regla de la Administración regional", porque, enfatizó, "hay que hacer frente a la crisis en serio, no tomándoselo a broma como hace el Gobierno regional".

Tras lo que consideró que hay que tener en cuenta que "el 50 por ciento del gasto público que se realiza en la Región lo hace la Comunidad, y que la crisis es más dura en Murcia debido al modelo de crecimiento de Valcárcel, que también afecta a los ingresos de la Comunidad".

Es por ello por lo que afirmó que si Valcárcel piensa que esto "escampará" sin tomar medidas, "se equivoca", al tiempo que puso de manifiesto que "lo que viene sucediendo ahora es que la inversión pública regional, producto de no controlar ese despilfarro en la Región, ha caído en un 50 por ciento, y además se han perdido más de 20.000 empleos".

El líder de los socialistas murcianos opinó que "se pueden reducir dos consejerías; siete de los nueve organismos autónomos y dejarlos en dos, el SEF y el IMAS; reducir cinco de los ocho entes públicos y empresariales y dejarlos en tres --INFO, SMS y CES--; las sociedades mercantiles, que hay 12, se pueden dejar sólo en una --Onda Regional--; y en cuanto a las Fundaciones, que hay 20, se pueden reducir y quedarse sólo en una --Séneca--".

"Esto implica una reducción de 50 altos cargos en la Administración regional", subrayó Saura, quien indicó que en definitiva, "se pueden reorientar 120 millones de euros para dedicarlos a una Administración Pública más eficiente, donde primen la lucha contra el fraude, la apuesta por el empleo y la política social".

Por último, reiteró que "es necesario hacer estos recortes, porque aunque Valcárcel piense lo contrario, esto también va con él", informó el PSRM en un comunicado.
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Tovar echa un pulso a Mazón a cuenta del Cristo de Monteagudo al no rectificar

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, quien no se presentó hoy a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia en relación a una demanda de conciliación interpuesta por el abogado oriolano José Luis Mazón, aunque sí lo hizo en su nombre el abogado del Estado, aseguró que no habrá rectificación y reitera sus palabras sobre la polémica por la retirada del Cristo de Monteagudo.

"Judicialmente y como delegado del Gobierno, respeto absoluto a los procesos judiciales, y personalmente como murciano me parece y sigue pareciendo el mismo desatino y despropósito que entonces".

Se le pedía por Mazón que reconociera que calificó públicamente de "despropósito" la reclamación para la retirada del Cristo de Monteagudo, y que ello "constituye una vulneración del derecho a acudir a la Justicia sin hostigamientos ni presiones de los poderes públicos".

El delegado explicó a la prensa, que no al juez, que "ha sido un acto de conciliación sin avenencia", al tiempo que apuntó que "respeta toda acción jurídica y legal que se pueda adoptar, que los ciudadanos ejerzan su derecho y por las vías que consideren, oportunas pero obviamente sobre el Cristo de Monteagudo no tengo nada que conciliar con el señor Mazón".

"Mi opinión es libre como la de cualquier ciudadano", señaló el delegado, que considera que éste "es un debate que no debería haberse producido nunca puesto que los murcianos tienen asumida ésta como una imagen más, totalmente integrada en el sentimiento y paisaje de la ciudad", añadió González Tovar, quien apuntó que Mazón "es muy libre de ponerme las demandas como delegado del Gobierno que considere oportuno pero yo también reclamo mi parte de libertad de expresión".

Se preguntó "por qué el señor Mazón la toma conmigo cuando hay más altos representados del Estado en esta Región que han puesto incluso su cadáver por delante". Una posición, indicó, "mucho más fuerte que la de este delegado del Gobierno en defensa del sentimiento de miles de murcianos".

La polémica comenzó cuando un grupo de juristas, encabezados por Mazón, presentó un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por la que solicitaron la retirada del monumento del Corazón de Jesús de Monteagudo en su actual ubicación.

González Tovar afirmó entonces que el Cristo de Monteagudo forma parte de la historia de Murcia y tachó, como murciano, de "dislate" que se asegure que la estatua "molesta, cuando está totalmente integrada dentro del paisaje y la vida normal del Valle". Insistió, por tanto, en calificar "personalmente" como un "despropósito", esta línea de actuación emprendida por Mazón.

