Claves para encontrar la Ley del Suelo ideal

La fórmula magistral para controlar el precio de la
vivienda y atajar de raíz el problema de la corrupción

urbanística existe sobre el papel y su composición

admite múltiples variantes.

"El Mundo" le ha pedido a
12 expertos en Derecho que prescriban sus recetas para
acabar con los males que aquejan al urbanismo en
España y, lejos de dar por desahuciado al 'paciente',
le auguran larga vida, siempre y cuando cumpla al pie
de la letra con una serie de consejos normativos.

Ante el reto de diseñar una 'ley ideal' que frene las
irregularidades inmobiliarias, los expertos
consultados plantean, en líneas generales, que se
fomenten los controles administrativos, tanto en la
esfera local como en la autonómica, mediante
comisiones de expertos independientes que velen por la
independencia del proceso.

Muchos apuestan por
potenciar un modelo de desarrollo urbanístico
coherente a salvo de intereses económicos.
En cuanto al reto de poner techo al desbocado aumento
de los precios de las casas, la mayoría de los
especialistas considera que la regulación del mercado
del suelo no es ni el único factor ni, según varias
opiniones, el más importante. El impulso del alquiler
y la promoción de un mayor número de viviendas
protegidas son algunas de las medidas propuestas.

¿Es posible elaborar una 'Ley del Suelo ideal'? ¿Se
puede acabar con la corrupción inmobiliaria y hacer
sensato el precio de las viviendas?

A todas estas

preguntas han respondido más de una docena de expertos
en Derecho y Urbanismo.
Además, muchos de ellos han incluido sus particulares
'recetas' para afrontar con el mejor rostro posible el
presente y futuro del sector inmobiliario español.

«Antes de aprobar una 'Ley ideal' 'del Suelo', habría
que preguntarse por qué no se ha aplicado ni cumplido
la ley vigente. ¿Qué ha fallado en nuestras
administraciones públicas? Creo que no es sólo un
problema de corrupción -que también, en algunos casos-
sino de desidia, de falta de medios personales y
materiales y, en ocasiones, de falta de voluntad
política», afirma José Manuel Sala Arquer, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan
Carlos.

CORRUPCIÓN
«Como decía Joaquín Costa, leyes las tenemos por
arrobas, lo importante es que se apliquen. Esto quiere
decir que para modificar las leyes hay que hacerlo con
sentido común», según fuentes del bufete de abogados
Uría y Menéndez.

El catedrático en Derecho Administrativo de la
Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón
cree que uno de los capítulos clave que debería
recoger la Ley del Suelo sería los mecanismos de
vigilancia estatales para evitar la arbitrariedad en
las decisiones de algunos ayuntamientos: «El Tribunal
Constitucional reconoce la competencia urbanística a
las autoridades locales, sin embargo el Estado puede
establecer comisiones de seguimiento para asegurar que
los ordenamientos y licencias se hacen conforme a
criterios legales».

Otra de las medidas que propone este catedrático es la
«creación de comisiones técnicas, ajenas a cualquier
signo político, para que valoren qué concesiones están
justificadas y cuáles son sospechosas».

En esta misma línea se pronuncia Agustín de Asís,
profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Carlos III, quien señala que se deberían
establecer procedimientos urbanísticos más
transparentes que fuesen supervisados por
profesionales ajenos a los ayuntamientos y las
promotoras: «En la medida en que los procesos son más
participativos e intervienen más agentes externos al
mismo habrá menos corrupción».

Una receta similar prescribe José Antonio Pellicer,
profesor titular de Derecho de la Universidad de
Murcia, quien cree que hay que «reforzar los
mecanismos de control existentes». A saber, «el
social, a través de los medios de comunicación; el
jurídico, con la posibilidad de ir no sólo a los
tribunales penales, sino al contencioso
administrativo; y el político».

«La figura del secretario, que es asesor jurídico de
las corporaciones municipales, se ha debilitado en el
plano legal. Habría que relanzar el carácter
preceptivo de sus informes junto al de los servicios
técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio de otros
controles exteriores», agrega Pellicer.

Para Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Salamanca, la
solución pasa también por fomentar la vigilancia no
sólo a nivel local. «La decisión final puede
corresponder a las comunidades autónomas, pero se debe
potenciar el papel de los consejos autonómicos de
urbanismo, como el que existe en Castilla y León, en
el que están representados los municipios, los agentes
profesionales, las organizaciones sociales...»,
expone.

Muy ligada al control está la transparencia de las
operaciones. «Habría que dar más transparencia al
proceso y establecer unas reglas básicas de la
negociación urbanística y de la regulación de los
convenios, que establezca los límites de los mismos»,
sugiere Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho
Administrativo de la UNED.

Por su parte, Rafael Barranco, director del
Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de Granada, opina que «los modelos
eficaces para combatir la corrupción no existen».
Según Barranco, las leyes pueden controlar ciertos
aspectos que favorecen la corrupción urbanística, pero
ésta no se soluciona a golpe de ley: «Lo que conviene
es ser radical en la ordenación urbanística de las
ciudades y empezar a pensar en que lo más lógico es
hacer un crecimiento cero», comenta Barranco.

Tratar la corrupción urbanística como una más podría
ser otro camino. «Ésta tiene un tratamiento represivo
que no debería ser muy diferente del de la lucha
contra la corrupción en otros ámbitos: en definitiva,
hay que lograr que las infracciones no 'compensen',
que no 'salgan a cuenta' al infractor, como ocurre hoy
en muchos casos», apunta Sala Arquer.

«Pero además», añade, «hay un tratamiento preventivo
bastante más difícil: reducir el margen de
discrecionalidad de los planificadores, estableciendo
en la Ley criterios objetivos para la clasificación de
suelo; los derechos y deberes de los distintos sujetos
deben establecerse en la Ley, y no en pactos y
convenios; debe resolverse el problema de la
financiación de las entidades locales».

Dar con el modelo urbanístico es vital para José Luis
Laso, registrador de la propiedad y experto en
urbanismo: «Elegir un modelo coherente de desarrollo,
bien sea el tradicional a partir de un planeamiento
general cerrado y vigoroso o con un planeamiento
abierto, que permita la acción urbanística sobre el
resto con criterios reglados».

Apunta también que previamente «se cumplan las
exigencias de implantación y conexión con los sistemas
generales, las garantías de su ejecución por el
promotor, la actualización legal de las cesiones y la
vinculación de los suelos a la construcción de
viviendas con algún género de protección y el
aprovechamiento y densidades máximas».

Igualmente importantes es, en su opinión, «la
exclusión de la discrecionalidad, que es la que
propicia los riegos de corrupción, con la fijación de
criterios reglados para suprimir los llamados
convenios urbanísticos de planeamiento, permitidos hoy
por todas las leyes autonómicas».

Por otro lado, hay opiniones que muestran su
contrariedad por la necesidad «española» de hacer
leyes 'sin ton ni son'. «En España hacemos una ley
cada cinco minutos. La Ley no puede sustituir el
funcionamiento del mercado y lo importante es que éste
funcione correctamente», según otras fuentes jurídicas
consultadas.

Con respecto a la corrupción, «basta con aplicar las
leyes, como está ocurriendo en Marbella», señalan las
mismas fuentes, que además aportan una solución
coincidente con otras: «Hay que ir hacia los
patrimonios municipales de suelo y esto se puede hacer
desde 1940 y no se ha hecho. ¿Qué sucede? Que los
ayuntamientos no tienen suelo y tienen que comprarlo o
expropiarlo y eso tiene un precio».

