Fiscal Superior del TSJ: «El porcentaje de funcionarios corruptos es preocupante»

MURCIA.- El fiscal superior del TSJ de la Región de Murcia, el murciano nacido en Madrid, Manuel López Bernal, nieto del ilustre empresario Bartolomé Bernal, de El Palmar, hace hoy unas reveladoloras declaraciones en "La Verdad", en las que muestra su preocupación por el alto porcentaje de funcionarios corruptos en la Administración.

-Cuando tomó posesión de su cargo, afirmó que haría de la lucha contra la corrupción y los delitos de guante blanco uno de sus objetivos. Visto con perspectiva, era toda una declaración de principios.

-Era una declaración de principios. Los asuntos de corrupción o los delitos económicos, o los medioambientales, siempre me han interesado mucho y siempre he pensado que merecían mayor atención. Los demás tipos de delitos tienen mucha gente encima, pero este tipo de delincuencia es menos frecuente verla en los tribunales, aunque sin duda existe.

-¿Intuía ya entonces que había una necesidad evidente de perseguir ese tipo de delitos?

-Bueno..., una necesidad general, sí. Siempre, desde que entré en la carrera, pensé que el Código Penal ha estado más enfocado en la persecución del pequeño delincuente, del delito común, antes que de los grandes delitos económicos o de corrupción. Recuerdo una frase de un amigo ya fallecido, el fiscal del Tribunal Supremo Jesús Vicente Chamorro, que un día, tomando un café, me dijo: «Manolo, esto empezará a funcionar el día que exista una agravante de Consejo de Administración». (Sonríe) Pero desconocía hasta qué punto existía esa necesidad en la Región.

-¿Antes no se perseguían estos delitos? O, mejor, lo afirmo. ¿Por qué no se perseguían?

-Yo no digo... ¿A qué se refiere?

-Me refiero a la Fiscalía de Murcia. Quizás no se le presentaban denuncias, porque no existía confianza en que fuesen a ser investigadas. Pero lo de ahora ha sido una auténtica explosión de casos...

-Ha habido un gran aumento de denuncias desde los partidos políticos, particulares, organizaciones ecologistas, asociaciones ciudadanas... Haciendo una comparativa hace un tiempo, con motivo de la apertura del pasado curso judicial, saqué una estadística y, buscando además una época similar, electoral, en la que hay mayor abundancia de denuncias, observé que en el 2003 se presentaron cinco, quizás siete denuncias, y eso se ha multiplicado..., se ha multiplicado por bastante.

-¿Por bastante? ¿Por cuánto?

-Buff... Por bastante.

-¿Se han presentado 50 denuncias, 70...?

-Posiblemente ronde esas cifras.

-Vamos, que se han multiplicado por diez.

-Sí. Y luego hay una diferencia en la actuación de la Fiscalía, consistente en que no se puede hacer recaer en el ciudadano todo el peso de la denuncia. Si alguien, y tú mismo lo sabes, o un medio de comunicación, ofrece datos en los que se atisba un hecho presuntamente delictivo, hemos salido en su búsqueda desde la Fiscalía, cumpliendo con la obligación que tenemos de hacerlo...

-En eso le tengo que dar la razón. Hubo una época en la que se publicaba algún escándalo y cuando lo comentabas con el juez de guardia o a la Fiscalía, te respondían que si querías que se investigase, que pudieses tú mismo una querella.

-No estoy de acuerdo con que se haga eso. Ante una denuncia pública, la Fiscalía debe actuar.

-La mayor parte de las investigaciones por delitos cometidos desde la Administración afectan al Partido Popular. Ése es un hecho objetivo. ¿Pero es simplemente una cuestión estadística, porque gobierna en la mayor parte de los municipios y en la Comunidad Autónoma, o...?

-Yo no tengo motivos para pensar que la causa sea diferente a ésa. El PP tendrá en torno al 80% de los municipios de la Región y, lógicamente, la incidencia de los delitos de corrupción tiene que ser mayor. Alguna vez se ha dicho que sólo se persigue al PP y eso es radicalmente falso. Quizás hay veces en que perseguimos a personas del PSOE y el asunto no tiene tanta repercusión. Y no hablo de medios de comunicación. Lo que no puede ser es que cuando investigas a unos, seas muy malo, y cuando investigas a otro, pues seas muy bueno. Y eso pasa con los dos [partidos]. Pero, bueno, si están molestos los señores de un lado y los del otro, pues me parece perfecto. Querrá decir que estamos trabajando bien.

-Será consciente, de todas formas, de que a estas alturas le va a ser imposible sustraerse a la sospecha de que actúa por razones políticas...

-¿Pues no sé por qué! A lo mejor me lo puede explicar...

