domingo, 25 de septiembre de 2016

Era una revolución / Ramón Cotarelo *

Recuérdese la famosa anécdota del Duque de la Rochefoucauld y Luis XVI, un telediario antes de la toma de la Bastilla: "¿Qué ocurre? ¿Es una revuelta?" "No, Sire, c'est une révolution". Cambien tiempo y lugar: "¿Qué ocurre?¿Es una algarabía" "No, Presidente, es una revolución". Pues sí, es la revolución catalana. La derecha no se ha enterado o no ha querido enterarse y, lo más curioso, la izquierda, tampoco. Y, ya curiosísimo, la verdadera izquierda, tampoco y eso que el término todavía ocupa algún remoto lugar de su imaginario.

Nadie ha querido hacer caso de la abrumadora sucesión de síntomas en los útimos años. Las señales de la tormenta aproximándose. Nadie. Los analistas, los comentaristas y tertulianos, los medios, todos mudos. O peor que mudos, desinformando. No solo por vicio sino también por ignorancia. Llevan años aplicando al movimiento independentista categorías de la apacible época autonómica, cuando un nacionalista catalán podía ser español del año.

Es claro, razonan los cerebros de la izquierda, no está pasando lo que está pasando. Las revoluciones tienen unas pautas, necesitan un partido de vanguardia; no pueden ser obra de una alianza transversal de políticos de todo credo y movimientos sociales; no pueden ser movidas de los ricos contra los pobres; el nacionalismo y la revolución son agua y aceite. No, no está en el cuadro de las revoluciones. No es una revolución.

Entonces, ¿qué es?

El primer proyecto de ley de desconexión corta el nudo gordiano de la transición al estilo alejandrino. Es más, inaugura la segunda parte de la transición. No digo la segunda ni otra transición porque son determinaciones sobadas por los políticos y despojadas de todo sentido.

La Transición, IIª parte o segundo acto. El Parlament pretende declarar la nulidad en Cataluña de todos los procedimientos penales del franquismo, los consejos de guerra, los sumarísimos. Eso es algo que debía haberse hecho en toda España al día siguiente de la muerte del dictador. Nulas todas las actuaciones judiciales penales del franquismo. Y no solo las militares sino también las civiles de la jurisdicción especial de Orden Público.

En realidad, ese día tendría que haberse declarado la nulidad del franquismo erga omnes. Nada de lo actuado en aquellos años era legítimo y, por tanto, no podía ser base de la legalidad democrática. Todo nulo, desde la abolición del Estatuto Catalán hasta la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco "a título de Rey".

Y ahí está el nudo de la cuestión. No andaba el horno para bollos. Los militares controlaban la escena. El mundo se inhibía. La oposición, fragmentada y todavía muy asustada. Así que se transigió y se edificó un régimen constitucional sobre decenas de miles de asesinados y enterrados en fosas anónimas en las cunetas de toda España. Durante el largo mandato de Felipe González no se intentó siquiera abordar la cuestión de la justicia a las víctimas de la guerra, la postguerra y una larga dictadura que murió matando. Esto solamente se enmendó con la ley popularmente conocida como Ley de la Memoria Histórica, correspondiente al mandato de Zapatero. Y justamente, este gobierno se asustó ante las consecuencias de una declaración de nulidad erga omnes y dejó las reparaciones reducidas a los procesos penales y los asesinatos extrajudiciales y, además, restringió su alcance al orden puramente moral y simbólico. Nada de reesarcimiento material. Los gobiernos de Zapatero, que mostraron cierta osadía al comienzo se revelaron luego pusilánimes: la Ley de la Memoria Histórica rebajada, la reforma del derecho de propiedad intelectual y la de relaciones entre la Iglesia y el Estado, abandonadas en los cajones de La Moncloa.