«Para acabar con la corrupción hay que intentar que el
urbanismo no sea una manera de financiar a los
ayuntamientos. Hay que ver si es mejor una legislación
de suelo de Estado o de comunidades autónomas» y
añaden que «es imposible un mercado uniforme si no se
hace una regulación sistemática y uniforme».

El catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid Tomás Ramón
Fernández coincide con esta opinión: «Los
ayuntamientos tienen un sistema de financiación poco
equilibrado y necesitan recurrir al suelo». Y señala
también a los partidos políticos: «Es imposible su
financiación si no recurren al urbanismo, porque en
cada pueblo hay una sede de todos y en España hay
miles de pueblos».

En esta línea añade un apunte más Nicolás González
Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas,
quien cree que «hacen falta más garantías a nivel de
incompatibilidades y separación de intereses públicos
y privados en funcionarios, concejales y contratistas
de la administración».

En su opinión, «hay que recuperar por parte de las
comunidades autónomas la posibilidad de suspender las
licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia
46/92 del Tribunal Constitucional por no estar
incluida en la Ley de Bases de Régimen Local». «Si se
hubiera seguido aplicando, no habría sucedido lo que
ha pasado en Marbella», asegura González Deleito.

PRECIOS
Chantal Mol, profesora de Derecho Civil de la
Universidad de Barcelona, señala los dos pilares
básicos que a su juicio sustentarían el mercado
residencial: fomentar el alquiler y generar nuevas
fórmulas para la adquisición de viviendas.
En el
primer caso, considera que es preciso que se plantee
la posibilidad de que «el arrendatario pueda deducirse
el dinero que gasta en la residencia habitual» y que
se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
para «aumentar la duración de los contratos en algunos
supuestos» y «establecer mecanismos de prórroga».

Asimismo, sugiere que se acuñe el concepto de «la
propiedad separada», que permite que una persona sea
propietaria del suelo y otra de lo construido, de modo
que esta última pague un canon a la primera, de forma
similar al derecho de superficie.
«Esta fórmula
permite que entidades publicas adquieran únicamente el
suelo y luego particulares compren lo construido a un
precio mucho menor que el actual», dice.
Rafael Barranco también se muestra partidario de
fomentar el alquiler y la rehabilitación y cree que
hay que «olvidarse de un crecimiento que mira sólo por
los intereses económicos del promotor».

«¿El precio de la vivienda tiene algo que ver con el
precio del suelo? Pues poquísimo», indica Tomás Ramón
Fernández. «Los empresarios no ponen el precio de la
vivienda sumando costes. Ponen el precio en función
del mercado. No hay ninguna Ley que controle el precio
de la vivienda».

Igual de escéptico se muestra Agustín de Asís: «Es
imposible que una ley baje los precios porque éstos se
fijan con la demanda que existe en el mercado». En su
opinión el problema aparece cuando hay gente que no
puede acceder a ella: «Una ley efectiva es la que
favorece la creación de más viviendas protegidas. Se
considera que es sano para el mercado que el 30% de
las casas de un país tengan algún tipo de protección.

En España ni siquiera llegamos al 10%».
José Manuel Sala también duda de que la Ley del Suelo
pueda dar la solución definitiva al precio: «Sin duda,
una planificación menos rígida, con trámites menos
complejos, adaptable a los cambios, puede contribuir a
que el producto final -el suelo- no se encarezca; como
también la eliminación de barreras burocráticas y el
establecimiento de criterios no discrecionales a la
hora de excluir suelo del proceso urbanizador».

Estos factores no son, a su juicio, los únicos que
pueden influir en el precio. «La realidad es que, hoy
por hoy, ante una elevada demanda, con tipos de
interés todavía bajos y con hipotecas a más de 30 años
el precio se fija en función de lo que se calcula que
la gente puede pagar».

Miguel Sánchez Morón coincide en este aspecto: «En
otros países el precio de un suelo no urbanizado es
casi como el de uno rústico, aquí sin embargo aunque
todavía no se haya levantado ni una sola piedra las
cantidades son mucho mayores».

La ley «fantasma» del 98


El caso de la Ley del Suelo de 1998 está envuelto en
la paradoja: ha sido usada como 'chivo expiatorio' por
quienes tratan de señalar un culpable para la 'cara
oscura' del 'boom inmobiliario' y, sin embargo, nunca
se ha aplicado.

Ésa, al menos, es la opinión de la mayoría de los
expertos en Derecho consultados, que dejan entrever
que el texto elaborado por el 'popular' Francisco
Álvarez Cascos hace ocho años ha sido lo más parecido
a una norma 'fantasma'.

«Se critica mucho la Ley 6/98 y está inédita», afirma
Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid. «Ninguna comunidad autónoma ha seguido por ese
camino. Y, especialmente, leyes de regiones como
Extremadura. Ésta junto con Castilla-La Mancha y
Andalucía no aplicaron esa Ley», asegura este experto.

Según Fernández, «curiosamente, Seseña es de
Castilla-La Mancha y Marbella de Andalucía. Y los
proyectos pensados para edificar en Cullera surgieron
con la Ley de 1994 de la Comunidad de Valencia, que
fue condenada por el Parlamento Europeo en 2005».

Según otros profesores de Derecho, la 'carta magna'
del suelo aprobada en 1998 no se ha aplicado por dos
razones fundamentales: «En primer lugar, esta ley
estatal establece que todo el suelo es urbanizable,
salvo el protegido, pero las leyes autonómicas ya
recogen categorías de reserva, de protección del
paisaje... El concepto es tan vago que está vacío de
contenido, se desvirtúa. Y, en segundo lugar, la
transformación en las clasificaciones de suelo se
tiene que llevar a cabo en los planes generales de
ordenación urbana y, como muchos se habían redactado
en 1990, todavía no se han modificado y, por lo tanto,
no han podido incluir las nuevas directrices».

La duda sobre la efectividad de una norma de estas
características llega hasta el punto de que un
especialista asegura que desde 1956 no ha habido un
cambio importante en la legislación de suelo.

Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Granada, teme que
la nueva Ley del Suelo vaya camino de tener tan poco
protagonismo como la actual. «Una normativa estatal
siempre va a ser más restrictiva que una disposición
local sobre ordenación del territorio, por eso en
Andalucía los promotores han seguido las directrices
autonómicas y municipales», considera.

www.elmundo.es

El fiscal delegado de Anticorrupción se adelanta a su cese

El nuevo fiscal delegado de Anticorrupción en el TSJ de la Región de Murcia vendrá de fuera y podría ser una mujer, según se ha sabido hoy tras la dimisión (antes de ser cesado a petición del fiscal-jefe Manuel López Bernal), de su antecesor en el cargo, murciano de nacimiento, José María Alcázar Vieyra de Abreu, de 56 años y casado con una notaria que actualmente ejerce en nuestra provincia. Llevaba en ese puesto desde septiembre pasado tras ser nombrado por un pleno del Consejo Fiscal.

Alcázar se apresuró ayer a presentar su dimisión ante los insistentes rumores de que iba a ser cesado tras no haber actuado de oficio y no haber abierto ni una sola diligencia de investigación a pesar de las noticias de presuntos delitos de esa naturaleza que inundan casi a diario la prensa nacional y alternativa a la local hipotecada, en relación a la Región de Murcia. Llegó al cargo a propuesta de López Bernal, después de otros tres meses de reflexión previa por su parte, antes de aceptarlo con la única condición de contar con unos medios suficientes que, al parecer, tampoco ha llegado a tener.

