IU critica la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones del PP "a los más ricos" de Murcia

MURCIA.- El portavoz de economía y política autonómica de IU-Verdes, José Antonio Pujante acusó al gobierno del PP de Murcia por "bajar los impuestos a los ricos y subirlos a las rentas del trabajo". Afirmó que "el PP sube el IVA en España, y las tasas y precios públicos en la Región de Murcia combinándolo con recortes de becas y ayudas sociales a las familias más desfavorecidas."

Según Pujante, "la Región de Murcia es hoy más pobre y desigual. Los ricos más ricos y las clases medias y trabajadoras más empobrecidos". Asimismo, ha apuntado que "el incremento de excluidos y pobres no justifica la pérdida de ingresos fiscales que supondrá la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, estimado en unos veinticinco millones de euros."

Para Pujante, resulta "sangrante" que "no se abone Renta Básica, ni percepciones a dependientes, ni recursos a luchar contra la pobreza y al mismo tiempo se regale a quien tiene poder económico más dinero", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El portavoz de economía y política autonómica, ha señalado la necesidad de una reforma fiscal progresiva tanto en España como en las Comunidades Autónomas, una lucha efectiva contra el fraude fiscal y un cambio del modelo de financiación autonómica. "Debemos aspirar a una fiscalidad de la calidad y equidad de los países nórdicos", ha destacado.

Por último, Pujante ha defendido "el rigor y profundidad de las propuestas y críticas del sindicato de técnico de Hacienda, Gestha, con quienes debería contar el gobierno regional como asesor cualificado en materia fiscal antes de tomar desiciones retrógradas y perjudicarles a los intereses de la ciudadanía".

Ha recordado, en este sentido, cómo tuvo que "retractarse el PP en la pasada legislatura en una rebaja fiscal del IRPF criticada por el CES y darle la razón a IU-Verdes aprobándose una enmienda de rectificación en la Asamblea Regional".
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado la bajada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones con los votos a favor de Ciudadanos y el PP. El PSOE y Podemos se han abstenido. Concretamente, la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha quedado aprobada por 25 votos a favor, ninguno en contra, y 18 abstenciones.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha afirmado que "la aplicación de este impuesto está produciendo grandes diferencias contributivas entre los ciudadanos españoles, en función de una cuestión tan injusta como es su lugar de residencia".
Es decir, ha puntualizado, "que no se valoran criterios objetivos como la renta de una persona, su situación laboral, sus cargas familiares o su edad, sino que atiende a un criterio tan arbitrario como es el lugar de residencia".
Sánchez ha matizado que "Ciudadanos propone una reforma en profundidad del Impuesto, adaptando las bonificaciones a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma; no obstante, Ciudadanos apoya este Decreto Ley para su convalidación, puesto que supone el primer paso hacia esa armonización fiscal tan necesaria en nuestra región, y que es consecuencia de uno de los puntos del compromiso adquirido con nosotros por el Partido Popular para esta legislatura".
El líder regional de Ciudadanos ha manifestado que la formación naranja irá mucho más allá. "En virtud del acuerdo de investidura, exigiremos la reducción progresiva hasta su completa eliminación del impuesto. Somos conscientes de que si se hace de golpe, podría redundar en un recorte de unos 100 millones de euros que afectarían a sanidad, educación, o propiciarían la subida de otros impuestos, pero en un futuro próximo nuestra intención es que se elimine de forma definitiva".
Desde Podemos, el diputado Andrés Pedreño ha manifestado "seguimos manteniendo un Impuesto de Sucesiones "que permite que un murciano pague casi el doble que un madrileño al recibir una herencia".
El diputado de Podemos ha afirmado que en España no existe un impuesto igual para el conjunto de los españoles, facilitando el dumping fiscal y "no es aceptable que el gobierno regional permita que un madrileño pueda heredar sin práctica carga tributaria mientras un murciano, por hacer exactamente lo mismo, tenga que soportar gravámenes".
Respecto a la propuesta de Podemos, Pedreño, ha señalado que en el programa autonómico se sostiene una "regulación intermedia y transitoria" hasta que se produzca esa armonización tributaria estatal y que supone la aplicación de una reducción de la base imponible de 200.000 euros que se acumularía al resto de deducciones por adquisición de vivienda, constitución de empresa o explotación agrícola.
Según Andrés Pedreño aquellas personas que heredan un pequeño patrimonio de sus padres o abuelos "gozarían de una bonificación del 99% en la cuota del impuesto, para posteriormente garantizar la progresividad del mismo".
Podemos, en su programa, también hacía extensiva esa reducción de 200.000 euros a los colaterales, ya que, tal y como ha explicado el diputado Pedreño en su intervención en el Pleno "en la actualidad resulta prácticamente imposible heredar de un hermano o un tío si éste tenía bienes inmuebles pero no liquidez. La carga que soportan estas herencias es absolutamente desproporcionada".

Entra en vigor la reforma de la Ley Electoral regional

MURCIA.- La reforma de la Ley Electoral de la Región, aprobada por la Asamblea Regional y que establece la circunscripción única y la reducción del 5 por ciento al 3 por ciento del porcentaje necesario para obtener representación, entró en vigor ayer viernes, 31 de julio, tras su publicación el pasado jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El preámbulo de la Ley señala que esta reforma tiene como objetivo actualizar un texto legal, en vigor desde 1987, que había quedado desfasado al no contemplar la realidad política y social de estos momentos.

