Renta mínima vital: requisitos para pedirla, quiénes podrán solicitarla y cuándo llegará

MADRID.- El Ingreso Mínimo Vital llegará en el mes de junio. Así lo confirmó este martes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que avanzó que esta renta será aprobada en Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo. Esta medida erradicará, según índico, casi todos los hogares en pobreza severa, que cifró en un 20%. El coste para las arcas públicas será de 3.000 millones de euros anuales. 

La propuesta estaba incluida dentro del pacto de Gobierno que firmaron PSOE y Podemos, pero la pandemia del coronavirus ha acelerado su puesta en marcha debido al revés económico que ha supuesto para muchas familias. Aunque los detalles exactos están aún por confirmar, ya se conocen algunas directrices de cómo será este Ingreso Mínimo Vital.

Requisitos para solicitarlo

En primer lugar, esta renta no está dirigida a familias, sino a hogares que sufren pobreza severa. Para acceder a esta ayuda, se tendrá en cuenta el nivel de renta. Para personas que vivan solas, la cuantía debe ser inferior a 200 euros mensuales, mientras que para una familia, la renta conjunta del hogar no deberá superar los 450 euros mensuales. La siguiente condición que se debe reunir es que se debe estar empadronado para poder beneficiarse de este ingreso. Escrivá también confirmó que esta renta será compatible con otras ayudas que la familia puede estar percibiendo de su ayuntamiento o comunidad autónoma.

Cuantía del Ingreso Mínimo Vital

Aunque no está confirmado, la cuantía sería de unos 500 euros mensuales, cantidad que se incrementaría si la familia tiene hijos o personas mayores a su cargo, por lo que el ingreso podría ser de hasta 950 euros en familias con hijos sin ingresos. El Gobierno calcula que la prestación llegará a más de un millón de hogares y en total accederían a ella unos tres millones de personas. Si atendemos a la último encuesta de población activa (EPA), en España hay unos 565.000 hogares sin ningún tipo de ingreso.

¿Cuándo entrará en vigor?

Como confirmó el ministro, el mes de junio será el primer mes que las familias tengan este ingreso. Ante la pandemia del coronavirus, el Gobierno, a través de sus diversos portavoces, había afirmado que el Ingreso Mínimo Vital llegaría "cuanto antes". Se había especulado con el mes de mayo, pero finalmente será el mes de junio cuando esta renta sea una realidad.

El Consejo de Europa quiere una renta mínima vital ante la crisis económica por el virus

ESTRASBURGO.- El Comité europeo de derechos sociales del Consejo de Europa quiere que se garantice un ingreso mínimo vital para las personas más vulnerables ante la crisis de la covid-19 durante el confinamiento y la crisis económica que se presenta. "No se puede dejar a nadie sin un mínimo vital a causa del confinamiento y de la ralentización de la actividad económica durante una pandemia", dice este miércoles el comité en una observación interpretativa sobre el derecho a la protección de la salud.

En su análisis del artículo 11 de la Carta Social Europea sobre el derecho a la protección de la salud, recuerda que el acceso a la atención sanitaria "debe estar garantizado para todos, sin discriminación". Es decir, que eso tiene que ser efectivo y de forma abordable también para grupos como "los sin techo, pobres, ancianos, discapacitados, personas que viven en instituciones y residencias, presos, y personas en situación irregular".

El presidente del comité, Giuseppe Palmisano, subraya que, en esta crisis, "la protección del derecho a la salud para todos debe ser el objetivo principal de todas las políticas y medidas públicas". Para Palmisano, las pandemias y la acción de respuesta de los Estados pueden comportar "riesgos importantes para muchos otros derechos sociales".

Se refiere a los derechos a la seguridad y a la higiene en el trabajo; los de las personas con necesidades de asistencia social y médica; los de las personas mayores a la protección y cuidados, los de los niños y adolescentes a la protección y la atención sanitaria.

El organismo del Consejo de Europa respalda medidas para luchar contra el coronavirus, como el diagnóstico y seguimiento, la distancia social y el autoaislamiento, el suministro de mascarillas apropiadas y productos desinfectantes, y la imposición de medidas como el confinamiento.

Pero todo eso "teniendo en cuenta el estado actual de los conocimientos científicos y de acuerdo con las normas aplicables en materia de derechos humanos".

