MURCIA.- La Fiscalía estrechará el cerco contra la delincuencia económica de «cuello blanco» y contra quienes atenten contra la seguridad de los trabajadores, sin abandonar el trabajo habitual relativo a delincuencia común.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, que presentó la memoria de la Fiscalía de 2006, anunció la creación en septiembre de una nueva sección de élite que centrará sus fuerzas contra la corrupción, los delitos medioambientales y urbanísticos y los delitos económicos.
«Se trata de crear un grupo de fiscales que trabajen en íntima colaboración contra la delincuencia organizada».
La delincuencia que no procede de «sectores marginados, sino de de sectores que marginan a otros», preocupa especialmente al fiscal jefe del TSJ de Murcia, que cree que se deben «aunar fuerzas» en el castigo los delitos contra los trabajadores o los medioambientales.
Todo sin olvidar la delincuencia común, y que los ciudadanos perciben con más claridad como una amenaza a su seguridad, contra la que, «por supuesto» , se sigue trabajando.
Los datos de la Memoria de la Fiscalía reforzaron de alguna forma el planteamiento de López Bernal, ya que las diligencias abiertas por homicidios y delitos contra la propiedad, incluidos los robos con fuerza y en casas habitadas, descendieron en 2006 con respecto al año anterior.
Los homicidios han bajado de 44 en 2005 a 35 el pasado año, si bien hay que recordar que en 2004 se registraron sólo diez. Los asesinatos también han disminuido, y han pasado de cuatro a seis. Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual han aumentado y pasan de 175 denuncias en 2005 a 205 en 2006.
Las denuncias por delitos contra el patrimonio han experimentado un descenso considerable. Los hurtos han bajado de 23.110 a 22.726; los robos con fuerza también descienden desde los 22.887 de 2005 hasta los 18.251 del pasado año. Lo mismo ocurre con los robos en casas habitadas, que se reducen de 1.587 a 1.354.
Si la presión de las fuerzas de seguridad ha logrado rebajar denuncias contra el patrimonio o la integridad física, no se han obtenido tan buenos resultados en otros campos. Los datos desglosados ayer por López Bernal evidencian que han aumentado los delitos contra los derechos de los trabajadores (de 116 a 139 ) y las denuncias por tráfico ilegal de mano de obra (de 9 a a 20).
También destaca el incremento de los delitos por accidentes laborales, que pasaron de uno en 2005 a cuatro en 2006, y los cinco procesos incoados por pornografía infantil, dos más que en 2005.
López Bernal detalló que en 2006 se presentaron 44 denuncias contra particulares y empresas por robos de agua, que se incoan cuando se ha producido un perjuicio al dominio público hidráulico superior a 400 euros.
www.laverdad.es
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, que presentó la memoria de la Fiscalía de 2006, anunció la creación en septiembre de una nueva sección de élite que centrará sus fuerzas contra la corrupción, los delitos medioambientales y urbanísticos y los delitos económicos.
«Se trata de crear un grupo de fiscales que trabajen en íntima colaboración contra la delincuencia organizada».
La delincuencia que no procede de «sectores marginados, sino de de sectores que marginan a otros», preocupa especialmente al fiscal jefe del TSJ de Murcia, que cree que se deben «aunar fuerzas» en el castigo los delitos contra los trabajadores o los medioambientales.
Todo sin olvidar la delincuencia común, y que los ciudadanos perciben con más claridad como una amenaza a su seguridad, contra la que, «por supuesto» , se sigue trabajando.
Los datos de la Memoria de la Fiscalía reforzaron de alguna forma el planteamiento de López Bernal, ya que las diligencias abiertas por homicidios y delitos contra la propiedad, incluidos los robos con fuerza y en casas habitadas, descendieron en 2006 con respecto al año anterior.
Los homicidios han bajado de 44 en 2005 a 35 el pasado año, si bien hay que recordar que en 2004 se registraron sólo diez. Los asesinatos también han disminuido, y han pasado de cuatro a seis. Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual han aumentado y pasan de 175 denuncias en 2005 a 205 en 2006.
Las denuncias por delitos contra el patrimonio han experimentado un descenso considerable. Los hurtos han bajado de 23.110 a 22.726; los robos con fuerza también descienden desde los 22.887 de 2005 hasta los 18.251 del pasado año. Lo mismo ocurre con los robos en casas habitadas, que se reducen de 1.587 a 1.354.
Si la presión de las fuerzas de seguridad ha logrado rebajar denuncias contra el patrimonio o la integridad física, no se han obtenido tan buenos resultados en otros campos. Los datos desglosados ayer por López Bernal evidencian que han aumentado los delitos contra los derechos de los trabajadores (de 116 a 139 ) y las denuncias por tráfico ilegal de mano de obra (de 9 a a 20).
También destaca el incremento de los delitos por accidentes laborales, que pasaron de uno en 2005 a cuatro en 2006, y los cinco procesos incoados por pornografía infantil, dos más que en 2005.
López Bernal detalló que en 2006 se presentaron 44 denuncias contra particulares y empresas por robos de agua, que se incoan cuando se ha producido un perjuicio al dominio público hidráulico superior a 400 euros.
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4 comentarios:
Creo que deberían de apuntarse a este cuerpo, como colaboradores, todos los funcionarios públicos con escrúpulos de esta Región, bien pertenezcan a instituciones municipales o a la Comunidad Autónoma. Un teléfono rojo donde poder denunciar cualquier anomalía o presión.