Todo lo actuado por denuncias de parte o de oficio, actualmente 17 investigaciones en marcha, las llevaba personalmente el fiscal-jefe asistido de miembros de su máxima confianza de la policía judicial de la Guardia Civil (arriba en la foto, el edificio de la 322 Comandancia de la V Zona en la ciudad de Murcia) ante la negativa de Alcázar a entrar en cuestiones que no le fueran remitidas directamente desde la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, argumentando que las cuestiones sobre supuestos delitos urbanísticos y/o medioambientales y sus conexiones de corrupción, no eran de su estricta competencia.

La marcha de Alcázar se produce precisamente en medio de fuertes rumores de inminentes detenciones, esta misma semana, de sospechosos de haber cometido algún delito en el desempeño de su cargo o actividad profesional, en Murcia, Cartagena, Mazarrón, Águilas, San Javier, La Unión, Los Alcázares, Totana, Archena y Cieza. Hay quien opina que el fiscal dimisionario no estaría de acuerdo con esa actuación y ha preferido dejar claro ante los afectados que se aparta a tiempo del criterio mayoritario del resto de la Fiscalía del TSJ.

Ahora se especula si esas detenciones, en cualquier caso previstas para antes del próximo día 13 de diciembre, se retrasan hasta después de Navidad y Reyes o, por el contrario, se pueden producir escalonadamente a partir de mañana jueves.

Y, aunque fuentes jurídicas cercanas a Alcázar, esgrimen que se ha sentido muy presionado por López Bernal y que ya mantenía demasiadas discrepancias y diferencias con el fiscal jefe, otras tan cualificadas como las anteriores inciden en que el verdadero problema son las profusas relaciones sociales que este fiscal mantiene de hace mucho tiempo con un determinado sector de la sociedad murciana sobre el que ahora convergen todas las miradas.

La CAM y Caja Murcia preparan su privatización parcial

El secretario de Estado de Economía, el socialista catalán David Vegara, ha pedido a las cajas de ahorro en el “Foro ABC” que avancen hacia un creciente sometimiento a la disciplina del mercado si quieren afrontar ya compras fuera de España. Considera que una buena fórmula puede ser la emisión de cuotas participativas (títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos) sin aludir a la histórica reacción en contra de los sectores sociales interesados en función de la naturaleza benéfica de estas entidades.

Esta idea encuentra la oposición frontal y el fuerte rechazo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO., pese a ser una de las condiciones impuestas por el Banco de España para dar su visto bueno a esas posibles compras de entidades financieras foráneas. En los casos de la CAM y Caja Murcia (la ilustración es de su oficina conjunta de representación en Londres) los tanteos sobre el particular no han sido todavía satisfactorios, ni para Vicente Sala ni para Carlos Egea, mientras los impositores no han tenido tampoco la oportunidad de manifestarse al respecto en la Asamblea General, pero la idea es ir preparando esa privatización parcial con la mayor discreción posible.

El instrumento propuesto dice Vegara que ayudaría, además, a paliar su déficit de recursos y, tanto la CAM como Caja Murcia, lo ven con buenos ojos de cara a su, más que deseada por los políticos del PP que hoy las controlan, privatización parcial para que se las queden sus amigos. El gran riesgo es, precisamente, el tipo de manos inversoras en las que pueden caer en la práctica ambas entidades tan enraizadas en Alicante y Murcia, y su propósito final encubierto de utilización excluyente, como ya se ha podido apreciar en los arriesgados casos de “Terra Mítica” y “Polaris World”.

El presidente de la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria AEB, Miguel Martín, también ha expresado esa conveniencia tal vez pensando en la brecha que se abre para que los grandes bancos españoles terminen siendo los propietarios “de facto” de un buen número de ellas, aunque no parece tan posible en los casos de la CAM y Caja Murcia al estar en el ojo de un capitalismo emergente y más local de ambas provincias. Hasta ahora, las cajas de ahorro utilizan las participaciones preferentes o la deuda subordinada para captar fondos pero que no cotizan en Bolsa.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, reconoce que el Banco de España se ha comprometido a flexibilizar su postura respecto a la expansión internacional de nuestras entidades de ahorro a cambio de que las cajas se auto impongan unos controles excepcionales, lo que, a su juicio,”se puede conseguir a través de diferentes fórmulas como crear una sociedad para controlar la operación bancaria en esos países o con la emisión de cuotas participativas'.

Sólo La Caixa ha anunciado ya que va a constituir ese “holding” con buena parte de su cartera industrial para sacarlo a Bolsa. Pero Caja Madrid, Caixa Galicia, la CAM y Caja Murcia, estudian mejor la posibilidad de lanzar las controvertidas cuotas participativas para su eventual expansión en la Unión Europea e, incluso, América Latina. Tanto la CAM como Caja Murcia tienen ya en Londres (primer centro financiero mundial), en la sede de la CECA, oficinas de representación, dicen que para vender hipotecas. Comparten espacio con La Caixa, Unicaja y Caixa Galicia, a un paso de Picadilly Circus aunque no en la “City” como es el caso del BSCH.

Según Juan Ramón Quintás, “las alternativas que hay ahora para obtener financiación son menos costosas. Sin embargo, el campo de actuación en preferentes y subordinadas es, cada vez, menor por sus límites. Puede que haya cajas de ahorro que tengan que optar, entre seguir creciendo y emitir cuotas, o congelar su crecimiento. Su regulación ha sido algo ortopédico y la caja que las emita tendrá un costo político fuerte por la presión sindical”. (NEM).

Los bancos restringen crédito para comprar suelo

La futura ley nacional del Suelo, actualmente en tramitación por el Congreso de los Diputados, ya hace notar sus efectos benéficos en las provincias del sureste peninsular a la hora de conseguir créditos para comprar terrenos en los que edificar posteriormente. Las entidades bancarias de Alicante, Almería y Murcia, al menos, han elevado el nivel cualitativo de exigencia y garantías de los créditos hipotecarios denominados "préstamos a promotor" para luego edificar viviendas.

Con esta nueva legislación, que entrará en vigor a comienzos de 2007, la valoración de cualquier suelo a la hora de tasarlo tendrá que ver mucho menos que hasta ahora con su expectativa urbanizadora que con su valor de calificación real en el momento de su adquisición como rústico.

Ante ese horizonte tan cercano, las entidades bancarias toman ya sus precauciones frente a la inseguridad de que ahora cualquier terreno rústico no termine siendo finalmente expropiado o no se recalifique nunca como urbanizable. La nueva ley estatal abarata considerablemente, incluso, los procesos para que las administraciones públicas se puedan hacer con cualquier terreno.

Esa ley ya tiene previsto que cualquier plan urbanístico reserve un 25% de su suelo para construir VPO y así contrarrestar el encarecimiento experimentado por la vivienda nueva, de hasta un 150%, entre 1998-2005, y un aumento del 500% del precio del suelo susceptible de ser urbanizado.

La nueva situación hace tremendamente difícil que ahora se lleve a cabo la AIR (Actuación de Interés Regional) de la Marina de Cope, en Águilas, la explosión urbanística de Mazarrón o sur del Mar Menor (con fuerte presencia de promotoras y constructoras alicantinas) y se demuestra lo innecesario de la nueva autopista de peaje Cartagena-Vera ante el parón a la especulación urbanística en todo el litoral meridional de la Región de Murcia y el levante almeriense, con el riesgo de ruina para su concesionaria, "Autopistas del Sureste", al menos que consiga cambiar las condiciones de su actual contrato con el Estado hacia la fórmula más ventajosa del "peaje en sombra", hasta para el tramo en servicio Crevillente-Cartagena. (NEM)

Blog para denunciar presuntas irregularidades

Ante las noticias de actuaciones inminentes de la Policía Judicial en la Región de Murcia, dentro de la lucha contra la corrupción pública emprendida por la Fiscalía en defensa del interés de la sociedad, este blog se abre a partir de este momento a las intervenciones de sus lectores para la denuncia de indicios racionales de delito y presuntas irregularidades de todo tipo cometidas por la clase dirigente regional y que todavía permanecen ocultas para la mayoría de los murcianos de bien.