En este sentido, afirma que "seguirá de cerca las medidas adoptadas por los países para luchar contra la pandemia" y avanza que enviará a los Estados parte de la Carta Social europea en las próximas semanas un cuestionario sobre preparación epidemiológica y medidas de vacunación en general, así como sobre la respuesta inmediata a la pandemia del covid-19.

Las víctimas de explotación sexual y las prostitutas vulnerables cobrarán el ingreso mínimo vital

MADRID.- El Ministerio de Igualdad ha asegurado que las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los casos “de extrema vulnerabilidad de mujeres en contexto de prostitución”, serán incluidas como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital que tiene previsto aprobar el Gobierno por la pandemia del COVID-19.

Desde el departamento que lidera Irene Montero sostienen que “se asegurará también que las mujeres en situación administrativa irregular” -“que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual”, ha agregado- tengan acceso a esta prestación.

El objetivo es “garantizar las condiciones mínimas de subsistencia” de estos colectivos, tal y como han destacado desde el Ministerio, que ha apuntado que podrán beneficiarse de este ingreso mínimo aquellas mujeres que se adapten a los criterios acordados.

Serán las ONG especializadas que asisten a mujeres en contextos de prostitución las que presentarán los casos de las mujeres que consideren que presentan signos de trata o explotación sexual y la de las mujeres en situaciones de aislamiento y alta vulnerabilidad, así como el recurso que se requiere en cada caso.

Para ello, se establecerá un modelo de informe que refleje la situación de la mujer y que indique el cumplimiento de unos requisitos que le permitan acceder a esa ayuda económica. Este proceso será igual para poder acceder a una solución habitacional, incluida la acogida por una entidad especializada.

Este informe deberá remitirse a los servicios sociales, especializados o a una serie de ONG que tendrán la función de acreditar la situación para que las administraciones competeneres resuelvan la concesión de la citada renta.

Las ONG que tengan la función de acreditar estos casos deben cumplir unos requisitos mínimos, al tiempo que se comprometerán a realizar el seguimiento de las mujeres a las que se conceda la ayuda, así como su acompañamiento en la toma de decisiones y en el acceso a los recursos de atención.

Además de esto, el Ministerio de Igualdad ha elaborado una serie de medidas para reforzar el Plan de Contingencia contra la violencia de género aprobado tras el Estado de Alarma decretado por la crisis del coronavirus.

En este contexto, ha ampliado la protección de las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución durante este periodo. Todo ello para dar cumplimiento a la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que avisaba de que “los estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis de COVID-19”.

En España, debido a las medidas de restricción de la movilidad, Igualdad sostiene que las entidades y ONG especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su actividad asistencial y ambulatoria, “exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos”.

Así pues, para garantizar el derecho a la información de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, el Ministerio ha acordado “reforzar la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas, el teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

Asimismo, durante la inspección y cierre de hostales, hoteles y clubes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “reforzarán la coordinación con las entidades, organizaciones y servicios especializados para asegurar la asistencia y protección a las víctimas” de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución.

El Ministerio también ha recordado que las víctimas de trata y explotación sexual, así como las mujeres en contexto de prostitución, podrán ser beneficiarias del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, que modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Asimismo, también podrán serlo las administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a estas víctimas.

España pagará una renta básica a los más necesitados para capear la crisis

MADRID.- España planea pagar una renta mensual básica a cerca de un millón de los hogares más pobres del país para ayudarles a capear el impacto del brote de coronavirus, dijo el viernes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

Aquellos que reciban este subsidio, que será aprobado por el gabinete en mayo, tendrán incentivos para encontrar trabajo, como el de poder combinar el abono mensual con el salario de un nuevo trabajo por un periodo de tiempo, dijo Escrivá a la emisora COPE.

“En la medida en que no haya incentivos a la búsqueda de trabajo puede haber una tentación a agotar la prestación y no activarse en el mercado de trabajo”, explicó.

Todavía no se ha decidido la cuantía que se pagará al mes y Escrivá se negó a decir el coste que supondría para el Estado, aunque dijo que se financiaría con nueva deuda pública.

Dijo que hasta una quinta parte de los hogares españoles tienen ingresos inferiores a 246 euros (266 dólares) al mes.

