El Gobierno regional es el segundo que más tarda en pagar de toda España

MADRID.- El periodo medio de pago a proveedores del Gobierno de Murcia es el segundo mayor de entre todos los autonómicos, de 51,23 días, lo que casi duplica el plazo legal de un mes para hacerlo, al que se acerca el ayuntamiento de esa ciudad, con 28,12.

En promedio regional, ha subido hasta final de junio a los 36,21 días, 2,7 más respecto a mayo de este año, según el Ministerio de Hacienda, que detalla que la Comunidad Valenciana fue la que más tardó en pagar (53,09 días) seguida de Murcia, Cantabria (49,97) y Cataluña (46,47).
Por contra los periodos de pago más bajos se dieron en Galicia, con 13,77 días, Canarias (15,31), Andalucía (18,05) y el País Vasco (22,71).
En cuanto a las entidades locales, el periodo medio de pago se situó en junio en 59,04 días, casi once días menos en el primer trimestre del año.
De las diez principales ciudades españolas, cinco: Sevilla, Málaga, Valencia, La Coruña y Las Palmas de Gran Canaria, presentaron un periodo medio de pago superior a 30 días, y ninguno superó los 60.

Condenan a la Comunidad Autónoma por retrasos en el pago de las facturas del 112

MURCIA.- La Comunidad Autónoma fue condenada a pagar 6.257 euros a la empresa Ferrovial. El motivo es la demora en el pago de las facturas que esta le liquidó por los servicios de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de emergencias 112, que presta servicio en virtud del convenio suscrito en noviembre de 2016. 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condena también al Ejecutivo regional a pagar los intereses legales devengados por dicha suma.

La sentencia estima solo en parte la demanda presentada por la empresa, que había reclamado por intereses de demora una cifra muy superior: 21.600 euros. 

La Sala dio la razón a la Comunidad Autónoma en el aspecto de que el plazo para el pago de las facturas comienza a correr desde la aprobación de la certificación correspondiente, no antes. 

El TSJ de Murcia indica, además, que para el cálculo de los intereses de demora se ha de descontar el importe del IVA, ya que Ferrovial no demostró que los pagara a la administración tributaria antes del cobro de las facturas correspondientes.

La mora hipotecaria baja al 4,07 % en el primer trimestre, hasta mínimos de 2012

MADRID.- La morosidad de los créditos concedidos para la compra de una vivienda cayó en el primer trimestre de 2019 hasta el 4,07 %, lo que supone mínimos desde septiembre de 2012, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

Igualmente, la morosidad de los créditos concedidos al sector promotor e inmobiliario también se redujo entre enero y marzo de este año hasta el 8,67 %, la tasa más baja desde junio de 2009.

El Banco de España ha dado a conocer hoy estos datos correspondientes al primer trimestre del año, junto a la tasa de morosidad total de las entidades financieras que operan en España -bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito-, que cayó en abril hasta el 5,70 %, con lo que se mantiene en mínimos de 2010.

Tal y como indican los datos del Banco de España, tanto la tasa de morosidad del total de la cartera crediticia de la banca, como la específica de los créditos destinados a la adquisición de vivienda o a las actividades de promoción inmobiliaria se ha reducido.

El crédito destinado a la compra y rehabilitación de una vivienda bajó en el primer trimestre del año hasta los 513.593 millones de euros, frente a los 514.668 millones registrados al cierre de 2018.

Dentro de esta cartera, las hipotecas morosas o impagadas también se redujeron hasta los 20.884 millones de euros, desde los 21.247 millones registrados en el último trimestre de 2018.

De esta manera, la morosidad de los créditos destinados para la compra de una vivienda se han reducido hasta mínimos desde hace casi siete años.

En marzo de 2014, en plena crisis financiera, la morosidad hipotecaria alcanzó máximos históricos al situarse en el 6,32 %.

Por las mismas fechas, en junio de 2014, la morosidad del sector promotor e inmobiliario también se disparó hasta máximos históricos, hasta alcanzar tasas superiores al 38 %.

Al cierre del primer trimestre de 2019, dicha tasa se sitúa muy lejos de esa cota, en el 8,67 %.

Según los datos del Banco de España, el crédito concedido por las entidades financieras a las empresas del sector promotor se redujo hasta los 87.409 millones de euros, frente a los 87.988 millones de cierre de 2018.

De ese volumen (87.409 millones de euros), 7.582 millones eran dudosos, una cantidad también inferior a los 8.463 millones registrados durante el trimestre anterior.

La Abogacía Española crea el primer registro de impagados judiciales

MADRID.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega,presentó este lunes el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), un fichero de morosidad pionero en nuestro país para recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por abogados y abogadas previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro.

Este registro supone una novedad en la lucha contra la morosidad y posiciona a España a la vanguardia de la innovación y adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías.

Según explican desde el CGAE, con esta nueva apuesta por los sectores fintech y legaltech, la Abogacía pone a disposición de los 150.000 abogados españoles una herramienta de trabajo de uso gratuito para la profesión (sólo tendrá un pequeño coste para el cliente por el alta de la deuda si bien la consulta será totalmente gratuita), que supone una innovación revolucionaria en nuestro país que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan las sentencias firmes. Además, dotará de mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.

Todo ello cumpliendo con la nueva Ley General de Protección de Datos, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica.

Resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, son objeto de este nuevo registro con validez en toda España.

Por otro lado, y por primera vez los abogados contarán con un registro para consultar datos sobre impago de honorarios de letrados.

