MADRID.- Justo un año después de que, en fecha tan religiosamente señalada como la de San Francisco Javier, el alcalde popular de Totana (Murcia), José Martínez Andreo, diera con sus huesos en la cárcel en la llamada Operación Tótem, la cosa está que arde en este municipio de 31.000 habitantes, según www.elconfidencial.com
A decir de sus habitantes, la situación resulta esperpéntica… como no podía ser de otra forma en una operación que coge su nombre del club donde su antecesor en el cargo, Juan Morales, conoció a su entonces compañera brasileña.
El alcalde, con proceso en instrucción por cohecho, prevaricación, falsedad en documento público, etcétera, continúa como si nada hubiera pasado. Ni escándalo, ni crisis económica, ni crash inmobiliario, ni nada de nada.
Como muestra un botón. El ayuntamiento totanero se asfixia económicamente y los primeros en notarlo han sido las más de quinientas personas en nómina, entre funcionarios y contratados laborales, que han visto retrasado unos días el pago de noviembre. Y esto apenas quince días después de que el alcalde decidiera aumentarse en un 67% sus gastos de protocolo presupuestados para 2008 ¡un mes y medio antes de acabar éste!
Por eso, en el PP totanero y murciano empiezan a estar muy pero que muy incómodos con Martínez Andreo. De los 13 concejales populares de Totana, al menos siete parecen estar en larvada disonancia con el alcalde. En la capital de la Región, el propio presidente Valcárcel ha expresado en privado su malestar con Andreo. PSOE e IU critican que ahí se mantiene, un año después de pasar por la cárcel.
Fuentes municipales estiman que gracias a los convenios urbanísticos irregulares –origen de la operación Tótem– el consistorio iba a ingresar unos 60 millones de euros en total. Veinte de esos millones tenían que entrar en caja durante 2008, para soportar el presupuesto anual de unos 44 millones de euros.
El desencadenamiento de la Operación Tótem a finales de 2007, con el alcalde, el ex alcalde y varios empresarios locales y gallegos encausados, además de la querida brasileña del ex alcalde y también su santa esposa, paralizó obviamente esos convenios urbanísticos.
Pero Martínez Andreo, encausado y gobernante, sigue actuando como si fuera el alcalde de Jauja. No se corta un pelo, como demuestra la ampliación de los gastos de Protocolo de la Alcaldía. Por si faltara algo, también Totana ha sufrido el parón de la construcción, con el consiguiente descenso de ingresos en el erario municipal, aún no estimado.
Y el acalde, a la suya. Sigue manteniendo una estructura de seis ‘directores generales’ contratados a dedo (Recursos Humanos, Urbanismo, Cultura, Deportes, Servicios Sociales y Desarrollo Económico) al margen de la estructura de las concejalías y sigue sacando plazas de libre contratación para personal de confianza y pagar así favores prestados.
Especialmente a aquellos que se significaron públicamente en su defensa mientras el pobre Martínez Andreo pasaba su calvario navideño de casi dos meses en la cárcel provincial de Sangonera la Verde.
A decir de sus habitantes, la situación resulta esperpéntica… como no podía ser de otra forma en una operación que coge su nombre del club donde su antecesor en el cargo, Juan Morales, conoció a su entonces compañera brasileña.
El alcalde, con proceso en instrucción por cohecho, prevaricación, falsedad en documento público, etcétera, continúa como si nada hubiera pasado. Ni escándalo, ni crisis económica, ni crash inmobiliario, ni nada de nada.
Como muestra un botón. El ayuntamiento totanero se asfixia económicamente y los primeros en notarlo han sido las más de quinientas personas en nómina, entre funcionarios y contratados laborales, que han visto retrasado unos días el pago de noviembre. Y esto apenas quince días después de que el alcalde decidiera aumentarse en un 67% sus gastos de protocolo presupuestados para 2008 ¡un mes y medio antes de acabar éste!
Por eso, en el PP totanero y murciano empiezan a estar muy pero que muy incómodos con Martínez Andreo. De los 13 concejales populares de Totana, al menos siete parecen estar en larvada disonancia con el alcalde. En la capital de la Región, el propio presidente Valcárcel ha expresado en privado su malestar con Andreo. PSOE e IU critican que ahí se mantiene, un año después de pasar por la cárcel.
Fuentes municipales estiman que gracias a los convenios urbanísticos irregulares –origen de la operación Tótem– el consistorio iba a ingresar unos 60 millones de euros en total. Veinte de esos millones tenían que entrar en caja durante 2008, para soportar el presupuesto anual de unos 44 millones de euros.