El Partido Socialista y su socio de coalición de izquierdas, Unidas Podemos, acordaron en enero crear una renta mínima de este tipo como parte de su programa de cuatro años, aunque la crisis del coronavirus ha cambiado las prioridades.

Escrivá dijo que la burocracia administrativa hará que el inicio de la nueva prestación tarde varias semanas.

La economía española perdió 900.000 puestos de trabajo durante las dos primeras semanas del bloqueo impuesto el 14 de marzo para limitar la propagación del coronavirus, con lo que el número de desempleados en los registros oficiales volvió a ser el mismo que hace tres años.

La renta mínima alcanzará a unos 100.000 hogares monoparentales

MADRID.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que la renta mínima que aprobarán próximamente será "muy extensa", se dirigirá a los hogares y beneficiará a cerca de 100.000 hogares monoparentales.

Durante la comparecencia de Escrivá en la Comisión de Trabajo del Congreso para dar cuenta de las medida de protección a los trabajadores frente a la crisis económica provocada por el coronavirus, Escrivá ha señalado que esta renta reducirá la pobreza extrema "en cifras altísimas" y que el trabajo de los ayuntamientos serán decisivos en su gestión.

"No será una prestación individual sino que pondrá el énfasis en los hogares y diferenciará según la estructura de estos hogares", ha dicho al tiempo que a señalado que, del cerca de un millón de hogares que han analizado, casi el 10% son monoparentales por lo que podría beneficiar a casi 100.000 de ellos.

La renta que se está diseñando y haciendo "con mucho cuidado" será compatible y complementará las rentas de las comunidades autónomas y ha avanzad que no habrá ningún conflicto de competencias.

Escrivá no ha ofrecido más detalles porque el ministerio está cruzando datos con la Agencia Tributaria y ha incidido en que se dirige a ser permanente ya que se trata del compromiso adquirido del Gobierno de coalición para esta legislatura.

El ministro ha informado de que esta renta es "absolutamente" necesario adelantarla para evitar el sufrimiento de los colectivos más vulnerables, que por ejemplo no hacen la declaración de la renta o están en economía sumergida.

El diseño tomará los "mejores incentivos que existen en Europa" y conllevará itinerarios de inclusión al mercado de trabajo, como también existen en la renta del País Vasco.

El ministro de Seguridad Social prevé la aprobación de un ingreso mínimo vital en 2021

MADRID.- El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves en el Congreso que hay "espacio fiscal" para que se materialice en 2021 la prestación de ingreso mínimo vital, que ya prepara el Gobierno.

Escrivá ha comparecido ante la comisión de turno en la Cámara baja para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento, entre las que se encuentra la prestación de ingreso mínimo vital. Una medida que ya anunció que se pondría en marcha el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y que ambos ministerios sacarán adelante en colaboración.

El ministro ha abogado por un ingreso mínimo vital “flexible, eficaz, suficiente y evaluable” que rebaje los “considerables” niveles de desigualdad que persisten en España y ante los que las políticas públicas han sido “poco eficaces”. 

En este sentido, ha defendido que hay “espacio fiscal” para, con un diseño eficaz, contar con esta herramienta con una dotación asumible en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ha reiterado que se hará por fases, empezando por la prestación por hijo a cargo, y en coordinación con las ayudas existentes en las diferentes Comunidades Autónomas

En su intervención, ha explicado que España está en “déficit” en cuanto a políticas redistributivas y que, además, debe enfrentarse a un problema a la hora de activarlas: el complejo sistema que se genera entre las diferentes administraciones. Esta “fotografía” es, según ha indicado, la que muestra ante la UE un mapa de España con gran desigualdad entre territorios.

Tal y como ha señalado, la Administración General cuenta con prestaciones tanto a través de Trabajo, como a través de Seguridad Social; las comunidades autónomas desarrollan las suyas propias; y las entidades locales, por su proximidad con los sectores más vulnerables, crean también sus propias ayudas, “aunque no sean las competencias propias de ellos”.

“En este contexto complejo, hay que integrar este ingreso mínimo vital“, ha declarado, antes de indicar que para que esta iniciativa salga adelante debe seguir unos “principios básicos”. En concreto, ha apuntado que esta herramienta de ayudas debe ser “flexible”, debe diseñarse para llegar “a los más vulnerables” y debe contar con presupuesto “suficiente”.