En la presentación, Ortega estuvo acompañada del presidente de la consultora multinacional de negocio Everis, Eduardo Serra; del consejero delegado de la compañía de información de empresas Informa D&B, Juan María Sainz; del socio fundador y primer directivo de la start up granadina Icired, Enrique Rodríguez Zarza; y del tesorero del CGAE, Rafael Bonmatí. 

La empresa que se encargará de gestionar este registro de impagados es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española RedAbogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, Icired, con Informa D&B y Everis como socios de este proyecto.

El periodo medio de pago a proveedores en la Región asciende y se sitúa en 32,27 días en marzo

MURCIA.- El periodo medio de pago a proveedores (PMP) en la Región de Murcia asciende a 32,27 días en marzo, cifra que aumentó en 2,79 días con respecto a los datos de los últimos meses de 2018 (29,48 días). 

El PMP de las autonomías se situó en 33,12 días en marzo, lo que supone una reducción de 2,15 días, es decir un 6,1%, respecto a febrero. Según datos del Ministerio de Hacienda, el pago medio de la Administración central también descendió en marzo y lo hizo hasta los 36,16 días, cifra que supone una bajada de 1,79 días respecto al mes anterior.

Entre las comunidades autónomas con un período de pago inferior a la media nacional figuran Andalucía (15,48), Galicia (15,78), Asturias (19,16), País Vasco (20,67), Extremadura (21,41), Navarra (23,40) y la Comunidad de Madrid (24,23). 

A la cola se encuentran, la Comunidad Valenciana (52,26), Castilla-La Mancha (50,93) y La Rioja (39,68), entre otras.

Respecto a la composición del PMP de las autonomías en marzo, el ratio de operaciones pagadas se situó en 27,78 días y la de operaciones pendientes de pago en 39,46 días, en esto, los datos de la Región se situaron en 15,78 y 40,81, respectivamente. 

Ello supone, con respecto al mes anterior a nivel nacional, que disminuye en 5,16 días la ratio de operaciones pagadas, mientras que aumenta en 1,49 días la ratio de las operaciones pendientes de pago. 

Además, durante el primer trimestre del año, el pago medio de las entidades locales a proveedores aumentó hasta los 70 días, cifra que implica 23,77 días más con respecto al cuarto trimestre de 2018.

La Región es la tercera comunidad autónoma que más tarda en pagar a sus proveedores

MADRID.- Las tres administraciones públicas (local, regional y nacional) incumplen los periodos de pago legales a sus proveedores autónomos, que se establecen en 30 días, según el informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos a cierre del primer trimestre de 2019 de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA.

Concretamente, la media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas y central en el primer trimestre de 2019 es de 39 días, mientras que la media de la administración local duplica el periodo de pago establecido por ley y abona sus facturas en 60 días.
De esta manera, la administración local es la peor pagadora, ya que se demora de media dos meses (60 días) en pagar a sus proveedores autónomos. Además, ésta es el tipo de administración para la que más trabajan los autónomos y sin embargo paga al doble de tiempo de lo que estipula la ley.
En este sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha criticado que "precisamente la administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga", por lo que ha instado a establecer un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley.
Las comunidades autónomas de Cantabria, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares son las que más tardan de media en pagar a sus proveedores autónomos e incumplen los periodos de pago legales que se establecen en 30 días.
Concretamente, los autónomos en Cantabria han tenido que esperar 90 días para cobrar sus facturas, por lo que esta comunidad es la que más tarda de media en pagar a sus proveedores, triplicando el periodo que marca la ley.
Por su parte, a Comunidad Valenciana es la segunda que más tarda en pagar con 53 días de media, y en tercer lugar e incumpliendo los plazos que marca la Ley, las regiones de Murcia e Islas Baleares (con 49 días de media).
Por debajo de los 30 días destacan por "pronto pago" (23 días de espera) Castilla y León, Galicia y Madrid.
En cuanto a las diputaciones provinciales, la diputación de Valencia es la diputación que más tarde paga de toda España, abonando sus facturas con una media de 69 días de espera. Tras la de Valencia, destaca por la tardanza en pagar el cabildo de Lanzarote (62 días de media), la diputación provincial de Ávila (56 días), Almería con 49 días de espera y las de Ibiza y Jaén con una media de 55 días de espera.
A nivel local, el infome apunta a que hay municipios que registran unos datos mucho más altos de los 60 días medios de pago en estas administraciones. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo el consistorio que más tarda en pagar de España, con una media de 531 días. Le siguen Jerez de la Frontera (198 días), y casi medio año en Granada (177 días).
Por el contrario, también hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no sólo cumplen la Ley de Morosidad sino que pagan en menos de dos semanas. Así, la administración local de Lugo es la que antes paga a sus proveedores, al hacerlo en 12 días de media, seguida del ayuntamiento de Roquetas de Mar y Torrent (13 días), Gerona con 14 días de media, Cornellà y Barcelona con 16 días de media y Zamora y León, ambas 17 días de media
La morosidad entre empresas privadas, de media, se establece en 71 días. Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, son los autónomos sin trabajadores y las pequeñas empresas (que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores) las que antes pagan a sus proveedores.
Las empresas de más de 1.000 trabajadores, las que más tardan en pagar a sus proveedores (111 días, de media), mientras que entre autónomos, las deudas se pagan en 40 días de media y en las empresas de menos de 9 trabajadores se pagan en 49 días.