El desencadenamiento de la Operación Tótem a finales de 2007, con el alcalde, el ex alcalde y varios empresarios locales y gallegos encausados, además de la querida brasileña del ex alcalde y también su santa esposa, paralizó obviamente esos convenios urbanísticos.
Pero Martínez Andreo, encausado y gobernante, sigue actuando como si fuera el alcalde de Jauja. No se corta un pelo, como demuestra la ampliación de los gastos de Protocolo de la Alcaldía. Por si faltara algo, también Totana ha sufrido el parón de la construcción, con el consiguiente descenso de ingresos en el erario municipal, aún no estimado.
Y el acalde, a la suya. Sigue manteniendo una estructura de seis ‘directores generales’ contratados a dedo (Recursos Humanos, Urbanismo, Cultura, Deportes, Servicios Sociales y Desarrollo Económico) al margen de la estructura de las concejalías y sigue sacando plazas de libre contratación para personal de confianza y pagar así favores prestados.
Especialmente a aquellos que se significaron públicamente en su defensa mientras el pobre Martínez Andreo pasaba su calvario navideño de casi dos meses en la cárcel provincial de Sangonera la Verde.
6 comentarios:
tribunales
El fiscal retira el delito de prevaricación contra el alcalde y otros dos acusados
Fuentes de las defensas dijeron que, de aplicarse la atenuante propuesta por el fiscal, "las penas podrían quedar limitadas a una multa"
04.12.08 - 18:45 -
EFE | MURCIA
El fiscal retiró hoy la acusación por un delito de prevaricación contra el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, el concejal del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM), Domingo Valera, y el ex interventor Pedro Sánchez en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Murcia por los anticipos a Valera.
Fuentes judiciales indicaron a EFE que, en una progresiva degradación de la acusación, el Ministerio Público mantuvo sólo el delito de malversación y dejó a criterio de la Sala aplicar una atenuante por haberse reintegrado las cantidades que el edil independiente recibió entre septiembre de 2003 y agosto de 2005, que ascendieron a 33.000 euros.
Aunque a efectos formales la acusación estatal mantuvo su petición de condena por el artículo que condena la malversación con penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación, dejó abierta, como alternativa, la posibilidad de que el tribunal pueda condenar por otro artículo que limita la pena a multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público.
Fuentes de las defensas dijeron que, de aplicarse la atenuante propuesta por el fiscal, "las penas podrían quedar limitadas a una multa".
El juicio, que quedó visto para sentencia, comenzó con la declaración del que era interventor municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, Pedro Sánchez, quien afirmó a la Sala que en varias ocasiones trasladó al concejal de Hacienda, Segundo Muñoz, su inquietud por los anticipos dados a Valera.
"Empecé a preocuparme al ver que seguían concediéndose anticipos y que no se reintegraban, y era rara la semana que no le planteaba el tema al concejal para que a su vez lo comentara con el alcalde y se regularizara la situación", señaló.
Añadió que en una ocasión adjuntó al mandamiento de pago un escrito con las observaciones que hacía respecto a que era preciso efectuar la devolución del dinero, pero este documento no ha sido encontrado.
El ex interventor municipal, que es vicesecretario general de la Agrupación Socialista de Mazarrón, declaró también que, en su opinión, no hubo ilegalidad en su actuación, porque había un vacío legal, además de que los anticipos estaban autorizados por el alcalde y fueron devueltos en su totalidad, por lo que no hubo daño para el erario público.
Por su parte, el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, declaró que el cese del anterior interventor no se produjo a raíz de sus críticas a la concesión de los anticipos, "sino porque una habilitada nacional se interesó por este puesto".
Aseguró que el ofrecimiento para que se liberaran se hizo no sólo a Valera, sino a todos los portavoces de los grupos municipales, aunque el del Grupo Socialista no lo aceptó.
Dijo que en un determinado momento, Valera le dijo que pasaba por una situación económica difícil, y que si le podía dar un anticipo a cuenta de sus honorarios como concejal liberado, y él entendió que se podía acceder a esa petición.
Señaló que el concejal de Hacienda le comentó que había hablado con el tesorero y con el interventor y que convenía que Domingo Valera fuese devolviendo el dinero, lo que empezó a hacer desde enero de 2004.
El primer edil negó que estos pagos fuesen una contraprestación para asegurarse el voto de este concejal independiente, ya que siempre creyó "obrar dentro de la legalidad, porque no había nada oculto, todo se documentaba y registraba y había una partida presupuestaria para hacer estos pagos".