Desde aquí pedimos la colaboración de la ciudadanía responsable para ayudar a los fiscales anticorrupción, y a los de delitos urbanísticos y medioambientales, a una labor más completa de saneamiento y regeneración de nuestra vida pública, sin caer en la caza de brujas, en la contienda política, ni en las venganzas personales. Es una manera como otra de asistir al poder judicial democrático para que pueda ejercer mejor su función de tercer pilar del Estado de Derecho en un momento de emergencia de la vida regional murciana.

Si nuestra contribución a esa causa es seria, las fuerzas policiales podrán añadir eficacia a su proverbial eficiencia más que demostrada en otras ocasiones. La aparición entre nosotros de mafias locales y de nuevos delitos de blanqueo de capitales, de más que dudosa procedencia, dentro de una nueva delincuencia de "cuello blanco", obliga a mejorar los canales de información de inteligencia como la mejor herramienta para conseguir los objetivos propuestos para que esta región no quede arruinada y en manos de indeseables.

(El actual administrador del blog se reserva el derecho de no publicar aquellas intervenciones que puedan obstaculizar investigaciones ya en marcha y las que resulten redundantes por ya conocidas).

murciaconfidencial@gmail.com

La conjura de Inmaculada

La consejera de Economía y Hacienda, la inspectora fiscal aguileña Inmaculada García Martínez, se postula en la sombra como alternativa al actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, si este tuviese que abandonar “de súbito” su actual cargo, renunciar a presentarse a la reelección por consejo de las circunstancias por venir o a indicación determinante de Génova 13 si las cosas se complican por actuaciones policiales y/o judiciales en su entorno más próximo.

La joven alta funcionaria del Ministerio de Hacienda, casada con el hijo de un rico terrateniente de Águilas miembro de “Proexport”, habría conseguido reunir para sus pretensiones el apoyo empresarial de las dos grandes patronales agrícolas regionales y de importantes empresarios de la Región de Murcia (arriba en la foto, con Diego Illán, presidente de la COEC cartagenera) a espaldas del propio Valcárcel aprovechando sus horas bajas, y las del ex consejero y ex delegado del Gobierno, su vecino y promotor Francisco Marqués, hoy enredado en la crisis de “Hefame” y con probable riesgo de ser imputado por la Fiscalía del TSJ en el caso de “La Zerrichera” junto al sospechoso consejero Bascuñana.

El presidente Valcárcel tendría información de primera mano sobre el proceso y tiempos de la conjura de su consejera a través del controvertido director regional de la Función Pública, Ventura Martínez, profesor de Secundaria hasta 1996 y dirigente regional del sindicato CSIF. Diversas fuentes de la Comunidad Autónoma le señalan como un rasputín que pudiera haber “pinchado” teléfonos clave de los principales cargos del gobierno autónomo para tener así asegurada su continuidad en función de la valiosa información que posee y no comparte del todo ni con su almohada.

Ventura, uno de los brazos armados de Valcárcel junto a Ruiz Vivo, sería actualmente uno de los altos cargos autonómicos con peor imagen interna en la Comunidad Autónoma y uno de los cinco confidentes más relevantes del presidente a partir de su labor de vigilancia sobre su propia consejera y el equipo que la rodea y la secunda en sus ambiciosas pretensiones políticas. No se explica su continuidad, después de los escándalos de presunta corrupción que han rodeado a Ventura durante su actual mandato, como no sea por decisión del propio presidente, con el que tiene hilo directo para tenerle al día de la marcha de su administración.

Inmaculada García ya habría prometido a importantes especuladores de la Región una política favorable a sus intereses de ganar ella las próximas elecciones autonómicas como candidata propuesta desde Murcia a Mariano Rajoy al objeto de conjurar la “hipótesis Trillo”. El movimiento de la consejera se explica por la definitiva ruina del crédito político de Valcárcel ante ese mundo del dinero al no haber sabido defender sus intereses hasta el final tras solicitarle él mismo su “contribución a la causa”…del PPRM.

La consejera tendría también el ánimo y apoyo real del todavía director general de “Caja Murcia”, Carlos Egea, muy cuestionado ya desde dentro de la entidad, donde ahora se mira al actual joven subdirector general, el economista Joaquín Canovas, de Los Alcázares, como su relevo natural de optar aquel por su jubilación el próximo 14 de febrero de 2007. Las relaciones personales entre ambos atravesarían ahora cierta crisis por la opinión de Canovas sobre los difíciles momentos que atraviesa la Caja ante el empecinamiento de Egea de apostar por “Polaris World”, hasta el punto de otorgarle el mayor crédito en la historia de España sin las garantías suficientes de devolución. Canovas estaría bien visto por el Banco de España, el Ministerio de Economía y el propio PSRM de declararse una urgencia emergente que obligase a la dimisión de Egea antes de la eventual fecha de su retirada.

Sin embargo, las promesas de la aspirante al palacio de San Esteban chocarían de frente con el reciente apoyo del Gobierno central a los grupos ecologistas para que no se construya ni un metro más en zonas de costa virgen de toda España, lo que deja sin la más mínima expectativa los planes y proyectos ahora en espera de saber si el PP conserva o no el gobierno de la Región de Murcia después de los comicios de mayo de 2007. La certeza de que con Valcárcel se pierde seguro ha hecho girar la mirada hacia la consejera de Economía y Hacienda y eso explicaría también su resistencia a ser nominada por el PP como nueva candidata a la alcaldía de Águilas en sustitución del gastado y muy cuestionado hoy alcalde, Juan Ramírez Soto.

Inmaculada García contaría, entre otros, con el apoyo del especulador Trinitario Casanova Abadía, editor de “El Faro”, y autor de la frase en la que calificó públicamente a Valcárcel como “débil y cobarde”. Este ex presidente del Águilas F.C. y cabeza del grupo inversor “Hispania”, estaría detrás del movimiento de sustitución financiando el relevo de uno por otra. El presidente de la Comunidad Autónoma podría decidir el cese de Inmaculada García después de Navidad si le queda fuerza política para ello y, pese haber mantenido para rechazar la dimisión presentada por Fernando Cierva, que su actual gobierno es para llegar sin cambios hasta las elecciones autonómicas.

Dentro del actual gobierno autónomo, Inmaculada García contaría con muy pocos apoyos para aspirar a la presidencia en sustitución de un Valcárcel, cada vez, más aislado por los fuertes rumores sobre las actividades heterodoxas de su brazo derecho, Antonio Sánchez Carrillo, y los negocios de su hermano Carlos, se supone que a la sombra del poder de Ramón Luis. Lo que pudiera suceder en las próximas semanas por parte de la Fiscalía del TSJ y de la Audiencia Nacional marcaría el rumbo a tomar por los acontecimientos políticos de altura y contribuirá a despejar muchas incógnitas.

