A ver: ¿qué partido político quiere
cargar con la responsabilidad de que los funcionarios de la Comunidad no
recuperen el 40% de la paga extra de Navidad de 2012?
Ahí está
el pulso. Ciudadanos anuncia que no votará a favor de la subida del
techo de gasto para los Presupuestos de 2016 si el PP no rompe su
acuerdo de gobierno en Mazarrón con grupos liderados por políticos
imputados, un reclamo que deduce de su pacto con el PP para la
investidura de Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad.
Pero el Gobierno aguanta, pues el montante de la subida del techo de
gasto para Murcia, 21 millones de euros que ha concedido el ministro
Montoro, es prácticamente equivalente al pago del porcentaje de la extra
aplazada cuyo abono, con pretensiones claramente electoralistas, ha
prometido Rajoy.
Si no se aprueban los Presupuestos de 2016 habrá
que prorrogar los de 2015 y no se dispondrá de dinero para hacer frente
al pago de la extra. El PP desviará la frustración de los funcionarios
hacia Ciudadanos, a pesar de que éstos intentaban forzar al Gobierno a
que adelantara el compromiso de la paga a diciembre en vez de esperar a
enero. Pero de benefactores pasarán a ser señalados inmediatamente como
irresponsables, capaces de someter las expectativas navideñas de consumo
de miles de empleados públicos por un ´simple formalismo´: separar de
la influencia en la gobernación de un Ayuntamiento a unos políticos bajo
sospecha que ni siquiera son del PP, aunque éste gobierne gracias a
ellos.
Véase a Podemos, partido al que a pesar de que se le supone
una posición más radical frente a los proyectos presupuestarios del
Gobierno popular, sin embargo no ha decidido aún su posición de apoyo o
rechazo al techo de gasto. En ese partido, donde abundan los
funcionarios y conocen el paño, son tal vez muy conscientes del dilema
envenenado a que los somete el Gobierno. Hoy hablarán con el consejero
de Hacienda, quien probablemente les explicará la jugada: si votan en
contra serán responsables de la suspensión de la extra. Y el Gobierno,
encantado políticamente: habría cumplido su promesa sin tener que pagar
un euro.
Ante este esquema diabólico parecía predecible que
Ciudadanos diera hoy marcha atrás, a pesar de su rotunda posición que
podría revisar con alguna otra condición o exigencia, pero el teletipo
de la corrupción es siempre inoportuno, y ayer cantó la noticia de que
la alcaldesa popular de Torre Pacheco, Fina Marín, había sido imputada
por contratar a dedo a una interventora provisional que cubría la plaza
del interventor saliente, condenado por prevaricación junto al alcalde
anterior. Imposible dar el paso atrás.
Ya no hay margen. El PP
deberá exigir de inmediato la dimisión de la alcaldesa de Torre Pacheco
para cumplir, ya sin ningún pretexto, el pacto de investidura con
Ciudadanos, y de paso poner orden en Mazarrón. Aunque ya veremos. La
´limpieza´ significaría la pérdida de esas dos plazas, en la primera
quizá a manos de un pacto PSOE-Independientes, por lo demás ya germinal
antes del acontecimiento de la imputación.
Pero la credibilidad
del Gobierno respecto a la tolerancia con las irregularidades está en
juego una vez más y, en esta ocasión, también la estabilidad
presupuestaria. La cuestión Torre Pacheco ha restado valor a una carta
que el PP creía que podría usar poniendo a la oposición en una situación
complicada ante los funcionarios.
Hacer frente al pago del
porcentaje de la extra estará, no obstante, a la mano del Gobierno en
cualquier circunstancia siempre que disponga del apoyo del ministerio de
Hacienda, pero el rodeo para hacerlo sería el recurso extremo para
mientras tanto macerar a la oposición, ya casi metidos en campaña
electoral. Sin embargo, la reproducción de sucesos-sorpresa como el de
Torre Pacheco más los ecos de supuesta corrupción procedentes de la
etapa anterior, ponen en constante brete a un Gobierno que no termina de
encontrar un camino despejado.
Y esto sin que aún seamos capaces
de manejarnos con ciertas señales: si el aumento del techo de gasto se
agota en la paga atrasada a los funcionarios ¿de dónde va a salir el
dinero para la apertura de quirófanos, atención a la discapacidad y
efectos de las rebajas impositivas anunciadas? Por ejemplo.
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