El texto contempla igualmente cuestiones relacionadas con la propaganda electoral, anticipos de gastos y subvenciones, incompatibilidades, publicidad y otras.

La ley señala que «ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá realizar gastos electorales que superen la cantidad que resulte de multiplicar por 0,22 euros el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la Región de Murcia».

La reforma de la Ley Electoral no requiere del informe del CES "por partir de los ciudadanos"

CARTAGENA.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Luján, ha confirmado en la Asamblea Regional que la reforma de la Ley Electoral que se va a debatir y aprobar este jueves en el parlamento regional no requiere del informe de esta institución.

Luján ha explicado que la modificación que van a llevar a cabo los grupos parlamentarios no necesita el dictamen del CES "porque parte de los ciudadanos". El presidente del CES se ha referido de esta forma a las proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios en la Cámara, mientras que si se tratara de un proyecto de ley que partiera del Gobierno regional sí que sería necesario el informe del CES.

"El CES es un órgano de participación y quiere opinar de todo lo que atañe a los ciudadanos de la Región", ha dicho Luján tras puntualizar que "el CES no tiene que informar de las proposiciones de ley, nunca lo ha hecho".

Asimismo, ha valorado positivamente la reforma de la Ley Electoral por contar con "un consenso enorme de los cuatro grupos parlamentarios", si bien ha incidido en que "no hay un sistema perfecto que sea la solución ideal para todos. Valoramos positivamente el consenso de los grupos sobre los elementos esenciales".

El presidente del CES y el secretario general de esta institución, Fulgencio Madrid, han mantenido un encuentro esta mañana con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, a la que han entregado la memoria de actividades realizadas por este organismo durante 2014. Asimismo, posteriormente, se han reunido con diputados de los distintos grupos parlamentarios para presentarles la misma.

La memoria consta de seis capítulos en los que se tratan cuestiones con la realidad socioeconómica y laboral de la Región. "Hay datos de recuperación económica, pero no es el fin de la crisis, es el inicio de la recuperación", ha indicado Luján, que también ha señalado que en la memoria se recogen consideraciones para facilitar el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.

La Ley del Suelo del PP está hecha para favorecer intereses de grupos de presión, según el PSRM

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán ha explicado que la postura del PSOE sobre la Proposición de ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia queda recogida en una enmienda a la totalidad, "porque no corrige los problemas originados por la actual Ley del Suelo, que ha sido detonante de muchos de los casos de corrupción que se han dado en la Región".

Joaquín López manifestó que "estamos ante un texto que debe ser devuelto sin ni siquiera debatirse y que cambia muy poco la actual Ley del Suelo y no se adapta a los requerimientos de la Unión Europea. El Gobierno regional ha utilizado al Grupo Parlamentario Popular para traer deprisa y corriendo una Ley inservible, antigua y que no resuelve los verdaderos problemas ni la sostenibilidad urbanística de los municipios de la Región de Murcia".

López Pagán agregó que "es además un atraco a la democracia el que protagoniza en estos días el Gobierno del PP, con la complicidad de su grupo parlamentario", ya que ha hecho esta ley al margen de los ayuntamientos de la Región, principales afectados por una norma de estas características; "una ley opaca que no ha sido participada tampoco con los sectores interesados, asociaciones y colectivos, ni debatida y analizada en una ponencia con los grupos parlamentarios de la oposición sobre su contenido y legalidad, "muy dudosa en muchos aspectos".

En definitiva, "una Ley que está hecha para acabar la legislatura y arreglar algunos de los problemas que tiene el PP, esos grandes asuntos que sólo interesan a algunos y que en ningún caso atienden a los intereses generales. Este es el resumen de la legislatura del PP, la de los intereses privados, frente a los intereses generales; una forma lamentable de acabar".

Por su parte, Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha dirigido un escrito al Consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, con motivo de la inminente aprobación de la Proposición de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, presentada hace escasamente un mes por la actual Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Severa González López, sin pasar el filtro de la participación pública y la corrección de los informes de órganos consultivos como el Consejo Jurídico Regional.

El escrito, que se comprometieron a presentar esta semana, durante la conversación mantenida con el consejero Bernabé y la Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, María Yolanda Muñoz Gómez, además de señalar algunas cuestiones del articulado, incide sobre todo en el déficit de transparencia y seguridad jurídica que supone aprobar esta Ley por la “vía rápida parlamentaria”, evitando así el necesario debate público sobre la misma, la corrección de ambigüedades y errores legales por informes técnicos, y la posibilidad de participación de la ciudadanía y de los diferentes sectores de la sociedad en la elaboración y corrección de una norma que afectará al desarrollo regional durante décadas.

Pedro Luengo, portavoz de la organización ecologista, se pregunta si “¿se puede hablar de transparencia y participación cuando se ha optado injustificadamente por una tramitación tan rápida y opaca?”.

En este sentido, Luengo advierte que el Consejero Bernabé “pretende justificar la elección de esta tramitación sin garantías, y a pocas semanas de terminar la legislatura, en una supuesta inseguridad jurídica actual, creada por no adaptar la legislación regional a normas recientes”. Sin embargo, “el Gobierno Regional reconoce llevar meses trabajando la norma con el sector empresarial, sin abrir un trámite de participación pública, ni solicitar informes tan relevantes como los de los órganos consultivos”.