Roto el pacto de silencio

Las presiones del PP sobre el alcalde de San Javier, José Hernández, han desatado una verdadera tormenta en el seno del partido, que amenaza con afectar definitivamente al clan íntimo de Ramón Luis Valcárcel, hasta el extremo de estar preparándose una eventual sucesión con la actual consejera de Hacienda, la aguileña Inmaculada García, como candidata a San Esteban auspiciada desde algún despacho de la planta noble de "Cajamurcia". Su otra alternativa es optar por el PP a la alcaldía de Águilas, inducida también por determinados importantes despachos de Madrid y Murcia con grandes intereses urbanísticos, institucionales y personales, en ese codiciado término municipal. Parece queda descartado así como el "delfín", el actual, por demasiado joven e inexperto, alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

El citado alcalde marmenorense y aparejador de profesión, cabeza visible de un sector crítico del PPRM, al que también pertenecen Fayrén y Marqués entre otros muchos destacados militantes, se ha entrevistado hace tan solo horas en su despacho oficial con el secretario regional y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para decirle que a él sólo le abre una investigación la autoridad judicial, ante su anuncio público de hacerlo desde el partido por las denuncias del PSRM-PSOE presentadas en la Fiscalía. Un alto funcionario de Génova 13 se habría desplazado el martes hasta Murcia para obligar a esa investigación rápida y a tomar medidas orgánicas a continuación.

Es casi seguro que Hernández no volverá a ser candidato del PP en las elecciones municipales de 2007 a la alcaldía de San Javier (que comporta igualmente serlo de Santiago de la Ribera, arriba en la ilustración, y de gran parte de La Manga) pero parece habría advertido también a Cámara de llevarse por delante a otros destacados políticos de su partido al entender que todo esto es una maniobra de San Esteban para distraer la atención sobre los negocios inmobiliarios de Carlos Valcárcel, hermano del Presidente, y de su hombre de confianza, Antonio Sánchez Carrillo, negados primero y luego "desconocidos" para el lider del PPRM, según declaró de urgencia e improvisadamente Ramón Luis un viernes por la noche desde su propio despacho oficial tras un viaje fuera de la Región. Hernández no parece andar con bromas ni tampoco ir de farol en este caso. "Si Carrillo sigue, yo también", dicen que le dijo.

También le habría advertido Hernández a Cámara del riesgo de manipular la caja de los truenos y que, al final, para defenderse se le obligue a atacar con querellas contra todo lo que se mueva en su contra y del grupo popular del consistorio de San Javier. Cámara también habría sido reprobado por Hernández en esta reunión por su actuación política personal en el tema de "Nueva Condomina" y acusado de no haber aplicado la misma vara de medir a su concejal impune, Antonio Sánchez Carrillo, investigado de nuevo ahora por la venta a muy buen precio (¿siete millones de pesetas?) de una casa a Ruiz Vivo en primera línea de playa, que al alcalde de San Javier, ya de antes promotor inmobiliario en la comarca. (Como acaba de decir en Alicante el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, la corrupción está aflorando ahora al haber quedado roto el anterior pacto de silencio entre los corruptos).

El presidente Valcárcel se mueve ahora presionado por Génova 13 y ante los fuertes rumores que hablan de que el próximo lunes podrían comenzar, por fín en la Región de Murcia, unas detenciones que, eventualmente, podrían afectar a altos cargos políticos tras la visita a Madrid estos días del fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción, seguida de la que ha hecho al Ministerio del Interior el Delegado del Gobierno, Ángel Gonzalez. (Sin embargo, el fiscal Anticorrupción de nuestro TSJ, José María Alcázar, iría mucho más lento de lo previsto, en sus investigaciones, y no estaría actuando de oficio ante lo que se publica a diario en los periódicos independientes, a menos que se le indique expresamente desde Madrid).

Suenan con fuerza estos días para tener ya problemas inmediatos con la Justicia, los nombres de los alcaldes de Torre Pacheco, Mazarrón y Águilas, el de Sánchez Carrillo, el del murciano concejal Berberena, el de Domingo Valera y el del consejero Bascuñana, entre los primeros encartados en lo que ahora parece se llama "Operación Santa Lucía". Junto a ellos podrían estar para declarar ante el juez los arquitectos municipales de Murcia, Mazarrón y Los Alcázares, aunque no se descartan sorpresas con nombres de corruptores, que no se han llegado a manejar todavía públicamente, y los de los ex alcaldes socialistas de Lorca y Los Alcázares.

De Nápoles a Murcia

El litoral de Denia hasta Mojácar es uno de los objetivos estratégicos de la mafia napolitana para blanquear su dinero de procedencia ilícita, casi exclusivamente en el sector inmobiliario, según se ha puesto de manifiesto estos días en el seminario organizado en Alicante por la Fiscalía General del Estado.

La fiscal de Nápoles especializada en la Mafia, Roberta Simeone, ha confirmado esta actividad de blanqueo en Alicante, Murcia y Almería, por ser más fácil esconder ese dinero ilícito en la Construcción y ser muy conscientes de ello las bandas criminales organizadas del sur de Italia.

El sector inmobiliario de la zona está pues bajo sospecha y es intensamente investigado actualmente por la Guardia Civil junto a entidades de crédito igualmente sospechosas de cooperación necesaria para delinquir. “Las facilidades dadas aquí a ese blanqueo atrae a las bandas criminales organizadas”, según Simeone.

“Ustedes están menos acostumbrados que nosotros a detectar ese dinero ilícito y por eso la mafia de Nápoles (arriba en la ilustración, con el Vesubio al fondo) se ha venido hasta aquí al encontrar menos controles”, dice Simeone.

Por su parte el fiscal de Marsella experto en crimen organizado, Patricio Ollivier, asevera que “donde hay dinero existen organizaciones criminales” tras matizar que estamos blanqueando aquí dinero ilícito de toda Europa.

Ambos fiscales, italiano y francés, están asesorando ahora a nuestra Fiscalía y Policía Judicial en estas cuestiones por lo que puedan afectar a donde se acumula riqueza inmobiliaria en Alicante, Murcia y Almería.

El narcotráfico es la gran actividad de estas bandas, ahora asentadas entre nosotros, como lugar intermedio de ese narcotráfico entre África y Europa, para su mejor control. Otra razón es esconderse en un lugar menos controlado policialmente para gestionar el negocio de la droga entre Sudamérica, Italia, Francia y España.

Ambos fiscales especializados recomiendan a las autoridades policiales y fiscales españolas participar de un servicio de inteligencia compartido y de su base de datos, entre España, Italia y Francia, para un mejor conocimiento de estas bandas mafiosas, sus componentes y actividades criminales.

Finalmente aconsejan a España más represión, penas más duras, confiscación de bienes e intervención de la sociedad civil en contra. (NEM).

Caza mayor

Francisco Poveda. El Minarete.

Los ciudadanos que esperan, hasta desesperar, sobre la decisiva actuación de la Justicia, en lo que se presume sobre numerosos casos de corrupción política en la Región de Murcia, tienen motivos para la esperanza democrática tras ver que este tema no se acaba en Marbella y que la intención de la Fiscalía General del Estado es limpiar de delincuentes ocasionales de “cuello blanco” los aledaños de cualquier poder abusón, ocasional, caciquil o mafioso. Eso ha sido lo sucedido en Baleares y la escalada policial, sin precedentes históricos, que se espera en las próximas semanas en Murcia y Valencia.

El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, ha dado pública y reiteradamente “luz verde” a esa limpieza en sus filas, y se ha distanciado políticamente de los “barones” de su partido, eventualmente susceptibles de quedar salpicados de cerca por la corrupción política de origen urbanístico. Que se cumpla la ley en todos los casos es lo que ha pedido, aún a sabiendas de que algunos de sus proclamados candidatos pueden ser todavía encartados. (En menudo lío va a meter Valcárcel a Camps recomendándole a Patricio Valverde para que las Cortes Valencianas lo propongan como consejero de la CAM, después de, al parecer, comentar en privado que lo sacó de su gobierno por codicioso con el dinero).

