MURCIA.- El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García, dijo esperar que "en las próximas semanas, podamos aportar alguna documentación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia" sobre el proyecto Novo Carthago, en el término municipal de Cartagena, y "ver si se termina de manera parecida que La Zerrichera".
Poco antes de inaugurar la nueva sede de ANSE en la ciudad de Murcia, en el barrio de El Carmen, aseguró que "estamos pendientes de aportar nueva documentación a la Fiscalía sobre esta investigación, que también se está realizando sobre recalificación de suelos", aunque justificó que antes no se ha hecho "porque son demasiadas cosas y hay mucho trabajo como para haber aportado alguna documentación, además de que la Fiscalía está muy dedicada a resolver el asunto de La Zerrichera".
En este sentido, puso de manifiesto que ANSE "siempre ha estado en desacuerdo con este proyecto, porque representa el doble de disparate que Lo Poyo al pretender construir muchas más viviendas y un campo de golf dentro de unos espacios que son protegidos".
Por eso, denunció públicamente que "para ello, no se dudó incluso en modificar la normativa de protección del Mar Menor, que aún no es definitiva, y a someter en tres ocasiones a exposición pública el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para permitir, entre otras cosas, la posible construcción de instalaciones deportivas en esta clase de espacios".
En esta línea, García recordó que hace unos meses, ANSE "interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de "Novo Carthago" puesto que, a su juicio, "plantea unos efectos más graves que La Zerrichera".
"El proyecto fue presentado oficialmente por el mismo presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, antes incluso de iniciar ningún trámite de evaluación de impacto ambiental", precisó García, quien hizo hincapié en que el proyecto incluye "cuestiones especialmente graves".
A su vez, consideró que responde a "irregularidades que deberían anular el procedimiento de recalificación de suelo", al tiempo que destacó que "actualmente, es el único proyecto urbanístico de gran envergadura en torno al Mar Menor que cuenta con la aprobación definitiva".
Por otra parte, y en relación a la querella que el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, presentó la pasada semana contra siete personas, que son o han sido altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Águilas, por presuntos delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y otros, en relación con La Zerrichera, García mostró su satisfacción "por los resultados de la denuncia", al tiempo que dijo alegrarse de que el fiscal "incluso haya aumentado en dos personas la implicación, que fue denunciada por ANSE y Ecologistas en Acción".
Ante esta situación, dijo estar "expectante", puesto que, resaltó, "hay otros personajes en la Región que han ocupado u ocupan responsabilidades importantes en el gobierno murciano y que han jugado un papel fundamental en la recalificación de suelo", refiriéndose al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana; y al ex-consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués.
"Estamos pendientes de que se sepa la aceptación o no de la querella", puntualizó García, quien afirmó que se ha puesto en contacto con la Fiscalía del TSJ a fin de que "nos comunique, como denunciantes que fuimos, el momento en que el juez tome la decisión y poder personarnos de manera inmediata".
Asimismo, comentó que "estamos pendientes de que Bruselas informe sobre la documentación que le remitió la Comunidad, porque pensamos que esa puede ser una de las cuestiones clave para decidir lo que puede pasar", aunque resaltó que, "a partir de ahí, no hay nada nuevo" sobre La Zerrichera.
Se incluye también, según recordó Pedro García, "el recurso contencioso administrativo, interpuesto por ANSE y Ecologistas en Acción", del que dijo que "hace unos días, la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Murcia nos ha remitido ya la documentación sobre La Zerrichera, que estamos evaluando para ver si está o no completa".
En esta misma línea, resaltó la importancia que tiene la petición que ANSE realizó para "comprobar hasta qué punto el gobierno de la Comunidad estaba dispuesto a no dar marcha atrás al proyecto, y era la petición del consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, de inicio de declaración de actos nulos de la declaración de impacto ambiental, de lo que no hemos obtenido respuesta".
