PALMA.- El ex presidente de Baleares Jaume Matas, del PP, decidió en junio de este año abandonar la política. Pocos meses después, ha reaparecido como ejecutivo de un importante grupo hotelero, el mismo al que su Gobierno adjudicó un macro proyecto urbanístico hace menos de un año, cuando aún era presidente del Gobierno balear, según "El País".La ley de incompatibilidades que rige en Baleares establece que durante el año siguiente a la pérdida del cargo, Matas no puede trabajar en una empresa sobre la que hubiera tomado decisiones como presidente autonómico en sus dos últimos años de mandato.
Matas ha fijado su residencia en Washington gracias a un contrato de la compañía hotelera balear Barceló, según confirman la empresa y portavoces del ex ministro de Medio Ambiente. La empresa turística de la que Matas es ahora ejecutivo en EE UU logró en 2007 una importante concesión en concurso público resuelto por el Gobierno de Matas.
En febrero pasado, Barceló -con otros socios menores- ganó la concesión de un enorme negocio, la construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos de Palma, con un hotel, un centro comercial y aparcamiento. La decisión fue adoptada por el consorcio formado por el Gobierno de Jaume Matas y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ambos del PP.
La ley balear 2/1996 -votada por Matas- señala que "durante el año siguiente a la fecha de su cese" los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente".
Un portavoz de Matas confirma que el ex ministro trabaja "como consejero delegado" de Barceló en Washington, aunque no quiere desvelar su sueldo, pero asegura que tiene en su poder un informe jurídico que descarta cualquier incompatibilidad.
Matas decidió huir de la política tras no revalidar la mayoría absoluta en las elecciones de mayo. A los 51 años, decidió irse a Washington con una carta que le acredita como director de relaciones institucionales de la hotelera Barceló Crestline. Figura además como ejecutivo de su fondo de inversiones Playa, para la expansión en México, Centro América y el Caribe mediante la compra de hoteles para crear complejos todo-incluido.
Matas logró un permiso de residencia en Estados Unidos, el llamado visado de negocios, al presentar ante la embajada norteamericana de Madrid una carta contrato de trabajo de la empresa familiar de los hoteleros mallorquines.
En Washington el político mallorquín fue huésped invitado de los Barceló en el hotel Phoenix Park, situado ante el Congreso. Actualmente reside en un apartamento.
Economista especializado en tributos, es funcionario de la administración regional. La única actividad empresarial privada que se le conoce es su trabajo en la tienda de electrodomésticos de Palma propiedad de sus padres, que él cerró.- (PRISA)
6 comentarios:
Valcárcel no puede irse, tiene que responder aquí ante la justicia como imputado por corrupción y malversación de fondos públicos.
Otro que tal te baila es Fabras en Castellón. Personaje que pretende impedir que investiguen cuentas bancarias de organismos públicos para no perjudicar a “terceras personas”
Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción
IGNASI PELLICER/VALENCIA
No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta - y las que no - en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.
Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.
Retrasar el juicio
Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
Cacique conservador castellonense
No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.
Excepción a la regla judicial
El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.
Siete titulares del juzgado trasladados
Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.
Una realidad
Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.
Se le han complicado las cosas
De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.
Video de "Los fascistas de Totana" en youtube. Manifiesto del Foro Social de Murcia y la Coordinadora Murcia No se vende:
ANTE LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Ante la corrupción generalizada en nuestra región, que está teniendo su más llamativa expresión en los hechos que se vienen produciendo en Totana, el Foro Social de Murcia, integrante de la Coordinadora La Región de Murcia No se Vende quiere hacer las siguientes manifestaciones:
1º Desde diversos colectivos sociales llevamos años denunciando que el abuso injustificado y masivo de la figura del convenio urbanístico, una figura la ley la sitúa como excepcional se ha convertido en lo habitual convirtiendo a los PGOUs en la auténtica excepcionalidad, con la ausencia de transparencia y de control por la oposición y la ciudadanía que conlleva.
2º Que indefectiblemente, estos convenios negociados en la más estricta opacidad, llevan aparejadas agresiones al medio ambiente que actúan negativamente sobre el cambio climático, como campos de golf en secanos, provocando un aumento tan excesivo como innecesario de los consumos energéticos, de agua, de construcción de infraestructuras, etc. No siempre lo que es legal es moral, racional o necesario.