Explica Escrivá que esta medida debe ser “flexible” porque hay mucha “heterogeneidad” en las formas de exclusión y “hay que llegar a todas ellas”, es decir, diseñar diferentes itinerarios para lograr que todo el mundo salga beneficiado.

En este sentido, puntualiza que la prestación debe estar diseñada para llegar hasta los más vulnerables. En ocasiones, ha indicado, este grupo de personas “no termina de acceder a la prestación, porque no se entera o porque no es capaz de entrar en el sistema por los canales de entrada”.

Del mismo modo, señala la necesidad de un presupuesto suficiente para ponerla en marcha. Este punto deberá ir materializándose en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha señalado el ministro, para defender que, en este caso, “con menos dotación de la que se supone” se puede llegar a conseguir mejores resultados “si el diseño es fino y preciso”.

Pero, aunque indica que “el envolvente presupuestario será el que marque” el camino, sí cree que hay “espacio fiscal” para que esta cuantía sea suficiente. Escrivá ha explicado en este punto que los presupuestos se van a “desplegar gradualmente” en varios ejercicios, para “ir evaluando” el funcionamiento del sistema”.

El responsable de Seguridad Social ha reconocido que España se encuentra en la actualidad en “situación media-baja” en materia de desigualdad, en relación con el resto de países de su entorno, en parte, por su mala movilidad social. Es ese punto el que ha destacado como otra medida para mejorar la desigualdad en el país.

Los receptores de ayudas de la Renta Básica de Inserción en la Región cobran 725 euros menos que la media

MURCIA.- Los receptores de las prestaciones de la renta básica de inserción (RBI) en la Región de Murcia recibieron en 2017 1.036 euros anuales, 725 menos que la media nacional y hasta 2.262 euros por debajo de los que más cobran, los del País Vasco, la comunidad que más financiación aporta a esas ayudas.

Así se desprende del estudio sobre las condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión en la Región de Murcia, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés).

Según ese estudio, desde la puesta en marcha en 2008 de la RBI se ha incrementado la prestación un 53,5 por ciento desde los 675 a los 1.036 euros.

Aunque la media nacional de esas aportaciones creció a menor ritmo (un 40,5 por ciento), la cuantía que perciben los murcianos en riesgo de exclusión sigue siendo muy inferior a la media y es la quinta más baja de todo el país, solo por debajo de Ceuta (584), Castilla-La Mancha (602), Andalucía (841 euros) y Baleares (1.012).

En el polo opuesto, siguen al País Vasco (3.298) Extremadura (2.874), Navarra (2.762), Cataluña (2.700) y Cantabria (2.206).

Esas prestaciones llegaron en 2017 a 13.649 personas en la Región de Murcia, lo que equivale a una tasa de 9,28 ayudas por cada 1.000 habitantes, frente a las 16,73 de media en España.

Si se toma como referencia esta tasa nacional, en Murcia deberían haber recibido la RBI casi 24.600 personas, advierten desde la EAPN.

La entidad ha considerado que se trata de un objetivo "posible y deseable", puesto que en la Región hay más de 23.500 hogares (56.300 personas) con una renta inferior a los umbrales establecidos para cobrar la RBI.

Casi 9.900 de esos hogares están en el Campo de Cartagena y el Mar Menor y otros 8.100 en la de la huerta de Murcia.

Las ciudades de Cartagena y Murcia acumulan 5.900 y 7.900 de esos hogares, respectivamente.

Por ello, para la EAPN sería conveniente flexibilizar los requisitos de acceso a estas ayudas, mejorar su cuantía, ampliar los periodos de percepción y agilizar los tiempos de respuesta simplificando su tramitación administrativa.

Además, advierte de que la mayoría de los ayuntamientos se han visto obligados a aprobar ayudas puntuales para paliar la situación de vulnerabilidad social de las familias y cubrir gastos esenciales de alimentación, vivienda, educación o empleo.

La brecha autonómica de la pobreza: hasta 300 euros de diferencia en la renta mínima de una CCAA a otra

MADRID.- No es lo mismo ser pobre en la Comunidad Valenciana que en el País Vasco. Y tampoco es lo mismo ser un parado de larga duración en Navarra que en Extremadura. Todas las comunidades autónomas garantizan una renta mínima para luchar contra la pobreza y favorecer la inclusión laboral, según publica El Mundo. 

