El gobernador del Banco de España

Existe un tácito pacto de silencio entre el Gobierno y la oposición para que nadie hable de la crisis financiera, el tiburón blanco de afilados dientes que navega bajo las aguas de la crisis económica española a la espera de darles algunas dentelladas mortales a unas cuantas entidades financieras que están tan escasas de liquidez y solvencia como de horizonte de futuro y que no saben por dónde tirar. 

Ni cómo abordar los plazos de la deuda exterior que los atenaza y cuyos plazos de pago se acercan imparables y con pocas o ninguna posibilidad de renegociación a precios e intereses razonables, si es que los acreedores europeos o americanos quieren renegociar.

Así andan algunos bancos medianos y pequeños y cajas de ahorro de todo tipo y tamaño, a los que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), empieza, tarde y mal, a vigilar pidiendo que vendan sus activos, que se fusionen, o que se integren en entidades de más potencia financiera, lo que no es tan fácil de llevar a cabo, ni de imaginar.

Eso sí, como por decreto se ha hecho circular la máxima de que en España no va a quebrar ningún banco ni caja de ahorros, y que eso no lo consentirá ni el Gobierno, ni el gobernador, cueste lo que cueste, porque abriría el camino del pánico financiero y pondría punto final al último refugio que le queda, como triste consuelo, a Zapatero cuando afirma que en esta crisis hay países que están peor que España. 

Primero nos dijo que el maremoto de la hipotecas subprime no afectaba a España —hasta que se vio que era el prólogo del estallido de la burbuja de la construcción española—, luego se negó la crisis y se habló de desaceleración, cuando ya estábamos en pleno estancamiento. 

Después se reconoció el frenazo del crecimiento, cuando se ponía en marcha la recesión, y todo ello adornado de la fuerza y potencial del sistema financiero español, que la gran prensa anglosajona empieza a poner en cuarentena. Y finalmente se impone la ley del silencio en pos de la confianza y de evitar el pánico y la retirada de fondos, en esos bancos y cajas que están en boca de todos, y la orden de prohibido quebrar, como si eso fuera tan sencillo.

¿Cómo hemos llegado a esto? Pues muy sencillo, en primer lugar porque la deslumbrante burbuja inmobiliaria que tiraba del crecimiento a borbotones y sin estabilidad de la economía española producía una atracción fatal en los bancos, cajas e inversores, y el dinero “barato” del crédito corría como un río bravo y espumoso, sin que nadie llegara a pensar que el crecimiento imparable del globo inmobiliario, tarde o temprano, lo haría estallar. 

Y las señales que se detectaban sobre el peligro de crisis se pasaban por alto, o se situaban en el extranjero, o en el precio del petróleo —ahora que ha bajado el precio del crudo siguen quebrando empresas y subiendo el paro—, y como en la fábula de la liebre y la tortuga se confió en la presunta fortaleza de la economía española y su sistema financiero, sin imaginar que el acorazado quelonio de la crisis acabaría por imponer su ley en la recta final.

Y, de todo esto, hay dos personas que tienen una responsabilidad directa en esta situación: el vicepresidente Solbes y el gobernador Fernández Ordóñez de una manera muy especial, porque bajó la guardia y ahora se encuentra, como el Gobierno, ante una crisis financiera que todos evitan mencionar y que navega bajo las turbulentas aguas del paro y de la crisis económica, sin que nadie se atreva a rechistar.

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