Algo inexplicable, que se une a otra pregunta de los ecologistas: “si hay tanta prisa, ¿por qué han esperado al final de la legislatura, casi 8 años tras la aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y más de un año y medio desde la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas?”.

Pero lo más curioso, según Luengo, es “el hecho de aludir a esos motivos, cuando la realidad es que la forma de tramitarlo generará una enorme inseguridad jurídica y una gran incertidumbre sobre el recorrido de la Ley”, al ser aprobada sin las garantías ni el consenso imprescindibles.

Además, la organización ecologista recuerda al Partido Popular que ya tiene un precedente de las consecuencias jurídicas y económicas que trae optar por esta vía: La sentencia que declara inconstitucional la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo regional, que conlleva la imposibilidad legal de llevar a cabo el macroproyecto urbanístico de Marina de Cope, entre otras consecuencias.

Para Ecologistas en Acción, por tanto, es imprescindible que el Grupo Parlamentario Popular retire esta propuesta, así como la propuesta de Ley de Prevención y Protección Ambiental de la Región de Murcia, y que ambas se tramiten de manera ordinaria, con participación pública y los informes necesarios de los órganos consultivos, buscando el máximo consenso social y político.

Tachan "de pésima y desfasada" la nueva Ley de Protección y Defensa de Animales de Compañía

MURCIA.- El presidente de la Federación de protectoras de animales de la Región de Murcia (FDARMUR), José María Martínez, ha considerado que la modificación de la Ley de Protección y Defensa de los animales de compañía de la Región "muere antes de llevarse a cabo".

Así, explica que "es una ley que ha tardado en modificarse 25 años, pudiendo haberse adaptado a las demandas y necesidades que realmente existen, y no siendo ésta un servicio a la carta a la Administración perjudicando los derechos de los poseedores de animales de compañía".

También cree que Murcia está "a años luz de parecerse a una ley de las del resto de CCAA, careciendo de la esterilización obligatoria en centros de recogida de animales abandonados, método básico para evitar el abandono y súper población de perros y gatos".

Martínez indicó que después de tantos años aguardando la actualización de la Ley "esperábamos que se recogieran aquellas alegaciones que registramos en su momento y que son de una civilización del siglo XXI".

Entre esas propuestas, destacan las charlas educativas en colegios para concienciar a la sociedad, la creación de colonias de gatos controladas desde los ayuntamientos, o la prohibición de venta de animales con alto índice de población, aunque sea en épocas de abandono.

"La CCAA sí se ha dado prisa en remarcar que ante cualquier mínima sospecha de que una mascota pueda transmitir una enfermedad a una persona, la requisarán, sin el informe contrastado correspondiente y oficial", ha criticado.

Sin embargo, FDARMUR agradece a la Comunidad Autónoma que haya tenido en cuenta algunas propuestas de la federación, como destinar el dinero recaudado en las sanciones a campañas de concienciación o permitir el acceso al transporte público a los animales de compañía.

Finalmente, desde la federación hacen un llamamiento a la reflexión al Gobierno regional para que, en el plazo que aún está en abierto a la modificación, puedan llevarse a cabo sus rectificaciones.

IU-Verdes propone un pacto para modificar la Ley Electoral "con independencia de los resultados"

MURCIA.- IU-Verdes ha propuesto al resto de formaciones políticas que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas y municipales un acuerdo para que en los tres primeros meses de la próxima legislatura, con independencia de los resultados que cada una obtengan, se modifique la Ley Electoral de la Región de Murcia con el fin de hacerla "más justa" y dotarla de mayor proporcionalidad.

En rueda de prensa, el coordinador y diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha indicado que el acuerdo contempla la eliminación de las cinco circunscripciones electorales dejando un único distrito para todo el territorio de la comunidad autónoma y la rebaja del umbral de representación del cinco al tres por ciento de los votos válidos emitidos en la Región.

Pujante ha puesto de relieve que la Ley Electoral de la Región es "la más injusta" de las aplicadas en las autonomías españolas junto con la de Asturias, aunque en esa comunidad, también uniprovincial, hay tres circunscripciones electorales frente a las cinco establecidas de Murcia, con lo que "este caso es aún más antidemocrático e injusto".

El dirigente de IU-Verdes ha comentado que en el distrito del Altiplano es necesario un "altísimo" porcentaje para obtener representación y, a modo de ejemplo, ha sostenido que una fuerza que obtuviera el 20 por ciento en esa comarca podría quedarse sin representación.

Ha señalado que su organización política ha sido la más dañada por la ley electoral, junto con otras como UPyD, que al no alcanzar el cinco por ciento de representación en los últimos comicios no obtuvo representación en la Asamblea Regional, frente a los partidos del "bipartidismo", PP y PSOE, que "se han beneficiado".

Pujante ha adelantado que presentará el acuerdo al presidente del Foro Ciudadano, Patricio Hernández, para que se lo haga llegar al resto de fuerzas políticas antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales y que estas elijan si deciden apoyar esta propuesta "cuyo objetivo es reflejar la realidad fielmente y sin distorsiones de ningún tipo".