En cuanto a la "polémica" que ha generado la decisión del fiscal jefe, ANSE puntualizó que "en los últimos meses de trámite de La Zerrichera, no hemos tenido la oportunidad de personarnos especialmente y estar informados y, lejos de enfadarnos, para nosotros ha constituido un ejemplo de como deben tramitarse las cosas y que la justicia trabaje de forma anónima, enterándonos a través de los medios".
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace-España, Juan López de Uralde, remarcó también en Murcia que "cuando un espacio es protegido, es protegido y punto, y no debería haber marcha atrás, sino un consenso global en el país y no ocurrir lo que ocurre, que los espacios naturales protegidos se hagan en función de intereses".
Así, dijo también congratularse de que "por fin el poder judicial empiece a actuar de manera mucho más decidida contra el delito ecológico y urbanístico", y dijo esperar que la actuación de la Fiscalía "sea un primer paso en poner orden en todo este deterioro urbanístico".
Otro tema del que ANSE mostró su preocupación, está relacionado con la manera como la Autoridad Portuaria de Cartagena y el Gobierno regional enfoca al "macropuerto de El Gorguel", que fue definido como un "ejemplo de voracidad sin límites, ya que cuando aún no están terminadas las obras de ampliación de la dársena de Escombreras,ya se plantea el macropuerto de El Gorguel".
Por tanto, afirmó que "no sabemos cuáles son las acciones que vamos a desarrollar", aunque aseguró que "vamos a seguir muy de cerca el trámite administrativo, ya que no podemos seguir con este ritmo de construcción en la costa".-(Europa Press)
3 comentarios:
ANSE promete dar más caña al gobierno regional, al denunciar y aportar pruebas en la fiscalía sobre los proyectos urbanísticos previstos para el Mar Menor en Lo Poyo y en Novo Cartago. Dichos proyectos, si llevan la rúbrica de Valcárcel, hacen pensar que se acelerarán los trámites para que el presidente del ejecutivo popular sea llamado lo antes posible como imputado por la justicia. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que veamos a Valcárcel sentado en el banquillo de los acusados como ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia?.
Elena
Vaya gilipollez. El PP denuncia a Rosique por votar ¡en contra de los intereses de su familia en el asunto Lo Poyo!. Se agarran a un clavo ardiendo.
Y ya tenemos otra: la conspiración de los socialistas en el 11M; el caso De Juana...Y lo que les queda para continuar haciendo el ridículo.
Ahora creen que con la utilización de los ciudadanos mal informados, sacándolos a la calle por lo del tipo este de la huelaga de hambre, conseguirán algún que otro desgaste del gobierno. Están locos por gobernar; han perdido los papeles y se les ve el plumero a mil leguas de distancia. Y la prueba está en la valoración de su líder, Rajoy: cada día que pasa y a cada iniciativa que toma le añade mas lastre a su popularidad. Nunca llegué a considerarlo tan utilizable y manejable por la extrema. Incluso en tiempos llegó a caerme bien. Pero ahora, acompañado por Zaplana y Acebes, está haciendo un ridículo impresionante y se le está poniendo cara de bobo.
Pues esto es algo parecido a la que está ocurriendo en la región de Murcia. No dan una, se ven perdidos por lo de Cerrichera y ahora van a la desesperada.
Será verdad que la ley prohibe la votación de la persona en cuestión en esos casos. Pero, en resumidas cuentas ¿no se trata aquí de todo lo contrario a lo que han hecho los peces gordos del PP en el asunto de la Cerrichera?.
Si Rosique votó estuvo mal hecho. Pero no comparemos un pisito de 200 metro cuadrados en la Gran Vía de Murcia con un trastero en el municipio de Lorquí.
Por Dios.