Desde la crisis, estas rentas son el sustento de buena parte de las familias españolas. El número de ciudadanos a los que se les ha concedido una de estas prestaciones se ha triplicado desde 2007 [se ha pasado de 103.071 a 313.291 en 2017] y, si se tiene en cuenta a las personas que dependen de los titulares de estas rentas, el número de españoles que viven gracias a ellas asciende hasta los 780.000.

Pero estas rentas mínimas no son iguales en todas las CCAA, como tampoco lo son los requisitos para acceder a ellas o su compatibilidad con otro tipo de ayudas. Así lo refleja Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, en su revista Panorama Social, difundido ayer. 

En ella se retrata la gran fragmentación territorial de este sistema, que cuenta con 19 normativas diferentes -17 comunidades y dos ciudades autónomas- para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Ni siquiera se llaman igual de una comunidad a otra.

Funcas calcula que la renta mínima que se cobra en España, en promedio, está en unos 450 euros. Sin embargo, los beneficiarios de esta prestación en el País Vasco -la CCAA con mayor dotación económica, 672,7 euros- tendrán derecho a casi 300 euros más que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, la más modesta, con 388 euros.

Pero las diferencias van mucho más allá. Hay dos tipos de prestaciones en función de su composición interna: las simples -como las que se conceden en Asturias o Madrid-, que comprenden una prestación económica en función del número de personasen convivencia, y las complejas -como por ejemplo la catalana-, que en función del tamaño de la familia añade una renta complementaria de activación e inserción.

Ni siquiera la forma de calcular las cuantías es homogénea en esta amalgama autonómica: así, unas CCAA optan por calcular sus rentas en función de un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -PSOE y Podemos pactaron subirlo a 900 euros en 2019- (es el caso del País Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha) y otras toman como referencia el IPREM, el indicador público de rentas de efectos múltiples (Castilla y León,Cantabria, La Rioja y Andalucía). 

Pero hay más diferencias: en Navarra y Aragón, por ejemplo, hay cuantías fijas, y Cataluña ha elaborado su propio Indicador de Renta de Suficiencia (el IRSC).

«Llaman la atención dos ejemplos extremos», advierte la publicación de Funcas, «Navarra, que posee una de las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de toda España, cuenta con la prestación de renta garantizada más generosa, tanto en cuantía como en duración. Sin embargo, el importe y el periodo de cobro de la renta de inserción en Extremadura son menores, aunque en esta comunidad la población en riesgo de pobreza alcanza un porcentaje mucho más alto».

La evaluación de los programas de rentas mínimas, ya complicada por la fragmentación territorial, se ve dificultada por el hecho de que la mayoría de los programas persiguen dos objetivos cuya consecución no va siempre unida, advierte Funcas: reducir la pobreza y la inserción (o reinserción) laboral.

«La evidencia disponible sugiere que las rentas mínimas, donde llegan, son eficaces en la disminución de la pobreza, mientras que sus costes de eficiencia en forma de desincentivos al empleo son muy moderados».

Funcas ha detectado una «cronificación (no mayoritaria) de las prestaciones en algunos hogares especialmente vulnerables» y con escasa capacidad de inserción laboral. Esa cronificación coexiste con la alta rotación de estas prestaciones.

CCOO defiende la propuesta sindical de renta mínima frente a la de la AIReF

MADRID.- CCOO ha defendido este miércoles la propuesta sindical de implantar un programa de renta mínima frente a la alternativa elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya que ambos tienen objetivos distintos, según explica en un comunicado.

La AIReF ha presentado un informe en el que cuantifica entre 7.200 y 9.800 millones de euros la propuesta por los sindicatos de implantar una renta mínima de 426 euros para personas desempleadas que buscan activamente empleo.

Asimismo, plantea un programa alternativo, que según sus cálculos beneficiaría a un mayor número de hogares con un coste menor y que consistiría en una prestación única de 430 euros mensuales más complementos por hijo sujeta a criterios de renta y compatible con el empleo.

CCOO ha defendido que la propuesta sindical tiene el objetivo de eliminar los vacíos en la cobertura de la protección asistencial por desempleo mientras que la de la AIReF, en su opinión, confunde la protección por desempleo con la de las personas vulnerables.