Asimismo, se ha mostrado a favor de sustituir el sistema de cálculo D'Hont por el Sainte-Laguë, utilizado en países como Alemania, que es "más proporcional" en la distribución de diputados en el Parlamento.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, Esther Herguedas, ha apuntado que el acuerdo "no es una idea que beneficie" a su formación, sino que "sirve para reforzar el sistema democrático", porque "no es justo que el voto al PP valga cuatro veces más".

En este sentido, ha recordado que mientras un escaño del PP está respaldado por "poco más de 10.000 votos", el de IU-Verdes representa más de 50.000.

"Hay que eliminar este sistema electoral tan injusto que relega la voluntad de la ciudadanía y apostar por la justicia democrática", ha agregado.

A los 'imputados' se les llamará ahora 'encausados' o 'investigados'

MADRID.- El Gobierno central ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses y sustituye el término imputado por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación. 

La reforma atiende la recomendación del Consejo de Estado sobre la conveniencia de cambiar el término imputado por investigado en las primeras fases de la instrucción, que pasará a denominarse encausado según avance el procedimiento. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado en varias ocasiones que el término imputado tiene en la actualidad "un nivel de contaminación semántico muy alto", por lo que se mostró favorable a buscar otra fórmula que sea más acorde con la investigación y "no marque" a la persona.

Con todo, el texto que Catalá ha presentado en el Consejo de Ministros y que tiene tres ejes, según ha destacado el ministro -agilización de la justicia penal, fortalecimiento de las garantías procesales y seguir trabajando por la regeneración democrática y el combate de la corrupción-, mantiene gran parte de sus principales novedades. 

La reforma procesal limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal. 

No obstante, los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos" para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción. 

Del mismo modo, la reforma introduce la figura del policía encubierto, que podrá investigar en internet mediante el uso de una identidad falsa y, además, habrá un nuevo procedimiento para una serie de asuntos de tramitación simplificada como los delitos de conducción en estado de embriaguez y pequeños hurtos.

El texto fija que los tribunales superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.

Nebot (UPyD): "Aprobar con prisas la Ley de Prevención y Protección Ambiental es un atropello a los murcianos"

MURCIA.- El candidato de Unión Progreso y Democracia a la presidencia de la Comunidad Autónoma, César Nebot, ha afirmado que "tramitar con urgencia leyes como la de Prevención y Protección Ambiental, sin someterla a debate ni consulta a menos de tres meses para las elecciones, va en perjuicio de la Región".

Para Nebot "es un atropello a los intereses de los murcianos" sacar adelante este tipo de normativas "de manera acelerada antes de las elecciones de mayo abusando de la actual mayoría absoluta, que a buen seguro van a perder", según informaron fuentes de UPyD en un comunicado.

Además, el candidato de la formación magenta a la presidencia de la Comunidad afirma que "es vergonzante que la eliminación de las licencias de apertura de actividad se intente camuflar como una forma de reducir las trabas burocráticas".

"Esto sólo genera incertidumbre en vecinos, empresarios y poderes públicos municipales", ya que "ni siquiera argumenta con razones de peso el porqué de la supresión para la hostelería y no otros sectores, manteniendo el requisito para actividades mercantiles de menos riesgo aparente".

Para Nebot, "lo que realmente necesitan los ayuntamientos de esta Región son más medios para llevar a cabo más inspecciones para otorgar dichas licencias, y no lo contrario, que es suprimirlas".

El candidato regional de UPyD se refiere así a la premura del Ejecutivo regional por aprobar la la nueva Proposición de Ley de Prevención y Protección Ambiental "sin someterla a debate público", tras la reunión mantenida con Pedro Pérez, portavoz de la Asociación No Más Ruido.

"El PP regional pretende despachar normativas tan importantes como la medioambiental haciendo un uso despótico de su mayoría absoluta y en contra del interés de los murcianos", concluye Nebot.

UPyD critica que el Gobierno regional intente "despachar con prisas" la Ley de Prevención y Protección Ambiental

MURCIA.- El candidato de Unión Progreso y Democracia a la presidencia de la Comunidad Autónoma, César Nebot, considera que la nueva Proposición de Ley de Prevención y Protección Ambiental "no se puede aprobar con prisas en el tramo final de legislatura justo antes de disolver la Asamblea Regional".

Además, Nebot ha afirmado que "es vergonzante el uso electoralista que el Ejecutivo regional hace de su mayoría absoluta", ya que "un asunto tan relevante como la legislación medioambiental, al que se une la anterior Ley del Suelo, se pretende despachar así".

El candidato de UPyD remarca también que "o bien no han hecho nada al respecto en este tiempo y ahora lo sacan del cajón, o bien tienen miedo de que a partir de mayo no puedan utilizar el arma de la mayoría absoluta y tengan que escuchar a la ciudadanía".

Asimismo, Nebot añade que "carece de sentido elegir la vía de la Proposición de Ley para la tramitación", ya que el texto final se aprueba "sin sacarla a información pública para someterla a debate".

"Como ya ocurrió hace poco con el texto de la Ley del Suelo, el Ejecutivo de Alberto Garre recurre a atajos que le permitan aprobar normativas sin contar con los murcianos", concluye el candidato de la formación magenta.