VALCÁRCEL DIFAMA AL FISCAL JEFE
El presidente de la Comunidad ha sido el invitado esta semana del programa "El Gran Regional", que emiten Onda 7-Lorca (miércoles), e InfoTV-La Opinión (jueves). La entrevista, de una hora de duración, se desarrolló en su primera parte sobre los asuntos relacionados con el desarrollo urbanístico y los casos de supuesta corrupción. Esta es una síntesis muy estricta, tanto de los asuntos planteados como de las respuestas del presidente
La Zerrichera. ¿Cuál es su valoración sobre el actual estado de este caso?
De momento no es fácil hacerlo en la medida en que yo querría, porque no tenemos todavía la constancia del documento, salvo lo que conocemos a través de los medios de comunicación, y han pasado ya algunos días. De momento, y probablemente de forma definitiva, no hay ningún miembro del Ejecutivo que haya sido señalado por el fiscal. Esto no dice ni en favor ni en contra de nada, tampoco pretende exculpar nada ni a nadie y ni mucho menos inculpar a quienes en estos momentos son objeto de querella. Si partimos de que daba la impresión de que aquí alguien iba a una cacería mayor, que el Gobierno entero iba a caer, después resulta que estamos hablando de dos directores generales y de dos altos funcionarios. Diré, sin embargo, que yo tengo toda mi confianza, fíjese si arriesgo, en que estas personas son de conducta intachable y, por tanto, me quedaré pensando más en el error administrativo que en la falta penal.
Bien, pero políticamente...
Políticamente tiene un alcance, no cabe la menor duda, pero que no es el alcance que han pretendido otros también está clarísimo. Desde el punto de vista institucional no puedo hacer las valoraciones que a estas alturas debiéramos estar en disposición de hacer, pues parece que hay más un interés mediático, que parte de la fiscalía, no vamos a andarnos con... Yo respeto muchísimo las instituciones, faltaría más; respeto al ministerio fiscal, no tengo ni tan siquiera que dejar de respetar al fiscal jefe, pero sí tengo que decir que esto no se está llevando, ni mucho menos, con la ortodoxia que debiera de llevarse, por lo que habrá que, por lo menos, plantear que algún cierto interés político puede haber en la forma y en el proceso en el que se están llevando las cosas al día de hoy.
Desde su partido se ha anunciado la posibilidad de una recusación o de una denuncia contra el fiscal. ¿Es una actitud firme?
Hay un hecho que está probado y comprobado, y es que nos hemos ido enterando por la prensa de las cosas que ocurrían cuando ni tan siquiera las personas afectadas tenían noticia de ellas, y todavía no la tienen. Y hay algo que me parece mucho más grave: tenemos constancia de que una vez que se celebraban las comparecencias y cuando el compareciente no había salido aún del propio edificio de los juzgados ya en algún medio de comunicación tenían prácticamente la transcripción de lo que allí se había hablado en ese preciso instante. Bueno, ese no es un procedimiento que esté basado en la ortodoxia; es un procedimiento que, desde luego, deja mucho que desear. ¿Que esto es una acusación contra alguien? No todavía; simplemente me limito a reflejar el hecho para señalar una realidad. Que eso nos puede llevar a una determinada conclusión sobre que hay una cierta instrumentalización por parte del PSOE en su intento de poder controlar algunas instituciones, por aquéllo de que a los fiscales los nombra el partido que gobierna, y a partir de ese momento alguien puede no entender, sin embargo, que eso es perfectamente compatible con la objetividad y con la ortodoxia, y que no entendiéndolo intenten por tanto esa instrumentalización, también es un hecho que podría derivarse. Es algo que ha creado cierta perplejidad en la opinión pública y en la publicada. ¿Cómo es posible que yo me esté enterando por un medio de comunicación de los fundamentos de la querella, transcrita al cien por cien y al pie de la letra, unas horas después de haberla presentado el fiscal en un juzgado, y todavía esto no lo tengan ni tan siquiera los interesados? Hombre, esto no deja de sorprender.