La demanda de Mazón pide al delegado que reconozca que, con sus declaraciones en un contexto de "muchedumbre exacerbada, aumentó los riesgos para la seguridad del demandante", y le pide que "se retracte de lo dicho para evitar una demanda posterior".

De resultar fallida la demanda de conciliación, Mazón advierte que habrá una demanda de protección de los derechos fundamentales contra el delegado como persona física.

En su demanda, Mazón criticó que el delegado "se permitió la licencia de calificar públicamente de despropósito la interposición del contencioso presentado por el demandante y otras personas ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se desmonte la estatua y pedestal que allí existe del fundador del Cristianismo".

Y considera que esta "licencia" supone "quebrantar las obligaciones del cargo y el deber de respeto de los derechos fundamentales de las personas" por parte del delegado del Gobierno.

Por ello, Mazón considera que dicha declaración "pública, hecha como la más alta autoridad del Estado en la Región constituye una vulneración del derecho a la tutela efectiva del demandante o de acudir a los tribunales sin descalificaciones ni hostigamientos de los poderes públicos".

De la misma forma, pide que González Tovar "reconozca que dicha declaración pública hecha en un contexto de muchedumbre exacerbada y con numerosas amenazas por Internet ya denunciadas ante la Policía por el reclamante, contribuían a exacerbar los ánimos contra los demandantes y, por tanto, era impropia de un racional y legal delegado del Gobierno".

Igualmente, le pidió reconocer que "con su temeraria declaración, incrementó el riesgo de agresión contra el demandante por parte de unos exaltados".

Por todo ello, le pide que "se retracte de dicha declaración, a fin de evitar la citada acción civil de responsabilidad o de tutela de los derechos fundamentales de la persona".

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Española del Zinc demanda a Quórum y Caja Murcia por el impago de 88 millones

CARTAGENA.- El Consejo de Administración de Española del Zinc ha presentado ante un Juzgado de Primera Instancia de Cartagena una demanda civil por incumplimiento de contrato contra Quórum Investments, la empresa que había comprado en 2007 los terrenos de la antigua factoría de Torreciega. A día de hoy, Quórum adeuda a la compañía metalúrgica murciana 88,7 millones de euros esenciales para su viabilidad.

Además de a Quórum, la demanda también se interpone contra cuatro entidades bancarias (Caja de Ahorros de Murcia, Banco de Valencia, Banco Popular y Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha) que son depositarias de los avales correspondientes a la deuda reclamada, según informaron fuentes de la empresa en comunicado de prensa.

En caso de que se gane el pleito, el Consejo se ha comprometido firmemente a garantizar que hasta el último céntimo de esos 88,7 millones de euros se destinará a pagar a los ex trabajadores, saldar la deuda con los acreedores concursales y post concursales, e iniciar el proyecto industrial de la Ciudad del Zinc.

En los próximos días, el Consejo tiene previsto convocar una Junta de Accionistas para informar a sus partícipes de todas las iniciativas que se están adoptando, en muy diversos frentes, para defender la continuidad de la compañía.
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CAM calcula que la 'fusión fría' podría estar concluida jurídicamente antes de fin de año

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, calculó hoy que la integración de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria podría quedar concluida jurídicamente antes del 31 de diciembre de 2010.

En un encuentro informativo ofrecido hoy junto con el director general de la entidad, Roberto López, y la directora general adjunta, María Dolores Amorós, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado para constituir esta fusión fría, y trasladó su deseo de que quede constituido "cuanto antes".

El director general explicó que el calendario que afronta ahora la entidad para proceder a esta operación "es complejo", y detalló que "hay una parte legal" que requiere de la búsqueda de autorizaciones de los reguladores, --Banco de España, CMNV, entre otros organismos--, que requiere sus propios plazos, pero que podría extenderse "4 ó 6 meses".

"Nos encantaría que esto estuviera en condiciones de ser firmado antes del 31 de diciembre de este año, existe la mejor voluntad para hacerlo viable cuanto antes, pero esto no va a depender de nosotros", aclaró Roberto López.

Así mismo, el SIP exigirá un proceso de integración operativa con el que CAM pretende "ir integrando y unificando las cosas cuanto antes".

"Vamos a hacer los mejores esfuerzos, porque en términos de operatividad, de generar sinergias, de ahorrar costes, cuanto más rápido mejor", adelantó el director general.