La Comunidad Autónoma cerró 2018 pagando sus facturas cinco días por encima del límite legal

MADRID.- El Gobierno de la Región de Murcia es el quinto que más tarda en pagar a sus proveedores, 35,36 días, por encima del límite legal de un mes, mientras el Ayuntamiento de Murcia lo hace en 14,38, la segunda menor demora de entre las de las 10 ciudades más pobladas de España.

De media, todas las comunidades autónomas redujeron en 2018 su periodo medio de pago a proveedores en 3,19 días, hasta los 30,05 días de promedio y fueron, de hecho, la administración pública que pagó antes a sus abastecedores.

Según la información facilitada este lunes por el Ministerio de Hacienda, el plazo de pago a proveedores se redujo el año pasado en todas las administraciones y fueron las corporaciones locales las que más mejoraron, al disminuir la media en 16,97 días.

Aún así, los ayuntamientos fueron las instituciones públicas que más tardaron en pagar a los suministradores, 46,23 días, muy superior al promedio de las comunidades y también al de la Administración central, con 32,61 días

Por comunidades, Cantabria cerró con un plazo medio de 77,37 días, seguida de Baleares, con 49,38, y Castilla-La Mancha, con 38,16, en tanto que las menos morosas fueron Galicia (16,93), País Vasco (18,13) y Andalucía (22,46).

Si se analiza la composición del indicador en diciembre pasado, la ratio de operaciones pagadas se colocó en 26,46 días y la de operaciones pendientes de pago en 34,37 días.

Ello supone que, con respecto al mes anterior, disminuyen en 2,08 días la ratio de operaciones pagadas y en 3,55 días la de operaciones pendientes de pago.

Respecto a la deuda comercial de las autonomías, a finales de 2018 ascendió a 4.926,18 millones de euros, equivalente al 0,41 % del PIB nacional, con un aumento del 9,51 % (unos 427,66 millones).

En cuanto a las corporaciones locales, Hacienda justifica la rebaja en su pago a proveedores por la aceleración en la evacuación del volumen de deuda comercial en los últimos meses del ejercicio, en la que la ratio de operaciones pendientes de pago desciende desde los 134,42 días del tercer trimestre hasta los 75,52 días del cuarto trimestre.

Además, de las entidades que han presentado información en este periodo, la amplia mayoría cumple con el plazo medio.

Si no se tienen en cuenta las entidades con cifras excesivas (superior a 60 días), que representan en torno al 6,12 % en cesión y el 4,17 % en variables, el periodo medio bajaría hasta los 17,71 días en diciembre, un importe claramente dentro del plazo legal.

De las principales ciudades, dos presentan un periodo superior a 30 días (Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla) y ninguna supera los 60 días.

El Ayto. de Lorca aún tiene 1,2 millones de euros en facturas sin pagar desde 2015

LORCA.- El viceportavoz segundo del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán ha advertido que "el Partido Popular, con Gil Jódar a la cabeza" tiene previsto, de cara al próximo Pleno, "sacar de los cajones" más de 1.200.000 euros en "facturas sin pagar" pendientes, por sus diferentes concejales "desde 2015 en adelante". 

"Es una muestra más de la mala gestión económica que ha llevado a cabo en sus 12 años de gobierno en Lorca", apuntaba Isidro Abellán.

El Partido Popular va a presentar, de cara al próximo Pleno, un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, por importe de 1.242.621,67 euros, que desde el PSOE consideran una "evidencia" de que Gil Jódar y su equipo "temen un batacazo electoral y que se desenmascare su nefasta gestión política tras el próximo 26 de mayo".

"El alcalde y sus concejales saben que a diferencia de hace cuatro años, esta vez van a necesitar más de ocho votos para volver a gobernar el Ayuntamiento de Lorca, por lo que quieren "limpiar la era", no vaya a ser que alguien les saque los colores tras las próximas municipales. 

Abellán asegura que con esta actuación "queda demostrado que el actual equipo de gobierno del PP ha gastado sin miramientos, por encima de sus posibilidades, sin importarle el dinero público que sale del bolsillo de todos los lorquinos". 

"Han gastado sin tener consignación presupuestaria, es decir, han gastado sin poder".

Si el año pasado presentaron facturas fuera de presupuesto por importe de 810.000 €, este año "se han superado" presentando 1.242.621,67 euros. 

"Esto quiere decir que durante estos últimos años se han dedicado a gastar y a meter facturas en los cajones, insisto, sin miramientos".

Abellán advierte que ahora, a falta de apenas tres meses para las Elecciones, "salen facturas aún sin pagar del año 2016: de la feria de 2016, por importe de 23.961,02 euros; de iluminación de la navidad de 2016, por 10.753,72 euros, y otras cuantas facturas de 2016 por distintos importes.

De 2017, entre otras muchas, de la feria de 2017 por casi 55.000 euros; de la Navidad y de la Cabalgata de 2017, aún por 17.000 euros, y por supuesto cientos de facturas sin pagar del año 2018. De la pasada feria aun sin pagar 97.933,17 euros, entre ellos, los 12.100 € del Castillo de fuegos artificiales. De ese mismo año, también, han sacado facturas aún sin pagar de la cabalgata de 2018, o incluso de la noche de los museos de 2018.

"Muchísimas facturas, cientos, a pequeñas empresas de Lorca que han realizado sus servicios al ayuntamiento hace muchos meses e incluso años, y que aún están sin pagar. Entre otras, siguen sin pagar la mayor parte de las infraestructuras de la mayoría de las fiestas realizadas en barrios y pedanías de Lorca, así como de las ferias grandes y chica, a las cuales se había comprometido el equipo de gobierno del PP".