UPyD llama a que se endurezcan las penas por abandono y maltrato animal

MURCIA.- El responsable regional de Agricultura y concejal de Unión Progreso y Democracia, José Antonio Sotomayor, ha resaltado la necesidad de que "se endurezcan de una vez las penas por abandono y maltrato animal", tras localizar el Seprona de la Guardia Civil un total de 39 caballos desnutridos en Mula.

   Así, lamenta que "de nuevo la Región está en la portada de las noticias a nivel nacional por un triste acontecimiento de maltrato animal".

   Para Sotomayor, "resulta incomprensible cómo una explotación equina de esta envergadura se puede poner en marcha sin los preceptivas autorizaciones administrativas y sin que sea detectado desde el principio por la Consejería de Agricultura, que es la competente en esta materia", por lo que pide una aclaración de cómo se ha podido producir esta situación.

   Asimismo, remarca que este hecho "pone en evidencia la lentitud en el trabajo de la Asamblea Regional, que lleva casi tres años para reformar una Ley de Protección Animal de 1990".

   En este sentido, Sotomayor explica que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó por unanimidad la iniciativa de UPyD instando a la Comunidad a sustituir la Ley vigente que está "totalmente desfasada", endureciendo las penas de abandono y maltrato.

   "Lamentablemente vemos que a este ritmo pasará toda la legislatura sin que se tome ninguna iniciativa para tomar medidas que endurezcan las penas por estos delitos", lamenta.

   Por último, recuerda que el Gobierno nacional ultima una Ley Marco sobre la protección de los animales de compañía, precisamente a propuesta de UPyD. La nueva Ley tiene como objetivo reducir la tasa de abandono de las mascotas y actualizar las sanciones tanto por abandono como por maltrato animal, inhabilitando a los infractores para su tenencia, entre otras medidas.

Aprobado el proyecto de Ley regional de Venta Ambulante, que permitirá que las licencias se otorguen por concurso público

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Venta Ambulante o No Sedentaria de la Región de Murcia, elaborado por la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, que será remitido próximamente a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria.

   En este sentido, la normativa garantizará la igualdad y concurrencia competitiva en el acceso a esta actividad, además de favorecer la creación de tejido empresarial y el autoempleo en el sector. Para ello, se ha establecido un nuevo marco regulatorio que prevé que las licencias para ejercer la actividad se otorguen mediante concurso público, y con una duración mínima de ocho años y un máximo de doce, prorrogable por un periodo máximo de otros doce años.

   El proyecto de Ley consta de 27 artículos, recogidos en cuatro títulos, cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

   Entre sus fines primordiales destaca la eliminación de obstáculos que se opongan a la libertad de establecimiento y al libre ejercicio de la actividad de venta ambulante o no sedentaria.

   El proyecto recoge el establecimiento de criterios uniformes para otorgar licencias en todos los ayuntamientos de la Región, con requisitos mínimos para las ordenanzas municipales.

   También se eliminarán trabas administrativas con la instauración de la declaración responsable, lo que facilitará el acceso a nuevos comerciantes para favorecer el autoempleo y el desarrollo de este sector.

   La norma regula, asimismo, las obligaciones de los comerciantes para la defensa de los derechos de los consumidores. Entre ellas figuran la de expedir tiques de compra, tener a disposición de la autoridad competente las facturas que justifiquen el origen de la mercancía, así como disponer de hojas de reclamaciones y de un seguro de responsabilidad civil.

   Por otro lado, se crean registros públicos de venta ambulante tanto en los consistorios como en la Comunidad Autónoma, que estarán coordinados y gestionados de forma telemática y servirán como instrumentos para la planificación y ordenación de esta actividad comercial.

   El texto del proyecto ha sido consensuado con todos los agentes implicados y, en su elaboración, la Administración regional ha contado con las asociaciones y federaciones de vendedores ambulantes, las Cámaras de Comercio, las principales asociaciones empresariales de la Región, así como con la Federación Regional de Municipios.

   El sector de la venta ambulante goza de una amplia tradición en la Región y a ella se dedican más de 8.000 personas en 153 mercados periódicos, que suman 13.000 puntos de venta. Todos los municipios de la Comunidad Autónoma cuentan con al menos un mercado ambulante, entre los que destacan los de Cartagena, Lorca y Murcia con 19, 11 y 54 mercados, respectivamente.

   Además, la venta ambulante es una actividad comercial cuya demanda está incrementándose en los últimos años tanto por parte del consumidor como por el productor, especialmente en el sector agroalimentario, al permitir la venta directa de los productos, con lo que se mejora el precio tanto para el ofertante como para el demandante.

El Ayuntamiento de Murcia condena a las prostitutas a ejercer en campos y carreteras

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado definitivamente la Ordenanza para Luchar contra la Prostitución en el municipio, condenando así a las prostitutas a ejercer en las carreteras y en los campos. 

 

La Ordenanza fija una distancia mínima de 300 metros para ejercer la prostitución cerca de colegios y núcleos urbanos. Así mismo, también recoge que los clientes menores de edad puedan conmutar la sanción económica por trabajos sociales, siempre que los padres autorices, y sólo se aplica a la primera sanción. 

 

Esta norma ha contado con las sugerencias de vecinos, comerciantes, asociaciones y otras organizaciones que trabajan con la prostitución. La Concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Nuria Fuentes, ha recordado que se han mantenido reuniones con colectivos, vecinos, asociaciones y con los grupos políticos con el fin de que la Ordenanza nazca del consenso.

