La corrupción política asociada al nombre de Murcia ha vuelto al primer plano de la actualidad mediática: periódicos e informativos de radio y televisión, tanto regionales como nacionales, abren con nuevos casos de delincuencia institucional que implican a responsables electos, a funcionarios y a particulares sin escrúpulos. ¿Qué pasa en la Región de Murcia? Esta es la pregunta que se hacen cada vez más ciudadanos escandalizados por la degradación de la vida pública en nuestra comunidad.
Por increíble que parezca, no ya la imputación, sino la entrada en prisión por orden judicial de cargos públicos por actos desarrollados en el desempeño de su función, la más denigrante situación a la que puede enfrentarse un representante del pueblo, no produce como consecuencia política una inmediata dimisión. Se continúan usando todo tipo de artimañas para evitarla. Al mismo tiempo, se utiliza de forma espuria la inmunidad parlamentaria para obtener ventajas procesales ajenas por completo al sentido democrático de esta figura.
No es sólo Totana, ni siquiera Fortuna, donde hay más que graves indicios de compra organizada de votos, otra deplorable e inadmisible expresión de desprecio a la voluntad popular. La lista de imputaciones a cargos públicos, funcionarios, promotores y empresarios, como la relación de instituciones municipales y regionales afectadas, es ya muy larga y continúa creciendo. La responsabilidad en la que está incurriendo la fuerza política que se encuentra detrás de la práctica totalidad de estos casos, el Partido Popular, es ya abrumadora. Continuar con la reiterada e insostenible estrategia del “negacionismo”, acompañada de la denuncia de oscuras maniobras conspirativas (en las que estarían implicados los jueces, los fiscales, el gobierno del Estado, los medios de comunicación, etc.) y de supuestas indefensiones de implicados e imputados, está comprometiendo gravemente la credibilidad democrática del partido que gobierna por amplia mayoría las instituciones de la Región.
Antes de las últimas elecciones regionales y locales, el Foro Ciudadano ya denunció públicamente (en el artículo colectivo “La corrupción organizada”, publicado por La Verdad el 11/05/06) que estos casos no podían entenderse aisladamente, sino que constituían la punta emergida de un inmenso iceberg de prácticas ilegales y corruptas constituido en torno al boom urbanístico, que ha penetrado e infectado profundamente, como un tumor maligno, la vida institucional de la Región, con metástasis en un importante número de ayuntamientos, y con un alcance desconocido en los treinta años de democracia.
También habíamos advertido, tras las elecciones y las nuevas mayorías absolutas del PP, que éstas no suponían mayorías absolutorias y que no podían ser utilizadas como aval legitimador de ningún abuso o conducta delictiva. Todo intento de amparar la vileza de los corruptos en la mayoría electoral o en manifestaciones populares de apoyo, no logrará interrumpir el trabajo de la justicia, ni acallar a los medios de comunicación, ni envilecer cómplicemente a toda la ciudadanía, y por tanto está condenado al fracaso.
Ante los intentos de distraer a la opinión pública sobre los muchos problemas sociales que tiene nuestra Región tenemos que volver a reiterar, ahora con mucho más motivo, que lo que deteriora verdaderamente la imagen de la región, el problema al que ha de enfrentarse como prioridad la ciudadanía de esta comunidad, por su urgencia y su gravedad, es la lucha contra la corrupción y la regeneración de la vida publica.
Esta tarea nos concierne a todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, colegios profesionales, jueces, asociaciones ciudadanas, medios de comunicación, etc. Cada cual debe asumir la responsabilidad que le corresponde, recayendo la principal en los cargos electos locales y regionales, que deberían dar ejemplo de honestidad, transparencia, respeto a la ley y dedicación a los intereses generales.
