MURCIA.- La titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, María Dolores de las Heras, ha ordenado el embargo cautelar de bienes y derechos de los administradores «de derecho y de hecho» que la firma Conducciones Hidráulicas y Carreteras (CHC) S.A. tenía en el momento de declarar la situación de concurso sobre la firma (quiebra), así como de los que tuvo en los dos años anteriores, según "La Verdad".
Con esta resolución, dictada en un auto de octubre pasado, la juez prepara el terreno para que estas personas y sociedades puedan acabar respondiendo con su patrimonio para cubrir la deuda de la compañía, que asciende, según los tres administradores judiciales, a un total de 67,9 millones de euros (más de 11.317 millones de pesetas).
La resolución se adoptó después de que los tres administradores citados elaborasen un informe en el que consideraban «muy fundada la posibilidad de que el concurso se calificara como culpable», esto es, que estos administradores no sólo no hubiesen hecho nada por evitar la quiebra de la firma, sino que incluso la hubiesen impulsado con su actuación. El asunto podría acabar así incluso en posibles responsabilidades penales, según fuentes del caso.
Todos los embargados
Las 18 personas físicas y jurídicas que, según el informe de los administradores judiciales han dirigido CHC en los últimos dos años, y que serían los afectados por el embargo cautelar, son Ginés F.M. (último administrador); Equipamientos Deportivos S.A. y su representante, Carmelo R.S.; Proyectos y Diseños de Inversiones S.L. y Patricio M.M.; Virgosa S.L. y su representante, Antonio M.P.; DG Asfaltos S.A. y Francisco M.E.; Grupo Disaplast S.L. y Bernardo María P.P.; Francisco G.P. (ex consejero delegado y ex vicepresidente); Antonio Jesús A.G. (ex vocal); Francisco José S.P. (ex presidente del Consejo de Administración); María Isabel B.C. (ex secretaria del Consejo); Hiersa Aceros Corrugados S.A.L. y Rufino M.S., y Manuel José T.M. (ex vocal del Consejo).
La situación de estas 18 personas físicas y jurídicas está pendiente de la celebración de una vista en la que, tras escuchar los informes de los administradores designados por el juzgado y las alegaciones de los afectados por el embargo, la juez decidirá si mantiene la medida cautelar contra todos o sólo una parte de ellos.
Los tres administradores judiciales, designados para dirigir el concurso, constatan que no ha sido necesario pedir la suspensión de la actividad de la empresa, por cuanto ésta ya se había producido.
Con esta resolución, dictada en un auto de octubre pasado, la juez prepara el terreno para que estas personas y sociedades puedan acabar respondiendo con su patrimonio para cubrir la deuda de la compañía, que asciende, según los tres administradores judiciales, a un total de 67,9 millones de euros (más de 11.317 millones de pesetas).
La resolución se adoptó después de que los tres administradores citados elaborasen un informe en el que consideraban «muy fundada la posibilidad de que el concurso se calificara como culpable», esto es, que estos administradores no sólo no hubiesen hecho nada por evitar la quiebra de la firma, sino que incluso la hubiesen impulsado con su actuación. El asunto podría acabar así incluso en posibles responsabilidades penales, según fuentes del caso.
Todos los embargados
Las 18 personas físicas y jurídicas que, según el informe de los administradores judiciales han dirigido CHC en los últimos dos años, y que serían los afectados por el embargo cautelar, son Ginés F.M. (último administrador); Equipamientos Deportivos S.A. y su representante, Carmelo R.S.; Proyectos y Diseños de Inversiones S.L. y Patricio M.M.; Virgosa S.L. y su representante, Antonio M.P.; DG Asfaltos S.A. y Francisco M.E.; Grupo Disaplast S.L. y Bernardo María P.P.; Francisco G.P. (ex consejero delegado y ex vicepresidente); Antonio Jesús A.G. (ex vocal); Francisco José S.P. (ex presidente del Consejo de Administración); María Isabel B.C. (ex secretaria del Consejo); Hiersa Aceros Corrugados S.A.L. y Rufino M.S., y Manuel José T.M. (ex vocal del Consejo).
La situación de estas 18 personas físicas y jurídicas está pendiente de la celebración de una vista en la que, tras escuchar los informes de los administradores designados por el juzgado y las alegaciones de los afectados por el embargo, la juez decidirá si mantiene la medida cautelar contra todos o sólo una parte de ellos.
Los tres administradores judiciales, designados para dirigir el concurso, constatan que no ha sido necesario pedir la suspensión de la actividad de la empresa, por cuanto ésta ya se había producido.
2 comentarios:
con un par de ovarios... da la impresión de que las jueces que trabajan en Murcia son más combativas que sus equivalentes masculinos
Alguna de estas empresas están vinculadas a operaciones especulativas y de destrucción del territorio, con conexiones políticas muy claras (lazos familiares) en al menos 1 municipio murciano. Hay más detrás de este asunto de lo que parece, y creo que la juez debería tirar del hilo y ver de donde sale parte de la financiación de las mismas, y la vinculación de las mismas con el poder político.
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