3º Que si en su origen se dijo que pudieran ser herramientas de financiación de los ayuntamientos, hoy sólo son instrumentos de corrupción de alcaldes y concejales y de enriquecimiento ilícito de corruptores, a los que representantes elegidos democráticamente entregan el patrimonio de todos para su exclusivo lucro.
4º Que aunque los casos de corrupción afectan (no por igual) a los dos partidos mayoritarios, el PP fue el único partido que mantuvo en sus candidaturas a personas ya imputadas judicialmente por corrupción antes de las elecciones reafirmándoles ante la ciudadanía e induciendo al error de sus votantes.
5º Que el de Totana está siendo hasta el momento, el más espectacular de los casos de corrupción por la forma en que se está resolviendo, pero no es en modo alguno el único, existen muchos más ya en trámite judicial y otros que irán apareciendo. En este sentido conviene estar alerta a la adjudicación de los servicios del cementerio de Murcia que el PP quiere ahora privatizar, a pesar de su buen funcionamiento, ya que, muy probablemente, entenderemos la necesidad de dicha privatización cuando conozcamos la empresa adjudicataria.
6º Toda corrupción es además un grave atentado a la Democracia por el fraude que pone a la buena fé de la ciudadanía, es por ello que desde el Foro Social exigimos el desarrollo de medidas de Democracia participativa que permita a la ciudadanía controlar y fiscalizar de manera directa la gestión de los ayuntamientos y demás administraciones públicas.
Desde el Foro Social, exigimos la inmediata dimisión de todos los cargos públicos imputados judicialmente en casos de corrupción tanto en los diferentes ayuntamientos implicados como en los miembros del gobierno regional, así como del presidente del PP y del Gobierno regional como máximo amparador de los corruptos.
Por último, apoyamos la convocatoria de la plataforma “No a este plan urbanístico” de Totana, y llamamos a participar en la concentración convocada para el próximo día 14 de diciembre a las 20.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Totana.
Murcia, 30 de noviembre de 2007
Foro Social de Murcia
Murcia, 7 dic (EFE).- La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha rechazado y archivado el escrito de queja presentado por el diputado regional del PP Juan Morales, en el que denuncia una supuesta vulneración de sus derechos como miembro de la Asamblea Regional.
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Según informaron fuentes del TSJ, los miembros de la Sala han acordado "no haber lugar a declarar su competencia para resolver sobre la petición formulada por Juan Morales Cánovas", así como "archivar sin más trámite las presentes diligencias indeterminadas".
Tras esta decisión, la Sala también ha determinado remitir estas actuaciones a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Totana "para que, en su caso, lo remita al órgano judicial que esté tramitando la investigación a la que se refiere la petición formulada".
Juan Morales, que fue alcalde de la localidad murciana de Totana en las legislaturas 1995-1999 y 2002-2007, está siendo investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que le han retirado el pasaporte y requisado un ordenador portátil, en el marco de la Operación Tótem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística es esa localidad.
La forma en que se ha producido esta investigación llevó a Morales, el pasado 29 de noviembre, a solicitar "amparo" ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El diputado Juan Morales vio aceptada el pasado lunes su propuesta de suspensión cautelar y temporal de militancia por el Comité Ejecutivo del PP de la Región de Murcia.
Un ejemplo más de honestidad de nuestros políticos, a seguir.
Valcárcel también terminará comiendo en la mano de Polaris o Cajamurcia como delegado en una lejana oficina del extranjero hasta que los murcianos nos olvidemos de él si logra escapar de las manos de la justicia pese a tanta fechoría.
¿Qué se sabe de ciertas actividades en el ático que Cajamurcia posee en Madrid? Pronto habrá noticias. Algunas murcianas van a descubrir a las musas madrileñas que ayudan a aligerar el peso de la púrpura a nuestros principales prohombres. Si "Tribuna La Muralla" puede, tiene para varias entregas.Así, del circo mediático pasaremos al cine de arte y ensayo.Esa vena promete.
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