Elena
Una vez pasadas las elecciones:
"De la corrupción urbanística al ‘guante blanco’
Hace unos meses la Región de Murcia era poco menos que la sucursal aventajada de Marbella y había que reforzar la Fiscalía por la corrupción urbanística galopante. Ahora pasadas las elecciones autonómicas y municipales parece que la amenaza más grave para la Región son los ladrones de ‘guante blanco’. Los delitos urbanísticos se reducen a la mitad, y la mayoría han sido por denuncias de partidos políticos, con IU el más activo y con la mayoría de los casos admitidos a trámite. Quedan flecos gordos, pero tampoco parece ser tanto como denunciaba en sus días el PSRM. Parece que pasadas las elecciones y con la expresión del voto de los ciudadanos hay que cambiar de discursos. Ahora las preocupaciones de la fiscalía, según la memoría anual, van más por los delincuentes de ‘guante blanco’ consecuencia del crecimiento del a economía regional, de la inseguridad laboral y la violencia de genero. El aumento de mano de obra inmigrante está conllevando la aparición de ‘intermediarios’ sin escrúpulos. Y la inseguridad ciudadana ha descendido a pesar de lo que digan los populares".
Juan Redondo
Algo ha empezado a cambiar en España durante el último año y medio en lo que respecta al lavado de dinero. El ejemplo más notable lo representan dos colectivos considerados como intocables hasta no hace demasiado tiempo: los despachos de abogados y las notarías. Más de 60 abogados han sido imputados por casos de blanqueo de dinero y siete actuaciones policiales han afectado a cinco notarías desde enero de 2006. El refuerzo de las unidades de investigación dedicadas al blanqueo de capitales ha supuesto que actualmente haya abiertas 130 investigaciones sobre este tipo de delito.
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El Ministerio del Interior le está ganando la batalla al de Hacienda
De forma discreta, el refuerzo de determinadas unidades del Cuerpo Nacional de Policía supone la existencia de forma encubierta de una policía fiscal, un asunto sobre el que los ministerios de Interior y Hacienda nunca lograron ponerse de acuerdo. Algunos expertos creen que Interior está ganando esta batalla a Hacienda.
Hasta hace poco, las únicas investigaciones policiales sobre blanqueo de dinero en España se limitaron a destapar las redes económicas de los narcotraficantes. Parecía que nadie más lavaba dinero en España. El delito económico de guante blanco quedaba impune por falta de una investigación especializada y España era considerada un verdadero paraíso para la inversión de dinero negro. España se distanciaba de otros países de la UE por la carencia de una policía fiscal que persiguiera adecuadamente el delito económico. Porque un hecho estaba claro: para perseguir el delito económico con éxito no bastaba con el trabajo de los inspectores de Hacienda, sino que era necesario aplicar técnicas policiales como la intervención de teléfonos o las vigilancias a los presuntos delincuentes.
Esa deficiencia motivó durante varios años un debate estéril en torno a la creación de una policía fiscal española, debate en el que nunca llegó a producirse un acuerdo entre los ministerios de Hacienda e Interior sobre quién asumiría la competencia en esta materia. Hacienda llegó a elaborar un borrador de creación de una policía fiscal bajo su competencia con la llegada del Gobierno de Zapatero, pero la resistencia de Interior bloqueó esta iniciativa. Se rumoreó entonces con un interés especial de la Guardia Civil por hacerse con esas competencias. Abortada esa primera iniciativa, dio la sensación que el asunto quedaba nuevamente aparcado, dado que unos años antes algo parecido había sucedido bajo el Gobierno del PP.
Pero el Ministerio del Interior, a través del Cuerpo Nacional de Policía, está reforzando desde hace año y medio las unidades especializadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. A finales de 2005 sólo había nueve inspectores dedicados a la lucha contra el blanqueo de dinero en la unidad central de Madrid. Hoy esa cifra ha aumentado hasta los 60. La multiplicación de efectivos ha sido parecida en unidades provinciales, de tal forma que actualmente hay casi 200 agentes dedicados a este tipo de investigación (30 de ellos, por ejemplo, en la Costa del Sol). En breve se anunciará que la Sección de Blanqueo de Capitales se convierte en una brigada.
El resultado de este reforzamiento ha sido espectacular a la vista del éxito de algunas operaciones, encabezadas por las más conocidas como Malaya, Ballena Blanca, Hidalgo o Avispa, pero de forma más discreta han ido culminando otras operaciones, en Palma de Mallorca o Santander por ejemplo, donde el delito principal estaba relacionado con el blanqueo, la corrupción o el cohecho. Los datos más evidentes afectan al número de abogados y notarios imputados, dos colectivos que parecían impunes a la actuación policial. Estos datos ponen en evidencia cómo en España se han estado creando miles de sociedades opacas al más puro estilo de los paraísos fiscales. Para algunos expertos, ciudades como Marbella y Madrid estaban actuando como paraísos fiscales encubiertos. Un reciente informe de Greenpeace sobre la corrupción urbanística señalaba a 354 implicados en 89 casos de corrupción, de los que 55 son alcaldes. El número de abogados es superior. Y el número de empresarios, aunque la cifra está sin determinar porque en algunos casos se confunden con testaferros, puede ser igual de importante.
La creación de fiscalías anticorrupción en otras zonas de España ha permitido que esas unidades pudieran contar con una cobertura judicial más especializada. Y en ese entorno, los inspectores de la Agencia Tributaria han pasado a colaborar con las unidades policiales y no al revés, como pretendía Hacienda. Aun así, la policía está interesada en poder acceder con más facilidad a las bases de datos de Hacienda. Pero Hacienda se resiste.
¿Para cuando se sentarán en el banquillo los imputados por el caso Zerrichera ?
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