A esto añade que la propuesta de la Autoridad de permitir que esta ayuda sea compatible con el empleo puede introducir "distorsiones" en el mercado de trabajo que aumenten la precariedad.

La AIReF propone una renta mínima única estatal y compatible con trabajar

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone la creación de una renta mínima única, que puede ser complementada por otras administraciones, con criterios de renta y que sería compatible con tener un empleo.

Según el estudio sobre los programas de rentas mínimas en España, que le encargó elaborar el Gobierno, la AIReF propone mejoras respecto a la iniciativa legislativa popular que sobre la materia presentaron los sindicatos UGT y CCOO para su creación en las Cortes.

En su propuesta, adelantada por eldiario.es, la AIReF establece la renta del hogar como requisito para el acceso a esta prestación, eliminando el relativo a la situación laboral, haciéndola compatible con un empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta que alcance un determinado umbral considerado "salario suficiente".

Asimismo, propone eliminar el solapamiento de esta ayuda con la de otras administraciones (autonómicas o locales) si bien permite que puedan complementarla y que puedan identificar los colectivos perjudicados por la desaparición de los programas nacionales para que queden cubiertos por subsidios por desempleo.

"Para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las CC.AA. complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad", incluye el informe.

En concreto, la AIReF ofrece dos alternativas de renta universal que en ambos casos beneficiaría a 1,8 millones de hogares, por encima del 1,1 millones de potenciales beneficiarios que calculaban UGT y CCOO, con un menor coste.

Las dos propuestas establecen ayudas por adulto de hasta el 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -unos 430 euros mensuales teniendo en cuenta que este indicador sigue en 537,84 euros brutos anuales- a los que se sumarían complementos de 1.200 euros anuales por hijo, es decir 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres.

En las dos alternativas, la AIReF plantea distintos tramos de renta por hogar "focalizando la ayuda en la pobreza severa".

Las propuestas de la AIReF tendrían un coste fiscal de 5.500 millones, a los que habría que restar 2.000 millones de euros al evitar las duplicidades, frente al coste de 7.200 millones cuantificados por los sindicatos.

El nuevo sistema, recogen, debería introducirse de manera gradual, en tres años, los que supondría una décima más de déficit estructural cada año, "cuya compensación con otras medidas resulta factible".

También defiende que sus alternativas presentan mejores resultados en reducción de la pobreza severa, entre un 50 % y un 60 %, frente al 27,7 % de la ILP.

El estudio detalla que la renta mínima debe ser una prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, que se gestione a través de una ventanilla única que también pueda casos a los servicios sociales o a políticas activas de empleo.

También se propone que los solicitantes se inscriban en la Agencia Tributaria para reducir el riesgo de fraude y desarrollar herramientas para evaluar el seguimiento del programa.

IU-Verdes denuncia que la Región de Murcia continúe a la cola de España en renta básica

MURCIA.- IU-Verdes ha realizado una dura crítica al gobierno regional por sus políticas públicas en materia de bienestar social al conocer el estudio publicado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en el que denuncia que la Región de Murcia se encuentra a la cola de España en Renta Básica.

Manifiestan que esta asociación es un referente nacional en lo que se refiere a estudios e investigaciones relacionadas con el ámbito de la política social y los servicios sociales y recuerdan que no es la primera vez que Murcia queda a la cola en Renta Básica o en otros indicadores sociales como la gestión de la Ley de Dependencia según las investigaciones realizadas por esta entidad.

En esta ocasión los datos denuncian que apenas el 3,6% de la población murciana bajo el umbral de la pobreza recibe una renta básica, siendo la segunda comunidad autónoma con menor tasa de cobertura en esta ayuda en 2017, por detrás de Castilla la Mancha, y resaltando diferencias extremas entre comunidades, contrastando especialmente con el País Vasco, que cubre a las tres cuartas partes de su población en riesgo de exclusión (76,3%) y Navarra a dos tercios (66,6%). 

 Así, mientras que País Vasco tiene una tasa de 34,72 por mil habitantes perceptores de renta básica, o Navarra de 24,75, Murcia la tiene tan solo de 3,69.