-Pues porque se le viene reprochando así desde el principio y, me temo, eso ya no va a cambiar.

-Bueno, pues me imagino... Dará igual que se haga lo que se haga. Y el PSOE pensará que se persigue a los socialistas... Me da igual. Pero hay algo que quiero que quede claro, porque es una mentira que se ha extendido y que ya se toma como verdad.

-Ya sabe que alguien dijo que una mentira repetidas muchas veces se convierte en verdad.

-Pues eso. Lo que quiero aclarar es eso de que soy un fiscal político por mi nombramiento.... En cualquier estado democrático yo hubiese sido el designado. Nos presentamos mi gran amigo Manolo Campos y yo. Yo tuve seis votos en el Consejo Fiscal y Campos los mismos. Pero en un puesto que es de libre designación, habrá que reconocerle al Fiscal General del Estado que tenga un voto de calidad. Tenía la legitimidad para hacerlo.

-Lo que me está queriendo decir es que con usted no se buscaba un comisario político para ponerlo al frente de la Fiscalía, ¿no?

-¿Un comisario político de qué? Es que eso es un chiste.

-A mí me gustaría aclarar algún hecho concreto, porque haciendo una lectura simple, quizás simplista ya que no tengo todos los datos en mi mano, sí da la sensación de que se ha podido actuar con criterios distintos. Ejemplo: permuta en La Unión y permuta en Torre Pacheco. En La Unión, con gobierno socialista, y con un posible perjuicio para las arcas públicas de ocho millones de euros, se le otorga al alcalde el beneficio de la duda y se dice que no hay datos para pensar que obró de forma malintencionada. Y en Torre Pacheco, con un supuesto perjuicio de cinco millones de euros para el municipio, se actúa con gran contundencia contra el alcalde (del PP) y se le mete en prisión un mes.

-¡Claro que le faltan datos! Naturalmente.

-Ésos son los hechos objetivos.

-No, ésos no son los hechos objetivos. Pero las razones no las voy a explicar, porque me obligaría a entrar en una investigación que está en marcha.

-¿Hay, por ejemplo, en el caso de Torre Pacheco, grabaciones telefónicas que apunten a que esa operación se hacía con conocimiento de causa por el alcalde?

-Vamos a ver... Aunque parezca poco creíble, yo no conozco al detalle todos los asuntos, ni escucho todas las conversaciones grabadas de todos los asuntos. Pero esas conversaciones han salido publicadas, íntegras. La respuesta la debe de tener usted mismo.

-Sí, las publicamos nosotros. Pero creo recordar que no hablaban específicamente de esa permuta. Sí se apreciaban relaciones bastante cordiales, incluso de amistad, entre unas partes y otras.

-Es que ni quiero, ni debo entrar en ese terreno.

-¿No considera que el encarcelamiento del alcalde pachequero, Daniel García Madrid, pudo ser excesivo? ¿Estaba justificado?

-Claro que estaba justificado. ¿Por supuesto! De otra forma no lo habríamos solicitado.

-Bueno, también pidieron prisión en el caso del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y cuando quedó en libertad con fianza no se recurrió la medida...

-No recuerdo lo que pedimos exactamente. Pero, bueno, pudo ser así...

-En ese caso, no habría posibilidad de favoritismo por razones políticas, pues ambos están en la órbita del PP, pero llama la atención que García Madrid fuese encarcelado y que Morales, con unos cargos como el cohecho, que despiertan el mayor reproche social, quedase libre con fianza.

-Tiene su explicación. Si coge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que valorar que existan circunstancias como la posibilidad de fuga...

-...de destruir pruebas...

-...de reincidir en el hecho delictivo... Todo eso. Entendíamos que, en los casos en que hemos pedido prisión incondicional, existían esos riesgos. Y en el caso de los dos alcaldes [el ya citado de Torre Pacheco, y el de Totana, José Martínez Andreo], cuando han salido de prisión han vuelto a sus cargos. Nosotros les estamos imputando delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por lo que su vuelta al mismo sitio pensamos que encaja dentro de la posibilidad de que incurran en nuevos hechos delictivos como de que destruyan pruebas. Tampoco nos parece lógico que funcionarios imputados por falsedad en documento público estén dando fe pública.

-¿Y si los alcaldes hubiesen dimitido?

-Entonces, habría dejado de tener sentido esa circunstancia a la que me refería. En el caso de Juan Morales, que ahora está en el Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional, el riesgo de cometer nuevos delitos parece menor. Así lo hizo ver el magistrado del TSJ, y nos pareció razonable. Además, habían pasado dos meses hasta ser llamado a declarar y no había huido.