Con independencia de estas incidencias y de la querella misma, ya parecía evidente que para facilitar la urbanización de una zona declarada LIC y ZEPA, ustedes, desde el Gobierno, habían puesto un exceso de voluntad, a la vez que hablaban de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
El término 'exceso' es lo que hay que valorar, y habrá que saber por qué y por quiénes se ha producido ese exceso. Por ejemplo, algunos que vayan a Sierra Nevada quizá no conozcan la figura de protección que tiene, que no es ni más ni menos que 'reserva de la biosfera'; fíjese usted si esto va mucho más allá que un LIC y que una ZEPA. Y en Sierra Nevada hay hoteles; en Sierra Nevada hay desarrollos de tipo residencial... Si se pude construir en Sierra Nevada parece que se podría construir en este paraje de la Almenara. Recordaremos una vez más que La Zerrichera era un campo de lechugas, que tenía invernaderos, que tenía concesión de agua de la CHS, que existen además una serie de artilugios vinculados al riego de esa zona... Que nadie vaya a pensar que hablamos de otra cosa distinta. Pero esto no vale si al final es objeto de protección. Lo cierto, a día de hoy y de ayer, es que La Zerrichera está protegida y espero que el día de mañana también y, por lo tanto, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que la ley, en función de esa protección, nos dice.
Lo cierto es que ha habido un cambio de consejero seguido de inmediato de un cambio en la posición de Gobierno, seguido a su vez de insultos públicos del promotor de la zona al presidente, y se han dado algunos pelotazos en las operaciones de compra y venta en esos terrenos. Y el caso está ahora en el juzgado. ¿No se plantea exigir algún tipo de responsabilidad política en ningún ámbito de la Administración?
Mi Gobierno es absolutamente incompatible con que halla miembros del mismo que se sienten en el banquillo por estar procesados. Pero, claro, todavía quedan pasos que dar: el primero, que el juez admita a trámite la querella del fiscal; el segundo que el juez llame a declarar para que se defiendan quienes tienen el derecho a defenderse, y el tercero, que el juez decida lo que tenga que decidir. En función de esa decisión, lógicamente el Gobierno siempre sabrá estar a la altura de las circunstancias. ¿Dónde quedaría si no la presunción de inocencia? En lo relativo a los posibles pelotazos, si alguien compra un terreno y alguien quiere venderlo, hasta ahí todo está dentro de la más rigurosa legalidad. Otra cosa distinta es que un miembro del Gobierno tenga intereses en ese terreno o familiares del miembro de Gobierno y el resultado final de la venta de los terrenos suponga beneficio para ese miembro del Gobierno o familiar. Por este no es el caso de La Zerrichera. Para pelotazos tenemos ejemplos clarísimos que se han producido en otros entornos y en otro partido que no es precisamente el PP.
¿Es lógico que repita candidatura el alcalde de Águilas, a quien el fiscal también ha llevado al juzgado?
No hay nada decidido al respecto, pero no vayamos a machacar a las personas, que antes que alcaldes y que políticos son personas, por el mero hecho de que un fiscal las ha señalado. Ejemplos en el PSOE: si las cosas tuvieran que ser así no sé por qué entonces alguien ocupa un escaño en la Asamblea después de haber sido alcalde cuando hay hechos probados a través de cintas grabadas por la propia Policía de que había conexión con eso que se llama Operación Malaya. Hoy hay un alcalde que sigue siendo alcalde en esa misma localidad, Los Alcázares, que es conocido como "Pepote, uno de los nuestros". Esto es de una gravedad tremenda. En Campos del Ríos se han hecho denuncias clarísimas y están ahí; en Molina de Segura no es que están ahora para ver si el juez admite o no a trámite, es que ha habido ya condena, ha habido sentencia... ¿y qué dice el PSOE? Pues que no tienen por qué dimitir, ya que la sentencia no es firme. Y quieren que dimitan los que todavía no están ni siquiera sentenciados, ni tan siquiera hay admisión a trámite por el juez. Mire, esta es la hipocresía característica del PSOE.
Otro caso es el de Lo Poyo...