Entre las facturas pendientes de pago, Abellán ha destacado en concreto una, relativa a la instalación eléctrica realizada para el Mercado Medieval de noviembre de 2017, en la cual se refleja que "se hizo por encargo directo del concejal de Cultura, el señor Llamas, por importe de casi 10.000 €". 

"Factura de un trabajo encargado a dedo, por algo que podían haber realizado los técnicos municipales, y encima encargado a una empresa de fuera de Lorca. Como si en Lorca no tuviésemos empresa de instalaciones eléctricas".

Para el PSOE en Lorca y su grupo municipal, aseguraba Abellán "lo primero es que las personas y las empresas que han prestado sus servicios a este ayuntamiento puedan cobrar, y que lo hagan conforme a ley, en tiempo y en forma".

"Es lamentable que este equipo de gobierno del PP se cuelgue medallas de buenos gestores, de ahorrar costes al ayuntamiento, de pagar antes que nadie, y que luego la realidad sea otra muy distinta", aseguraba Abellán, quien advertía además que "con todo esto, solo podemos decir que a saber qué nos vamos a encontrar cuando entremos al gobierno".

Abellán ha exigido a Gil Jódar que explique de inmediato "a qué se debe que en su momento todas estas facturas no se pagaran, y se hayan retrasado todo este tiempo y salgan ahora. Precisamente ahora".

"Los lorquinos no aguantan más disparates de estos. Necesitamos una administración transparente, eficiente, que cumpla. Y eso es lo que vamos a conseguir, a partir de mayo, a través de nuestro proyecto con soluciones para Lorca".

La morosidad afecta a 2 de cada 3 comunidades de vecinos

MURCIA.- Alejandro Bernabé, CEO de 1000 Comunidades y desarrollador de estrategias empresariales y co-creación, ha detectado que la falta de ahorro y la mala gestión en las Comunidades de Vecinos está directamente relacionada con la pasividad de los propietarios y el desinterés que muestran a la hora de saber cómo se gestiona su propia comunidad.

"Lo más curioso es que esta pasividad vecinal se torna en preocupación cuando surge un importante gasto imprevisto que solo se puede solventar mediante una derrama comunitaria", apunta Bernabé.

Ese problema, que afecta a muchas comunidades de vecinos, se une a la morosidad ya existente, y que, según el último informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, afecta a dos de cada tres comunidades de propietarios.

"La hucha vacía de las comunidades de vecinos, lejos de ser un caso aislado, se ha convertido en la tónica, porque ha cundido una especie de pesimismo acerca de la imposibilidad lograr un ahorro que evite que, cada vez que sucede algo imprevisto, se deba hacer una derrama", algo que para Bernabé no debe ser así.

Desde su experiencia en 1000 Comunidades, un portal de servicios y eficiencia en la gestión de Comunidades de Propietarios, Bernabé ha detectado que el ahorro de los propietarios es posible y que simplemente se debe estudiar y optimizar los recursos con los que se trabaja en cada comunidad.

"Hemos creado una plataforma denominada Precio Justo Comunitario, en la que un equipo multidisciplinar analiza los diferentes servicios que se desempeñan una comunidad de vecinos, evaluando empresas de primer nivel de responsabilidad laboral y analizando precios medios de mercado servicio por servicio", explica.

A través de convenios con dichas empresas, 1000 Comunidades consigue una optimización en los servicios y en su coste "mediante una fórmula de compensación por volumen a dichas empresas, de este modso, no solo estarían cotizando un cliente si no que virtualmente la cotización sería de 20 o más comunidades".

El primer paso que realiza 1000 comunidades es un estudio gratuito de los gastos de cada comunidad, sin compromiso alguno. Para ello basta la firma de un propietario interesado. En dicho estudio se presenta un informe de optimización de gastos "en el que expone la comparativa del antes y el después sin bajar la calidad ni la periodicidad de los anteriores servicios y detallando el ahorro que podemos conseguir", subraya Bernabé.

La gran innovación es que ese ahorro es que se consigue "sin tener que cambiar de empresas proveedoras de servicios. 1000 Comunidades solo cobraría por sus servicios el 30% de lo ahorrado a los vecinos mensualmente durante el periodo de un año". El motivo de ese periodo de tiempo "para poder demostrar y llevar un seguimiento mensual de lo comprometido, no solo por el ahorro, sino fundamentalmente por la calidad de esos servicios".

La Comunidad Autónoma de Murcia sigue superando el límite legal de un mes en el pago a proveedores

MADRID.- El pago medio a proveedores de octubre para las comunidades autónomas fue de 35,6 días, 3,8 menos que el mes anterior y las regiones que más retraso presentaron fueron Cantabria (68,8), Comunidad Valenciana (58,1), Baleares (42,1) y Cataluña (41,8), con Murcia aún superando el límite legal de 30 (31,1).

El Ministerio de Hacienda indica en un comunicado que el período medio de pago a proveedores (PMP) se redujo en todas administraciones en el décimo mes del año y destaca que en la administración Central se situó en 39,2 días, lo que supone una reducción de 7,6 días respecto a septiembre. Galicia fue la autonomía que realizó un pago medio a proveedores con mayor celeridad, situándose en los 14,7 días y por detrás se encuentran País Vasco (19,1), Andalucía (20,5), Navarra (25,7), Castilla y León (26,1) y Asturias (26,4).