En cuanto a la deuda tributaria que Valera mantenía con el Ayuntamiento por el pago de impuestos, manifestó que no era competencia suya, sino de la recaudación ejecutiva, y que el recaudador ha demostrado que los recibos de este concejal seguían el mismo ritmo que los del resto de contribuyentes, por lo que nunca hubo ningún trato de favor.
Por su parte, Domingo Valera, que fue alcalde de Mazarrón en dos ocasiones y luego concejal por el Grupo Independiente, afirmó que que no siempre apoyó las propuestas del Grupo Municipal del PP, ya que los primeros presupuestos votó en contra, y no los apoyó después hasta que se modificaron determinadas partidas.
Declaró asimismo que el alcalde le comentó que tenía que ir devolviendo el dinero, y se comprometió a reintegrar 300 euros mensuales.
La prueba testifical comenzó con la declaración del tesorero municipal Juan Martínez, quien afirmó que cuando Valera se personaba en las dependencias municipales a pedir un anticipo, hablaba con el alcalde, y éste lo autorizaba, y que cuando se fueron acumulando las cantidades entregadas, volvió a hablar con él y le contestó que el "asunto se iba a arreglar.
El concejal de Hacienda, Segundo Muñoz, confirmó que el interventor y el tesorero le habían trasladado su preocupación por los anticipos, y que se lo comentó a Blaya, que le respondió que "se iba a arreglar".
si es esto lo que quieren los totaneros....
Vergonzoso. ¿Qué pensarán de nosotros cuando lean estos post en otras provincias? ¿Qué imagen tendremos? ¿Qué región y qué futuro estamos construyendo? Creo que esto ya no tiene final, es una espiral que cada vez va a peor. Da la sensación que lo asumimos todo, que nos "resbala" lo que pueda suceder y que nos hemos aclimatado, a un clima de corrupción y pasotismo, del que ya nadie nos hará recuperarnos. Simplemente nos queda esperar a la próxima noticia de república bananera.
Valcárcel es incapaz de controlar a Martínez Andreo y a los caciques locales de su partido. Mucho (DE ÉL) deben de saber para que no pueda quitárselos de encima. Si no, inexplicable y vergonzoso que un presidente de comunidad autónoma presidente del partido que sustenta a M.A. no sea capaz de poner orden en su casa. Porque al final sabe que le pedirían cuentas a él igualmente. Tiempo al tiempo, la caza mayor va adelante y él es la pieza con mayor puntuación en Murcia.
PARA MI LO MAS VERGONZOSO DE TODO (COMO MILITANTE DEL PSOE EN MAZARRON ), ES LA ACTUACION DEL PSOE Y EN ESTE CASO DE SU SECRETARIO GENERAL Y AL MISMO TIEMPO PORTAVOZ EN EL CONSISTORIO MUNICIPAL.
ESTE SR HARIA UN GRAN SERVICIO AL SOCIALISMO MAZARRONERO SI DEJASE SU ACTA DE CONCEJAL Y VOLVIESE A SU PUESTO DE TRABAJO (FUNCIONARIO GRUPO A MUNICIPAL), CON UN SUELDO NADA DESPRECIABLE. PUES DESPUES DEL VARAPALO QUE SE LLEVO EN LAS URNAS, AUN LO EMPEORO ACEPTANDO "LA PROPIO" DEL ALCALDE (3000 €/MES ), PARA DE ESTA FORMA TENERLO CONTENTO Y AL MISMO TIEMPO CALLADITO EN LOS PLENOS, Y ASI EL SR BLAYA PASAR ESTOS 4 AÑOS DANDOSE PASEOS TRIUNFALES Y BAÑOS DE MULTITUDES.
POR ELLO AYER RETIRO LA ACUSACION PARTICULAR, PORQUE UNO DE LOS PERJUDICADOS ES SU PRIMO (EXINTERVENTOR MUNICIPAL), ¿ACASO NO SABIA QUE SERIA IMPUTADO?, SI EL ERA EL QUE DABA EL DINERO, SIN LA FIRMA DEL ALCALDE.
YO FINALMENTE PONDRIA EL TITULO A ESTE PROCESO JUDICIAL.
"el cazador fue cazado".
UNO QUE VOTO A D. FRANCISCO GARCIA MENDEZ
¿Y a la PPrinciPPal autoridad fuentealameña también le estará pasando por la cabeza aumentarse el sueldo a costa de la PPresunta extracción y venta de agua alegal cuyo rumor sospechoso corre por el PPueblo al igual que su conocida rambla sin agua?
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