MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región de Murcia ha elaborado un informe sobre un programa ambiental para la Comunidad, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, en el que se propone "instaurar una cultura sostenible del agua", ya que, reconoce que "la cuenca del Segura cuenta con unos recursos hídricos naturalmente escasos".
Además, añade, el año 2004-05 fue el más seco desde que se tienen datos fiables, en 1947, siendo la precipitación media del periodo un 40% menor que la media, afectando esta situación de forma especial a la cuenca del Segura y la Región.
No obstante, el informe lamenta que "lejos de prepararnos para una drástica reducción en la disponibilidad de agua a consecuencia del cambio climático, mantenemos un modelo de gestión insostenible que genera una demanda galopante y descontrolada".
Aún así, "pese a la aparente preocupación por la escasez de agua y la necesidad de medidas de ahorro, lo cierto es que el Gobierno regional y la mayoría de los ayuntamientos murcianos están promoviendo activamente una intensa especulación urbano-turística, que está disparando la construcción de urbanizaciones y la proliferación de campos de golf, estando previstas al menos 800.000 nuevas viviendas en los próximos diez años".
"Este modelo de viviendas individuales de baja densidad con campo de golf consume entre dos y tres veces más agua que el uso doméstico normal", lo que supondría "duplicar el déficit hídrico actual, sin que se hayan previsto y resuelto los nuevos consumos urbano-turísticos", apunta.
El informe agrega que "sigue persiguiendo un significativo descontrol en relación con el regadío" siendo "los tradicionales los que más sufren la falta de agua, mientras que los nuevos regadíos, e incluso perímetros de riego alegales, disponen de agua sin restricciones, muchas veces a través del mercado negro y transacciones irregulares", apunta.
En esta línea, propone "una gestión adecuada basada en un estricto control y reducción de la demanda, tanto agrícola como urbana, industrial y turística, atendiendo a nuevos criterios basados en las funciones que cumple el agua".
De esta forma, establece que "es necesario recuperar la gestión conjunta del agua y contempla las funciones ambientales del agua como condicionantes previos al resto de los usos, salvando las necesidades básicas", así como priorizar "no por el tipo de sector socioeconómico sino las funciones del agua" que divide en agua-vida (funciones esenciales del agua), agua-interés general y agua-negocio.
Por todo ello, Ecologistas en Acción propone una moratoria "urgente y general" para todo desarrollo urbano-turístico a excepción del crecimiento de los núcleos urbanos consolidados, aunque "deberán estar limitados a cubrir las necesidades sociales reales de vivienda, priorizando la vivienda protegida y alejada del modelo de vivienda unifamiliar con jardín y piscina". Así como, una moratoria para todo nuevo campo de golf.
Para Ecologistas en Acción, es "imprescindible" llevar a cabo una "rigurosa auditoría" del regadío de la Región y de la procedencia "real y uso del agua en todos los campos de golf y las extracciones de aguas subterráneas".
La conservación de todas las fuentes, manantiales, ríos, arroyos, ramblas y humedales de la Región es otro de los puntos destacados de las propuestas, junto con la depuración de las aguas residuales de todos los núcleos urbanos.
A esto hay que añadir, según la propuesta de la organización ecologista, la eliminación progresiva de las construcciones existentes en el Dominio Público Hidráulico y la revisión y auditoría de los Planes de Modernización de Regadíos Tradicionales, para evaluar y cuantificar "el ahorro de aguas generado, el destino real ese agua ahorrada y los beneficios ambientales obtenidos".
A partir de ahí, pretende que se elabore unas directrices generales para estos planes de modernización que garanticen un ahorro real del agua que "evite flagrantes irregularidades como la ampliación de los perímetros de riego".
Otra apuesta de Ecologistas en Acción es la de garantizar la totalidad de la reutilización de las aguas residuales para destinarlos a usos ambientales, para garantizar los recursos hídricos de los regadíos tradicionales y a sustituir volúmenes procedentes de acuíferos sobreexplotados de regadíos con déficit hídrico, siempre y cuando, "cumplan escrupulosamente con la normativa vigente", aclara.
En el ámbito municipal también hace algunas recomendaciones como el desarrollo de ordenanzas de ahorro de agua que contemplen las diferentes facetas de ahorro potencial o revisar el plan de ordenación urbana para su inclusión y hacer un seguimiento exhaustivo de su cumplimiento.
Además de la mejora de redes de abastecimiento de agua y aumentar el control de fugas y pérdidas en las mismas; reducir el consumo de agua para riego de parques, jardines, instalaciones deportivas y baldeo y usar siempre agua no potable para estos fines.
Por último, propone ajardinar y plantar especies autóctonas, mejor adaptadas a la pluviometría e insolación del lugar y portadoras de un patrimonio genético que merece salvaguardar.- (Agencias)
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La nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel “claro” de arbitraje en los conflictos interterritoriales..
Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas, que el Gobierno someterá hoy al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser “una herramienta para la sociedad del nuevo milenio”.
La ley garantiza que “nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna”, por lo que se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.
El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.
El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada. También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.
Tasa especial
En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.
Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que “estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos”.
La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en todo el territorio nacional.
Responsabilidad del Gobierno
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que la nueva Ley de Aguas regulará los supuestos y condiciones bajo los que las comunidades autónomas gestionarán de forma “concreta” las cuencas de los ríos.
Este nuevo organismo establecerá los mecanismos de gestión de la cuenca de los ríos con presencia mayoritaria del Ministerio de Medio Ambiente, pero también con una participación "activa y corresponsable" de las comunidades autónomas.
“La responsabilidad de decisión en última instancia corresponde al Gobierno de acuerdo con la Constitución”, afirmó Narbona.
Las aguas procedentes de la desalación del mar se incorporan al dominio público hidráulico, y necesitarán por tanto la correspondiente concesión administrativa. Asimismo, las aguas desaladas podrán comprarse y venderse en los Bancos Públicos de Agua, según se establece en la reforma de la Ley de Aguas, que ayer empezó a debatir la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua.
El Ministerio confía en enviar el proyecto de Ley al Parlamento en el mes de abril, para que entre en vigor en esta legislatura.
Esta norma recoge también que las Comunidades Autónomas participarán en la gestión de las cuencas hídricas en función de su territorio y población tomando parte en los futuros Comités de Autoridades Competentes que se crearán.
La Administración estatal tendrá la mitad más uno de los miembros de estos comités, por lo que le corresponde al Estado la última palabra sobre los ríos que pasan por más de una comunidad. Así, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica o demarcación hidrográfica tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes, y su voto se ponderará por su superficie y población en el ámbito de la cuenca.
En el caso de los trasvases, se escuchará a las comunidades, que deberán emitir un informe preceptivo, pero no vinculante. En la reforma legislativa no se recogen ni nuevas infraestructuras ni cantidades de agua para trasvases, porque eso se especificará en los planes de cuenca. Para facilitar la gestión entre los ríos se crearán demarcaciones mixtas.
Un nuevo organismo previsto es el Consejo de Agua de la Cuenca, en el que la mitad de sus miembros serán representantes de los usuarios del agua; un 20% asociaciones agrarias, un 20% ecologistas y un 10% agentes económicos.
Por otra parte, la ley garantiza a todos los españoles y turistas un mínimo de agua de calidad, estimada en 60 litros por habitante y día, como un principio ético.
Se establece una tasa para recuperar el coste de prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua superficial, subterránea, desalada y reutilizada. Otra novedad es la creación de un Sistema cartográfico de Zonas Inundables.
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