MADRID.- La Ley de Suelo ha entrado hoy en vigor, con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas de protección oficial y luchar contra la especulación y la corrupción urbanísticas, además de generar una gestión más transparente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
De la misma forma que el Gobierno sufrió una oposición frontal del Grupo Popular durante el proceso de aprobación del texto, la ley se aplicará a pesar de las reiteradas críticas de los promotores, que la consideran una norma recaudatoria dirigida a abaratar las expropiaciones.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se ha mostrado convencida de que todos los ayuntamientos de España aplicarán la Ley de Suelo, incluidos los gobernados por el PP, pero, por si acaso, ha firmado sendos acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los técnicos urbanísticos para llevar a cabo acciones conjuntas para la difusión de los contenidos de la nueva normativa en el ámbito de las corporaciones locales.
Uno de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO. Además, se establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
Además, el texto está llamado a ser un arma efectiva contra el urbanismo descontrolado. En este sentido, el PSOE introdujo vía enmienda una de las principales novedades en esta materia, que establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
Otro de los objetivos de la nueva norma será la lucha contra la corrupción urbanística, para lo que establece nuevos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los procesos urbanísticos.
Asimismo, contempla, entre otras medidas, un nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de dicha valoración sus expectativas.
La Ley de Suelo introducirá la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos del ayuntamiento, o de que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las cinco anteriores.
En aras de un urbanismo más sostenible, el texto que entra hoy en vigor incluye medidas destinadas a asegurar el respecto al medioambiente y a los espacios naturales protegidos.
Esta ley se aplicará después de más de un año y medio de tramitación en la que la oposición de CiU, que criticó la norma por interferir en competencias autonómicas, fue solventada con el reconocimiento de la gestión autonómica de los patrimonios públicos de suelo, mientras que la del PP sólo fue superada mediante el apoyo del resto.- (Agencias)
De la misma forma que el Gobierno sufrió una oposición frontal del Grupo Popular durante el proceso de aprobación del texto, la ley se aplicará a pesar de las reiteradas críticas de los promotores, que la consideran una norma recaudatoria dirigida a abaratar las expropiaciones.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se ha mostrado convencida de que todos los ayuntamientos de España aplicarán la Ley de Suelo, incluidos los gobernados por el PP, pero, por si acaso, ha firmado sendos acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los técnicos urbanísticos para llevar a cabo acciones conjuntas para la difusión de los contenidos de la nueva normativa en el ámbito de las corporaciones locales.
Uno de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO. Además, se establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
Además, el texto está llamado a ser un arma efectiva contra el urbanismo descontrolado. En este sentido, el PSOE introdujo vía enmienda una de las principales novedades en esta materia, que establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
Otro de los objetivos de la nueva norma será la lucha contra la corrupción urbanística, para lo que establece nuevos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los procesos urbanísticos.
Asimismo, contempla, entre otras medidas, un nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de dicha valoración sus expectativas.
La Ley de Suelo introducirá la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos del ayuntamiento, o de que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las cinco anteriores.
En aras de un urbanismo más sostenible, el texto que entra hoy en vigor incluye medidas destinadas a asegurar el respecto al medioambiente y a los espacios naturales protegidos.
Esta ley se aplicará después de más de un año y medio de tramitación en la que la oposición de CiU, que criticó la norma por interferir en competencias autonómicas, fue solventada con el reconocimiento de la gestión autonómica de los patrimonios públicos de suelo, mientras que la del PP sólo fue superada mediante el apoyo del resto.- (Agencias)
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Una importante representación de la sociedad cartagenera acompañó en la jornada de ayer al ex alcalde socialista José Antonio Alonso y a su familia en la misa y posterior entierro de su padre, José Alonso Gallardo, fallecido el pasado viernes en Madrid, a los 85 años de edad, víctima de una enfermedad de la que estaba siendo tratado en la capital de España.
Por la Iglesia de San Nicolás de Bari de la localidad de El Estrecho de San Ginés, de donde era natural el finado, pasaron representantes del mundo de la política, como la alcaldesa Pilar Barreiro, el también ex alcalde socialista Juan Martínez Simón, el ya concejal de Hacienda e Interior, José Cabezos; el ex edil de Sanidad Juan Manuel Ruiz; el presidente del Partido Cantonal, Gonzalo Wandosell; y el candidato socialista a la Alcaldía en las pasadas elecciones, Ignacio Segado.
El mundo empresarial también estuvo ampliamente representado, asistiendo al sepelio, entre otros, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC), Diego Illán; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Francisco Morales; y el presidente de los Jóvenes Empresarios, Pedro Pablo Hernández.
Entre los amigos personales de José Antonio Alonso que se desplazaron hasta El Estrecho de San Ginés para asistir a la misa de ‘corpore in sepulto’ se encontraba el conocido periodista deportivo José Ángel de la Casa, desplazado expresamente desde Madrid para acompañar al ex alcalde y a sus hermanos Eduardo y Agustín en tan doloroso momento.
De "El Faro"
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