Sobre la composición del PMP de las autonomías en octubre, la ratio de operaciones pagadas se situó en 29,6 días y la de operaciones pendientes de pago en 43,1 días. Ello supone que, con respecto al mes anterior, bajó en 1,4 días la de operaciones pagadas, mientras que descendió en 5,5 días la de pendientes de pago. 

El importe de la deuda comercial de las comunidades ese mes ascendió a 3.974,18 millones de euros, cifra que equivale al 0,33% del PIB nacional.

Hacienda señala que el pago medio de las corporaciones locales bajó en 5,3 días, hasta los 62,1, y que de las 148 entidades que han presentado información, 113 cumplieron con el PMP, de forma que el 76,4% lo realizó en un plazo igual o inferior a 30 días.

En la nota, aclara que «si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo», es decir superior a 60 días (y que representan en torno al 10,14% de las entidades que presentan información del subsector), «el período medio se sitúa en los 21,5 días, dos días menos que el mes de septiembre, y por tanto siguen en situación de cumplimiento».

El Gobierno regional, el sexto que más tarda en pagar a sus proveedores

MADRID.-El Gobierno de la Región Murcia es el sexto regional español que más tarda en pagar a sus proveedores, 32 días el pasado junio, con lo que supera el máximo legal de 30, mientras que el Ayuntamiento de Murcia lo hace en 28 y es el séptimo que más se demora de entre los de los diez más poblados del país.

Según el Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores de las comunidades autónomas bajó en junio a 33,45 días, lo que supone una disminución de 0,25 días respecto a mayo.

Extremadura fue la comunidad con un periodo medio de pago más elevado (48,71 días), seguida de la Comunidad Valenciana (46,63), Cataluña (46,16), Cantabria (36,56), La Rioja (34,32), la Región de Murcia, Baleares (31,24) y Aragón (30,35 días). Por contra los periodos de pago más bajos se dieron en Galicia (10,91 días), Andalucía (20,22) y País Vasco (20,91).

En cuanto a las entidades locales, el periodo medio de pago se situó en junio en 64,66 días. De las principales ciudades, seis: Sevilla, La Coruña, Palma, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, presentaron un periodo medio de pago superior a 30 días, y ninguno superó los 60.

Los autónomos son los que mejor acatan la Ley de Morosidad

MADRID.- Un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA alerta de que si se tiene en cuenta el tamaño de la empresas se puede afirmar que son los autónomos sin trabajadores y aquellas pequeñas empresas (que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 empleados) las que cumplen con un amplio margen con los plazos de pago que establece la Ley de Morosidad.

Mientras que, según se va escalando en el tamaño de las empresas, van empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente los grandes grupos corporativos de más de 1.000 trabajadores, «esas mismas que presumen en muchos casos de ser socialmente responsables», las que más tardan en pagar las facturas pendientes (114 días de media), denuncian desde ATA.

Los profesionales autónomos pagaron durante 2017 sus deudas con otros autónomos en una media de 40 días de plazo, cumpliendo de esa forma, ampliamente, con lo que dictamina la Ley de Morosidad (60 días).

En cuanto a las empresas de menos de 9 trabajadores, pagan sus facturas en 46 días, conscientes del daño que produce la morosidad en el resto de pequeñas empresas y autónomos. Las empresas de entre 9 y 50 trabajadores también pagan en tiempo y forma sus facturas con otras pequeñas empresas o autónomos, de media en 51 días.

Las compañías de 50 a 250 empleados tardan una media de 66 días en pagar las facturas a otras empresas.

Y a partir de aquí, los periodos medios de pago se disparan: las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores y las de más de 1.000 no satisfacen sus deudas con sus proveedores hasta los cuatro meses (110 días de media de espera y 114, respectivamente). Así se recoge en el informe de morosidad de 2017.

Los notarios agilizan el recobro de 176.000 millones en créditos fallidos

MADRID.- Esta medida permitirá que tanto vendedores como compradores puedan mejorar su situación al adelantar la recuperación de la inversión en estos créditos fallidos entre 12 y 15 meses si están garantizados con una hipoteca.

Tras el gran proceso de reestructuración que ha vivido el sector financiero en los últimos años, la venta de créditos fallidos adolecía de un problema de falta de documentación en una parte importante de los casos por la integración de las entidades, lo que obligaba en muchos de los contratos a establecer un sistema de garantías.

Ante esta situación, el bufete Garrigues mantuvo en marzo una ronda de reuniones con las entidades de servicing más relevantes del mercado español para tratar de impulsar una solución. Estas entidades, que están gestionando la recuperación de 176.000 millones de euros de créditos fallidos, necesitaban que se resolviera un problema que no se estaba dando en otros países europeos para poder facilitar la reducción de este tipo de créditos en los balances de las entidades financieras y que provocaba que las operaciones de venta de este tipo de carteras se estuvieran cerrando "a un precio jurídico más que de mercado", indica el socio de Garrigues, Juan Verdugo.

Este experto en reestructuración de deudas explicó a elEconomista que detectó que no existía una directriz para los notarios sobre la facultad para expedir a favor de los fondos compradores de los créditos fallidos otra copia de la escritura de hipoteca "con efectos ejecutivos".

El despacho entendió que era imprescindible obtener una vía para que el inversor, adquirente del crédito fallido y nuevo acreedor, obtuviera ese tipo de copia. La consulta confirma que los notarios pueden expedir una nueva copia "con efectos ejecutivos" a favor del inversor que adquiere los NPLs (créditos fallidos) garantizados con hipoteca inmobiliaria si antes ese inversor no obtuvo otra.