Desde la formación de izquierdas advierten que esta situación no ha surgido de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia tanto de décadas de gobiernos conservadores de la derecha en la Región de Murcia como de los durísimos recortes que han sufrido las inversiones en materia de política social, especialmente durante los años de crisis económica, a pesar de que en esos momentos eran más necesarias que nunca.

La edil lorquina de la formación y miembro de la dirección regional, Dori Peñas, ha lamentado que "el gobierno de López Miras ahora, y de Pedro Antonio Sánchez, Garre o Valcárcel antes, hayan apostado por proyectos megalómanos o vinculados a la especulación urbanística desatendiendo las necesidades reales de los ciudadanos más desfavorecidos".

Prueba de ello, continúa Peñas, es que "la Consejería de Familia destaque un incremento del 8% en el número de beneficiarios de renta básica en la Región, obviando que se trata de cifras más que insuficientes, tanto en el número de prestaciones concedidas como en el importe de las mismas, también de los más bajos de España a pesar del último incremento".

Demora en la implementación de la renta básica en la Región.

Desde la formación de izquierdas también denuncian que el gobierno regional ha tenido guardado en el cajón del olvido durante años una reglamentación necesaria para activar la renta básica, a pesar de estar aprobada y de la insistencia de grupos parlamentarios como IU-Verdes para su implementación.

Desde IUVRM recuerdan que la renta básica de inserción es una prestación "de supervivencia" con el objeto de prestar una ayuda económica a personas o unidades familiares para atender sus necesidades más básicas como la alimentación, con el fin último de facilitar su inserción social. 

Por tanto, consideran que se trata de un recurso social imprescindible tanto por su vertiente asistencial de cobertura de necesidades básicas como por la inserción social que promueve y que debe de ampliarse en una región que, además, posee unas tasas de pobreza y exclusión y de pobreza infantil muy por encima de la media nacional.

EQUO RM reactiva el debate sobre la renta básica

MURCIA.- En el Palacio del Almudí se celebró una interesante charla organizada por EQUO RM que, con el título de "Renta Básica, justicia social y ecología", ha pretendido reabrir el debate sobre este instrumento de redistribución de la riqueza, equidad y dignidad de las personas. 

La charla, presentada por la coportavoz de EQUO RM, Toñi Gómez, estuvo a cargo de Jorge Martín Neira, veterano activista por la Renta Básica en nuestro país.

Jorge Martín desgranó las principales ventajas que la implantación de la Renta Básica Universal (RBU) de tipo emancipatorio traería a nuestra sociedad, como son permitir alcanzar a los individuos las condiciones materiales suficientes para una vida digna (vivienda, alimentación, suministros básicos), al tiempo que permitiría un mayor poder de negociación laboral y la posibilidad de rechazar condiciones laborales indignas. 

Según Martín, la RBU debe cumplir cuatro condiciones: ser realmente universal, es decir, que sea para todas las personas independientemente de su renta, incondicional (sin requisitos para su percepción), individual (no familiar) y suficiente para vivir con dignidad. 

 Estas cuatro premisas permitirían, además, una mayor independencia económica de las mujeres, una puesta en valor de los trabajos no remunerados (cuidados, trabajo doméstico) y eliminaría las situaciones de estrés e inseguridad por la falta de empleo, permitiendo elegir trabajos remunerados que se ajusten más a los perfiles y los intereses de las personas.

Tras una breve charla introductoria, se inició un animado debate donde se aclararon dudas de los asistentes al acto, relativas al origen de los fondos necesarios para garantizar la RBU, la posibilidad de implantar esa renta a nivel municipal o su ampliación a otros países. Martín aclaró que la vía fiscal es el modo de financiar la RBU, reordenando completamente el sistema impositivo, incluyendo la fiscalidad verde, por el uso de bienes comunes por parte de unos pocos, cuyos beneficios deben revertir a toda la sociedad, como ya se está haciendo en otras zonas del mundo como Alaska. 

Además, puso sobre la mesa la necesidad de que esa RBU supere la cuantía marcada por la Carta Social Europea como umbral de la pobreza, cuantificada en 684 € mensuales y la urgencia de que esta iniciativa llegue al Parlamento, por la situación de precariedad que pasan miles de familias, pensionistas y trabajadores en general.

Martín recalcó las movilizaciones que se están llevando a cabo en nuestro país, reclamando la implantación de esta medida emancipatoria, como es la Marcha Básica que empieza hoy mismo, 10 de marzo, en León y acabará el próximo día 24 en Madrid.