Por su parte, María Dolores Amorós, precisó que la entidad podrá integrar sus resultados en el grupo, "cuando jurídicamente esté culminado el proyecto, y la vocación es que pudiera ser justo al cierre de este ejercicio si fuera posible".

En esta integración operativa, Roberto López consideró que el coste social va a ser "absolutamente mínimo", porque la operación elegida por CAM ha buscado precisamente que la "superposición de la red de oficinas y de clientes sea la menor posible" de todas las opciones estudiadas.

En este proceso de integración operativa, Roberto López aseguró que se buscará "la viabilidad de los procesos de integración para hacerlos compatibles con el menor ajuste traumático de empleo, con la menor movilidad de gente, y con el respeto de las ubicaciones en las que actualmente está la gente".

En este sentido, confirmó además que el ente central tendrá una sede en Madrid que "será mucho más conceptual que operativa", dado que las bases operativas "van a estar ubicadas en la medida que podamos, en las sedes de las antiguas cajas", aclaró.

A la espera de conocer el número de puestos de trabajo que se pueden ver afectados por esta operación, Roberto López aseguró que "no van a ser traumáticos".

Por otra parte, Roberto López se refirió a las reticencias de los sindicatos ante esta operación, y se mostró convencido de que por parte de los representantes sindicales "no hay una oposición al proyecto, sino al formato en el que en este momento la regulación legal permite hacer este tipo de operación".

El real decreto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) exige que la sociedad resultante del SIP de cajas de ahorro adopte el formato de banco, según recordaron a Europa Press fuentes de la entidad.

Al respecto, el presidente de Caja Mediterráneo aludió al nombre que adoptará este 'holding' o banco en el futuro, para señalar que "cuando llegue el momento propicio, que tal vez sea cuando se cree realmente ese banco, sea el momento en que entre todos se haga una valoración técnicamente de si realmente merece la pena seguir manteniendo la marca con el nombre CAM o implantar una nueva marca".

Entre las ventajas que esta operación dará a CAM, Roberto López destacó que la entidad podrá mantener su marca y su personalidad jurídica, obtener e integrarse en un proyecto con capacidad para liderar el sector financiero español, y con capacidad de crecimiento y aporte valor, para hacer cosas adicionales o mejorar las cosas que CAM lleva a cabo en la actualidad.

"Será un grupo capaz de generar economías de escala y economías de alcance que van a ser necesarias en el contexto competitivo en el que nos vamos a mover en los próximos años", subrayó al respecto.

Así, conformará el tercer grupo a nivel de cajas en el mercado español, con un potencial de negocio de 135.000 millones de euros en arranque, una capacidad de generación de margen superior al 3 por ciento en términos de ATM's, un nivel de eficiencia del 48 por ciento, y un nivel de solvencia que ya casi es adecuado a lo que exigirá en un futuro la normativa de Basilea III, destacó.
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La asamblea de la CAM aprobará el SIP en septiembre

SANTANDER.- Caja Cantabria, CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Cajastur y Caja Extremadura convocarán hacia el mes de septiembre sus asambleas generales para dar el visto bueno definitivo a la creación del SIP (Sistema Institucional de Protección).

Antes de eso, el paso más inmediato es el que darán el próximo 14 de junio los consejos de administración de las cuatro entidades, que deberán aprobar ya el contrato de integración que desarrollará los contenidos del protocolo de intenciones suscrito el pasado lunes.

El contrato de integración se presentará al Banco de España el día siguiente, 15 de junio, y a partir de ese momento se abrirán las negociaciones con los respectivos comités de empresa para intentar llegar a acuerdos sobre el plan laboral.

La idea es que hacia el mes de septiembre las asambleas generales de las cuatro cajas puedan aprobar definitivamente el proyecto para comenzar su andadura, una etapa que, en Caja Cantabria, están seguros que traerá "éxitos" a la entidad.

Éste es el calendario con el que se trabaja para culminar el proceso de integración mediante 'fusión fría o virtual' que acaban de emprender las cuatro cajas. El presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, y el director general de la entidad, Javier Eraso, dieron cuenta hoy de ese calendario en rueda de prensa.