Según la Dirección General del Notariado, esa nueva copia faculta al nuevo acreedor para acceder al procedimiento ágil y privilegiado de ejecución hipotecaria.

Según explica el despacho en una nota para sus clientes, lo que sucedía hasta ahora era que estos inversores, que tras la adquisición de los créditos fallidos se convertían en los nuevos titulares de esos créditos, veían poderosamente obstaculizada su estrategia de recuperación, que se dilataba en el tiempo incluso varios años. Eso se debe a que, muy habitualmente, los inversores no podían localizar ni obtener de la entidad financiera que les transmitía los créditos una copia de la escritura de hipoteca "con efectos ejecutivos", que es la clase de documento que se exige legalmente en España para ejecutar la hipoteca por la vía más ágil y privilegiada.

Esta dificultad estaba suponiendo que el mercado español para este tipo de créditos perdiera competitividad frente al de otros países y, sobre todo, rebajaba el precio abonado por los inversores si la entidad financiera que los transmitía no podía localizar en sus archivos y entregar al inversor esa copia de la escritura de hipoteca.

Como consecuencia, los inversores descontaban del precio que pagaban a las entidades financieras por los créditos el tiempo y los costes de emprender otras vías legales, más lentas y de muy incierto resultado, que además tampoco les aseguraban acceder al activo hipotecado.

La resolución dictada, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, no solo confirma en todos los extremos la consulta presentada por Garrigues, sino que concluye diciendo que este nuevo criterio redundará en la disminución de tiempos en la ejecución del crédito hipotecario por parte de los inversores. Todo ello favorece el mercado de crédito y potencia la hipoteca como la mejor garantía para acceder al valor de la cosa hipotecada.

El cambio se produce en un momento en que los bancos están intentando acelerar la venta de activos improductivos de sus balances, entre los que se encuentran cerca de 90.000 millones de créditos dudosos, buena parte respaldados por inmuebles. De esta manera, la medida adoptada por la Dirección General del Notariado podría facilitar la venta de estas carteras por parte del sector financiero, ya que eleva el atractivo para que los fondos las adquieran al eliminarse trabas.

Murcia, Cantabria y Valencia incumplen los plazos de pago con los autónomos

MADRID.- Cantabria, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades más morosas hasta mayo e incumplen los plazos de pago con los proveedores autónomos.

Según un informa de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a cierre de mayo y comparado con el mismo período del año anterior, destaca por pronto pago el País Vasco (23 días de espera), Andalucía (27) y Navarra (28).

Las administraciones locales son las únicas que incrementaron la espera de los autónomos para cobrar las facturas pendientes, con más de tres meses de espera (95 días).

Vigo es el municipio mejor pagador (14 días), mientras Jaén tarda 589 días de media.

La diputación provincial más morosa es la de Cádiz (114 días de media) y Pontevedra es la que menos (17 días).

En su informe, ATA reconoce el esfuerzo que realizan las administraciones regionales para reducir los plazos "en contraposición" con la central y la local que han aumentado en el último año.

Recuerda que la trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago.

Precisa que, aún teniendo en cuenta este detalle, las administraciones locales y la central incumplen la ley y tardan más de 60 días en efectuar el pago.

Los plazos medios de pago de las administraciones públicas son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017.

La media de las autonómicas ha sido la única que se ha visto reducido en el último año y se fija en 45 días.

Las administraciones locales pagan de media sus facturas en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017) y ATA aprecia que, "lejos de querer reducirlos, sigue poco a poco aumentando".

Indica que sólo tres comunidades autónomas están por encima de los 60 días de media de periodo de pago.

Cantabria es la que más tarda en pagar, unos 73 días, seguida de Murcia, con 66, y de la Comunidad Valenciana, con 63 días de media.

Por debajo de la media (45 días) está también Castilla y León (31 días), Galicia (33), Asturias (35) y Canarias (42).

Respecto a las diputaciones y tras la de Pontevedra, es la de ALaCoruña la que mejor paga, con 20 días de media, el mismo tiempo que la de Palencia.

 Algo más de tres semanas (24 días) esperan a cobrar sus facturas los autónomos que trabajan para las diputaciones de Salamanca y Córdoba y 25 días los que lo hacen para la de Huesca y el Cabildo insular de la Gomera.

Por debajo de 30 días de media pagan las diputaciones de Vizcaya (27 días) y Ciudad real (28 días).

El periodo medio de pago a proveedores en la Región baja y se sitúa en 31,35 días en marzo

MADRID.- El periodo medio de pago a proveedores (PMP) del mes de marzo en la Región de Murcia se ha situado en 31,35 días, lo que supone una reducción que supera los 3 días respecto al dato de febrero (34,54), según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en una nota.

En el conjunto de las autonomías ha quedado en 14,13 días, lo que supone una reducción de 1,57 días con respecto al mes anterior y el segundo mejor dato desde el inicio de la serie en septiembre de 2014. Hacienda explica que esta variación se debe fundamentalmente a la reducción en 4,08 días en la ratio de operaciones pagadas, pasando de 12,97 a 8,89 días; así como al aumento de 1,03 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, variando de 18,18 a 19,21 días.

De esta forma acumula 16 meses consecutivos por debajo de los 30 días, ya que desde diciembre de 2016 se sitúa por debajo de ese plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

No obstante, en marzo incumplieron el plazo de 30 días la Región de Murcia (31,35 días) y la Comunitat Valenciana (32,13 días), al igual que en el anterior, en tanto que, como en meses anteriores, ninguna comunidad supera el plazo de 60 días.