Ese parece ser el caso de Ramón Luis Valcárcel, su amigo Jaime Matas y, por otras muchas cosas (¿facturas falsas en “Terra Mítica”?), del ex presidente de la Generalidad Valenciana, el cartagenero Eduardo Zaplana, fundamentalmente. Existe la convicción de que ha existido permisividad, facilidades, tratos de favor, aplicación laxa y nada escrupulosa de la legislación y, en ocasiones, puede que hasta dádivas o dinero negro de por medio. En Génova 13 dicen no saber nada de unas supuestas utilidades, que no han entrado en su caja. Algunos ilustres recaudadores del PP parecen ser, sencillamente, unos ladrones que roban a su propio partido.

En el caso de nuestro presidente regional se sabe, donde se debe saber, que la investigación se centra más en presunto tráfico de influencias al aparecer destacado su hermano Carlos en medio de algunos grandes, significativos y polémicos “pelotazos” urbanísticos, y su cuñado, José Miguel Monje, en una muy forzada operación política desde San Esteban para hacerse, finalmente, con la presidencia de la Federación Murciana de Fútbol y asignarse luego una muy sustanciosa remuneración más dietas. Por cierto, ¿ha firmado este aguileño algo que no debía por presión de su entorno?

Por ahí van los tiros al margen de averiguar todos los pasos del muy sospechoso concejal Sánchez Carrillo, socio histórico del letrado Valcárcel en legítimos negocios de construcción. “Caza mayor que requiere de armas idóneas y de precisión en el tiro”, se comenta en Fiscalía. De lo que ya no se alberga ninguna duda es de que en este caso la estrategia pasa por quitar primero la cabeza del grano y no comenzar rebajando el “hinchazón” a base de hacer protagonistas a unos alcaldes, que actuaban así animados desde Murcia por personas de una demostrada suprema confianza del jefe.

En ese supuesto escenario ha trascendido la extraña visita, hace unos días, del delegado del Gobierno, Ángel González, al ahora muy observado director general de “Caja Murcia”, Carlos Egea, en su propio despacho y otra, en igual sentido, al todavía vicepresidente (recién ejecutado políticamente por Valcárcel, al no prestarse desde la entidad al juego de sus intereses y los de su clan y, a la vez, peder fuerza el “padrino” que tenía en las alturas, Carlos Aragonés) de la CAM, Javier Guillamón, según diversas fuentes en relación a una investigación en marcha sobre presunto blanqueo de capitales.

Como un delito lleva a otros, todo induce a pensar que estamos en la última fase de largas investigaciones conexas a punto de ser cerradas y comunicadas al juez competente. No es nada normal que autoridad gubernativa semejante se traslade en su vehículo oficial a una entidad de ahorro (en la ilustración, la oficina conjunta de representación de la CAM y "Caja Murcia" en Londres) aunque fuese a solicitar un crédito para cualquier inversión estatal urgente en la Región fuera del presupuesto. Lo habitual es que ambos ejecutivos financieros hubiesen sido llamados a su presencia sin más.

Pero, tal vez, lo grave del caso por los presuntos implicados requería urgencia y propósito de trascendencia. Si bien Ángel González, como buen catedrático de Psicología de la Universidad de Murcia, no ha hecho para nada alharaca de esa intencionalidad, no es menos cierto que no se ha sentido contrariado al saberlo en conocimiento de determinados periodistas independientes. Se tiene la certeza de blanqueo a través de teóricos créditos concedidos a determinadas personas en el centro de las investigaciones.

Porque el delito fiscal, con blanqueo o evasión de capital a paraísos “ad hoc”, es el último casi necesario de toda una serie anterior, es también por lo que la Fiscalía ha centrado ahí las investigaciones de los especialistas en Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil. Se pretende en destino bloquear plazos fijos y cuentas remuneradas fiscalmente muy opacas, descubrir y desmantelar estructuras fiduciarias utilizadas para canalizar fondos de origen sospechoso y desentrañar la operativa de determinadas empresas detectadas dentro de un complejo circuito de tramas para ocultar dinero.

Las pesquisas han llevado ya hasta conocidos despachos profesionales que encauzan inversiones de dinero negro hacia el ladrillo en nuestro litoral, domicilios particulares, entidades de crédito, ciertas notarías y redes empresariales muy sospechosas de intentar defraudar a Hacienda. Las averiguaciones cuestan porque se han desactivado los controles legales-administrativos, porque se presiona a los funcionarios para que avalen con su firma actuaciones dudosas y porque se compra con publicidad cuotas de libertad de algunos medios de comunicación. Se ha verificado la corrupción organizada de varias instituciones al poner sus recursos públicos al servicio de los intereses especulativos, hasta conculcar la propia Constitución.

Entre nosotros, la Construcción es un negocio sin merma de comisión por blanqueo, rápido y de beneficios descomunales. Se ha averiguado que determinadas sociedades murcianas de cierto perfil público, y manejadas con testaferros interpuestos, pertenecen en realidad y son propiedad última de varios capos murcianos muy relevantes socialmente. Nos vamos a llevar muchas sorpresas con un financiero que, en la sombra, mueve a nuevos magnates, ahora terratenientes que se han apoderado de la política regional y municipal sin pasar personalmente por las urnas. No es casualidad la proliferación de tantas promotoras inmobiliarias en nuestra región.

Como las mafias infectan la Administración, un alto cargo de Hacienda en la Región de Murcia pudiera estar siendo investigado internamente, también por su supuesta pasividad ante cierta trama de corrupción y blanqueo de dinero en una importante comarca. Resulta más que paradójico cuando la Fiscalía se está sirviendo en sus actuaciones del apoyo de inspectores de la AEAT aparte de con interventores del Estado, expertos contables oficiales, técnicos de Urbanismo, Fomento y Vivienda, grupos de Inteligencia del Ministerio del Interior, unidades especializadas de Policía Judicial y de la cooperación internacional para tratar de arruinar a todos esos capos locales.

Especialistas de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han estimado en 10.000 millones de euros en dinero negro el botín de la corrupción urbanística en la Región de Murcia. Su actuación primordial es, ahora, aviso a navegantes sin armador, el análisis e investigación de patrimonios personales cuando un nuevo ciclo de crimen organizado ha terminado por asomar en la política murciana por ausencia de un verdadero control social de las instituciones. Un comandante se va encargar de vincular las nuevas posesiones al fruto de una supuesta actividad delictiva.

Las denuncias sobre casos de corrupción urbanística, centradas sobre Madrid, Málaga y Murcia (¿qué pasa con Alicante, Valencia, Almería, Cádiz, Huelva, Granada, Tenerife, Las Palmas, Castellón o Baleares?), han demostrado la proliferación de mafias del ladrillo en unas sociedades teóricamente débiles, ricas y de garantías legales, para corromper al poder público. Tenemos imagen percibida de región muy corrupta por encerrar ahora la costa más amenazada de Europa, con el fraude inmobiliario que eso supone al pretender, pese a nuestro déficit hídrico estructural, construir 500.000 nuevas casas en Murcia y Almería. Todo más que sospechoso.

La necesidad de blanquear dinero del narcotráfico, prostitución, juego (atención a esta actividad legal en sede murciana) y venta de armas explica la sin razón de construir incluso por encima de la previsión de la demanda. Los promotores implicados no preguntan nunca por el origen del dinero y son bastantes en esta región quienes se financian de espaldas a la legalidad. Esa es una, entre otras razones, para que el Estado intente sin más dilación poner coto legal al frenesí del cemento y que la expectativa de cárcel frene en seco más desmanes. Hasta ahora el “pelotazo” tendía a quedar impune por el compadreo entre promotores y políticos, y el urbanismo a la carta degeneraba porque los convenios han terminado siendo un nido de corrupción administrativa.

