MADRID.- El Plan de
Carreteras que el Gobierno ha presupuestado en unos 5.000 millones
de euros está teniendo cada día más detractores por sus retrasos en
ver la luz y por los temores que sean sólo las grandes constructoras
las que se beneficien del mismo. Primero, han sido las pequeñas
empresas las que hacen presagiar tales riesgos y, ahora ha sido el
PSOE quien ha puesto en solfa al Ministerio de Fomento, según Capital Madrid.
El
PIC (Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras) no ha arrancado
aún desde que se aprobó en julio pasado y, cada vez son más las partes
críticas que están surgiendo, no solo por el retraso que está sufriendo
-aún no se han clarificado muchos puntos sobre las condiciones-, sino
por las suspicacias que se han creado sobre las grandes empresas.
Los socialistas han denunciado que “parece planificado por la
patronal de la construcción Seopan”, al considerar que, serán las
constructoras más potentes como ACS, Acciona, Ferrovial, OHL, Sacyr y
FCC, entre otras, las que se llevarán los grandes proyectos, y en
cambio, las pequeñas no recibirán ni las migajas.
El portavoz de
Fomento del PSOE en el Congreso, César Ramos, ha criticado que, con el
modelo que se ha establecido de financiación público-privada, serán las
empresas más potentes quienes accederán más fácilmente a este tipo de
financiación.
Hay que recordar que, el PIC por el que se prevén construir o
recuperar unos 2.000 kilómetros de tramos de la red estatal de
carreteras será financiado en un 20% con inversión procedente de las
constructoras y el 80% restante con fondos procedentes del Plan Juncker y
del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Pago por finalidad
El sistema de financiación que se quiere aplicar es el de pago por
finalidad. Con esta fórmula, el constructor recupera la inversión
realizada en las obras -se prevé un periodo de 30 años-, a través de un
canon anual firmado con la Administración en función del tráfico que
registre y el estado de conservación de la infraestructura. El Gobierno
estima que el presupuesto podría alcanzar los 350 millones de euros al
año.
El Ministerio de Fomento lleva ultimando desde la vuelta del verano
lo que se conoce como el nuevo Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) pero, por varias razones -incluso por problemas con
Hacienda- no acaba de ver la luz definitiva. El equipo de Íñigo de la
Serna está discutiéndolo con el sector y con la patronal Seopan que
preside Julián Núñez. En las discusiones, está participando también la
patronal de medianas constructoras Anci.
Las constructoras andaluzas se ven fuera
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y
Obras Públicas (Ceacop) ha sido uno de los grupos más críticos y quien,
hasta ahora, más ha atacado al Ministerio de Fomento. Su presidenta, Ana
Chocano, ha señalado que el nuevo Plan de Carreteras “deja fuera a gran
parte de las constructoras e ingenierías andaluzas, que no podrán optar
a un solo euro de los 5.000 millones con que está dotado el plan”.
La presidenta de Ceacop advierte en este sentido de que “el plan va
en contra de la recién aprobada Ley de Contratos del Sector Público, un
desarrollo que impone como obligación facilitar la contratación de las
pymes, amentando así la libre concurrencia empresarial mediante la
división en lote de los contratos”.
En su opinión, la fórmula que el ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, ha planteado “deja completamente fuera a las pequeñas empresas” y
“entrega todos los proyectos a los grandes grupos constructores”. Por
ese motivo, la Ceacop han anunciado que instará al Tribunal de Defensa
de la Competencia para que vigile la adjudicación de los mismos.
Exigencias de Bruselas
El problema que pueden tener las pequeñas constructoras a la hora de
presentarse a estos concursos es que, al tener los proyectos
financiación del Plan Juncker y del BEI, la Comisión Europea pone como
condición que deben ser obras de gran capacidad. Por ese motivo, en un
principio, deben ir encabezadas por grandes empresas. Otra cuestión es
que, posteriormente, las pequeñas constructoras participen
indirectamente.
El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina, ha
respondido al portavoz del PSOE, César Ramos, que en los grandes
proyectos “no solo pueden estar estas empresas sino que van a entrar”,
pues ha asegurado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público
“permite que entren pequeñas empresas”. Barrachina ha afirmado además
que, desde el Ministerio de Fomento, “se está hablando con todas las
asociaciones representativas del sector”.
Por otro lado, Fomento se ha comprometido a lanzar antes de que
finalice 2017 el primer contrato del plan. Tal y como denunció hace
tiempo Capitalmadrid, el Gobierno aprobó en julio pasado el plan de
construcción y mejora de carreteras por valor de 5.000 millones de
euros y todavía no se ha configurado ninguna licitación ni determinado
el número de bancos que están dispuestos a financiar parte de los
proyectos.
De la Serna ha vuelto a reiterar ese compromiso pero, a falta de poco
más de un mes, sigue sin ver la luz ese primer contrato. Será en 2018 y
2019 cuando saldrán a concurso los 20 proyectos que abarca el citado
plan. Las obras tendrán un presupuesto mínimo de 100 millones de euros.
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