Las regiones que, aún cumpliendo el plazo de 30 días, tardan más en pagar son Cataluña (24,84 días), Castilla-La Mancha (23,61), La Rioja (21,94) y Aragón (20,93), seguidas por Extremadura (19,96), Cantabria (18,34), Canarias (17,07), Islas Baleares (15,34), Asturias (4,37) y Castilla y León (4,29).

De las CCAA que pagan en menos de 30 días, Galicia, País Vasco, Andalucía, Navarra y la Comunidad de Madrid son las que, por ese orden, mejor ratio de pagos realizan: a menos 8,57, menos 8,45, menos 3,55, menos 2,99 y menos 0,38 días.

Asimismo, la deuda comercial se ha reducido en 220,51 millones de euros, lo que supone una disminución del 4,29% con respecto al mes anterior, situándose en 4.921,68 millones de euros, equivalente al 0,41% del PIB nacional.

En conjunto, desde 2012 y hasta marzo de 2018, las 14 CCAA que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial (en términos homogéneos) un 82,36%. El dato de este mes de marzo marca además el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de serie en septiembre de 2014.

Respecto a la deuda no financiera, disminuye en 279,74 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,94% con respecto al mes anterior, situándose en 9.221,82 millones de euros, equivalente al 0,81% del PIB nacional (sin considerar al País Vasco). Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicado desde el inicio de la serie.

En cuanto al conjunto de las corporaciones locales (cesión y variables), el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 67,87 días, 23 días más con respecto a diciembre de 2017.

Además, de las entidades que han presentado información en el mes de marzo, la amplia mayoría cumple con el PMP. Concretamente, el 83,92% de las entidades de variables y el 72,97% de las de cesión presentan en dicho periodo un PMP igual o inferior a 30 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan entorno al 14,9% en cesión y el 9% en variables, el periodo medio de pago bajaría hasta los 13,38 días. Desagregadas, las entidades en régimen de cesión presentan en marzo de 2018 un periodo medio de pago a proveedores de 66,10 días, algo más de un día de mejora con respecto al PMP del mes de febrero.

De las principales ciudades, cuatro presentan un PMP superior a 30 días y una de ellas supera los 60 días en junio. Sevilla es la corporación local que peor paga de las grandes, lo hace a 68,76 días, le sigue Las Palmas de Gran Canaria, con 45,02 días mientras que Murcia paga a 38,59 días; Palma de Mallorca lo hace a 31,02 y La Coruña, a 27,77.

Madrid y València pagan a 16,29 y 13,64 días, respectivamente, seguidas de Málaga (1,72 días), Zaragoza (0,77 días) y Barcelona, la ciudad que mejor paga, al hacerlo a menos 4,52 días.

Murcia, tercera comunidad más incumplidora con sus proveedores en febrero

MADRID.- El período medio de pago a proveedores (PMP) del conjunto de las autonomías se ha situado en febrero en 15,70 días, 0,70 días menos que en enero, aunque la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad Valenciana superan esta media e incumplen el plazo de 30 días establecido por ley.

Según informó este lunes el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cantabria registró un plazo medio de 57,84 días; seguida de la Comunidad Valenciana, con 35,03 y de Murcia, 34,54, pero, al igual que en meses anteriores, ninguna comunidad ha superado el plazo de pago de 60 días.

Los 15,70 días que tardaron las autonomías en pagar sus facturas suponen un incremento en 2,20 días en la ratio de operaciones pagadas, que pasan de 10,77 a 12,97 días, así como a la disminución de 3,29 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, que pasó de 21,57 a 18,18 días.

En relación con el PMP global, la cifra supone el segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie (septiembre de 2014), tan sólo superior al de diciembre, y por decimoquinto mes consecutivo -diciembre de 2016-, se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Por lo que respecta a la deuda comercial de las comunidades autónomas, se ha reducido en 143,12 millones de euros, tras una bajada del 2,71 por ciento con respecto al mes anterior, situándose en 5.142,19 millones de euros, lo que equivale al 0,42 por ciento del PIB nacional.

En conjunto, desde 2012 y hasta febrero de 2018, las catorce autonomías que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial, en términos homogéneos, un 81,63 por ciento.

En febrero, además, se ha alcanzado el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de la serie, en septiembre de 2014.

También se ha producido una reducción de la deuda no financiera, en 261,10 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,67 % con respecto al mes anterior y se sitúa en 9.501,56 millones, equivalente al 0,83 por ciento del PIB nacional, sin considerar al País Vasco.

Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicada desde el inicio de la serie.

Por lo que respecta a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentan un periodo medio de pago a proveedores de 67,57 días, lo que supone un aumento sobre enero de algo más de 9 días.

Además, de las 147 entidades que han presentado información, 110 cumplen con el PMP en febrero, lo que quiere decir que el 73,34 % presentan en ese mes un PMP igual o inferior a 30 días, añade Hacienda.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días) y que representan al 14 % de las que presentan información del subsector, el Periodo Medio de Pago se sitúa en los 13,94 días, «confirmando la estabilidad histórica» del PMP en los 13-15 días«.

De las principales ciudades, solo Sevilla tiene un plazo medio superior a 60 días y, junto con Palma de Mallorca, supera los 30 días. Valencia está en 5,92 días.

Los siguientes cuadros recogen, por comunidades autónomas y por principales ciudades, el periodo medio de pago a proveedores, detallado por la ratio de operaciones pagadas en febrero, las que están pendientes de pago y la media del pago a proveedores (PMP).