 

Fuentes ha explicado que la nueva norma entrará en vigor a principios de noviembre, ya que deben pasar 30 días desde su publicación en el BORM.

Obras Públicas pide a los municipios que presenten sus propuestas sobre la reforma de la Ley del suelo

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha pedido a los ayuntamientos de la Región que presenten sus propuestas sobre la reforma de la Ley del Suelo con el fin de que, a mediados del próximo mes, se pueda empezar a trabajar en el borrador de la citada normativa, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Así lo anunció el consejero Antonio Sevilla durante la celebración de la tercera reunión con 12 alcaldes con la que se completa la ronda de contactos con los responsables municipales, y en las que se han analizado los trabajos previos para la revisión de la Ley del Suelo regional.

   El consejero recordó que la citada revisión "es preceptiva para la Administración regional con el fin de adecuarla a la legislación estatal recientemente publicada, Ley 8/2013, 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana".

   "Quiero destacar que es la primera vez que se constituye un foro con los ayuntamientos para que aporten sus propuestas e intervengan en la redacción del borrador de la revisión de la normativa sobre suelo", subrayó el consejero, que añadió que "de este modo, el Gobierno regional pretende llegar a una propuesta fruto del consenso mayoritario de los municipios".

   Sevilla declaró que "se trata de cumplir la ley y compatibilizarla con la agilidad y eficacia de los procedimientos urbanísticos que nos de posibilidades de lo fundamental; que la actividad económica se dinamice y, consecuentemente, creemos empleo, que es objetivo al que todos aspiramos".

   El consejero explicó que durante las próximas semanas los ayuntamientos deberán remitir sus propuestas a su departamento con el fin de pasar a una segunda fase de encuentros, esta vez de carácter técnico, en la que se redactará un borrador sobre la normativa de suelo.

   "Una vez dispongamos del documento, volveremos a reunirnos con los alcaldes para estudiarlo conjuntamente y, posteriormente, con los profesionales dedicados al urbanismo para que también aporten sus propuestas", expuso el consejero.

   Sevilla manifestó que la adecuación a la legislación básica estatal "nos va a permitir actualizar y perfeccionar la actual ley con la que daremos solución a las demandas habituales que nos trasladan los municipios, y con ello conseguiremos reforzar y hacer más efectiva la política territorial de la Comunidad Autónoma".

Apoyo explícito del consejero Campos a las prostitutas que ejercen en la Región de Murcia

MURCIA.- El titular de la Consejería de Presidencia, Manuel Campos, se ha reunido este jueves con el coordinador del Comité de Apoyo de las Trabajadoras del Sexo, Nacho Pardo, acompañado por la trabajadora social Fuensanta Gual, quienes le trasladaron sus inquietudes y peticiones sobre la situación actual de las mujeres mayores de 18 años que ejercen de manera voluntaria el trabajo sexual, aspectos que se tendrán en cuenta en la futura ley de Espectáculos Públicos.

   Campos ha explicado que en estos momentos los servicios jurídicos están elaborando un informe que establecerá la base de la nueva regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, que, entre otros temas, marcará las normas reguladoras de esta actividad.

   "La intención del Gobierno regional es dotar de regulación administrativa a una actividad que se está realizando en la Comunidad Autónoma, que dé garantías a sus empleadas y tenga el máximo respeto a los derechos fundamentales de las personas que ejercen esta actividad", ha subrayado el consejero del ramo.

   En este sentido, el coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, Nacho Pardo, ha destacado el desconocimiento generalizado que existe sobre este colectivo.

   Al tiempo que ha explicado que este comité de apoyo da asistencia jurídica, sanitaria y social a las mujeres que desempeñan esta actividad.

Elevan de 5 a 10 años la prescripción del delito fiscal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años, en lugar de uno a cinco años, las penas de cárcel impuestas a los defraudadores.

   El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.

   Este tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien explicó que estas modificaciones afectan a "los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social", con el objetivo de "luchar contra el fraude y la economía sumergida".

   Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal (CP) en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La propuesta parte de los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social.

   El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.

   Este atenuante se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.

   Por otro lado, la Administración Tributaria podrá reclamar las cantidades defraudadas durante la tramitación del proceso penal, lo que evitará que los defraudadores malvendan los bienes durante el proceso y se declaren insolventes para no pagar. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.

   Además, Gobierno aumentará el control de las tramas defraudatorias y no será necesario esperar a que transcurra el ejercicio completo cuando la defraudación supere los 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.

   El Gobierno endurece de cinco a seis años de cárcel los delitos agravados contra la Seguridad Social y amplía la prescripción de cinco a diez años para evitar casos de empresas ficticias y talleres clandestinos.

   Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin la autorización de trabajo.

   Por último, se considerará delito de falsedad documental la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, y se introduce un nuevo delito contra los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando afecten al patrimonio público.

   El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, planteadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.

IU-Verdes cree que la reforma de la ley de Costas del PP es "un gravísimo error"

MURCIA.- El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles en la Asamblea Regional que la reforma de la ley de Costas que plantea el PP pretende retomar el modelo "fallido" del ladrillo, lo que, a su juicio, supone "un gravísimo error".