Por eso, exigimos a todos los imputados por la justicia que dimitan, si ejercen un cargo electo, o que sean expedientados y relevados de su puesto, si son funcionarios públicos. Asimismo, exigimos al presidente Valcárcel, su gobierno y la dirección regional del PP, que asuman de una vez por todas sus propias responsabilidades, por acción u omisión, en la degradación de la vida pública regional y adopten cuantos antes medidas drásticas y efectivas de regeneración democrática, de común acuerdo con los partidos de la oposición. El gobierno regional debería promover en este sentido un gran pacto regional contra la corrupción política y por la regeneración democrática de las instituciones locales y regionales, objetivo que debería ser incluido en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía como una de sus principales prioridades.
El holgado colchón de votos sobre el que se asienta la mayoría del PP murciano puede conducir a sus dirigentes, una vez más, a la falsa seguridad de que el electorado les perdona todo. Pero han de saber que, a pesar del déficit de cultura política democrática que padece nuestra Región, los ciudadanos y ciudadanas estamos elevando cada vez más el listón de nuestras exigencias y no vamos a consentir la perpetuación de las conductas corruptas.
En cuanto al PSRM-PSOE, creemos que tiene que mostrar la mayor determinación en sus exigencias como oposición y una mayor coherencia y firmeza allí donde gobierna. Casos como el de San Javier, uno de los municipios más afectados por actuaciones irregulares durantes los últimos años, requieren iniciativas claras y contundentes destinadas a exigir responsabilidades y restaurar la legalidad. Han pasado ya seis meses y todavía estamos esperando que se note el cambio en el equipo de gobierno local. Una actuación firme en este municipio sería un buen indicador, junto a otros, del compromiso del PSRM-PSOE con la legalidad, la transparencia y la lucha contra la impunidad.
Afortunadamente, el poder judicial (jueces y fiscales) está reaccionando con una resolución que no habíamos conocido en mucho tiempo. Los medios de comunicación, con las salvedades que todos conocemos, también están intensificando las muestras de independencia y de pluralidad, y ya no se dejan someter tan fácilmente a los dictados del poder político, recuperando así el papel democrático que les corresponde. Sería bueno que sindicatos y empresarios se implicaran también más activamente en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la buenas prácticas políticas y económicas, pues de ello depende la salud de todo el tejido social.
Por último, creemos que las asociaciones ciudadanas siguen siendo la conciencia crítica de la sociedad civil. Ellas son las que mantienen viva la democracia en el día a día. Ellas son las que plantean una y otra vez el debate abierto sobre los problemas reales que preocupan a la gente. Ellas son el verdadero termómetro de la calidad democrática de una sociedad. Por eso, creemos que la regeneración democrática de la Región y de los municipios pasa por abrir de par en par las puertas de las instituciones a la participación activa de la ciudadanía.
* Presidente del Foro Ciudadano y las firmas de Antonio Campillo, Francisco Jarauta, Caridad de Santiago, Alicia Poza y Josefina Pérez
Por increíble que parezca, no ya la imputación, sino la entrada en prisión por orden judicial de cargos públicos por actos desarrollados en el desempeño de su función, la más denigrante situación a la que puede enfrentarse un representante del pueblo, no produce como consecuencia política una inmediata dimisión. Se continúan usando todo tipo de artimañas para evitarla. Al mismo tiempo, se utiliza de forma espuria la inmunidad parlamentaria para obtener ventajas procesales ajenas por completo al sentido democrático de esta figura.
No es sólo Totana, ni siquiera Fortuna, donde hay más que graves indicios de compra organizada de votos, otra deplorable e inadmisible expresión de desprecio a la voluntad popular. La lista de imputaciones a cargos públicos, funcionarios, promotores y empresarios, como la relación de instituciones municipales y regionales afectadas, es ya muy larga y continúa creciendo. La responsabilidad en la que está incurriendo la fuerza política que se encuentra detrás de la práctica totalidad de estos casos, el Partido Popular, es ya abrumadora. Continuar con la reiterada e insostenible estrategia del “negacionismo”, acompañada de la denuncia de oscuras maniobras conspirativas (en las que estarían implicados los jueces, los fiscales, el gobierno del Estado, los medios de comunicación, etc.) y de supuestas indefensiones de implicados e imputados, está comprometiendo gravemente la credibilidad democrática del partido que gobierna por amplia mayoría las instituciones de la Región.