La deuda media de los inquilinos morosos subió en la Región el 7,5% en 2017

MADRID.- La deuda media de los inquilinos morosos en la Región creció un 7,5% en 2017, hasta alcanzar los 5.789 euros, una cifra inferior a la media nacional (6.032 euros). Se trata, de cualquier forma, del tercer mayor aumento por comunidades, solo inferior a los registrados por Cantabria (9,6%) y Navarra (8,9%). 

Así se refleja en el 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y que desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 

Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 

Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.

En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).

El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 

Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

La CARM rebaja hasta los 29,59 días el periodo medio de pago a proveedores

MURCIA.- La Comunidad Autónoma rebajó hasta los 29,59 días el periodo medio de pago a proveedores, según los datos del mes de diciembre 2017 que hizo públicos hoy el Ministerio de Hacienda. Así, se situó por debajo de los 30 días de plazo que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, destacó que "el periodo medio de pago durante el año 2017 se redujo un 60 por ciento en la Región", y se sitúa en 29,59 días, tres décimas inferior al del mes de noviembre y 45 días inferior al mes de diciembre de 2016, cuando se situó en 75,11 días. "Este es el mejor dato desde que existe serie histórica y el segundo mes consecutivo en que se sitúa por debajo del límite legal de los 30 días".

Así, Carrillo resaltó que "la evolución del periodo medio de pago a proveedores es tremendamente positiva", ya que en el mes de en octubre era de 38,56 días, en septiembre de 53,55 y en agosto fue de 63,11 días. En noviembre fue el primer mes que bajó de los 30 días. Por lo tanto, se redujo en tres meses en más de 33 días.

"Desde el Gobierno regional se continúa trabajando intensamente para mejorar el pago a nuestros proveedores porque estamos convencidos de que la injusta financiación de la Región no se pueden trasladar al tejido económico regional. Estar a la cola de la infrafinanciación autonómica es lo que explica que todavía estemos alejados de la media autonómica que se sitúa en 11,5 días", indicó el consejero.

A pesar de ello, añadió, "hemos sido capaces de reducir nuestro déficit un 66 por ciento en cinco años y vamos a seguir trabajando para disminuir el plazo de pago a proveedores". Respecto a la reducción por años, la Comunidad acabó 2015 con un plazo de pago a proveedores de 87,78 días y 2016 con 75,11.

"Este pago permite cumplir con las obligaciones con nuestros proveedores y que los empresarios puedan tener liquidez, fomentando la dinamización y el crecimiento económico, al mismo tiempo que se mantiene el empleo y se crean nuevos puestos de trabajo", aseguró el titular de Hacienda, que apuntó que no obstante "el modelo de financiación autonómico actual provoca que recibamos menos financiación que el resto de comunidades y por lo tanto tenemos menos ingresos, lo que genera importantes distorsiones en los pagos".

En concreto, recordó que los murcianos reciben 1.370 millones anuales menos que la Comunidad mejor financiada, que es Cantabria, y 264 millones de euros al año menos que la media del resto de Comunidades Autónomas, contando con las mismas competencias y ofreciendo los mismos servicios a los ciudadanos.

Carrillo concluyó que "es urgente aprobar un nuevo sistema de financiación lo antes posible, que sea equitativo y justo y garantice la suficiencia de fondos y la sostenibilidad de los servicios del Estado del bienestar".

El Ayuntamiento de Murcia reduce a 17,89 días el tiempo de pago a sus proveedores

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia continúa mejorando mes a mes el tiempo que tarda en abonar las facturas. Los proveedores del Ayuntamiento de Murcia cobran por sus servicios o productos una media de 17,89 días después de haberlos facturado, según los datos registrados al cierre de 2017. Este indicador supone una reducción del 15,53% en el tiempo de pago registrado a final de 2016, que se situó en 21,18.

El concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, ha subrayado el esfuerzo conjunto realizado por el Ayuntamiento para hacer posible la reducción de los tiempos, lo que ‘permite a los proveedores que trabajan con la Administración Local disponer a corto plazo de los ingresos que les corresponden y, al mismo tiempo, trasladar un efecto positivo para la reactivación efectiva de la economía local’.

Esta disminución en los plazos es consecuencia de la liquidez con que cuenta la Hacienda Municipal, ‘un hecho que nos permite no demorar el pago de las facturas, cumpliendo así un objetivo prioritario del Equipo de Gobierno’, asegura Martínez-Oliva.

La Comunidad Autónoma logra cumplir por primera vez con el límite para el pago a proveedores

MADRID.- La Región de Murcia logró el pasado noviembre cumplir por primera vez con el límite máximo fijado por la Ley de Estabilidad para el pago a proveedores. Concretamente, según informó el Ministerio de Hacienda, la espera media fue de 29,93 días, quedado por primera vez por debajo de los 30 días que marca la norma desde el inicio de la presente serie, en septiembre de 2014.

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) de noviembre se situó en 19,73 días para el conjunto de autonomías. En relación con el PMP global, la cifra supone el mejor dato publicado. 

El Ministerio de Hacienda también hizo hincapié en que, durante todo el pasado año, las comunidades presentaron un PMP inferior al plazo máximo legal.

La excepción en noviembre fueron tres comunidades que superaron los 30 días: las Islas Baleares (31,42 días), Cantabria (40 días) y la Comunidad Valenciana (53,8). 

Como en meses anteriores, de acuerdo a los datos del Ministerio, ninguna comunidad superó el plazo de 60 días.