Según explicó Ambrosio, el nuevo grupo tendrá más de 5 millones de clientes y contará con presencia en todo el territorio nacional (más de 2.300 oficinas). Esa presencia será "significativa" en 23 provincias españolas. En concreto, tendrá una cuota de oficinas superior al 6 por ciento en ocho provincias, y de entre el 1% y 4% en otras 15.

El grupo --que alcanza los 177.000 millones de euros en volumen de negocio y 135.000 millones de euros en activos-- nace con un índice de solvencia del 13 por ciento, una ratio de eficiencia del 48% (frente a una media del 59% en el sector), una rentabilidad superior al 3 por ciento y un volumen de participadas de 4.000 millones de euros.

Será, en palabras del presidente de Caja Cantabria, un grupo con "potencia, consistencia y solvencia", con lo cual, la entidad cántabra quedará "blindada ante cualquier contingencia" que pudiera ocurrir en un futuro próximo, y bien posicionada para crecer cuando la situación económica lo permita.

El SIP que crearán Caja Cantabria, CAM, Cajastur y Caja Extremadura tendrá una duración mínima de diez años. Según recalcaron Ambrosio y Eraso, la nueva entidad será un banco --de momento no se ha estudiado si cotizará en bolsa-- porque es la única fórmula que permite el SIP.

El presidente de la entidad cántabra destacó que hay que "mutar" para adaptarse a las circunstancias y señaló que, aunque el "corazón" apuesta por una "caja de cajas", la "cabeza dice otra cosa", que es "solvencia, eficiencia y liquidez".

Respecto a la mutualización de beneficios, Ambrosio señaló que se aplicará en todo el territorio nacional, incluido el territorio natural de cada entidad, pero no se ha hablado de cómo se podrá "premiar" a las entidades que realicen una buena gestión.

Y en cuanto al acceso al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el presidente de Caja Cantabria indicó que se intentará conseguir "el máximo" de crédito posible, en torno a 1.500 millones de euros, lo cual no implica que se vaya a utilizar en su totalidad si finalmente se concede.
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miércoles, 26 de mayo de 2010

El PP se opone al aval al aeropuerto de Ciudad Real

TOLEDO.- La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, anunció que su formación ha registrado una iniciativa para expropiar las acciones de la sociedad Ciudad Real Aeropuertos tras declarar la infraestructura de "utilidad pública".

En rueda de prensa en las Cortes, Guarinos hizo hincapié en que esta proposición de ley pretende ser la "solución" al aeropuerto, cuya gestión a su juicio ha sido "deficiente" desde el principio.

Explicó que la iniciativa del PP propone que "el aeropuerto sea declarado de utilidad pública y las acciones representativas del capital social de la sociedad Ciudad Real Aeropuertos", con el fin de que posteriormente "se inicie un procedimiento de expropiación de estas acciones del aeropuerto" y, finalmente, una auditoria de la gestión.

"Esta iniciativa supondría que a partir de este momento el aeropuerto pasaría a estar gestionado inicialmente, de manera directa, y posteriormente, a través de las formas de legalidad vigente, de forma indirecta, pero siempre a través de un procedimiento que garantice que la gestión del aeropuerto esté en manos de quienes tienen experiencia, solvencia y capacidad para la gestión de este tipo de infraestructuras", dijo.

Para argumentar esta iniciativa, Guarinos recordó que el aeropuerto ya "ha duplicado" el presupuesto inicialmente asignado para su construcción, mientras que ahora el PSOE propone que se conceda un aval de 140 millones de euros para impulsar su funcionamiento, una iniciativa que se debatirá hoy en el Pleno de las Cortes, y que el PP ya avanzó que "no comparte".

En este sentido, Guarinos se preguntó por qué el Gobierno quiere conceder este aval a esta sociedad determinada y no a todos los demás empresarios, que según recordó están pasando "grandes dificultades" para sacar adelante sus empresas. "¿Por qué el señor Barreda tiene tanto interés en beneficiar a unos pocos empresarios y dejar tirados al resto, estableciendo un trato desigual?", cuestionó.

Volviendo a los motivos que han llevado al PP a presentar esta iniciativa, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular afirmó: "Queremos ayudar al aeropuerto de Ciudad Real, no que se ayude a especular con el aeropuerto. Queremos solucionar el problema que tiene en este momento esta infraestructura, pero no el de unos pocos amigos de Barreda".

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