Este modelo deliberado de corrupción de “cuello blanco”, casi desapercibida hasta ahora en el negocio urbanístico, toca claramente a su fin entre nosotros en lo que respecta a prevaricación y tráfico de influencias, y depredador del territorio. No parece ya muy fácil sacar adelante actuaciones faraónicas como las que se pretenden en Cabo Cope o sur del Mar Menor. Los terrenos comprados baratos se los tragarán ahora los especuladores al desaparecer la expectativa sobre ellos y volver a su precio real de mercado rústico. Ya se van a perseguir las alteraciones del planeamiento con demoliciones rápidas.

www.vegamediapress.com

SOLUCIONADO EL PROBLEMA TÉCNICO

Después de varios días con problemas técnicos para acceder a este blog con el navegador "Explorer" (no así con "Mozilla" ó "Netscape"), hace 24 horas ha quedado totalmente normalizado el acceso y navegación en MURCIA CONFIDENCIAL, posiblemente perturbado por la introducción de algún virus en el sistema de edición a través de la participación interactiva de quienes nos leen.

Los sospechosos son siempre los mismos: los servicios de Informática de alguna institución pública regional o empresa privada de fundación pública, que no toleran el ejercicio de la constitucional libertad de expresión de la ciudadanía murciana pensando que les perjudica en su actual situación de poder, sólo aparentemente democrático.

El paroxismo alcanzado es tal, que en una conocida entidad de ahorro (como antes en el ayuntamiento de Murcia y en la propia Comunidad Autónoma) se ha cortado el acceso a nuestro blog desde su red de oficinas a través de un filtro en su propio servidor, en lo que parece más bien un juego de niños para que los padres no se den cuenta de lo malo que soy.

Gracias a todos los participantes que han tenido la paciencia de esperar.

El Administrador de http://murciaconfidencial.blogspot.com

La corrupción puede acabar con la democracia

Las leyes españolas hacen compleja y difícil la persecución especializada de los delitos económicos, urbanísticos, medioambientales y contra la ordenación del territorio. Eso explica, entre otras causas, el retraso en las consecuencias de la investigación en marcha por las Fiscalías alicantina y murciana sobre los ilícitos de corrupción, prevaricación y cohecho, asociados todos a otros delitos económicos cometidos por las mafias locales de cuello blanco y foráneas en presencia.

Para el catedrático de Derecho Procesal de la UNED y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, en la Construcción “hay blanqueo de capitales y se genera dinero negro”, según declaraciones de ayer a la prensa de la zona.

El caso es que la justicia penal es lenta, ineficaz y no sirve frente a la nueva delincuencia desatada en Alicante y Murcia. Haría falta que fuese más ágil, y con controles previos, para evitar también todo tipo de ella tras el descuido que se ha tenido con la corrupción en la política local. Habría que tener más que claro que “no se puede permitir que un delincuente ejerza de autoridad local ni tampoco los reinos de taifas de los ayuntamientos”.

Ni la corrupción en la administración local es de ahora ni la urbanística es nueva sino que hace tiempo que existe en estas dos provincias mediterráneas. La gente huele que se dan políticos y técnicos corruptos, que cobran por recalificar terrenos y otorgar licencias en lo que no es sino una pura prevaricación. Pero como, a juicio de Gimeno Sendra, “la corrupción urbanística es un tipo penal con normas en blanco”, se dan pactos de silencio para delitos de difícil prueba y un dinero B cuyo rastro es complicado de seguir.

Un presunto delito desde las administraciones públicas normalmente se remite primero a la colapsada vía contencioso-administrativa por parte de los jueces penales. La corrupción administrativa precisa de la necesidad previa de la existencia de un ilícito administrativo, una contravención de la legislación urbanística. Pero el Derecho Penal y el Administrativo siguen siendo en España dos compartimentos estancos y, aparte del colapso, la vía contenciosa es poco eficaz a la hora de establecer medidas cautelares al no suspender el acto administrativo. Entonces las obras ilegales se consolidan tras un procedimiento que llega a durar hasta diez años.

Pero también la falta de un conocimiento profundo de fiscales y jueces sobre estos temas y de medios para abordarlos, concluyen en que las querellas por prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio suelen no ser admitidas o archivarse las diligencias previas. Los jueces de Murcia y Alicante son independientes pero muy ignorantes. Policía y Guardia Civil de aquí tampoco suelen saber de urbanismo o de delincuencia económica y societaria. Ni existe relación directa e inmediata, o es muy deficiente, entre la Fiscalía y la Policía Judicial. Para más “inri”, y tal como denuncia este catedrático, Anticorrupción no tiene economistas-auditores a su servicio en ambas provincias ni se da coordinación alguna entre los fiscales y los policías de investigación.

“La corrupción puede acabar con el sistema democrático”, alerta el profesor Gimeno desde su casa de Campello (Alicante), si sigue sucediendo lo que sucede. Y es que el urbanismo y la economía están ahora demasiado relacionados en ambas provincias. Proliferan por eso las construcciones ilegales. Pero no se puede permitir a los ayuntamientos, en materia de urbanismo, falta de previsión y planificación de suministro hídrico, eliminación de residuos o déficit de infraestructuras. Los fiscales tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir las leyes vigentes a la vez que urge despolitizar a los jueces. Porque existe garantía de que la Fiscalía no va a prevaricar, ni siquiera en temas de corrupción política.

Si bien los municipios tienen su autonomía consagrada en la Constitución y ésta habla de las competencias exclusivas de supervisión de las Comunidades Autónomas, si permiten, consienten u otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Aunque la prevaricación, como el cohecho, tiene hoy una pena leve. Lo más aconsejable, a juicio de los especialistas y expertos, sería contar con una jurisdicción de lo contencioso rápida y expedita para evitar que se levanten edificaciones. Un control judicial-administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que ahora está ocurriendo.

Descomposición del gobierno Valcárcel

La descomposición del residual gobierno Valcárcel ha comenzado claramente ya como consecuencia de la grave crisis encubierta por la que atraviesa el PP de la Región de Murcia tras el desaire político del Presidente a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, claramente enfrentada ahora con el líder por desautorizarla en el tema de “Lo Poyo”. Muchos potenciales candidatos a alcaldías no están dispuestos a seguir y perder, seguros de que su partido tiene arruinada desde ya la actual mayoría absoluta. Para colmo de males, ayer circuló insistentemente el rumor de que el juez Torres viene a Murcia trasladado desde Marbella.

Las sospechas de corrupción generalizada en algunos ayuntamientos murcianos controlados por Sánchez Carrillo y la certeza de que la Justicia está a punto de actuar entre nosotros, han precipitado las deserciones entre la militancia con las manos más limpias. “Ramón Luis ha perdido ya casi toda su credibilidad interna, externa e intermedia. Su mensaje está más que agotado y, como siempre, no tiene proyecto ni lo va a tener. Volver a ser candidato es temerario y patético por su parte, y cruel por quienes desde aquí no le dejan marcharse. La sede de Génova 13 vería la luz con una digna retirada voluntaria a tiempo”, comentan militantes muy cualificados sin esconderse en el anonimato.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, ha tratado en ese ambiente derrotista de abandonar su cargo en las últimas horas sin que Valcárcel le aceptase su dimisión para entrar a trabajar formalmente (ya lo viene haciendo de manera oficiosa desde hace muchas semanas) como adjunto de su íntimo amigo Pedro García Meroño, principal accionista todavía de “Polaris World”. (Por cierto: se cuenta que una reciente y larga inspección de la Agencia Tributaria ha levantado un acta en esta empresa para que pagase 18 millones de euros en impuestos y que la delegada en Cartagena de la AEAT la ha dejado en 300.000 tras el correspondiente recurso presentado por la que se autoproclama “número 1 en turismo residencial", con el escándalo consiguiente en la AEAT de Murcia).