Antes de las últimas elecciones regionales y locales, el Foro Ciudadano ya denunció públicamente (en el artículo colectivo “La corrupción organizada”, publicado por La Verdad el 11/05/06) que estos casos no podían entenderse aisladamente, sino que constituían la punta emergida de un inmenso iceberg de prácticas ilegales y corruptas constituido en torno al boom urbanístico, que ha penetrado e infectado profundamente, como un tumor maligno, la vida institucional de la Región, con metástasis en un importante número de ayuntamientos, y con un alcance desconocido en los treinta años de democracia.
También habíamos advertido, tras las elecciones y las nuevas mayorías absolutas del PP, que éstas no suponían mayorías absolutorias y que no podían ser utilizadas como aval legitimador de ningún abuso o conducta delictiva. Todo intento de amparar la vileza de los corruptos en la mayoría electoral o en manifestaciones populares de apoyo, no logrará interrumpir el trabajo de la justicia, ni acallar a los medios de comunicación, ni envilecer cómplicemente a toda la ciudadanía, y por tanto está condenado al fracaso.
Ante los intentos de distraer a la opinión pública sobre los muchos problemas sociales que tiene nuestra Región tenemos que volver a reiterar, ahora con mucho más motivo, que lo que deteriora verdaderamente la imagen de la región, el problema al que ha de enfrentarse como prioridad la ciudadanía de esta comunidad, por su urgencia y su gravedad, es la lucha contra la corrupción y la regeneración de la vida publica.
Esta tarea nos concierne a todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, colegios profesionales, jueces, asociaciones ciudadanas, medios de comunicación, etc. Cada cual debe asumir la responsabilidad que le corresponde, recayendo la principal en los cargos electos locales y regionales, que deberían dar ejemplo de honestidad, transparencia, respeto a la ley y dedicación a los intereses generales.
Por eso, exigimos a todos los imputados por la justicia que dimitan, si ejercen un cargo electo, o que sean expedientados y relevados de su puesto, si son funcionarios públicos. Asimismo, exigimos al presidente Valcárcel, su gobierno y la dirección regional del PP, que asuman de una vez por todas sus propias responsabilidades, por acción u omisión, en la degradación de la vida pública regional y adopten cuantos antes medidas drásticas y efectivas de regeneración democrática, de común acuerdo con los partidos de la oposición. El gobierno regional debería promover en este sentido un gran pacto regional contra la corrupción política y por la regeneración democrática de las instituciones locales y regionales, objetivo que debería ser incluido en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía como una de sus principales prioridades.
El holgado colchón de votos sobre el que se asienta la mayoría del PP murciano puede conducir a sus dirigentes, una vez más, a la falsa seguridad de que el electorado les perdona todo. Pero han de saber que, a pesar del déficit de cultura política democrática que padece nuestra Región, los ciudadanos y ciudadanas estamos elevando cada vez más el listón de nuestras exigencias y no vamos a consentir la perpetuación de las conductas corruptas.
En cuanto al PSRM-PSOE, creemos que tiene que mostrar la mayor determinación en sus exigencias como oposición y una mayor coherencia y firmeza allí donde gobierna. Casos como el de San Javier, uno de los municipios más afectados por actuaciones irregulares durantes los últimos años, requieren iniciativas claras y contundentes destinadas a exigir responsabilidades y restaurar la legalidad. Han pasado ya seis meses y todavía estamos esperando que se note el cambio en el equipo de gobierno local. Una actuación firme en este municipio sería un buen indicador, junto a otros, del compromiso del PSRM-PSOE con la legalidad, la transparencia y la lucha contra la impunidad.
Afortunadamente, el poder judicial (jueces y fiscales) está reaccionando con una resolución que no habíamos conocido en mucho tiempo. Los medios de comunicación, con las salvedades que todos conocemos, también están intensificando las muestras de independencia y de pluralidad, y ya no se dejan someter tan fácilmente a los dictados del poder político, recuperando así el papel democrático que les corresponde. Sería bueno que sindicatos y empresarios se implicaran también más activamente en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la buenas prácticas políticas y económicas, pues de ello depende la salud de todo el tejido social.