   Pujante ha pronunciado estas palabras en el debate de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno la compatibilización de la protección del litoral con su gestión económica y turística en una futura ley de Costas.

   El parlamentario ha sostenido que la reforma de la normativa que propone el PP es "inconcreta", y "persigue perpetuar la legitimidad de los usos insostenibles y especulación urbanística en el litoral de la Región de Murcia".

   Asimismo, ha preguntado al grupo Popular por el motivo por el que el expresidente del Gobierno José María Aznar no modificó la ley de Costas vigente, que data de 1988, si consideraba que esta contenía preceptos que necesitaban una urgente reforma.

   "El modelo económico del ladrillo nos ha llevado a esta profunda crisis", ha apostillado Pujante, tras insistir en que las alternativas que generen empleo en la Comunidad "tienen que apostar por un turismo de calidad, y no por la masificación e insostenibilidad".

La diputada Veracruz se comporta como una verdadera demócrata e impide que el Gobierno socialista se despida con la Ley Sinde aprobada

MADRID.- Varios miembros de la dirección del PSOE, entre ellos las diputadas Elena Valenciano y la murciana María González Veracruz, que es además responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, habían dejado claro su rechazo a que el Consejo de Ministros aprobase este viernes el reglamento que desarrolla la llamada Ley Sinde contra la piratería en Internet, como así ha sido. La diputada de nuestra tierra demuestra, así, ser una verdadera demócrata y para nada un 'florero siseñor'.

La ruptura dentro del PSOE se había hecho patente al respecto, hasta el punto que María González, miembro además del equipo electoral de Rubalcaba, se desmarcaba públicamente de la medida que impulsaban como dudoso legado el propio presidente del Gobierno y Ángeles González-Sinde, según 'El Confidencial'.

  "No puedo compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la Ley Sinde, espero que el Consejo de Ministros lo pare", había publicado previamente González Veracruz en un comentario en la red de mensajes Twitter. "Yo no estoy de acuerdo con esta decisión", ha dicho también Valenciano en respuesta a preguntas de los internautas.

   Este rechazo es compartido otros dirigentes del PSOE. Según han relatado fuentes socialistas, el pasado sábado, una parte del Comité Federal del partido --su máximo órgano entre Congresos-- recibió con aplausos una intervención contraria a que el Consejo de Ministros en funciones aprobase el reglamento.

   La intervención la hizo el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, que pidió dejar en manos del próximo Ejecutivo el desarrollo de la polémica disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible.

   Gutiérrez defendió que un Gobierno en funciones no debería aprobar más medidas que las imprescindibles por la situación económica y pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que no ceda a las presiones de la industria y de Estados Unidos y al PSOE que, en este ámbito como en todos los que no son de urgencia, empiece a actuar ya en clave de oposición.

   "Ni indultos ni reglamentos", resumió el líder de JSE, según las fuentes consultadas. Sus palabras se produjeron un día después de que el Ejecutivo en funciones indultase al consejero delegado del Santander., Alfredo Sáenz.

   Otro miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, el secretario de Medio Ambiente y ex diputado Hugo Morán, ha dicho en Twitter que "en el Consejo de Ministros se reflexione en igual sentido que en el Comité Federal".

   Los dirigentes socialistas se han pronunciado así en la red después de que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, haya confirmado en una entrevista en ABC Punto Radio que el Consejo de Ministros de este viernes llevaba "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el reglamento que desarrolla la 'Ley Sinde' con la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual contemplada en ella.

Blanco lo confirma

El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha admitido al término de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes que aunque la Ley Sinde "formó parte de la deliberación", finalmente "no se aprobó y quedó encima de la mesa".
   Esta misma mañana el ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, había adelantado que el Consejo de Ministros llevaría "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el decreto que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida popularmente como 'Ley Sinde', que autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.
   Así lo manifestó Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que señaló que el PP había sido informado de este nuevo paso en la aprobación de la Ley Sinde y se ha mostrado "absolutamente" de acuerdo. Sin embargo, finalmente la Ley no salió adelante, tal y como ha informado Blanco.
Algunas fuentes aseguran que ha sido el propio portavoz del Gobierno, José Blanco, el principal enemigo de la aprobación durante la reunión del Gobierno, recogiendo el sentir de algunas voces de la propia Ejecutiva del PSOE, como la diputada por Murcia, María González Veracruz, que habían expresado públicamente en Internet su oposición al reglamento. 

Una experta niega la necesidad de legislar sobre los símbolos religiosos mientras no generen conflictos sociales

SEVILLA.- La profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED María Teresa Regueiro Gracia ha negado la necesidad de legislar y regular el uso y difusión de los símbolos religiosos en la sociedad española mientras la presencia de los mismos no genere un conflicto social evidente y alarmante.

Regueiro ha añadido que la diversidad de símbolos religiosos en España no genera la problemática de convivencia que deben gestionar otros países europeos como Francia o Reino Unido.

La experta hizo estas declaraciones al término de la conferencia 'Diversidad cultural y símbolos religiosos' enmarcada en el curso 'La gestión de la convivencia: los retos del pluralismo religioso' que la Universidad Pablo de Olavide organizó durante esta semana en el centro cultural Olavide, en Carmona.