Militante en Cartagena, Cierva constata la tensión reinante en su agrupación (y de las verdaderas posibilidades de Trillo ahora como preferido de Acebes, Zaplana y Aznar) al ser este velezano hermano de otro registrador de la Propiedad más que amigo de Rajoy. El portavoz sabe de la verdadera situación relativa del Presidente después de la que se avecina la próxima semana a la vuelta de López Bernal de la reunión nacional de fiscales celebrada en Granada. Allí ha podido cambiar impresiones con el fiscal-jefe de Málaga, tan curtido en los últimos meses. Es por eso que Cierva no quiere cargar con el "marrón" de tener que explicar lo inexplicable, incluso tener que mentir cuando salgan a relucir familiares involucrados en sospechas ciertas.

El Presidente tiene el criterio de que nadie abandone el gabinete antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2007 (tras las pérdidas valiosas de Marqués, Valverde, Bernal ó Fayrén) pero la descomposición es ya un hecho, fundamentalmente por la falta de confianza del dinero en la palabra presidencial. Trinitario Casanova ha acabado con él al tacharle de “débil y cobarde” por no asumir su papel de colocado y sostenido en el cargo por quienes quieren hacer de nuestra región un cortijo propio. “Valcárcel se rebela tarde contra su destino y sus valedores no lo quieren si está temeroso. Se ha vuelto muy cobarde, y muy caro, y así ya no le sirve al “ladrillo” más exigente y depredador”, sentencia un dirigente empresarial muy progresista.

Otros consejeros de cierto nivel también han expresado en privado su intención de dejar el cargo, si fuera posible antes de las elecciones, casos de Medina Precioso (para volver a la Universidad) y la inspectora de Hacienda, Inmaculada García (que no tiene claro que le convenga ser candidata a la alcaldía de Águilas pese a la creciente crítica interna del PP local al más que investigado alcalde Juan Ramírez Soto). Parece tener algunas dudas Ruiz Abellán mientras Cerdá dicen que conspira contra los desertores, entre los que no se cuentan tampoco Bascuñana ni Ruiz Vivo. El gobierno regional está dividido, roto y nada funciona desde hace ya demasiados días debido a la provisionalidad instalada por el miedo a los fiscales entre los muros de San Esteban. Aquello, cuentan desde dentro, “es una casa de locos” donde Ruiz Vivo no para de dar órdenes tras órdenes a todos, dice que en nombre del Presidente.

La situación de inseguridad jurídica en que se ha puesto políticamente a la “Kutxa” donostiarra tras sus fuertes inversiones en suelo rústico en los términos de Cartagena y Águilas ha actuado como una caja de resonancia en toda España y las compras para edificar se han desplomado como consecuencia de los zigzagueos de Valcárcel en los temas urbanísticos tras los avisos oficiosos que le ha hecho llegar la Fiscalía y las advertencias emitidas desde Génova 13. Aduciendo mala fe en la venta de “La Zarrichera”, la entidad financiera vasca puede exigir legalmente ahora la devolución de los miles de millones pagados a Trinitario Casanova si no se puede urbanizar finalmente. El alcalde de Águilas también se vería en apuros y muy asustado.

Los grandes empresarios, con su elocuente silencio, son lo que realmente están precipitando una crisis institucional importante a seis meses de la cita con las urnas. El que un emprendedor tan arriesgado como García Meroño esté contribuyendo a desarbolar el gabinete regional, significa la amortización de Valcárcel y que el jurídico de la Armada, que es el portavoz Cierva, trate de desengancharse a toda prisa arguyendo un “gran cansancio”, puede que sea su olfato profesional quien le dicte la mejor conveniencia.

Si a eso le añadimos el “absentismo” real de Gómez Fayrén al frente de la no nata campaña electoral formal, se puede concluir que desde dentro se tiene poca o ninguna confianza en el futuro a corto plazo y en las verdaderas posibilidades electorales de este PP en la Región de Murcia, con un Valcárcel que, como ser humano, infunde pena a casi todos y compasión a muchos al ver como tantos lo dejan ahora tan solo ante el peligro.

Ahora le toca a la Región de Murcia

Los efectos de la llamada “Operación Malaya” no tardarán de sentirse en la Región de Murcia de forma inmediata, según fuentes policiales solventes. Al igual que en Marbella, aquí se dice habrá detenciones preventivas, mucho más sonadas, de políticos, empresarios, altos funcionarios, profesionales, intermediarios y hasta puede que algún que otro financiero muy comprometido, al parecer, con ciertos sospechosos muy relevantes. Miembros del CNI, con base en Cartagena, Valencia, Alicante y Madrid, pueden haber aportado información previa a las investigaciones más complejas.

La Fiscalía del TSJ trabaja a toda marcha gracias a la rapidez y agilidad de las unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil destacadas en Cartagena y Benidorm respectivamente, y otras de Delincuencia Económica llegadas expresamente desde Madrid y Barcelona. Existen claras ramificaciones delictivas murcianas en el sur de la provincia de Alicante y en el levante almeriense, que también han sido objeto de investigación, y un segundo viejo financiero-promotor inmobiliario alicantino, en el punto de mira de los detectives que rastrean algunas pistas muy determinantes.

En medios periodísticos marbellíes, que han seguido este caso, está más que claro que la lucha contra la corrupción urbanística y el consiguiente blanqueo de capitales vivirá muy pronto entre nosotros su segundo gran capítulo a tenor de los movimientos ya percibidos con la Guardia Civil solicitando y analizando papeles en el interior de Ayuntamiento de Cartagena y otras conexiones delictivas descubiertas en su comarca natural. (La alcaldesa no ha llegado todavía, que se sepa, a presentar en el juzgado de guardia denuncia por el acoso policial del que se queja en la Prensa). Los resultados más sorprendentes los arroja la investigación, no obstante, en la capital regional y se esperan las conclusiones más definitivas a la altura de la próxima Navidad.

Tanto la Jefatura Superior de Policía como la Comandancia de la Benemérita participan igualmente en algunas de las pesquisas a las órdenes directas de jueces y fiscales locales. Se han detectado también conexiones con el sur de Italia, Rusia, Florida y República Dominicana, que ya se investigan con ayuda de “Europol” e “Interpol”. Se cree que lo de Marbella es una conspiración para delinquir, comparativamente mucho menor que lo sucedido en la Región de Murcia en los últimos diez años, con las mafias autóctonas, y foráneas de Nápoles, San Petersburgo, Moscú, Miami y Santo Domingo.

Desde hace quince días, la Delegación del Gobierno (arriba en la fotografía) conoce gran parte del operativo puesto en marcha desde instancias judiciales y fiscales de Madrid y Murcia, gracias a una comunicación personal e interna del Ministerio del Interior, que tiene absolutamente movilizado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, al Servicio de Información de la Guardia Civil en toda la costa desde San Javier a Águilas pasando por Los Alcázares y Mazarrón.

Algunas denuncias concretas desde embajadas europeas en Madrid han obligado a intervenir al fiscal de Sala de la Fiscalía General del Estado para ordenar alguna investigación suplementaria mientras se rumorea insistentemente que casi todos los sumarios que se puedan abrir en Murcia terminen finalmente en manos de la Audiencia Nacional por la extensión de esta presunta delincuencia organizada a otras provincias limítrofes, como Alicante y Almería. (NEM)