El PP murciano modifica sus estatutos para que prescriban las supuestas fechorías de los alcaldes de Águilas y Mazarrón

MURCIA.- El XIV Congreso Regional del PP, celebrado el pasado sábado en Murcia, decidió reducir el plazo de tiempo por el que prescriben las infracciones graves y muy graves que cometan sus militantes. La modificación estaba incluida en la ponencia sobre reglamento de organización regional, que fue aprobada por unanimidad por los compromisarios, según recoge hoy "La Verdad".

En concreto, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, dos menos del plazo establecido en los anteriores estatutos, y las graves a los dos años, uno menos de lo fijado hasta ahora. Por contra, el tiempo de prescripción de las infracciones leves se aumenta de tres a seis meses.

El diputado regional del PP Manuel Campos, uno de los autores de la ponencia sobre reglamento de organización regional, justifica la reforma por la necesidad de «adaptar el régimen disciplinario recogido en los estatutos del PP a la legislación administrativa y a los plazos de prescripción en este mismo ámbito».

Sin embargo, la reducción del plazo de prescripción favorece a algunos de los cargos públicos del PP que se encuentran en la actualidad imputados en diversas causas judiciales, y contra los que el partido ya no podrá adoptar medidas disciplinarias al haber prescrito las posibles infracciones cometidas.

Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, acusado por la Fiscalía de cometer los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos por los pagos que realizó entre septiembre de 2003 y agosto de 2005 al ex concejal Domingo Valera, quien por entonces era su aliado municipal.

Con la reforma aprobada, al día de hoy también habrían prescrito las supuestas infracciones cometidas por los cargos del PP, entre ellos el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, en el caso de La Zerrichera, cuyos hechos, que han sido motivo de una querella por parte de la Fiscalía, se produjeron a mediados de 2005.

Entre los supuestos considerados como infracciones muy graves en el artículo 11 de los estatutos del PP figura «incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos».

Las infracciones muy graves son sancionadas, según se recoge en el mismo artículo, con la suspensión de militancia entre cuatro y seis años, con la inhabilitación para ejercer cargos en representación del partido e incluso con la expulsión.

La reducción del plazo de prescripción no es la única novedad que introduce la ponencia de estatutos, por la que también se crean la figura de los coordinadores y del valedor del afiliado, así como el órgano del Comité Municipal.