Las conversaciones, grabadas por la policía, entre el concejal de urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, y el promotor inmobiliario José Burgos son una radiografía obscena de la forma en la que se conducen quienes desde la función pública acceder al hemisferio de la corrupción. No cabe duda de que el código penal debiera analizarse por si necesita intensificar el castigo, el escarmiento y la ejemplarización de quienes teniendo la confianza de la sociedad para gestionar asuntos públicos utilizan su poder para beneficio personal. Y también la celeridad con la que la Justicia accede a estos asuntos que son visibles mucho antes de que las instituciones pongan en marcha los instrumentos de persecución de estos delitos.
La estética no puede ser más impresentable porque la coacción directa -"te pararemos la obra y revisaremos las licencias"- es la manifestación de unos comportamientos mafiosos de quien sabe que la fuerza del estado puede caer contra quién se resista a la coacción. Las recientes elecciones generales no han servido para desentrañar políticamente el fenómeno de la corrupción urbanística. Se ha producido, incluso, la paradoja de que ediles inmersos en procesos judiciales o de investigación han salido reforzados en las urnas por los votos de los ciudadanos. Todavía funciona la apariencia de éxito y hay sectores de la sociedad y situaciones en las que vale más el relumbrón o las expectativas de éxito que la ética de la actuación pública.
Hace falta que se conozca con detalle la forma en la que proceden los mafiosos que abusan de su condición pública para que el asco que promueve la contemplación de esos procedimientos lleguen a quienes todavía piensan que vale todo si el resultado es el crecimiento económico.
La estética no puede ser más impresentable porque la coacción directa -"te pararemos la obra y revisaremos las licencias"- es la manifestación de unos comportamientos mafiosos de quien sabe que la fuerza del estado puede caer contra quién se resista a la coacción. Las recientes elecciones generales no han servido para desentrañar políticamente el fenómeno de la corrupción urbanística. Se ha producido, incluso, la paradoja de que ediles inmersos en procesos judiciales o de investigación han salido reforzados en las urnas por los votos de los ciudadanos. Todavía funciona la apariencia de éxito y hay sectores de la sociedad y situaciones en las que vale más el relumbrón o las expectativas de éxito que la ética de la actuación pública.
Hace falta que se conozca con detalle la forma en la que proceden los mafiosos que abusan de su condición pública para que el asco que promueve la contemplación de esos procedimientos lleguen a quienes todavía piensan que vale todo si el resultado es el crecimiento económico.
2 comentarios:
Los paniaguados de La Verdad han publicado la relación de los premios regionales de Arquitectura, nombrando al premiado y su obra. Pero al llegar a la Mención especial han ocultado deliberadamente que ésta se concedió al proyecto de regeneración del barrio La Paz de Murcia, obra fruto del Concurso de ideas organizado por el Colegio de Arquitectos de Murcia y de la posterior fusión del proyecto ganador con otras aportaciones del resto de proyectos, y en la que han trabajado en colectivo varios de los arquitectos presentes en dicho Concurso. Por puro respeto a este esfuerzo en común por aportar soluciones a los problemas de este barrio el diario La Verdad debiera adoptar otra postura. Más triste resulta ver el juego que se le da a cualquier promotor metido a funambulista, justiciero, politicucho presentador de espectáculos.
Entre Mijas y Alhaurín
Dos nuevos casos de trasgresión municipal han sacudido la Costa del Sol. El primero representa un clásico costasoleño al más puro estilo de la Marbella del GIL: un alcalde y un concejal de urbanismo que, aprovechando la enorme presión especulativa, deciden tarificar el mamoneo. La comisión que paga el empresario por obtener una licencia la cobran los ediles mediante entidades bastante opacas y el dinero se diluye entre facturas falsas, donaciones sin destino claro y maletines con billetes de 500 euros
Mientras tanto, el pueblo ha mutado siguiendo las pautas ineludibles del pelotazo cañí: del huerto al campo de golf; del laberinto andalusí de casas blancas a la trama de adosados y rotondas; del parado de carajillo y dominó al nuevo rico de Mercedes-Benz… Y también de la señora oronda a la neo-rubia que mira aburrida catálogos de clínicas a la busca del enésimo implante. Un elevado porcentaje de los pechos de goma que han proliferado en esta década urbanística ha sido pagado con dinero negro del ladrillo. Entre el cemento y la silicona hay una genética, una estética y una ética comunes: la del cuanto más, mejor.
Cuando la Justicia reacciona, como siempre tarde, la mayoría del pueblo ya vive de este bienestar de bótox y golf, y ante el vértigo del “crack” especulativo, salen en tromba defendiendo al regidor y padrino del cotarro, eximiéndolo de culpabilidad alguna y clamando nerviosamente por du “honradez; luego reivindicando la bondad del error; y por último ya ni siquiera negando la existencia de la corrupción, sino defendiendo la justificación ética del roban-pero-crean-riqueza.
Cuando el PP, a través de su presidente provincial, Joaquín Ramírez, defiende a Martín Serón, no sólo apoya a un hombre importante de la derecha andaluza (a la postre, secretario regional de Política Institucional, ahí es nada): sino que certifica la validez de un modelo de desarrollo de notable éxito electoral para los populares que comenzó en la Valencia de Zaplana y se repite, cuatrienio a cuatrienio, en Fuengirola, Torremolinos… Y ahora Marbella, comiéndole los talones a un PSOE acorralado en el interior de la provincia.
En Mijas ha pasado lo mismo pero al revés. Alcalde socialista. Municipio igualmente hipertrofiado. La estampa que publicó el diario El País hace apenas unas semanas, con el horizonte mediterráneo del municipio convertido en una cresta de chalets, pulveriza la imagen idílica de aquel pueblecito tranquilo y soleado, apenas estremecido por los burro-taxis y algunos turistas.
Pero lo que ha llevado a Agustín Moreno, el alcalde, a dimitir, no ha sido una orden judicial, sino la lógica reprimenda de su partido, el PSOE, que le impelía a bajarse el sueldo. Y ahí va la buena: Agustín Moreno justificó su remuneración (más alta que la de Zapatero) señalando que así se evitaba tener tentaciones en un municipio con una altísima presión urbanística.
Entre la sinceridad de Moreno (PSOE) y la desvergüenza de Serón (PP), media una dimisión y dos partidos políticos con diferentes directrices éticas. Pero hay algo en común: la idea de que o se cobra por lo legal, o se cobra por lo ilegal, pero no se puede no cobrar en un pueblo donde se forra desde el secretario del Ayuntamiento hasta Pepe el del bar, que parecía tonto.
Es decir, los dos comparten la presuposición de que el sistema municipal, sometido a los intereses urbanísticos, es corrupto por naturaleza y que no hay ningún político capaz de zafarse de la seducción hipnótica del enriquecimiento inmerecido. Habrá que cambiar el sistema, sí. Pero también a las personas que justifican y perpetúan ese sistema: o bien utilizándolo para mangonear, o bien amparándose en él para cobrar más que el presidente del Gobierno.
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