MURCIA.- El presunto intermediario en operaciones de compra venta de terrenos en Totana, Joaquín Carmona, así como el empresario totanero dueño de la compañía 'Huevos Maryper', Gabriel Martínez, acudieron hoy al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia para comparecer en su condición de imputados en el caso 'Tótem'. El primero de ellos se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el segundo dijo no ratificarse en su declaración.
La correspondiente Sala de lo Civil y lo Penal del citado TSJ entiende que existen "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado regional Juan Morales, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
El empresario de 'Huevos Maryper' estuvo compareciendo durante más de dos horas pero no se ratificó en su declaración inicial aunque tampoco indicó lo contrario.
"Se le ha preguntado sobre la parte de comisiones y no ha declarado", ha dicho una fuente presente en su comparecencia.
Carmona, que únicamente permaneció en el Palacio de Justicia poco menos de media hora, se acogió a su derecho a no declarar.
El abogado de Morales, José María Caballero, anunció que ya presentó la petición de nulidad de todo el proceso por entender que "no se ha respetado el derecho al juez ordinario predeterminado por Morales; porque la intervención telefónica que se hace es sin motivación suficiente y no reúne los requisitos que, según la jurisprudencia del Constitucional especifican que se pueda adoptar una medida tan grave; y que se ha ido manejando la información que había en el procedimiento en la forma que mejor le venía".
Caballero dejó claro que "este recurso se tiene que resolver y es lo que estamos esperando", al tiempo que avanzó que el diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional comparecerá el próximo martes, día 8, y que Morales "confía en que, al final, se termine aclarando todo".
El caso 'Tótem' investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
En concreto, se trata de una operación contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en el término municipal de Totana.
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