La Renta Básica es un derecho que debe incorporarse a la Carta de Derechos Humanos, es una herramienta de transformación social que nos debe llevar al Buen Vivir, un concepto de bienestar colectivo y consecución de una calidad de vida digna.

'Podemos' solicita la reactivación de la renta básica de emancipación para jóvenes en la Región

MURCIA.- La Secretaria de Juventud de Podemos Región de Murcia, Lorena Lorca, ha manifestado que los datos del barómetro del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud estatal señalan que, además de un crecimiento de los precios del alquiler, la Región de Murcia se sitúa "a la cabeza de España con las peores tasas de emancipación", Lorca achaca esta situación a "la total ausencia de políticas públicas de ayuda al alquiler joven".

Así, ha afirmado que la desaparecida Renta Básica de Emancipación es para la formación morada la medida prioritaria a recuperar, dado que las actuales ayudas al alquiler "no incluyen como sector preferente a los jóvenes", por lo que es imprescindible "tener ayudas sectoriales y específicas para el colectivo de menores de 30 años".

Desde la Secretaría de Juventud critican que "la idea que tiene el PP para los jóvenes es promocionar que se vayan a esquiar, pero en lo importante ni están ni se les espera".

Lorena Lorca lamenta igualmente la desaparición del Consejo de la Juventud regional, "un organismo que estaría destinado al estudio de la realidad de los jóvenes y a la propuesta de medidas de actuación"; por lo que "el modelo de precariedad laboral y temporalidad obliga a los jóvenes a elegir entre vivir con sus padres o ser pobres, lo que no debería ser compatible "con un sistema de bienestar social mínimo".

Pujante, IU, sugiere 'meter en cintura' la política crediticia de Caja Murcia

MURCIA.- El secretario general de Izquierda Unidad (IU) en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ofreció hoy una rueda de prensa sobre la situación económica actual en la que pidió, como medida frente a la crisis, la creación de una renta básica universal de 500 euros para las 25.000 familias murcianas que no perciben ningún ingreso.

Y es que, para Pujante, la medida "contribuiría a paliar los efectos de la crisis en los colectivos más desfavorecidos y vendría a mejorar la actual la renta de Inserción de la Comunidad Autónoma, que prevé como tope máximo de ayuda 350 euros, una cantidad insuficiente".

De este modo, explicó que la ayuda de 500 euros a las 25.000 familias supondría al Gobierno de la Nación una cantidad de 12 millones de euros mensuales (144 millones anuales), "mientras la bajada del 0,25 por ciento del IRPF en su tramo autonómico para 2009 supone renunciar a 6 millones de euros", indicó, al tiempo que añadió que "si Valcárcel lleva a cabo su voluntad de rebajarlo hasta el 1 por ciento, supondría, al final de la legislatura, renunciar a 24 millones de euros".

Pujante riticó la persistencia en el modelo económico del ministro de Economía, Pedro Solbes, que ha tenido que ser corregido por el comisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia, quien dibujó un panorama mucho más desalentador", al tiempo que añadió que, "la previsiones negativas se acentúan en Murcia por haber sido un ejemplo del modelo de crecimiento que ha fracasado".

Aún así, Pujante indicó que la política fiscal "sigue siendo la misma, pues la desfiscalización se sigue planteando como un recurso de política económica, ya que la supresión del impuesto sobre el patrimonio supondrá dejar de ingresar 2.000 millones de euros al año". Asimismo, señaló que tampoco es positivo que se beneficie únicamente a la banca privada que "se vanagloria de ingentes beneficios económicos".

Por todo ello, pidió la dimisión de Solbes y reclamó la reorientación del modelo económico hacia una mayor intervención del Estado y una recuperación del espacio de lo público en la economía. "Creemos que tiene que haber un control por parte de lo público de sectores estratégicos como el energético y el de la banca, para que exista una banca pública o bien se nacionalice parte de la privada", subrayó Pujante.

En lo que respecta la Región de Murcia, afirmó que "en la medida que existe un control normativo de la Comunidad Autónoma sobre Cajamurcia, también debería haber un condicionamiento político sobre la orientación inversora de entidad bancaria y deberían redirigirse sus beneficios".