MURCIA.- Los servicios regionales de detección y actuación contra el maltrato
infantil, dependientes de la Consejería de Política Social, Familias e
Igualdad, atendieron el pasado año a 1.294 menores en riesgo. Un 39 por
ciento de los casos notificados corresponden a víctimas de violencia
grave que han sido detectados, en la mayoría de los casos, por
negligencia, según datos de la Dirección General de Familias, Infancia y
Conciliación.
Con motivo del Día Internacional contra la
Violencia Infantil, que se conmemora este jueves, el Gobierno regional
pone de relieve la importancia del Programa de detección, notificación y
registro, que desarrolla la Comunidad desde 2003 con el objetivo de
prevenir el maltrato en niños, niñas y adolescentes y sensibilizar y
formar a los profesionales relacionados con los menores y el ámbito
familiar, según informaron fuentes del Gobierno regional en un
comunicado.
Hasta el momento, 9.274 profesionales han sido
formados como agentes sociales notificadores para detectar y visibilizar
cualquier indicador de violencia en menores y actuar así con la máxima
rapidez. Entre ellos, personal del ámbito sanitario y educativo, de
cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios sociales. Las entidades del
Tercer Sector también se suman a esta iniciativa por ser grandes
detectores de posibles situaciones de riesgo.
La coordinación
de todos ellos, junto con los agentes especializados de la Consejería de
Política Social, permite actuar de forma homogénea y compacta, haciendo
uso de un registro estandarizado donde el profesional refleja los
principales indicadores de maltrato que observa en el menor para iniciar
las actuaciones correspondientes.
Existen distintas formas de
maltrato a la infancia menos visibles socialmente y que, sin embargo,
denotan posibles situaciones de riesgo. Por ejemplo, falta de higiene,
absentismo escolar en edades tempranas, desnutrición, cansancio, apatía
permanente o menores que evitan ir a casa, entre otros aspectos.
Tras la valoración inicial de los Servicios Sociales de Atención
Primaria, los equipos especializados de la Consejería de Política Social
inician las correspondientes actuaciones de protección a los menores.
En aquellos casos en los que el riesgo de desprotección sea considerado
leve o moderado se trabaja en primera instancia con las familias para
facilitar las herramientas que permitan el desarrollo de una crianza
respetuosa y saludable desde los servicios sociales de proximidad.
Cuando las situaciones son valoradas como graves, los equipos de la
Comunidad elaboran un plan de intervención familiar que prioriza el
bienestar y la integridad de los menores, llegando incluso a asumir la
tutela de dichos menores la Comunidad.
Actualmente, la Región
de Murcia continúa siendo la comunidad con mayor número de menores
tutelados en acogimiento familiar. En concreto, el pasado año, 700
menores fueron acogidos por familias, mientras sus progenitores o
tutores no pueden hacerse cargo de ellos.
De ellos, 25 menores de hasta
seis años han formado parte del programa de familias canguro. En los
casos en los que se valora el no retorno a la familia de origen, se
busca una alternativa como puede ser el acogimiento permanente o con
fines de adopción.
La Comunidad cuenta con una red de 30
centros de protección de menores destinados a proporcionar un lugar de
residencia confortable con el fin de atender sus necesidades biológicas,
afectivas, sociales, psicológicas y educativas. En 2023, un total de
565 menores fueron acogidos en estos centros tutelados bajo la
supervisión de un equipo multidisciplinar y especializado.
El Registro de maltrato infantil de la Región de Murcia recoge que el
36 por ciento de los casos notificados procede del ámbito de los
Servicios Sociales; el 14,41 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el
38,63 por ciento del ámbito sanitario y el 9,76 del sector educativo. El
1,18 por ciento restante de las notificaciones proceden de entidades
del Tercer Sector, e incluso, de particulares.
Para este
último caso, la Consejería de Política Social ha habilitado en sede
electrónica un procedimiento para que el ciudadano pueda denunciar
cualquier indicio de desprotección de menores, respetando, si así lo
desea, su anonimato. También pueden hacerlo de forma presencial
acudiendo al punto de información de Menor y Familia.
Las
notificaciones se han incrementado más de un 18 por ciento respecto al
año anterior, lo que significa que existe mayor sensibilización y
formación para detectar y notificar este tipo de situaciones.
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