TOTANA.- A Juan Morales le dieron los siete males cuando, el 26 de noviembre del 2007, a primera hora de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron a detener a varios vecinos de la localidad. Se había iniciado la Operación Tótem y el ex alcalde no debía de tener la conciencia muy tranquila, y además hubo de acordarse del refrán que dice aquello de «cuando las barbas de tu vecino veas cortar...», porque lo primero que hizo fue llamar a su abogado y pedirle asesoramiento. Estaba convencido de que su detención era cuestión de minutos, según revela hoy "La Verdad".Así lo relató el abogado Javier C.A., también imputado en la Operación Tótem, cuando más tarde, él mismo, después de diversos avatares, se vió en la tesitura de tener que prestar declaración ante los citados agentes de la UCO. «Juan Morales -explica el abogado- le llama desde la Secretaría del Ayuntamiento de Totana (en la imagen) y le pide que vaya para allá. Que desconoce el motivo de por qué éste estaba en la Secretaría. Que llega allí y habla con Morales. Que estaba allí por el asunto de asesorarle por causa de la detención inminente de Morales que se iba a producir».
«Posteriormente -continúa su relato-, cuando el declarante se encontraba en la Secretaría con Juan Morales, llegó Antonio Morales Cánovas y les preguntó qué está pasando y le explican lo que sucede. Laura (la secretaria municipal) les dice que se marchen, porque es posible que la Policía Judicial vaya al Ayuntamiento a registrar (lo hizo tres días más tarde). En ese momento, el dicente llamó al actual alcalde, Martínez Andreo, para comunicarle que estaba en el Ayuntamiento con Juan Morales, y Andreo les dice que se marchen inmediatamente, que no quería detenciones en el Ayuntamiento».
No es necesario que les animen más. Ambos salen del edificio consistorial casi a la carrera. «Morales estaba bastante nervioso. No sabía si ir a su casa de La Charca, si ir a Murcia... Estaba alterado. El declarante no conocía si existían motivos para una detención inminente de Morales. Que quiere hacer constar que no es penalista y que tuvo que consultar detalles sobre el particular. No conocía si a Morales, como aforado, lo podían o no detener, registrar el vehículo, o incluso a él mismo. Luego (el letrado) aclara que a él sí que podían».
Juan no quería que su abogado le abandonase, bajo ningún concepto. Le pide que lo acompañe a la urbanización La Charca, «por si está allí la Policía para detenerlo. Ingenuamente, el declarante aceptó acompañarle hasta su casa. Que realmente no valoró los hechos y que quizás debía haber hecho otra cosa». Llamó a su despacho para que le facilitaran teléfonos de abogados penalistas y llamó a José María Caballero, «a quien comentó la situación y (le pidió) que si podía representar a Juan Morales, quedando en hablar posteriormente».
En la casa, mientras el letrado esperaba en el salón, el ex alcalde recorría diversas dependencias. «Debajo de la mesa del salón -sigue explicando el abogado-, entre periódicos, había varios documentos de los que (el declarante) desconoce su contenido, que Morales metió en una maleta negra junto con ropa, y el propio Morales la sacó de la casa. Que además Juan Morales entró en la cocina y salió con una bolsa de basura de color violeta. Como Morales llevaba las manos ocupadas, le entregó la maleta al manifestante para que se la llevara, a los efectos de poder estudiar su contenido con José María Caballero y preparar su posible defensa. Que el declarante le estaba asistiendo en ese momento, pero que no quería llevar ese asunto».
El detalle de la bolsa de basuras que portaba el ex alcalde de Totana es particularmente importante, por cuanto los agentes de la UCO que le iban siguiendo ese día, con gran discreción, la recuperaron del contenedor y en su interior hallaron un documento hecho trozos, que lograron recomponer.
Este documento era un reconocimiento de deuda de 3,6 millones de euros, firmado por el grupo promotor gallego Inmonuar, en favor de la firma Nubia Inversiones, y que era el método que Morales, su amigo Gabriel Martínez y dos intermediarios habían concebido, supuestamente, para asegurarse el cobro de una millonaria comisión.
Cuando compareció ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Julián Pérez Templado, el ex alcalde no fue capaz de ofrecer una explicación coherente sobre las razones por las que tenía copia de ese documento en su poder.
Tras sacar los papeles de su casa y entregárselos al abogado, ambos se dirigieron hacia Murcia, cada uno en su coche. La mala suerte sorprendió al letrado, ya que Morales atravesó sin problemas un control de la Guardia Civil, pero no así Javier C.A., a quien los agentes dieron el alto y le hicieron abrir el maletero. Cuando vieron la maleta, le preguntaron de quién era, y él respondió que era de Morales, «que es diputado regional, aforado, y que por eso no la pueden abrir».
El guardia civil, sin embargo, la abrió, vio su contenido y llamó a otros agentes, que no tardaron en presentarse en el lugar, a la vez que Morales regresaba a ese mismo sitio. El abogado le preguntó entonces: «Juan, ¿esta maleta es tuya?. Y Juan le dijo que sí, que es suya, y lo reconoce delante del agente. Juan, a indicación de alguien, se marcha del lugar».
Siguen llegando guardias civiles al lugar, éstos de la UCO, y precintan la maleta. Permiten que el abogado se marche. «Se ve con Morales en la gasolinera de Totana y quedan a comer en un restaurante de carretera llamado La Paz. Que mientras se desplazaban, el dicente llama a José María Caballero y ya no llegan a comer, que se desplazan al despacho de caballero, y allí le presenta a Morales y en ese momento Caballero se hace cargo de su asistencia jurídica».
El letrado concluye su declaración afirmando que, «a pesar de la insistencia de Morales en volver a llamarle algún día, él le deja claro que no quiere volver a hablar con él».
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