La decisión del Parlament es una bomba de (muy escaso) tiempo. De adoptarse, supongo, provocará el habitual recurso del gobierno al Tribunal Constitucional que, a su vez, hará lo que acostumbra: suspender y/o prohibir. Hasta aquí hemos llegado en otras ocasiones en esta crisis constitucional; pero de aquí no hemos pasado. Al aquilatar el efecto de los pronuncimaientos del Constitucional conviene recordar que la Generalitat no le reconoce autoridad mientras que ella misma, como órgano, deriva la suya del Estatuto de Nùria, al que considera en vigor porque su derogación por la dictadura fue ilegal.

La controversia es muy interesante y pilla a la izquierda española con el paso cambiado, en cueros. Nadie en la izquierda puede oponerse a la anulación de la Causa General y aledaños a través de otra Causa General de condena de la Dictadura y anulación de sus actos. Pero, la aceptación y hasta el apoyo de la reclamación pone a las izquierdas españolas en coalición con el independentismo. Y el asunto se complicaría extraordidnariamente si hubiera que votar en el Congreso a favor o en contra de la propuesta catalana, teniendo en cuenta la mayoría de la izquierda.

Era una revolución y no han sabido verla.

Los candidatos, en el fondo, no quieren ser presidentes por no tragarse el marrón de Cataluña. Y no haya duda de que será un marrón. Pongo un ejemplo inmediato: ¿cómo va a explicar en los medios y las cancillerías extranjeras el ministro de Exteriores, García Margallo, más conocido como Gibraltar español, que el Parlamento catalán anula ahora las actuaciones judiciales de la dictadura? Espero que no lleve a la lumbrera de Interior, diciendo eso tan agudo y original de que hay que mirar hacia delante y no hacia atrás. A ver cómo explican todos que en España no se haya condenado el franquismo a los 41 años de la muerte del dictador y se siga tolerando su iconografía y subvencionando con fondos públicos una fundación que lleva su nombre y se dedica a ensalzar su memoria.
 
Terceras elecciones
 
Si los barones no existieran, hipótesis descabellada, habría que inventarlos. Aunque parezca mentira, ese amago de sublevación de las taifas socialistas viene muy bien a Sánchez. Refuerza su posición negociadora frente a Podemos. Él bien quisiera reconocer la esclarecida guía de los portavoces de la gente y aplicar las medidas salvíficas que se le aconsejen. Pero, por desgracia, tiene al partido levantisco y ha de respetar unos límites. Si la otra parte, la verdadera izquierda quiere negociar de verdad, con ánimo de concluir algo, tendrá que limar sus formas y moderar o aguar sus propuestas. Respecto a la posibilidad de algún acuerdo con los indepes catalanes, por ejemplo, su abstención, es aun más lejana. Los barones no quieren ni oler el independentismo.

A su vez, los indepes catalanes tienen escaso margen de maniobra. La exigencia de un referéndum es innegociable. Las posiciones no pueden acercarse más. Cabe discutir si el "no" al referéndum es una actitud justa o no. Pero es la que hay. Los barones aducen que, además, atrae el voto de los españoles de izquierda contrarios a la autodeterminación catalana. Puede que no sea cierto y que, haciendo la debida pedagogía, el electorado español se mostrara más tolerante con ese derecho. Pero no hay tiempo para comprobarlo y el PSOE prefiere no dar esa baza a su gran adversario, el PP que acusaría al otro de romper España, o sea, de lo que él hace.

Con eso, la posible alianza queda reducida a PSOE-Podemos, con el rotundo anatema de C's y la oposición de los barones socialistas. En esta situación los de Podemos, como siempre, dicen una cosa y hacen la contraria. Dicen querer una alianza con el PSOE, pero lo maltratan sistemáticamente de palabra y obra, con una arrogancia absurda, dada la situación en que se encuentran. Bajo ningún concepto quieren terceras elecciones, a la vista del pobre resultado de las segundas que ellos provocaron. Pero los hados los llevan a hacer todo lo posible para que sean inevitables. A estas alturas puede ser ya materialmente imposible que Sánchez convenza a los barones de que Podemos es de fiar; tampoco a una buena parte de la militancia. La gallardía del NO es NO de Sánchez le ha valido el apoyo activo en masa de los militantes que, de pronto, han encontrado una razón para movilizarse. Pero que lo apoyen no quiere decir que aprueben una alianza con un partido que no es de fiar, pues su objetivo final es acabar con el PSOE. Los militantes apoyan en el NO es NO de Sánchez y no temen a unas terceras elecciones.