Por último, creemos que las asociaciones ciudadanas siguen siendo la conciencia crítica de la sociedad civil. Ellas son las que mantienen viva la democracia en el día a día. Ellas son las que plantean una y otra vez el debate abierto sobre los problemas reales que preocupan a la gente. Ellas son el verdadero termómetro de la calidad democrática de una sociedad. Por eso, creemos que la regeneración democrática de la Región y de los municipios pasa por abrir de par en par las puertas de las instituciones a la participación activa de la ciudadanía.
* Presidente del Foro Ciudadano y las firmas de Antonio Campillo, Francisco Jarauta, Caridad de Santiago, Alicia Poza y Josefina Pérez
13 comentarios:
Teneis más razón que un santo. A estos sinvergüenzas no se van ni con agua caliente
Pero como van a tener vergüenza los delincuentes.
Esta Región tiene lo que se merece
Somos el hazme reir de toda España
Región de gansters mafiosos.
Como murciano me avergüenzo que esta gente me represente.
La oposición debe ser mucho más dura y transparente en su información, para que los ciudadanos veamos con claridad la necesidad de cambias de dirigentes, porque si no lo hacen así, están sembrando la duda de que ellos son iguales y matando la esperanza de la gente honrada.
Ya es hora de mandarlos a tomar por el .........
Que un partido politico que presume de legal, patriota, justiciero, honrado, eficaz y muchas cosas más, no haga dimitir a sus cargos politicos implicados en la corrupción, es inaceptable y lo unico que muestran son sus desprecio por aquellos que le votarón y una baja catadura moral.
Bermejo, Bermejo, que falta que nos haces. Ven pronto por favor y limpia toda esta escoria.
Ahora dicen que después de la operación TOTEM han crecido en 150 afiliados en el PP de Totana. ¿Quién se lo cree?
Hola Foreros: Ante vuestro escrito digo que "chapó".
Es necesario que se escuchen otras voces pero no todo
se lee en La Verdad ni en la prensa oficial. También
existe la prensa alternativa y los amigos y conocidos
de cada cual y a los que podría llegar.
Es penoso sentirse gobernado por esta gente del PP
murciano que piensa que todo lo puede, que todo da
igual, y que ha sido capaz de inculcar en los
ciudadanos la idea del todo vale si se trata de los
políticos y también del propio bolsillo. Nos están
sumiendo en una situación tan bochornosa que dan ganas
de renunciar a esta murcianía de pacotilla.
Anoche me detuve en los nuevos anuncios del "niño del
agua salada" y en en el "grandullón de la
dependencia". Dos anuncios a cual más infamante ante
lo que uno se pregunta ¿hasta cuando...?
Difícil que Valcárcel y la cabeza del gobierno regional y del PP tome decisiones en el sentido que se propone. Si no las ha tomado ya es porque claramente temen represalias de los imputados. De hecho, ya se vió por donde iban los tiros en las candidaturas a las listas de las anteriores elecciones locales y regionales, donde tuvieron oportunidad de quitárselos de enmedio y no lo hicieron.
Creo que, tras la Navidad, el Foro (y posiblemente alguien más) acabará pidiendo su dimisión, sin más historias. Esto si los jueces son capaces de continuar trabajando y resolviendo los casos.
Lo del PSOE, pues obviamente si quiere ser alternativa debe de hacer su propia depuración y si en San Javier y en otros sitios no depuran, pues que la ejecutiva tome también sus decisiones. Pero el problema es que la ejecutiva es demasiado débil y trata de guardar sus muebles. Esto es claro cuando se analiza la falta de intervención en el tema de Miguel Navarro (Lorca) o de Jesús Navarro (Calasparra), quienes tienen o han tenido opiniones y formas de gobernar más propias del PP que de otra cosa. Así no puede ser tampoco. Tendrá que intervenir el de arriba,que tampoco
está para tirar cohetes. Es decir, que tratan de pasar el trago hasta después de las elecciones de marzo.
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