Así, Regueiro ha explicado que la normativa española actual no contempla la regulación de los símbolos religiosos y que las únicas actuaciones al respecto vienen relacionadas con la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas, una problemática que los Tribunales intenta dilucidar.

En este sentido, ha afirmado que si el Estado español mantiene una presunta actitud de neutralidad en relación a la cuestión religiosa y la separación Estado-Iglesia, los símbolos religiosos no deberían estar presentes en los espacios públicos con el fin de evitar cualquier problemática social entre los creyentes de distintas confesiones y así mantener una línea de actuación coherente. De esta forma, la profesora ha señalado el caso catalán como el único que a nivel local ha elaborado normativas para la regulación de la presencia de estos símbolos religiosos.

Igualmente, Regueiro ha querido abordar la polémica relacionada con el uso del velo por la mujer musulmana en las sociedades occidentales. A su juicio, la utilización de esta prenda no debe traducirse generalmente como un símbolo de sumisión, aunque sí debería estudiarse su uso desde la minoría de edad. Sin embargo, la profesora ha asegurado que las portadoras del velo raramente reconocen su uso como una imposición u obligación, ya que su utilización es entendida en sus países de origen como un símbolo cultural, más que religioso.

"El velo en principio no debe plantear ningún problema en tanto que es un símbolo dinámico portado en relación al derecho de propia imagen", ha añadido Regueiro.

Sin embargo, la profesora ha admitido que el conflicto viene planteado por el uso del burka, una prenda cuya presencia en los espacios públicos ya ha sido prohibida en Lérida por cuestiones de seguridad. Regueiro ha insistido en el hecho de que el mundo islámico reconoce esta prenda como un símbolo más cultural que religioso, aunque la imposición de su uso, limitada según la profesora a zonas como Afganistán, continúa siendo negada por las mujeres que lo portan.

"Lo llevan porque quieren libremente, y en eso habría que profundizar para averiguar si es cierto o no", ha matizado Regueiro.

Finalmente, ha aseverado que la masiva acogida de inmigrantes y por consiguiente la presencia multicultural de nuevos colectivos en las sociedades europeas ha reforzado el uso y la presencia de estos símbolos religiosos, una difusión que se ve también favorecida por la laicidad del Estado español y la ausencia de regulación al respecto. En este sentido, el respeto y la tolerancia se convierten en las claves para favorecer la convivencia, tal y como ha asegurado Regueiro.

El nuevo Reglamento de Extranjería entrará en vigor en España el próximo 1 de julio

MADRID.- El nuevo Reglamento de Extranjería, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, entrará en vigor el próximo 1 de julio, dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

   El texto, aprobado el pasado 15 de abril en el Consejo de Ministros tras un periodo de audiencia pública y consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones especializadas en inmigración, llega así con un año de retraso respecto del calendario marcado en la norma que desarrolla y, según el cual, debió estar aprobado en los primeros seis meses del año pasado.

   Entre otras novedades, el Reglamento recoge más protección para víctimas de violencia de género en situación irregular, a quienes no se incoará expediente de expulsión hasta que no se produzca una resolución judicial sobre el su denuncia de malos tratos. Además, mientras se dirime el proceso, tanto la mujer como sus hijos podrán tener acceso a permisos temporales de residencia y trabajo.

   Otro de los aspectos destacados es la previsión legal de que las administraciones autonómicas acrediten el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar.

   "Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización", indica el texto que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

   En concreto, este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".

   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.

   Respecto a las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con una investigación policial está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.

   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.

   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".

Hostemur se sumará a la manifestación de Madrid contra la Ley Antitabaco el 9 de mayo

MURCIA.- La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) se sumará a la manifestación contra la nueva Ley Antitabaco convocada el próximo lunes 9 de mayo en Madrid por seis organizaciones empresariales nacionales de los sectores de la hostelería y el juego, unidas en la plataforma 'Libertad sin humo'.

   El presidente de la Asociación de Bares y Cafeterías de la Región de Murcia -incluida en Hostemur-, Ignacio Sánchez, aseguró que "una representación de empresarios de hostelería de la Región se desplazará a Madrid para hacerse oír, ya que vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para tratar de suspender la normativa a corto plazo".

   Al hilo, reclamó una "suspensión cautelar" de la Ley Antitabaco, así como "retomar el diálogo con el Gobierno central para que se atiendan las demandas de los empresarios, que han constatado un descenso de la facturación que oscila entre el 15 y el 20 por ciento, según cada establecimiento", aseguró.

   Paralelamente, recordó que el sector hostelero de la Región "cumple a rajatabla con la nueva normativa contra el tabaco a pesar de que hemos constatado una caída en picado del volumen de facturación en el primer trimestre de 2011".

   De este modo, la patronal murciana Hostemur se suma a la manifestación promovida por la plataforma 'Libertad sin humo', compuesta por la Federación de Hostelería y Restauración (FEHR), la Confederación de Empresarios de Juego (Cofar) y la Asociación de Casinos de Juego (AECJ).

   Así como la Asociación de Empresarios de Salones Recreativos (Anesar), la Confederación de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ) y la Federación de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas (Fasyde).

   Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es lograr el apoyo institucional y social para la suspensión inmediata de la Ley 42/2010, así como la redacción de un nuevo texto legal que permita el equilibrio de los derechos trabajadores, empresarios y clientes fumadores y no fumadores.