La prensa se extiende en los dimes y diretes de las cuestiones internas del PSOE, Comité federal, Congreso, primarias. Todo importante, sin duda, para los militantes, pero solo para ellos. El PSOE, como partido, ocupa la centralidad política que los otros ansían y no consiguen. Sobre él, la responsabilidad de adoptar la mejor decisión para los intereses generales, al lado de un gobierno que no gobierna y una oposición que no sabe si oponerse al gobierno o a la otra oposición. Los barones parecen ya resignados a la opción de las terceras elecciones. De ser esa la vía, Sánchez se encontraría un partido de nuevo unido.

Terceras elecciones es la única opción abierta a Rajoy para ser investido. No tiene otra. Sánchez tiene aún abierta la de la negociación y, si esta fracasa, las terceras elecciones serán también su última opción. Pero con una diferencia crucial a la hora de articular la campaña electoral: que él ha hecho todo lo posible por evitarlas mientras que Rajoy no ha movido un dedo. Sobre los dos partidos emergentes es poco lo que hay que decir que no se haya dicho ya.
 
La voz del mayoral
 
El País ambicionó siempre el estatus de "intelectual orgánico" del sistema de la III Restauración borbónica. Porque ha habido tres: la de Fernando VII, El Deseado, la de Alfonso XII, triste de ti y la de Juan Carlos I. Hemos tenido dos fugaces repúblicas y tres interminables restauraciones. El abanderado, el confaloniero de la última, el intérprete de sus designios, el urdidor de su supervivencia, el gran guía de esta transición inacabable es este periódico. Capataz diligente de los designios de la oligarquía española, sector liberal-progresista, El País se enorgullece de seguir las órdenes del amo del cortijo con una mezcla de gracejo servil de mayoral antiguo y aparente eficacia de librecambismo neoliberal.

El editorial de hoy, La deriva de Sánchez, es una pieza a degüello contra el secretario general del PSOE por no doblegarse a los intereses de los que mandan en la empresa y en la banca, los que dictan los contenidos del diario. Este trabajo de matarife lo bordaba antaño Juan Luis Cebrián, acostumbrado a tumbar gobiernos con sus insufribles cuanto pedantes soflamas. Pero ya ha cansado a la audiencia. Ahora entran en la batalla las baterías institucionales. El editorial podría venir directamente de La Moncloa, o ser un producto del mismo Cebrián. Incluso puede serlo de Rubalcaba, recientemente incorporado al consejo editorial del periódico, un lugar muy cómodo desde el que disparar contra su propio partido sin que se note mucho.

De todos los editoriales inicuos y repugnantes que ha publicado el medio, este se lleva la palma. En sus líneas reverbera el orgullo y el desprecio de la España integrista (la que ganó la guerra, como acaba de recordar el psicópata de Interior) con la arrogancia de los sedicentes progresistas y liberales de la "otra España", siempre dispuestos a claudicar ante la derecha nacionalcatólica más cerril. Respira agresividad y hasta odio hacia un solo hombre, Sánchez, que ha tenido el arrojo de plantar cara al conformismo, a la resignación, a la claudicación ante la chulería de una derecha que, como puede verse, está dispuesta a todo para no salir del poder. Está literalmente fuera de sí pues no consigue trasladar sobre las espaldas del socialista la culpa de un bloqueo que recae exclusivamente sobre el presidente de los sobresueldos, obstinado en no cambiar la poltrona del poder por el posible banquillo de los acusados.

Acusa el editorial a Sánchez de irresponsable por anteponer su interés personal al general de España. Justo lo que hace Rajoy con todo descaro. Pero eso ni se menciona. Rajoy tiene derecho a bloquear; Sánchez, no. ¿Por qué? Porque El País es el periódico de Rajoy, el mayoral porcino de la piara. ¿Y qué decir de eso del "interés general de España"? Resulta que este interés manda que gobiernen los mismos que han robado a mansalva, destrozado y arruinado el país y lo han hundido en el descrédito internacional más profundo. Manda asimismo que se condone la corrupción sistemática de un partido cinco veces imputado en procesos penales y abarrotado de ladrones, sinvergüenzas, comisionistas, dafraudadores y delincuentes organizados. Manda también que se les garanticen otros cuatro años de arbitrariedades, enchufes, malversaciones y despilfarros.

