Nuevos casos de corrupción urbanística salpican al PP murciano a un mes de las elecciones

MADRID.- Lo que no debía pasar ha pasado. En vísperas electorales, al PP de Murcia le han estallado en las narices varios casos judiciales en sus ayuntamientos, anulando el ‘efecto Marbella’ que derivó en la detención de un alcalde socialista a finales de enero, según publica hoy "El Confidencial".

Ahora, son un consejero, un ex consejero, un diputado a Cortes y candidato el 9-M, además de dos alcaldes populares, los que están a punto de ser imputados por una juez de San Javier. Junto a ellos, la investigación alcanza a grandes constructores de golf y ladrillo.

La investigación se inició en abril pasado y, al levantarse parcialmente el secreto del sumario, se conoce ahora que la juez Aránzazu Moreno Santamaría investiga delitos del calibre de adjudicaciones irregulares bajo la cobertura de “convenios urbanísticos”, venta de inmuebles a bajo precio a cargos públicos, trato de favor a familiares de cargos públicos, presuntos cohechos, supuestos pagos ilegales, etcétera, etcétera.

Las escuchas telefónicas ahora conocidas relacionan con el sumario al actual consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader; a Fernando de la Cierva, ex consejero de Presidencia y actual empleado del dueño de Polaris World, Pedro García Meroño; al diputado del PP en el Congreso y candidato el 9-M, Alberto Garre; al ex socio en Polaris y actualmente constructor independiente Facundo Armero; y, en fin, a los dos alcaldes populares de Torre Pacheco y Fuente Álamo: Daniel García Madrid y María Antonia Conesa.

Todo un complejo entramado en el que aparecen implicados no solamente figuras punteras del PP regional –como De la Cierva o Garre–, sino también la empresa líder del modelo desarrollista murciano puesto en pie desde 1995 por el PP a base de macrourbanizaciones con campo de golf: Polaris World.

La compañía se ha convertido en un imperio con alrededor de 25 millones de metros cuadrados recalificados o en proceso de recalificación en varios ayuntamientos gobernados por el PP: Murcia, Torre Pacheco, Mazarrón, Alhama y Fuente Álamo.

En las conversaciones grabadas por orden la juez hay diálogos entre la alcaldesa de Fuente Álamo, por un lado, y el acalde de Torre Pacheco, por otro, con Facundo Armero de los que se infiere que se podrían haber producido casos rayanos en la financiación ilegal de partidos, en este caso, del PP.

El diputado y candidato al Congreso de los Diputados Alberto Garre es natural y vive en Torre Pacheco, donde goza de gran influencia política y social. El ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, que era jurídico de la Armada hasta 1995, abandonó la política al llegar las últimas elecciones municipales y autonómicas, después de haberse sido secretario general de la Consejería de Cultura, consejero de Cultura y consejero de Presidencia.

El mismo De la Cierva aseguró a El Confidencial en septiembre pasado, al conocerse las primeras investigaciones de la juez Moreno, que no trabajaba en la actualidad para Polaris World, sino “para una de las muchas empresas” de las que es propietario Pedro García Meroño.

Polaris World y también Facundo Armero, desde que es independiente, han sido muy apoyados políticamente por los gobiernos del presidente popular Ramón Luis Valcárcel, y financieramente por entidades como Bancaja, Caja Mediterráneo, y Caja Murcia en distinto grado y en diferentes momentos, junto a otros bancos.

Una docena de municipios del PP con investigaciones en ciernes

El ‘reventón’ de este caso coincide con la noticia de que el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, pide seis años de cárcel para otro alcalde del PP, Francisco Blaya, de la turística Mazarrón, por presunta corrupción relacionada con la aprobación del Pla General de Ordenación Urbana (PGOU).

Actualmente, hay once municipios gobernados por el PP, que controla dos tercios de los 45 consistorios de la Región, pendientes de investigaciones fiscales y judiciales, fundamentalmente por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, aunque también hay uno, el de Archena, imputado por presunta compra de votos, y otro, el de Alcantarilla, con petición de seis años por delito ambiental: contaminación de las aguas del Segura con riesgo para la salud de las personas.

Además, el alcalde popular de Totana, José Martínez Andreo, acaba de ser puesto en libertad bajo fianza de 70.000 euros, tras dos meses en la cárcel, también por presuntos delitos dentro de la Operación Tótem, sobre la que el jueves declara el diputado del grupo mixto del parlamento regional, Juan Morales, que fue alcalde del PP y miembro del grupo parlamentario de ese partido hasta su implicación en las investigaciones, en noviembre pasado.

En las filas socialistas, el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, que fue obligado a dimitir por su el PSOE hace dos años, está en libertad bajo fianza de 60.000 euros por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el capo marbellí oriundo de Cartagena de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.