-¿Cree que el juez de San Javier, Salvador Calero [el que dictó la orden de prisión contra García Madrid], ha sido recusado sin motivo?

-En mi opinión, sí. Lo que no es válido, y hablo de referencia, es actuar, como dice la ley, en fraude de ley, y en este caso se puede rozar eso. Yo no puedo decir: «Este juez es un incompetente, es un tal...», que no sé ahora si fueron esos términos...

-Fueron más duros incluso...

-Pues eso. Entonces el juez ejercita su facultad de sancionar al letrado y resulta que ahora, como se ha cabreado, pues le recuso. Eso sí es buscar un juez a la carta.

-¿Cree que se ha forzado la estrategia de defensa del alcalde?

-Evidentemente, sí. La recusación del juez, basada en que ese juez ha reaccionado ante un ataque..., ante un ataque, y no ante una crítica, y me guío por lo publicado en los periódicos. Creo que recusar así es una táctica para tener el juez que se está buscando.

-¿Dice que se ha buscado provocar al juez para que te sancione y, a raíz de ahí, poder recusarlo?

-Sí; para recusarlo. Pero eso es muy viejo, además. Una táctica conocida por todos y utilizada por mucha gente.

-¿Cómo le afecta en lo personal que alcaldes con graves imputaciones, con peticiones de varios años de cárcel incluso, se presenten a las elecciones y saquen incluso más votos?

-Han tenido que fallar cosas. Ese análisis se escapa a mi capacidad. Quizás, es que, cuando la corrupción está ligada al urbanismo, los pueblos se enriquecen a corto plazo y se hacen muchas cosas en el municipio. Pero no se ve lo que hay detrás. Ven que se ha hecho un polideportivo, o un centro de salud, pero no ven lo que han costado, lo que tendrían que haber costado, lo que el Ayuntamiento podría haber obtenido...

-¿Cree que hay vecinos que piensan: «Bueno, los políticos igual se están llevando algo, pero lo importante es que el pueblo mejora»?

-Una justificación, quizás simplista, puede ser ésa. Otra puede ser que el alcalde suele ser una persona conocida, querida y cercana y en la que los vecinos ven reflejado a todo el pueblo. Y, en ocasiones, piensan que ir contra el alcalde es atacar al pueblo.

-Puede haber una tercera razón: que los vecinos no confíen en la veracidad de las denuncias...

-Puede ser otra razón. Pero no sé si el ambiente general ha sido propicio a esas iniciativas legales. Si desde todos ámbitos se apoya la labor de la Justicia, se creerá en ella. Si se pone en entredicho esa labor con manifestaciones poco fundadas, con poco o nulo conocimiento de causa, entonces no se creerá en la Justicia. Y eso es muy grave.

-Se estarían socavando los cimientos del Estado de Derecho...

-Claro. Pero es cierto que se están emitiendo opiniones con un desconocimiento total y una falta de responsabilidad importante.

-Hace poco, advirtió de que investigaciones sobre corrupción podrían llegar a ser archivadas por falta de medios y de personal preparado.

-Es cierto que hay falta de personal especializado. Ya he dicho antes que la Justicia, tradicionalmente, se ha dirigido hacia otro tipo de delitos. Cuando hay que probar un delito económico, investigar sociedad, empresas, blanqueo de capitales..., ahí hace falta personal especializado. Esto ha sido un boom de los últimos años y nos falta ese personal. Y se retrasan algunos asuntos.

-¿Ha tenido que archivar alguna denuncia por esas causas?

-No, pero porque toda la Fiscalía está haciendo un esfuerzo extraordinario y los compañeros están trabajando como un solo hombre.

-¿Considera que la corrupción está generalizada en la Administración?

-¿A qué llama estar generalizada?

-A que haya un porcentaje nada despreciable de funcionarios que se corrompen...

-Hay un porcentaje preocupante...

-...de funcionarios que han podido incurrir en conductas sancionadas por el Código Penal...

-Sí.

-¿Y eso cómo se erradica?

-Por un lado, con la prevención que supone hacerles ver que los tribunales y la Fiscalía van a estar encima y que no van a pasar una. Pero la Fiscalía por sí sola no puede acabar con la corrupción. Hay que hacer modificaciones legislativas; hay que plantearse si los convenios urbanísticos son legítimos, porque están ahí, pero están poco regulados; habría que analizar las competencias de los ayuntamientos, los convenios urbanísticos... Porque hay convenios que, a lo mejor, como se dice en el Código Civil, un buen padre de familia y un hombre prudente no se atrevería a firmar.

-¿Es el convenio urbanístico la madre de todas las corrupciones?

-La madre de muchas.

(Manuel López Bernal, fiscal superior del TSJ)