El "interés general" de España manda que siga en el poder un gobierno de franquistas cuya finalidad es revertir los escasos avances democráticos conseguidos hasta la fecha. Manda involucionar, desmantelar el Estado del bienestar a base de esquilmar el erario y lo que quede, dejárselo a la beneficencia privada. Manda esclavizar a los trabajadores, estafar a los contribuyentes, expoliar a los pensionistas, desamparar a los dependientes, expulsar a los jóvenes, someter a las mujeres, rechazar a los refugiados e inmigrantes, entre otras formas de injusticia.

Sánchez resiste apoyado por las bases, la militancia y los votantes, elementos que han resultado ser más eficaces de lo que los señoritos del capital calibraban porque contra ellos no se han impuesto los chantajes de la derecha. Tampoco la hipocresía de la "verdadera" izquierda (esa que dice que no quiere ser encasillada en el PSOE o el PCE pero lleva al PCE en sus listas electorales), ni los bancos, ni la Iglesia, ni los socialistas submarinos del PP, ni todos los medios, tertulianos y demás patulea. Algo en verdad milagroso porque el secretario general solo cuenta con ese respaldo. No tiene la abundancia de medios de que disponen los demás, sobre todo el PP y Podemos, con sus canales de televisión y medios digitales a tope de "auténticos creyentes".

Sánchez no tiene más que la confianza de la gente (cosa de la que los otros tres carecen por su falta absoluta de lealtad), la buena fe y la convicción cada vez más extendida en que aquí nos jugamos una cuestión de dignidad y autoaprecio. Si nos resignamos, si claudicamos, será cuando el país se hunda.

Desde El País se recurre a la amenaza de desequilibrar el PSOE, algo preocupante porque ahí se nota también la larga mano de Rubalcaba y se formulan falacias vergonzosas como que no es posible gobernar con 85 diputados, que son el 25% de la cámara. Falso. Hay países europeos gobernados en coalición con similares porcentajes. No se gobernaría con 85 diputados sino con 150, quizá con 170 o mayoría absoluta. En todo caso, similar es la pretensión de dar el gobierno a 135 diputados, que es el 33% de la cámara. Pero esto, como la responsabilidad del bloqueo, no se menciona. El PP tiene más derechos que el PSOE. ¿Por qué? Porque lo dice El País, que es su periódico.

De los números, El País lleva sus sofismas a los contenidos. Las sumas de posibles aliados del PSOE son absurdas, heteróclitas, nada de fiar, una receta para el caos. Este puede ser el único argumento aceptable del periódico. Podemos, la "verdadera" izquierda de IU y los morados, lejos de facilitar el camino a la formación de una gobierno de izquierda, lo han dinamitado. Sobre el desbarajuste de unas confusas crisis orgánicas e ideológicas se impone la arrogancia y la agresividad de unos neobolcheviques incapaces de moderar sus pulsiones más elementales, narcisistas y revanchistas. Efectivamente, ese gobierno de coalición no es posible pero no porque los números no den, sino porque no da la inteligencia de los dirigentes de Podemos.

Así que terceras elecciones. Es la salida más acertada y la más legítima. En democracia las cuestiones litigiosas se resuelven votando. Rajoy y sus pregoneros dicen que el PP ha ganado las elecciones dos veces seguidas. Mentira. Las ha perdido, como todos los demás. Que sea la minoría mayoritaria no lo hace ganador como se prueba viendo que no gobierna. Hay que esperar una mayoría suficiente para gobernar y la hipótesis que va tomando cuerpo es que pueda conseguirla el PSOE. Justo lo que la derecha y Podemos no quieren. Pues ya saben: pacten.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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