Este es un asunto que no me gustaba nada, pero hasta que no hemos tenido una base jurídica no lo hemos podido paralizar. Mire por donde, tanto hablar de Lo Poyo y al final resulta que si hay hoy un nombre claramente vinculado a este asunto milita precisamente en las filas socialistas y no en las del PP.
El PSOE ha conseguido colocar el discurso de la corrupción ligada al desarrollo urbanístico que ellos llaman desenfrenado, y a ustedes en muchas ocasiones se les ve a la defensiva.
Somos personas de honor y, por lo tanto, yo no soy de los que puede mirar para otro lado o ser indiferente ante determinadas acusaciones. Es verdad que el PSOE en estos últimos tres años ha elaborado ese discurso. Pero analicemos la situación. En primer lugar, al PSOE se le ha vuelto en contra su propio discurso, pues no desarrolla una política coherente con él. Esto de acusar al PP está muy bien, pero de pronto ves en los papeles que Pedro Saura, siendo concejal, votó en favor de intereses familiares y personales cuando la ley dice claramente que eso no se puede hacer. La señora Rosique actuó igual: fue a una comisión a la que nunca tuvo que ir, votó en una comisión en la que nunca tuvo que votar...
Ella alega que votó en contra de la decisión que beneficiaba a un familiar.
Pero al final lo sospechoso es que siempre vota en contra y de pronto hay un voto favorable y ese voto favorable se produce en el momento en que la familia propietaria de la finca Lo Poyo recurre ante la Comunidad Autónoma porque ésta dice que no va a recalificar. Un recurso en el que además se pide que se incluyan tres fincas más en este espacio: Lo Poyo más tres fincas. Qué casualidad que en ese recurso o en esa adhesión al recurso todo el mundo por unanimidad vota sí y cuando digo por unanimidad digo que la señora Rosique también vota sí a la adhesión a ese recurso. He dicho Lo Poyo más tres fincas. Y alguien podría pensar: ¿y cuáles son las tres fincas? Las que compró la familia de la señora Rosique. ¿Cuál ha sido el resultado final? Lo que se compró a poquito precio ahora se ha vendido a 2.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Y dice usted que dice el PSOE que el desarrollo urbanístico es desorbitado? Lorca es el municipio donde hay previsión de mayores crecimientos urbanísticos, y aquí no gobierna el PP; Jumilla es el otro municipio donde hay previsiones de mayores crecimientos urbanísticos, y en Jumilla tampoco gobierna el PP. Fíjese qué discurso tan contradictorio, tan hipócrita, tan incoherente. Los que la tienen hecha no dimiten, siguen acusando. Hombre, el ciudadano tonto no es. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Claro que sí respondemos a las acusaciones, pero el Gobierno no ha dejado de gobernar. Han sido los dos últimos años más provechosos de todo el tiempo que llevamos gobernando, y lo hacemos con todo tipo de pactos con los agentes sociales.
Ya que usted plantea casos del PSOE, también sus circunstancias familiares han sido puestas sobre la mesa, sugiriendo que su hermano pudiera estar detrás de algunos negocios en los que la Administración ha intervenido.
Estamos esperando que nos digan cuáles son exactamente los negocios de mi hermano en los que la Administración ha intervenido. Mi hermano es un caballero, un profesional que nada tiene que ver con el mundo de la política y lo que hace hoy, ayer y seguirá haciendo mañana, hasta ahí podríamos llegar, es absolutamente legal. Cuando se hace la acusación mi hermano lo que dice y ustedes lo han publicado en portada es: "Reto al PSOE a que digan una sola actuación en donde yo halla sido objeto de beneficio por esos negocios que podían estar vinculados a cualquier toma de decisión bien de Ayuntamientos, bien del propio Gobierno de la región". Llevamos ya más de un año esperando, pero seguiremos haciéndolo, porque está fuera de toda duda: es una persona de conducta intachable, y esto es lo que no puede decir la señora Rosique, por cierto.
De "La Opinión"
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